Ecuador vive una coyuntura compleja. Hay razones que ayudan a entenderla desde la perspectiva de la historia inmediata. Desde 2017 se han sucedido tres gobiernos: Lenín Moreno (2017-2021), Guillermo Lasso (2021-2023), quien prefirió convocar a la “muerte cruzada” prevista por la Constitución antes de que la Asamblea Nacional realizara un juicio político con posible destitución (https://t.ly/mbopS ; https://t.ly/POXHe), y, finalmente, Daniel Noboa (2023-2025) electo para concluir el período de su antecesor. El gobierno de Moreno rompió con Rafael Correa, presidente entre 2007-2017, e inició una implacable persecución al “correísmo”, que aprovechó de las reformas institucionales impuestas por un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) y logradas por referéndum y consulta popular en 2018 (https://t.ly/4ahav). Además, se paralizaron las inversiones públicas y se descuidó el mantenimiento de obras e infraestructuras construidas durante la década de la “Revolución Ciudadana”.
La economía social igualmente fue abandonada para restituir otra de claro interés empresarial y orientaciones neoliberales, al mismo tiempo que sometida a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) revividos por los créditos y el Acuerdo de 2018 y 2019 (https://bit.ly/2YnejCi). Moreno contó con los grandes medios de comunicación que respaldaron sus políticas. La dimensión de esos puntos de partida se puede apreciar hoy, pues quedaron destruidas fuerzas productivas, renacieron condiciones del subdesarrollo, así como el dominio de élites privilegiadas que reconcentraron la riqueza y se beneficiaron con exoneraciones tributarias, flexibilidades laborales y un creciente ambiente social de desmovilización. La pandemia del Covid-19 agravó esos caminos, de modo que a cualquier nuevo gobierno quedó una herencia de derrumbe económico, desasosiego social y debilitada democracia (https://t.ly/fL3yS).
Parecía viable el triunfo presidencial de Andrés Arauz en 2021, candidato de la Revolución Ciudadana, pero en segunda vuelta triunfó el banquero millonario Guillermo Lasso. Como era de esperarse, no cambió el panorama, sino que se agravó la herencia, ya que su gobierno, abiertamente empresarial e inspirado en la ideología libertaria anarco-capitalista (antes de la presidencia de Javier Milei en Argentina) continuó las líneas trazadas por el FMI y el “achicamiento” del Estado, que empeoró el descuido sobre los bienes, infraestructuras y servicios públicos, al mismo tiempo que se buscó potenciar los dogmas del “mercado libre” y la empresa privada “eficiente” y “competitiva”, pero sin capacidad para dimensionar las perversas consecuencias que esas ideas han traído para América Latina. De este modo se consolidó un régimen económico y político oligárquico, comparable con la “época plutocrática” de hace un siglo. Además, a partir de 2021, como lo han destacado los más serios investigadores sobre el tema (https://t.ly/Ivrzw ; https://t.ly/TZ2BA) y un reciente estudio del FMI (https://t.ly/76wiy), Ecuador comenzó a vivir la inédita explosión de la delincuencia común y, sobre todo, del narco-crimen organizado, cuyo desarrollo ha conducido a que el país sea uno de los más violentos del mundo (https://t.ly/oL_07), situación que se ha querido enfrentar con acuerdos de cooperación militares sujetos al interés de los Estados Unidos (https://t.ly/wtDfo). Entre los factores que explican esta situación se incluye el desmantelamiento del sistema de seguridad interna que se estableció durante el gobierno de Correa (https://t.ly/limV0) y que también afectó al control de las cárceles, donde escalaron las matanzas entre bandas internas.
Los sectores populares que votaron por Noboa creían que el joven y millonario presidente podía transformar esas herencias, pero las soluciones prometidas en campaña no llegaron y se continuó con los beneficios a un círculo de poder carente de visión social y que está más interesado en los buenos negocios con el Estado, esperando la privatización completa de los bienes y servicios públicos, al compás de los lineamientos del FMI. Se une lo que la sociología latinoamericana llama penalización de la política, criminalización de la protesta social y lawfare, con participación de los medios de comunicación oligopólicos y diversos aparatos del Estado, entre los que sobresale la justicia. Continúa el anti-correísmo (https://t.ly/Xyxkc) y hace poco saltó un escándalo sobre chats, que un reconocido periodista llama “asco nacional” (https://t.ly/XpbSO), que destapó la “inmoralidad” política (https://t.ly/cekxj ; https://t.ly/L4fr7). En esos ambientes han crecido el temor humano y la impotencia colectiva, que suman el miedo a las bandas criminales a las que el gobierno declaró la “guerra”, con resultados pobres del “Plan Fénix” que dice guiar sus acciones.
De acuerdo con algunas encuestas de opinión los ecuatorianos están preocupados por tres problemas: la economía, la inseguridad ante la delincuencia que ocasiona asesinatos, extorsiones y “vacunas” a diario, y finalmente los “apagones” (https://t.ly/u4deH) que se sumaron con horarios incumplidos y que afectan a toda la ciudadanía (https://t.ly/GSWoM). Resulta paradójico que el “achicamiento” repercuta sobre los mismos empresarios que abogaron permanentemente contra el “Estado obeso”. Más fácil es culpar al estiaje y al “estatismo” de la progresista Constitución de 2008, sin reconocer las responsabilidades gubernamentales y tampoco la desatención a las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas construidas en el pasado y especialmente durante el gobierno de Correa (8 hidroeléctricas).
El cuadro social y económico es dramático: salarios bajos, derechos laborales flexibilizados y desvalorizados los derechos de la naturaleza, 70% de la población en desempleo y subempleo, aumento de la pobreza, deterioro de las condiciones de vida generales, atención médica y seguridad social estranguladas, emigración galopante, inseguridad diaria, bienes y servicios públicos debilitados, desinversión privada, caída constante de la economía. Bastaría con revisar los informes anuales de la CEPAL para verificarlo. El de 2024 reconoce alguna “mejora” social en América Latina (https://t.ly/aj6RS), pero con ello tampoco llega a darse cuenta real de lo que la gente vive a diario en Ecuador, un país que no ha sufrido el peso del bloqueo a Cuba ni las destrucciones provocadas por los recientes huracanes y terremotos en la isla, y tampoco las sanciones económicas como las impuestas a Venezuela.
En siete años el anterior prestigio del país se ha derrumbado. Dos hechos han pesado internacionalmente: la incursión en la embajada de México (https://t.ly/fsZMH) y la reciente suspensión de funciones a la Vicepresidenta electa, para designar por decreto presidencial otra (https://t.ly/4vHGU), un asunto inédito en 194 años de historia republicana de Ecuador y en la historia de América Latina, cuestionado por abogados constitucionalistas e incluso por 26 ex jefes de gobierno de la derecha política (https://t.ly/CyXXt), que incluyen a O. Hurtado, J. Mahuad, L. Moreno y G. Lasso. Ante el “clima” que vive el país, a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado realizada en la ciudad de Cuenca (14-15/Nov/2024) no asistieron los presidentes de los países invitados (https://t.ly/_Rieb) y tampoco se llegó a una Declaración oficial final (https://t.ly/Zu26D)
Bajo los panoramas descritos Noboa es ahora candidato a la reelección. Se ha procurado marginar a opositores y cortar obstáculos a su triunfo, lo cual explica la designación de una nueva Vicepresidenta. Meses atrás hubo acercamientos políticos entre las izquierdas, aunque se presentaron divididas para las elecciones. De todos modos, los sectores progresistas confían en poder triunfar en febrero 2025. Pero en contra de esa posibilidad actúan las élites de la dominación interna y también las geoestrategias derechistas externas. En la confrontación social que vive Ecuador, si triunfaran las fuerzas progresistas tendrán un futuro panorama lleno de conspiraciones, implacables ataques y resistencias poderosas. Mientras tanto en Ecuador se extiende una frase lapidaria: “todo el mundo” quiere irse del país. El último en salir no necesitará apagar la luz.
Sin embargo, como la historia no se detiene, a pesar de los peligros y la represión ya sufridos en 2019 (L. Moreno) y 2022 (G. Lasso), el movimiento indígena ha tomado la vanguardia de las protestas. También se activan las centrales de trabajadores y amplios sectores sociales. Se han acordado las plataformas reivindicativas. Desafiando al gobierno, el 15 de noviembre, en recuerdo a la matanza obrera ocurrida en 1922, se realizaron en Quito y otras ciudades y provincias, importantes manifestaciones. Dan cuenta de que, por sobre las adversidades, se gestan condiciones de lucha social que alarman a las castas del poder.
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