«La cárcel es un espejo que nos mira a los ojos»

Familiares de personas privadas de libertad, principalmente mujeres, han protestado de forma incesante por las condiciones carcelarias en Ecuador, desde que el gobierno de Daniel Noboa decretó grave conmoción interna y militarizó el país. Sus demandas no son solo por mejores condiciones físicas en las prisiones, sino por un reconocimiento de cómo estas instituciones que reflejan las injusticias estructurales de una sociedad que gestiona sus conflictos a través del encierro y el aislamiento. Entre las graves violaciones de derechos humanos denunciadas existen casos de tortura, maltrato, falta de alimentos, desnutrición, violencia sexual, suspensión de visitas y mutilación de personas trans.

Organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas y familiares también advierten sobre estos abusos. Además, datos de la Fiscalía indican que, desde el inicio del estado de excepción hasta junio de 2024, se han reportado 12 ejecuciones extrajudiciales, 110 casos de extralimitación en actos de servicio y 70 denuncias de tortura, según señala Alejandro Baño, representante de la Fiscalía General del Estado.

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En enero de 2024, el gobierno de Daniel Noboa decretó el estado de grave conmoción interna y conflicto armado interno en Ecuador. Bajo los decretos 110 y 111, las Fuerzas Armadas se desplegaron por todo el territorio nacional, sobre todo en barrios populares y empobrecidos. También, militares ingresaron y se tomaron las prisiones con el argumento de “luchar por la paz nacional” y enfrentar a “grupos terroristas”. Desde entonces, familias de personas privadas de libertad y diversas organizaciones de derechos humanos, como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, el colectivo feminista antipunitivista Mujeres de Frente, el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, la Alianza Contra las Prisiones, entre otras, han alertado y denunciado prácticas sistemáticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de las cárceles del Ecuador.

Un recuento de las violaciones: falta de atención médica y alimentación

Una de las primeras alarmas fue sobre la condición de salud de las personas privadas de libertad. El 29 de enero de 2024, el CDH presentó un Hábeas Corpus por la situación de salud de 18 presos de la Penitenciaría del Litoral con enfermedades catastróficas, como VIH, tuberculosis y otras, que no recibieron atención médica ni medicamentos desde que inició la intervención militar. Un juez falló a favor de los privados de libertad y responsabilizó a las Fuerzas Armadas, al Servicio Nacional de Atención Integral, SNAI, y al Estado ecuatoriano por la vulneración de sus derechos humanos.

Sin embargo, la falta de atención médica en las cárceles es aún más preocupante si se consideran los datos del Primer Censo Penitenciario del Ecuador de 2022, publicado en mayo de 2023. En dicho censo, las principales enfermedades diagnosticadas en la población carcelaria fueron hipertensión (presión alta), tuberculosis, diabetes, bronquitis o neumonía y cáncer. Hasta 2022, 3.429 personas privadas de libertad fueron diagnosticadas con hipertensión (10,95%), 1.457 con tuberculosis (4,65%) y 1.284 con diabetes (4,10%), de una población total de 31.321 personas privadas de libertad. Según el CDH, en la actualidad estas cifras son indeterminables por el incremento de la población penitenciaria.

El 16 de abril de 2024, el SNAI emitió un memorando donde alertó sobre la suspensión del servicio de alimentación en los Centros de Privación de Libertad, CPL, y Centros de Adolescentes Infractores, CAI, de la División Territorial 3, a cargo de la empresa Lafattoria, debido a la falta de pago, de alrededor de 30 millones de dólares, por parte del Estado. El presidente Daniel Noboa justificó la falta de pago aduciendo que la empresa tendría vínculos con el crimen organizado, sin presentar pruebas ni una denuncia formal que respalde sus afirmaciones.

El 17 de abril, el SNAI abordó la problemática en una circular emitida por Juan Carlos Izurieta Gaviria, Subdirector de Medidas Cautelares, Ejecución de Penas y Medidas Socioeducativas. La institución indicó en un párrafo, de las ocho páginas de la circular, que los CPL y los CAI deben adoptar “todas las medidas que sean necesarias, encaminadas a precautelar el derecho a la alimentación y consecuentemente, a la vida e integridad de las personas privadas de la libertad”. Sin embargo, eso no ocurrió y para el 23 de abril, familiares de personas privadas de libertad se manifestaron de forma pacífica en los exteriores del SNAI, en Quito, para exigir el ingreso de medicamentos y solución a la falta de alimentación en los centros de privación de libertad.

El 24 de abril, el CDH, Mujeres de Frente, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Inredh, y la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos presentaron una segunda medida cautelar ante la Unidad Judicial en Quito por la restricción del acceso a alimentación para las personas privadas de libertad. Las organizaciones ganaron esta segunda medida cautelar el viernes 7 de junio de 2024. La jueza Constitucional de Guayaquil, Isabel Jorgge Aspiazu, falló a favor de la medida y dispuso la regularización inmediata de la provisión de alimentos en la Penitenciaría del Litoral, La Roca, la Cárcel Regional, la cárcel de mujeres, centros de adolescentes infractores y otros reclusorios en el Puerto Principal y El Empalme. La jueza también ordenó al SNAI brindar facilidades para que las organizaciones de derechos humanos con personería jurídica, Defensoría del Pueblo, ingresen a los centros de privación de libertad y verifiquen la provisión suficiente de alimentos para las personas privadas de libertad.

Además, la jueza ordenó al SNAI iniciar acciones administrativas para la contratación del servicio de alimentación. También debe gestionar de forma permanente, con entidades públicas o privadas, los procesos de donación de alimentos para cubrir la mayoría de las necesidades alimenticias de más de 12.000 personas privadas de libertad de los centros mencionados. El Ministerio de Finanzas deberá asegurar los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de los derechos de las personas en prisión.

“El Estado militar solo enseña la crueldad”

“Queremos saber cómo están nuestros familiares”. Esa fue la primera exigencia de las madres de personas privadas de libertad en la Defensoría del Pueblo los días 17 y 18 de junio de 2024. Durante esos días, las familias y organizaciones de derechos humanos se reunieron en mesas de trabajo con representantes del SNAI, del Ministerio de Defensa, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, y otras instituciones del Estado para exponer los casos de tortura y malos tratos, prácticas de corrupción, problemas en la aplicación de beneficios penitenciarios, alimentación, salud, impedimento de visitas. Sin embargo, las autoridades, no ofrecieron respuestas concretas ante esas preocupaciones.

Entre las denuncias, el testimonio de una madre resonó con fuerza: “Mi hija entró con 80 kilos, entró caminando, gozando de buena salud. En la actualidad pesa 46 kilos. A mi hija la tuvieron que operar de emergencia a causa de una tortura militar. Le patearon tanto en su abdomen que le rompieron los músculos; fue intervenida de emergencia”. Sus palabras cargadas de indignación, dolor y rabia describieron la realidad de miles de personas que están bajo la custodia de un Estado y sistema que los condena a mucho más que una pena.

En la reunión estuvo presente Vivian Idrobo, abogada e integrante de la Alianza por los Derechos Humanos, quien señaló que no existen informes públicos de todas las visitas y acciones que las autoridades afirman haber realizado. “¿Qué están haciendo para prevenir la tortura?”, cuestionó. A la par, Fernando Bastías, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, exigió, entre otras cuestiones, que se restablezcan las visitas “porque la incomunicación prolongada, innecesaria e injustificada es tortura, no solo para las personas privadas de libertad, sino para las familias”.

Fernando Bastías también instó al Ministerio de Defensa a dar cuenta del número de carpetas disciplinarias, registros administrativos que contienen información detallada sobre las infracciones y sanciones impuestas a una persona, que se abrieron desde que inició la intervención militar. Además, Bastías exhortó a la Defensoría del Pueblo a convocar a una Comisión de la Verdad, entidad del Estado creada en 2007 en Ecuador, para que esclarezca los hechos y violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. “No puede ser que, en manos de funcionarios públicos, como son las Fuerzas Armadas, que tienen un rol específico en un contexto tan delicado como un conflicto armado interno, haya habido torturas físicas, psicológicas y violaciones sexuales”, señaló.

Ocho días después, el 26 de junio, en el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, los familiares de personas privadas de libertad se congregaron en un plantón frente a la Asamblea Nacional en Quito. Con fuerza y determinación, alzaron sus voces: “El Estado militar solo enseña la crueldad”, “Mujeres contra la guerra, mujeres contra el capital, mujeres contra la tortura y el abuso militar”. Entre la multitud, una mujer sostenía un cartel con un mensaje tajante: “La cárcel es un espejo que nos mira a los ojos”. Esta frase no solo encapsula la indignación de quienes exigen condiciones dignas para las personas privadas de libertad, sino que también refleja la profunda desesperanza frente a un sistema penitenciario ecuatoriano que, como señala la Alianza contra las Prisiones, perpetúa y normaliza la violencia sobre los más vulnerables de la sociedad.

Al mismo tiempo, familiares y representantes de organizaciones de derechos humanos ingresaron a la Asamblea para comparecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales. Allí, expusieron con dolor y urgencia sus testimonios sobre la situación carcelaria en Ecuador. Describieron un panorama de torturas, violencia y privación de necesidades básicas. En sus palabras resonaron exigencias claras: un sistema penitenciario que respete la dignidad humana, la implementación inmediata de políticas que garanticen el acceso a alimentos y atención médica adecuada, así como el cese de las prácticas inhumanas al interior de las cárceles.

Estos son algunos testimonios y exigencias de los familiares de personas privadas de libertad sobre la situación carcelaria en Ecuador:

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Lo que dijeron las autoridades

Jahiren Noriega, asambleísta por la Bancada de la Revolución Ciudadana e integrante de la Comisión, como funcionaria pública, pidió una disculpa en nombre del Estado ecuatoriano a las familias. “Como ustedes han dicho, sus familiares se encuentran en prisión, privados de la libertad, pero eso no debería significar tortura o una condena de muerte. Vemos con profunda preocupación que la militarización está generando muertes, violación a los derechos humanos”, dijo. Además, se comprometió a dar seguimiento a la situación carcelaria. 

Asimismo, Paola Cabezas, presidenta de la Comisión, ratificó la visita a las cárceles. “La Comisión no puede no ir a las cárceles y verificar las denuncias que son desgarradoras. Esto no puede quedar en la impunidad. Estamos con ustedes”, expresó. Por su parte, Alejandro Baño Salcedo, representante de la Fiscalía, en su comparecencia dijo que la institución identificó vulneraciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales, especialmente de miembros del Ejército. En ese sentido, señaló que emitieron lineamientos para la investigación preprocesal y procesal penal relacionada con la tortura, una directriz específica sobre aplicación de estándares internacionales y lineamientos para la investigación de crimen organizado y terrorismo en contextos de conflicto armado no internacional. Además, informó que el 5 de febrero de 2024, la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana solicitó, a nivel nacional, información sobre presuntos actos de violencia cometidos por la Fuerza Pública. También afirmó que, en el segundo trimestre de 2024 (abril, mayo y junio) dieron seguimiento a la información sobre muertes al interior de los centros de privación de libertad. “Esas son muertes en custodia y se solicitó partes policiales, actas de levantamiento de cadáveres y protocolos de autopsias. De la revisión de las autopsias se habían identificado posibles situaciones de desnutrición severa por lo que se agruparon y se inició una investigación de oficio por el delito de tortura en los centros de rehabilitación”, indicó.

Según Alejandro Baño, desde el inicio del estado de excepción, en enero, hasta junio de 2024, la Fiscalía ha recibido informes de 12 ejecuciones extrajudiciales, 110 casos de extralimitación en la ejecución de actos de servicio y 70 denuncias de tortura, todas en proceso de investigación. Sumado a esto, el funcionario explicó que la Fiscalía está dando seguimiento a denuncias sobre violencia sexual dentro de los centros de privación de libertad. Sin embargo, dijo que “muchas de las investigaciones enfrentarán obstáculos críticos, especialmente en lo que respecta al acceso a la información». Además subrayó las dificultades en la investigación y en el acceso a información de graves violaciones a los derechos humanos.

Preocupación de organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos

En mayo de 2024, Human Rights Watch, organización internacional e independiente que monitorea el aumento de violencia en Ecuador, se pronunció sobre el conflicto armado interno y las violaciones de derechos humanos en el país. En una carta dirigida al presidente Daniel Noboa, la organización enfatizó que “en reiteradas ocasiones han pedido a las autoridades que adopten políticas de seguridad efectivas y respetuosas de los derechos humanos, en particular, mediante el fortalecimiento del frágil sistema de justicia del país”.

En la carta, la organización argumentó que el gobierno de Daniel Noboa no ha presentado evidencias suficientes para concluir la existencia de un conflicto armado interno o un conflicto no internacional. La organización recomendó al gobierno, entre otras cuestiones, que la Fiscalía General del Estado tome medidas para la creación de una unidad de investigación altamente capacitada y equipada, para no depender de la Policía en sus investigaciones. También sugirió incrementar el número y la capacidad de investigadores forenses, fiscales y jueces que procesan e investigan casos de delincuencia organizada y corrupción, así como aumentar el financiamiento del mecanismo de protección de fiscales y jueces. Además, instó a restablecer el Ministerio de Justicia que se cerró en 2018 durante el gobierno de Lenín Moreno.

Por otro lado, para garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos desde la intervención militar de enero de 2024, Human Rights Watch recomendó al gobierno limitar el papel de las Fuerzas Armadas a circunstancias en las que su uso sea estrictamente necesario. También solicitó una condena pública de las violaciones de derechos humanos perpetradas por la Fuerza Pública, poner fin al control militar sobre las prisiones y reformar el sistema penitenciario abordando el hacinamiento, los retrasos en los beneficios penitenciarios, el acceso a servicios básicos, la falta de programas efectivos de rehabilitación social y la escasez de personal penitenciario capacitado, entre otros problemas.

A esto se suma Amnistía Internacional en las Américas que, a inicios de junio de 2024, se reunió con una delegación del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles de Guayaquil para dialogar sobre la situación carcelaria. A través de su cuenta de X, Amnistía también exhortó al gobierno de Noboa para que las visitas familiares y comunicaciones se restablezcan de forma inmediata y se garantice el acceso a alimentación, servicios de salud y el acceso de organizaciones de derechos humanos a los centros penitenciarios.

Diez meses bajo militarización

Han transcurrido diez meses desde que comenzó la intervención militar en las cárceles de Ecuador. En la actualidad, la Asamblea Nacional continúa monitoreando la situación de las personas privadas de libertad y desarrolla un proceso de fiscalización. A partir de julio de 2024, se reanudaron las visitas familiares, como resultado de las mesas de diálogo, realizadas en Quito, entre familias de personas presas con la Defensoría del Pueblo, la Asamblea y otros organismos del Estado. Sin embargo, aún existen preocupaciones en torno al economato y la comunicación entre familiares y privados de libertad. Además, aunque las visitas ya se permiten, las familias denuncian que su duración no se respeta: de las dos horas reglamentarias para estar con un familiar, se ha reducido a tan solo 10, 15, 30 minutos, como máximo 45. Y, si bien la distribución de alimentos se ha regularizado, las porciones son mínimas, y en muchas cárceles no se proporciona suficiente agua, ni para beber ni para bañarse.

Mientras las familias de personas privadas de libertad claman por el cese de la tortura y el maltrato, por un servicio de alimentación digno y por respuestas ante las muertes y casos de violencia sexual bajo custodia del Estado; el gobierno de Daniel Noboa construye una nueva cárcel de máxima seguridad en Santa Elena, bautizada como ‘El Encuentro’. Las y los comuneros de esta provincia rechazan este proyecto, que se realiza en territorios ancestrales indígenas de Bajada de Chanduy, ya que se puso en marcha sin una consulta previa, libre e informada, un derecho reconocido en la Constitución ecuatoriana para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Además, organizaciones de derechos humanos como el CDH, rechazan la construcción de la cárcel porque “las mega cárceles son los lugares donde se han registrado los peores hechos de violencia, donde se concentra la corrupción por la dificultad de su control, la insuficiencia de personal, el aislamiento de las personas privadas de libertad de vínculos humanos”.

Fuente: https://wambra.ec/carcel-espejo-que-nos-mira-a-los-ojos/#google_vignette