En este artículo la autora muestra la lucha de lo Ava guaraníes por el reconocimiento de sus tierras ancestrales ante la hidroeléctrica Itaipú Binacional.
Entre indignación y resignación. Comunidades Ava Guaraní denuncian la injusticia en las resoluciones ofrecidas el pasado 27 de febrero por la hidroeléctrica Itaipú Binacional respecto al conflicto de superposición de tierras ancestrales.
Los Ava son grupos pertenecientes a la rama Guaraní que han habitado Paraná desde antes del siglo XV. Por siglos han defendido los tekoha, espacios heredados de generación en generación relacionados con la naturaleza, la salud, la vida, la expresión y forma de ser guaraní. Por su estilo de vida agrícola-caza-recolector, las comunidades han contribuido a la conservación de especies vegetales y animales como ciervos y garzas; al igual que a la preservación de las Siete Caídas en Paraná, un hermoso paisaje de siete enormes cascadas que desapareció con la construcción de la represa de Itaipú.
La disputa entre los guaraníes e Itaipú Binacional se remonta a los años setenta, cuando el gobierno brasileño aprobó el proyecto de la hidroeléctrica más grande de Sudamérica. Con capital extranjero se negociaron tierras de al menos seis estados en Brasil, las cuales dependían del río Paraná, afluente con 3.740 km, que nace en Sao Paulo y baja hasta Paraná formando parte del sistema de Cuenca de la Plata, segundo yacimiento de agua más importante después del río Amazonas. Con base a lo estipulado por Miriam Zaar, geógrafa humana, se calcula que la hidroeléctrica expropió en esa década alrededor de 101.092,52 hectáreas, puesto que a pesar de proponer indemnizaciones, los propietarios indígenas nunca recibieron el pago acordado y al reclamar fueron expulsados, perseguidos e incluso asesinados para la obtención de dichas tierras.
Con la gran construcción de la represa, casas, siembras familiares y cementerios guaraníes quedaron sepultados bajo el agua. Los Ava perdieron la conexión con sus antepasados, se vieron en la necesidad de migrar y reducirse, es decir, vivir muchos pueblos con costumbres y hábitos diferentes en zonas desconocidas, tuvieron que empezar desde cero. Sin embargo, ésta dolorosa historia no concluyó con el cambio de milenio, durante 50 años las comunidades han reclamado el reconocimiento de la tierra perdida, teniendo como respuesta el desplazamiento “silencioso”, en 2016 Itaipú Binacional redujo las tierras de los guaraníes nuevamente, quedando impune este acto hasta la fecha.
Aunado a ello, el 23 de septiembre de 2023, el gobierno proclamó el uso de la Ley Marco Temporal. De acuerdo con Paula Davoglio Goes, abogada, latinoamericanista, defensora de los derechos humanos e investigadora participe del podcast Sabiduría ambiental: la ley establece la demarcación, acto legal que reconoce y establece la delimitación de la extensión de tierras indígenas, solo a aquellos territorios que estuvieron habitados físicamente hasta antes de 1988; fecha en la que se democratizó el país y se promulgó la Constitución vigente, ordenamiento que reconoce los derechos agrarios sin restricciones temporales. Aunque la ley fue inconstitucionalizada dos meses después por el Supremo Tribunal Federal (STF), ésta aún permanece vigente afectando los procesos jurídicos, “ya que permite que se reabran casos ya ganados con la posibilidad de arrebatar las tierras y retrasando los que aún no reciben sentencia”, declaró Goes en una entrevista para este artículo.
La ley obstaculizó el ya difícil proceso legal llevado por los Ava guaraníes para la recuperación de sus tierras ancestrales. Por tal, el 5 de julio de 2024, cansados de esperar una respuesta y contra toda posible amenaza, adultos, niños y ancianos armados con palos de madera, herramientas de cultivo, telas y unos cuantos muebles entraron e instalaron modestos campamentos. Materiales que han representado una resistencia ante las lluvias, las balas y fuego de cuerpos criminales que buscan sacarlos de los territorios, puesto que la ley ampara a la empresa y a los terratenientes permitiendo ataques contra su persona. En enero del presente año, entre lágrimas y sangre pidieron detener esta situación “Por amor de Dios, estamos rodeados. Realmente rodeado. Rodeado de pistoleros. Estamos pidiendo ayuda” dijo una joven indígena en un audio presentado por Telesur.
El pasado 27 de febrero de 2025 tras múltiples “negociaciones de conciliación” impulsadas principalmente por instituciones gubernamentales como el Ministerio Público Federal (MPF) y la Fundación Nacional de Pueblos Indígenas (Funai) defensora de los derechos de los pueblos indígenas, la Junta Directiva de Itaipú Binacional autorizó la venta de tres mil hectáreas por 240 millones de reales (aproximadamente 8.4 billones de pesos mexicanos) para la subsistencia de 31 comunidades guaraníes, 5.800 personas.
De acuerdo con Brasil de Fato (Acordo de R$240 milhões para terras Ava Guarani em Itaipulândia (PR) é firmado; indígenas criticam reparação insuficiente. Ana Carolina Caldas y Mayala Fernandes) Enio Verri exdiputado federal de la República Federativa de Brasil y actual director de Itaipú Binacional, este supuesto pacto, muestra el compromiso que tiene la hidroeléctrica con los pueblos originarios siendo “un paso para garantizar a estas poblaciones mayor seguridad, dignidad y calidad de vida”. No obstante, en el mismo día comunidades guaraníes en una carta pública declararon: “Solo se ofreció una miga. Una migaja para aquellos que literalmente tienen una pistola apuntando a sus cabezas. Es imposible decir que no”. Mostrando indignación y decepción, pues no representa ni el diez por ciento de la tierra que les quitaron y por la que han levantado la voz durante tanto tiempo.
El acuerdo presenta diversas arbitrariedades: primeramente porque el espacio es muy poco para desarrollar casas, escuelas y tierras de cultivo, segundo porque aún se debe de esperar la aprobación del STF y tercero, porque a pesar de la “venta”, dichas tierras no podrán ser demarcadas por lo que no se garantiza los derechos humanos básicos de los pueblos. Esta negociación se muestra como una buena noticia, sin embargo representa una cortina de humo respecto al cese al fuego y la demarcación de tierras. Se continúa ignorando la desesperanzadora situación de las comunidades y su pasado de violencia.
En la actualidad el panorama es bastante sombrío, ya que se enfrentan a los agronegocios y a los políticos coludidos. Es difícil lograr el pago de los 240 millones de reales y probablemente no podrán acceder a las tierras hasta que la empresa haya recibido el pago total, por lo que no es una verdadera solución. Lo correcto sería retribuirles las tierras perdidas, pero ¿cómo recuperar lo sepultado?
“Tenemos derecho a las tierras, pero no las tenemos. Nuestra historia no inicia en 1988, siempre hemos estado aquí. ¡No a la ley del Genocidio Indígena!” gritan los pueblos indígenas por todo Brasil.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.