Ha durado ciento treinta días. Pero para muchos en Estados Unidos parece un siglo. Con el fin de eludir las obligaciones de transparencia y responsabilidad previstas por la ley, Elon Musk renunció el miércoles 28 de mayo a seguir al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para volver a sus negocios. Al marcharse, el multimillonario considera que ha cumplido, al menos en parte, su misión: “En general, creo que hemos sido eficaces. No tanto como me hubiera gustado. Creo que podríamos ser más eficaces. Pero hemos avanzado”.
Una opinión muy controvertida entre los estadounidenses. En pocos meses, Musk, presentado como un genio por Donald Trump y el bando republicano, se ha convertido en una de las figuras más odiadas de Estados Unidos. Ahora se le asocia con una de las experiencias más traumáticas del país, simbolizando él solo la brutalidad, las incoherencias y los errores de la revolución trumpista.
Incluso los líderes empresariales, fuera del mundo de la tecnología, se muestran severos con quien se suponía que iba a inculcar al Estado los méritos del sector privado. Según ellos, Elon Musk ha demostrado ser un pésimo líder. Ningún grupo privado podría resistir la terapia de choque que ha impuesto a la administración federal.
A lo largo de su mandato, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX ha demostrado ser incapaz de gestionar organizaciones complejas, incapaz de trazar una estrategia y explicarla, incapaz de tener en cuenta las dimensiones sociales y societales de un gobierno y de crear consenso. Un fracaso evidente, porque “el proyecto estaba mal concebido” desde el principio, escribe Adrian Wooldridge, columnista de Bloomberg.
Aunque han podido medir semana tras semana el rechazo masivo a los métodos aplicados por el multimillonario, pocos republicanos se atreven a pronunciarse en un sentido u otro sobre la actuación de Elon Musk al frente del DOGE: el multimillonario sigue teniendo una influencia considerable sobre Donald Trump. Los más indulgentes dicen que habrá que esperar antes de poder hacer un balance real.
Sin embargo, ahora mismos, las primeras conclusiones son abrumadoras. Ninguno de los compromisos de ahorro está a punto de cumplirse. Por el contrario, tras cinco meses en el cargo, Elon Musk deja una administración sumida en el caos. Sectores enteros del Estado social, de las administraciones fiscales, de defensa o jurídicas han sido trastornados, desorganizados y, en algunos casos, destruidos de forma irreversible.
Con la motosierra
Omnipresente desde julio de 2024 en la campaña presidencial de Donald Trump, a la que financió generosamente, Elon Musk, que pareció acampar en el Despacho Oval durante toda su estancia en Washington, tuvo una influencia que fue mucho más allá de su misión oficial. Aprovechando su proximidad al presidente, instaló sus ideas libertarias y racistas en el corazón de la Casa Blanca, apoyando a la extrema derecha europea, la ficción de un genocidio contra los blancos en Sudáfrica o liderando su cruzada natalista blanca.
Pero el departamento de eficacia gubernamental, su proyecto para situarse en el centro del poder presidencial, sigue siendo su gran obra. Durante la campaña, prometió el oro y el moro. Si se le dejaba actuar a su antojo, sería capaz de ahorrar 2 billones de dólares en muy poco tiempo. Subyugado tanto por su audacia como por su fortuna, Donald Trump prometió dar carta blanca al multimillonario.
Muchos responsables políticos de todo el mundo se deshicieron en elogios. Olvidando deliberadamente –o no– el trasfondo ideológico que transmite Elon Musk, solo querían ver en su nombramiento un avance de las ideas neoliberales que defienden desde hace tres décadas: el Estado debe gestionarse como una empresa. “Siempre he soñado con un comité antiburocrático y Elon Musk lo va a hacer”, se entusiasma Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France, al anunciarse el nombramiento del multimillonario.
Apenas nombrado, Elon Musk puso en escena su acción. Siguiendo los pasos del presidente argentino Javier Milei, se presentó con una enorme motosierra para simbolizar su política. Todo debía ser recortado, excepto las subvenciones concedidas al sector privado, del que él es uno de los principales beneficiarios: desde sus inicios, el multimillonario ha recibido al menos 37 000 millones de dólares en ayudas
Sin demora, Musk se puso manos a la obra. Retomó los métodos utilizados en la compra de Twitter, que casi hunden la red social –que nunca se ha recuperado del todo–, y los aplicó a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), vilipendiada por Donald Trump.
De la noche a la mañana, las y los empleados de la agencia vieron cómo se desactivaban sus tarjetas de acceso y se cerraban sus buzones de correo electrónico. En pocos días, la agencia fue liquidada y todo su personal despedido, entre los aplausos de los defensores de Maga (Make America Great Again). A raíz de ello, sus proveedores de servicios y subcontratistas también cerraron.
Según las estimaciones, más de 20 000 personas perdieron su empleo en menos de dos semanas. Más tarde, los agricultores y agricultoras del Medio Oeste, que votaron masivamente a Donald Trump, comprenderían que la USAID era una poderosa ayuda para exportar sus productos, subvenciones que no se llamaban así y que desaparecieron de repente, dejándolos sin recursos.
El Estado social en el punto de mira
Fortalecidos por este primer éxito, Elon Musk y su pequeño equipo se lanzaron a por todo. Presentaron un plan de dimisiones voluntarias a las y los empleados del Estado federal, que fue aceptado por más de 330 000 personas. Al resto se le pidió que justificara su decisión por correo electrónico semana tras semana, so pena de ser despedidos.
Se enviaron planes de supresión de puestos de trabajo a todas las administraciones y agencias. Algunas personas fueron despedidas inmediatamente, pero luego se les volvió a llamar porque de repente se dieron cuenta que eran indispensables. Algunas de ellas serán despedidas por segunda vez más tarde.
Aunque no tienen ninguna habilitación administrativa ni de defensa, los equipos del DOGE exigen tener acceso a todos los sistemas de pago federales, a todos los servidores, a todos los números fiscales y de la seguridad social, con el fin, según explican, de perseguir el fraude. Las y los funcionarios que se oponen son destituidos de inmediato. Miles de contratos y servicios externos se rescinden de un plumazo.
Aunque se multiplicaron los recursos ante los tribunales, detener esta guerra relámpago lleva tiempo. Mientras tanto, la apisonadora del DOGE aceleró Elon Musk centró sus ataques en la caza de inmigrantes ilegales, una prioridad para Donald Trump, y en lo social.
La seguridad social (Medicare, Medicaid) fue designada como objetivo prioritario. Se suprimieron todos los fondos destinados a programas de planificación familiar y diversidad, considerados wokismo. Rápidamente, Musk anunció que había encontrado fraudes y abusos masivos y que se podían ahorrar al menos 700 000 millones de dólares en programas sociales. Donald Trump se vio obligado a frenar él mismo los impulsos del multimillonario.
Porque, al ignorar todas las leyes, las normas constitucionales y las fuerzas políticas, Elon Musk acabó creándose muchos enemigos. Las reuniones en la Casa Blanca se hicieron cada vez más tensas con algunos miembros del Gobierno. Entre ellos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, o el secretario de Transporte, a quienes se les había reprochado no hacer lo suficiente, aprovechan para recuperar una serie de prerrogativas sobre sus respectivas administraciones.
Ahorros prácticamente inexistentes
A las pocas semanas de asumir el cargo, Elon Musk ya había revisado a la baja sus objetivos de ahorro: ya no apuntaba a 2 billones de dólares, sino solo a 1 billón. Sin embargo, incluso después de esta revisión, los objetivos estaban lejos de alcanzarse. Según el propio multimillonario, los distintos cierres, recortes de empleo y reducciones de créditos habrían permitido ahorrar 170 000 millones de dólares.
Pero, mientras tanto, como señala el Wall Street Journal, el gasto presupuestario ha seguido aumentando. Ha crecido en 154 000 millones desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. En otras palabras, la misión del DOGE hasta ahora no ha dado ningún fruto. Por otra parte, el Gobierno no parece esperar mucho desde el punto de vista presupuestario: el proyecto de presupuesto (The Big Beautiful Bill) presentado por Donald Trump no incluye ninguno de los ahorros que se esperaba conseguir gracias al DOGE.
Los efectos de la política de eficiencia gubernamental podrían incluso resultar mucho más graves de lo previsto. Porque, en este momento, el coste real de los recortes de empleo y el cierre de agencias aún no se ha tenido en cuenta en las estadísticas. Muchas de las personas que han decidido dimitir seguirán cobrando hasta septiembre, por lo que no aparecerán hasta entonces en las cifras de desempleo. Muchos funcionarios y funcionarias que ya han perdido su empleo aún no se han inscrito en el paro.
Sin embargo, hay algunas señales preocupantes: en Washington, la ciudad más afectada por los recortes de personal en la administración federal, las ventas de inmuebles aumentaron un 25 % entre marzo y abril. Sin empleo, incapaces de mantener su nivel de vida y de pagar sus créditos, cientos de personas funcionarias han decidido vender sus casas lo antes posible.
A esto hay que añadir los costes indirectos. Numerosos organismos, como los de medio ambiente, salud, educación y meteorología, se ven condenados a funcionar con medios cada vez más reducidos. Se han suprimido créditos de forma masiva. Algunos servicios funcionan ahora con material defectuoso, sin dinero, sin nada, a veces incluso sin papel. “Tiene sentido si el objetivo del dux no es mejorar el funcionamiento del Estado, sino impedir que el Gobierno funcione”, afirma Donald Moynihan, profesor de políticas públicas en la Universidad de Michigan.
Y luego están los costes invisibles, que sin duda surgirán en algún momento. Porque, en cinco meses, los daños ya son inmensos. La administración federal ha perdido competencias en todos los ámbitos, y muchos ejecutivos y altos funcionarios han preferido dimitir o jubilarse, cuando no han sido destituidos de forma caprichosa. En todos los servicios y organismos, el personal está desmoralizado y ha perdido la confianza en el Estado y en su misión, lo que ha llevado a algunos a la depresión y, en ocasiones, al suicidio.
El DOGE después de Elon Musk
Elon Musk está convencido de que lo que ha sembrado le sobrevivirá: el DOGE continuará su obra. “La misión del DOGE se reforzará a medida que se convierta en un modo de vida dentro del Gobierno”, escribió en su red social X a modo de mensaje de despedida.
Sin confiar mucho en el Congreso, al que critica por su arcaísmo y pusilanimidad, Elon Musk apuesta mucho más por las medidas tomadas por el poder presidencial. Parte de las misiones asumidas por el multimillonario serán retomadas por Russell Vought, un halcón de la extrema derecha del Partido Republicano que ahora dirige la oficina de gestión y presupuesto de la administración.
Algunos observadores creen que la acción de Russell Vought se centrará mucho más en la desregulación, la supresión de las normas, reglamentos y leyes que rigen el mundo de los negocios, y en las agencias encargadas de velar por su aplicación. El campo es inmenso: puede abarcar desde la regulación bancaria y financiera, que Donald Trump quiere eliminar a toda costa, tal y como piden tanto Wall Street como el mundo de las criptoactivos, hasta la regulación medioambiental, pasando por la protección de los consumidores o la energía.
Pero su papel podría ir mucho más allá. Se supone que, junto con los equipos del DOGE, seguirá supervisando los recursos financieros asignados a las administraciones y a las diferentes agencias federales, autorizando o denegando las solicitudes de crédito y aprobando los contratos externos.
Todo está preparado, según acusan algunos antiguos responsables públicos, para desmantelar los servicios, para reducirlos a la nada con el fin de privatizarlos. Porque ese es el objetivo último de la ofensiva: reducir al mínimo el papel del Estado federal, disminuir en la medida de lo posible sus ámbitos y posibilidades de intervención, y confiar lo máximo posible al sector privado para garantizarle rentas y monopolios.
Elon Musk ya ha elaborado una lista de todas las funciones —casualmente rentables— que deberían salir del ámbito público. Entre ellas figuran los servicios meteorológicos y climáticos, marítimos, postales, de control del tráfico aéreo, etc. Con ideas muy claras –al igual que algunos de sus allegados, como el multimillonario Peter Thiel, director de Palantir– sobre el Pentágono, también aboga por la privatización de numerosas misiones que desempeña el Ejército, como la definición de los programas futuros.
Desde el comienzo del segundo mandato de Donald Trump se han realizado nombramientos para puestos clave con el fin de llevar a cabo este proyecto. Entre ellos, se ha designado a un responsable de una empresa petrolera, en contra de todas las normas sobre conflictos de intereses, como responsable de las propiedades públicas que podrían venderse para ser explotadas por el sector privado.
La vida de después
Elon Musk se lo prometió a sus accionistas y a los fondos de inversión que amenazaban con destituirlo de la presidencia de Tesla, a la vista de los pésimos resultados del fabricante de automóviles: se implicará menos e invertirá menos en política, aunque sigue teniendo la intención de aprovechar su proximidad con Donald Trump.
Sus compromisos le han costado caro, afirma. Tesla, que se ha convertido en el principal blanco de las protestas contra las acciones del multimillonario, ha visto cómo sus tiendas eran atacadas y sus vehículos destrozados. Las y los consumidores han decidido boicotear la marca. En abril, las ventas de Tesla se redujeron a la mitad en Europa. Su fortuna se ha evaporado en casi 300 dscdd000 millones de dólares.
Pero, al mismo tiempo, la empresa satelital de Elon Musk, Starlink, se ha beneficiado del apoyo de la Casa Blanca para convencer a nuevos gobiernos extranjeros de que recurran a ella y ampliar su red en todo el mundo. SpaceX se ha convertido en el socio imprescindible de la NASA. En cinco meses, ha obtenido más de 3000 millones de dólares en contratos adicionales. Ahora tiene todas las puertas abiertas para obtener los permisos para circular con sus coches sin conductor.
Sin embargo, su regreso a los negocios no comienza bajo los mejores auspicios. Por tercera vez, su lanzador pesado Starship ha explotado.
Texto original: Mediapart