Se le atribuye al filósofo italiano Giambattista Vico (1668-1744) la frase “corsi e ricorsi”, de acuerdo con la cual la historia debe interpretarse como la sucesión de ciclos que se repiten, aunque no en forma igual, ya que siempre hay variaciones. América Latina es la región que mejor ofrece ejemplos de la visión que tuvo Vico. Y es Ecuador, precisamente, el país ejemplar en esa sucesión repetitiva de ciclos.
Desde mediados de la década de los 80 y en forma galopante e indetenible desde los 90, se implantó en América Latina la ideología neoliberal que, entre sus consignas, tuvo el objetivo de lograr la “flexibilidad” o “flexiseguridad” laboral, como algo “moderno” y de adelanto para favorecer el desarrollo empresarial y con ello la economía. Semejante consigna cautivó a las élites empresariales latinoamericanas que, desde entonces, han librado una sistemática campaña, apoyada por sus grandes medios de comunicación, para revisar antiguos derechos de los trabajadores, recortarlos, e incluso suprimirlos, además de lograr nuevas formas de contratación de la fuerza de trabajo. La jornada máxima de 8 horas diarias se ha debilitado e incluso sin pagos por horas extras o suplementarias; la estabilidad indefinida ha sido suplantada por contratos temporales; se incrementaron las facilidades para el despido intempestivo sin indemnizaciones; igualmente se ha estrangulado la sindicalización; la burla a la seguridad social es escandalosa; y el abuso o arbitrariedades en el “manejo del personal” es una realidad que suelen experimentar los propios trabajadores, hoy pomposamente calificados como “colaboradores” y hasta “socios” de las empresas.
Entre las nuevas modalidades de contratos constan el trabajo por horas, el tercerizado y hasta el “uberizado”, así como el teletrabajo o el “smart working”. Pero en todos los países donde la nueva ideología empresarial se implantó, han sido desmejoradas las condiciones laborales y afectados los derechos históricos de los trabajadores, lo que deterioró la calidad general de la vida, como puede seguirse a través de los reportes e informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los estudios de la CEPAL y múltiples publicaciones académicas (ejs.: https://t.ly/MctC_ ; https://t.ly/jkUrP ; https://t.ly/k5sCo)
Los gobiernos progresistas de inicios del siglo XXI detuvieron esas flexibilizaciones neoliberales. Las economías de tipo social a las que dieron inicio permitieron mejorar sustancialmente las condiciones de vida de las poblaciones y, sin duda, las de los trabajadores. Sin embargo, el ciclo conservador que sucedió casi por todas partes volvió al pasado para revivir las antiguas consignas de flexibilidad laboral, matizadas ahora bajo los supuestos de que el progreso técnico, el desarrollo del internet y de la inteligencia artificial, así como la experiencia de la pandemia mundial del COVID del año 2020, han creado las exigencias para avanzar, definitivamente, en nuevas modalidades de contratos ideadas por los propietarios. Y el cuadro de los derechos históricos de los trabajadores otra vez está en la mira. Es un fenómeno generalizado, excepto en países con gobiernos progresistas, como ocurre en Brasil, Colombia o México, que descartaron la vía neoliberal para volver a las economías sociales.
En dos años, el gobierno de Lula da Silva sacó de la pobreza extrema a 6 millones de brasileños (https://t.ly/g-AK9); en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro hizo algo parecido: salieron de la pobreza monetaria 1,6 millones de personas y de la pobreza extrema 1,1 millón de colombianos, además de mejorar los índices sociales y laborales (https://t.ly/qT3zD); y México se colocó a la vanguardia del progresismo con Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y la presidenta sucesora Claudia Sheinbaum, con quienes avanzaron múltiples programas para el pueblo incluyendo su protección con “bonos” y pensiones para distintos sectores de la población; se vigorizaron los derechos laborales; crecieron las inversiones públicas en bienes y servicios y, sobre todo, se plantó una clara política nacionalista y soberana, que ha frenado el injerencismo de los Estados Unidos, tan habitual en América Latina. En la región no hay un solo país capaz de demostrar esos avances siguiendo la senda empresarial-neoliberal o libertaria.
En Ecuador ese corsi e ricorsi es marcado: dos décadas finales del siglo XX con avance neoliberal; entre 2007-2017, durante el ciclo progresista bajo la presidencia de Rafael Correa, el impulso a una economía social del Buen Vivir, de acuerdo con la Constitución de 2008; pero desde 2017 en adelante, se implantó en el país la segunda “época plutocrática”, comparable con la primera entre 1912-1925, cuando no existían derechos laborales, seguridad social, ministerio del trabajo, impuesto a las rentas, instituciones estatales de control, ni banco central. En esta nueva época del presente, las relaciones laborales han retrocedido con mayor alcance frente a lo que se hizo en los 90.
Naturalmente ni en el pasado originario del neoliberalismo, así como tampoco en el presente de restauración del mismo modelo, Ecuador se ha encaminado a una economía con desarrollo y bienestar social, aunque si a una con profunda concentración de la riqueza, prosperidad y acumulación privada, sobre la base de precarizar las condiciones del trabajo y con todo ello incrementar la explotación a las clases trabajadoras, que ahora incluye a los trabajadores del Estado (burocracia) sujetos a despidos inéditos en la historia contemporánea del país, como la reciente separación de 5.000 trabajadores (https://t.ly/eB-Ne), que pasaron de un día a otro al desempleo pleno. Por cierto, todo con sujeción al FMI (https://shorturl.at/9Oqba).
Desde los años 80, en varios libros y en numerosos artículos me he referido a estos temas, de modo que ese corsi e ricorsi de Vico se ajusta a la imagen de Ecuador. En particular he analizado, con suficientes bases históricas, el trabajo por horas, que fue implantado en 2000 por el gobierno de Gustavo Noboa (2000-2003) y que se volvió una escandalosa forma de explotación a los trabajadores, a tal punto que la Asamblea Constituyente tuvo que suspenderlo y prohibirlo expresamente en el Art. 327 de la Constitución de 2008, que también prohibió “toda forma de precarización”.
Deshacerse de esa Constitución o violarla a través de “mini golpes de Estado” ha pasado a ser el camino tomado por las élites dominantes del Ecuador. Y vuelve a renacer otra vez más la obsesión por conquistar el trabajo por horas, que ya demostró las nefastas consecuencias sociales de su aplicación y pese a que en abril de 2024 la población lo negó en el referéndum que realizó el gobierno de Daniel Noboa (https://t.ly/GEY7n), quien propone ahora una nueva consulta popular sobre el mismo tema, que incluirá 7 preguntas que han provocado la radical crítica de los sectores progresistas (https://shorturl.at/WKAQp).
En América Latina sigue abierta la posibilidad de contar con nuevos gobiernos progresistas que pongan en los escombros del pasado al modelo empresarial-neoliberal. Es el esperanzador “corsi”. Entre tanto, son una serie de países de la región los que se mantienen cautivados por el “ricorsi” del pasado. Argentina y Ecuador están a la cabeza de este retorno al conservadorismo económico, sin bienestar social.
Historia y Presente – blog. www.historiaypresente.com Ecuador, lunes 11 de agosto de 2025
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