LOS COLECTIVOS DE DDHH, SOCIEDAD, ABOGADOS Y JURISTAS, PROFESIONALES Y DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL, POLÍTICA Y CULTURAL AL PAÍS
Quienes
suscribimos este comunicado unimos esfuerzos, pensamientos, diálogos
propositivos y compartimos la misma indignación por lo que está
sucediendo en el Ecuador, en el contexto del Paro Nacional Indefinido
convocado por el Movimiento Indígena y organizaciones populares, como
una respuesta legítima de resistencia frente a las asfixiantes medidas
del gobierno, que afectan directamente la economía de las familias
ecuatorianas menos favorecidas.
Es
preciso recordarle al gobierno del Ecuador que la protesta social es un
derecho humano reconocido por el Derecho Internacional de Derechos
Humanos y su legislación constitucional, y que su ejercicio se justifica
como el mecanismo social de contrapesos frente a los abusos y excesos
de gobiernos que, como en el caso de Daniel Noboa, impulsan medidas de
política pública que golpean a las familias y frenan el desarrollo, para
satisfacer única y exclusivamente las exigencias impuestas por el Fondo
Monetario Internacional.
Denunciamos
a la comunidad internacional el uso excesivo de la fuerza que han
perpetrado las fuerzas militares y policiales bajo las directrices del
gobierno para reprimir a las y los manifestantes en el contexto de las
movilizaciones sociales durante los días en que continúa el paro
nacional. Esta escalada de represión ha costado la vida al líder
comunero de Cotacachi Efraín Fuérez (+), quien habría sido ejecutado con
el uso de munición letal prohibida para contrarrestar protestas
sociales por parte de fuerzas militares ecuatorianas; y cuyo cuerpo,
tras recibir los disparos mientras se alejaba de los militares, como se
puede observar en varios vídeos grabados por testigos y difundidos en
redes sociales, es golpeado en el piso, junto a otro ciudadano que
intenta protegerlo.
Exigimos
que estos hechos sean investigados por las autoridades judiciales
competentes, con transparencia, imparcialidad y dentro de un plazo
razonable con la finalidad de establecer las responsabilidades
correspondientes, y poder entregarle respuestas al país y a la familia
de Efraín Fuérez.
Demandamos
justicia, verdad y reparación ante este hecho que, por las
circunstancias en las que ha ocurrido, puede ser considerado como Crimen
de Estado, sancionado inclusive por el derecho internacional.
Alertamos
respecto de los procesos de criminalización y judicialización que ha
implementado el gobierno en contra de varios líderes del movimiento
indígena, sindical, estudiantil, popular, campesino y ecologista,
utilizando nuevamente a la Fiscalía para abrir investigaciones bajo el
falaz alegato de “enriquecimiento privado no justificado”, con la única
finalidad de intimidar y anular judicial y políticamente a decenas de
líderes sociales que le son incómodos al régimen.
Judicializar
la política y peor aún, la protesta social, constituye una amenaza
directa a la libertad y a la democracia, y se ajusta a las prácticas de
gobiernos arbitrarios.
Rechazamos
enérgicamente la aprehensión y traslado de 12 manifestantes de la
ciudad andina de Otavalo hacia cárceles en la Costa, en las que se
encuentran privados de su libertad delincuentes comunes y de alta
peligrosidad y en donde, semanas atrás, ocurrieron masacres que costaron
la vida a más de 17 Personas Privadas de Libertad, incrementando así el
riesgo a la vida e integridad física de los manifestantes detenidos,
entre ellos varias mujeres comuneras.
Adicionalmente,
resultan muy preocupantes las declaraciones del presidente Daniel
Noboa, expresadas en un mitin político en la ciudad de Otavalo, en donde
mencionó que “Ellos (los indígenas) dicen que no nos quieren en sus
territorios, entonces nosotros vamos a expulsarlos del país entero”; lo
cual pone en evidencia su vergonzoso desconocimiento del respeto a los
pueblos originarios, los derechos colectivos y la libre determinación de
los pueblos; pero, más grave aún, constituye una apología del delito de
odio y otros de lesa humanidad que son sancionados por la Corte Penal
Internacional.
Es
fundamental y urgente que el gobierno del Ecuador detenga de inmediato
la represión a la población y al legítimo derecho a la resistencia, así
como detenga el ejercicio desproporcionado de la fuerza y las medidas
totalitarias, escuche la voz del pueblo, garantice el derecho a la
protesta social y deponga las acciones de hostilidad estatal que
provocan un mayor nivel de inestabilidad y exacerban la lucha social en
un contexto que no es de una guerra. Absolutamente
NADA justifica quitarle la vida a una persona, a un manifestante, un
ciudadano, un ser humano; el Estado tiene el monopolio del uso de la
fuerza y por ende, tiene la obligación de cumplir procedimientos y
protocolos establecidos en la normativa del país y en el derecho
internacional humanitario. JAMÁS puede justificarse una ejecución
extrajudicial, y mucho menos en circunstancias propias de PROTESTA
SOCIAL.
Nos solidarizamos
con la familia de Efraín Fuérez y con todas y todos los compañeros del
movimiento indígena, sindical, estudiantil, barrial, poblacional y
popular, perseguidos y procesados por parte de este gobierno que ha
hecho de la criminalización de la protesta y de los líderes sociales,
una política pública peligrosa y absolutamente inadmisible.
Suscribimos,
Roberto Caldas, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Raúl
Zaffaroni, ex Juez de la Corte Suprema de Argentina, profesor emérito
de la UBA, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Patricio Pazmiño, ex Presidente de la Corte Constitucional y Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Ernesto Pazmiño Granizo, ex Defensor Público General y ex Ministro de Estado
Ricardo Ulcuango Farinango, ex asambleísta nacional, ex-embajador y líder índigena
Abg. Margarita Arotingo, dirigente indígena de FENOCÍN, ex asambleísta
Ernesto Pazmiño Chávez, Consultor de Político Internacional y ex asesor legislativo
Gissela Garzón Monteros, feminista, defensora de los derechos de las mujeres y ex asambleísta
Mónica Luzárraga Salazar, profesional del Derecho
Alexis Ponce, Defensor de DDHHJorge Acosta, Defensor de DDHHJuan Álvarez, constitucionalista e Investigador. Christian González, dirigente ciudadano Arq. España Arévalo, Dirigente Social Geovanny Logroño, profesional del DerechoAnaís Madrid, Comunicadora social Rafael Villalba, ingeniero civilSonia Vera, Abogada y defensora de DDHHIng. Sofía Espín, ex asambleísta de la RepúblicaIng. Oscar Vásquez, Activista Político y Derechos HumanosKarina Palacios Guevara, psicoterapeuta y comunicadora socialCrsitina Chimarro, Abogada defensora de DDHH y dirigenta comunitariaMarcia Chávez V., ArquitectaDaniela Córdova Ch., NaturópataRaúl Ocaña García, Abogado en libre ejercicioLeón Sierra Páez, Artista y psicoanalista Rossana Iturralde, Actriz y directora teatralPablo Tenorio Ambrossi, sociólogo, militante de izquierda Felipe Vega, intelectual, ex diplomático, ex ministroEdmundo Sánchez, médico Rubén Bravo, Sociólogo
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