Régimen de excepción (o dictadura camuflada) y ataque e invasión militar a territorios indígenas y plurinacionales, el otro lado de la criminalización y la estigmatización (racista) de la protesta social. Un sobrevuelo por el Paro Nacional 2025 (Ecuador).
Desde el día 1 del Paro Nacional, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en contra del decreto Ejecutivo 126 que elimina el subsidio al diésel, el Gobierno en coordinación con los medios privados de comunicación públicos y privados han construido un escenario para justificar y legitimar la criminalización de la protesta social, la represión brutal y la invasión a los territorios de los pueblos indígenas, en especial del Pueblo Otavalo, localizado en la provincia de Imbabura. El escenario construido es la supuesta infiltración en las protestas sociales del crimen organizado vinculado al narcotráfico, a la minería ilegal y al contrabando de gasolina. Todos estos perfiles delictivos son englobados bajo la sinuosa etiqueta de “terroristas”.
Cada día que pasa, esta estrategia para desacreditar la legitimidad de la protesta indígena y social, se intensifica gracias al enorme poder mediático del Régimen actual (incluso en las últimas semanas miembros de ADN han comprado importantes medios digitales del país). A continuación, se citan y analizan tres noticias que han circulado ampliamente por los medios de comunicación corporativos. Las dos primeras relacionadas indirectamente al Paro Nacional, y la última, de manera directa.
De estas dos primeras noticias, la publicada el día 29 de septiembre por el Diario El Comercio en su portal digital, anuncia la caída del consumo de diésel en el país, en especial, en aquellas provincias estratégicas para el tráfico ilegal de este combustible. ¿Y adivinen qué? La provincia que ha registrado la mayor caída es Imbabura (35,7%). Pregunta tonta, ¿no será que el Paro Nacional habrá afectado la movilidad del transporte pesado en Imbabura y en todo el país y, por lo tanto, el consumo de diésel? En fin, una pequeña anticipación de cómo el sesgo informativo de los medios oficiales construye una narrativa afín a los intereses de quienes reprimen y estigmatizan las protestas. Pero adentrémonos más en los detalles de esta narrativa.
La noticia de El Comercio dice sobre este asunto textualmente lo siguiente:
“A 18 días de la medida, varias provincias del Ecuador reportan una caída significativa en la demanda, lo que, según el Gobierno, confirma que parte del subsidio alimentaba al contrabando.” (Nota 1.).
Más adelante, en la misma noticia, se agrega que el Ejecutivo “argumenta que mantener la medida también debilita grupos criminales vinculados al narcotráfico y la minería ilegal.” A renglón seguido se cita las declaraciones de la portavoz del presidente Noboa:
«Según Jaramillo, en Imbabura el consumo se redujo en 35,7%, en Carchi en 25,7%, en El Oro 22,6%, en Chimborazo 21%, en Manabí 20,8% y en Loja 20,4%”. Jaramillo subrayó que estos datos “coinciden con los principales focos de movilización registrados en la última semana.”
Listo, aritmética simple la que construye el diario en su noticia: .
- Caída del consumo de diésel en el país
- Golpe al contrabando de combustible
- Imbabura es el lugar de todo el país donde se ha verificado la mayor caída en el consumo de diésel
- Imbabura es el principal foco de la protesta social
Saque sus propias conclusiones: El Paro Nacional obedece a los intereses de los contrabandistas de combustible, mineros ilegales y narcotraficantes. Es decir, del crimen organizado, hoy catalogado de terrorista. Lo que acompaña al estigma que el Gobierno nacional no ha dejado de insistir en torno a la idea de que “las protestas son actos terroristas”.
Un comentario al margen, de acuerdo a un informe especializado correspondiente al primer semestre del 2025, la Provincia de Imbabura mantiene una tasa de 4,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del promedio nacional y de otras provincias, como es el caso de Guayas, que tiene una tasa de 47,81 y la de Los Ríos que llega a 61,32 homicidios (Nota 2.).
La segunda noticia es el decomiso de más de 1 500 tacos de dinamita, 1 000 fulminantes y varios rollos de mecha lenta en “una inspección” realizada por la Policía Nacional en la Terminal Terrestre de Loja. ¿Adivinen con qué destino? Sí, Imbabura (Nota 3).
De acuerdo a la nota de prensa, el material explosivo, “oculto en sacos de yute que simulaban contener alimentos, tenía como destino la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, donde se concentran las manifestaciones en rechazo al alza del precio del diésel”. Y como cierre de la nota, bajo el título “Contexto de las protestas en Imbabura”, se señala que las manifestaciones han generado “cierres de vías, enfrentamientos y tensión social en la Sierra norte. Hasta ahora se registra una persona fallecida, 12 militares heridos, 17 retenidos”. Entre paréntesis, sobre los militares retenidos, la prensa ni el Gobierno se ponen de acuerdo sobre si se trata de retenidos o desaparecidos. (Nota 4 ; Nota 5; Nota 6).
Relacionada a este último dato, la principal noticia que desde el domingo 28, temprano en la tarde, y todo el lunes 29 de septiembre dominó los titulares de la prensa corporativa, fue la doble emboscada “terrorista” a dos convoyes, custodiados por el Ejército, que supuestamente transportaban ayuda humanitaria a la provincia de Imbabura. Bajo el título de “Emboscada cobarde”, Teleamazonas se hace eco de la publicación en X (antes Twitter) realizada por las Fuerzas Armadas (14h30) y de las declaraciones de la ministra de Gobierno Zaida Rovira, que denunciaban una “emboscada ejecutada por estructuras criminales –terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas” (Nota 7). La publicación del Ejército en X afirma lo siguiente:
“12 MILITARES HERIDOS, MIENTRAS CUSTODIABAN UN CONVOY DE ALIMENTOS FUERON EMBOSCADOS La muestra más palpable de que la protesta NO es pacifica se evidencia con los 12 militares heridos y 17 retenidos en el cumplimiento de su misión, mientras custodiaban un convoy de alimentos destinado a abastecer a las zonas más necesitadas de la Sierra norte, los cuales fueron violentamente emboscados por grupos terroristas infiltrados en Cotacachi. Hechos como estos NO quedarán impunes. Las Fuerzas Armadas condenan estos actos. La vida y la seguridad de los ecuatorianos está por encima de todo. #EcuadorUnaSolaFuerza” (Nota 8.)
Esta es una versión modificada del post original. En un reporte hecho por Teleamazonas poco después de la publicación de las Fuerzas Armadas (Ver Nota 7), se puede apreciar el texto inicial:
“12 militares heridos y 17 desaparecidos tras ser emboscados mientras cumplían su misión de custodiar un convoy de alimentos para las comunidades más necesitadas. Este hecho demuestra que la protesta NO es pacífica. Grupos terroristas atacaron en Cotacachi a….”.
No se puede leer más, pero los cambios son importantes. Se reemplaza la palabra “desaparecidos” por “retenidos” y se especifica que el ataque habría sido realizado por grupos terroristas «infiltrados». Aunque el tono cambia, el sentido se mantiene.
El Universo, a propósito de este incidente, señaló lo siguiente:
“El régimen además hizo una especie de recuento de lo que llamó ´tácticas guerrilleras´ usadas durante las protestas, como la de disparar cohetes artesanales hacia un helicóptero, quemar una estación de Policía en Otavalo y presencia de extranjeros, presuntamente vinculados al grupo criminal Tren de Aragua. [,,,] Además, argumentó, en Imbabura existe una fuerte presencia de mineros ilegales respaldados por grupos de delincuencia organizada que estarían financiando y entrenando a los violentos.” (Nota 9)
Durante este jueves 2 de octubre, circuló en redes sociales información de testigos anónimos, denunciando que este convoy humanitario habría sido una estrategia para transportar material bélico de manera camuflada para reforzar la represión contra los manifestantes y continuar la avanzada militar sobre los territorios indígenas (Nota 10).
La segunda “emboscada” a un supuesto convoy humanitario habría sucedido en horas de la noche del mismo domingo 28 de septiembre. Esta vez, quien denunció este incidente, fue el propio presidente Daniel Noboa. En su cuenta de X señaló lo siguiente:
“Ayer emboscaron en Otavalo otro convoy humanitario que yo mismo lideré junto a delegados de la ONU, la UE, el embajador de Italia y el nuncio apostólico. Nos respondieron con violencia. Nosotros seguimos: Ecuador no puede retroceder.” (Nota 11).
Según fuentes oficiales, la comitiva que acompañó el “convoy humanitario” estaba compuesta, además de Noboa, por el nuncio apostólico, Andrés Carrascosa, la embajadora de la Unión Europea, Jekaterina Dorodnova, la coordinadora residente de la ONU en Ecuador, Laura Melo y el embajador de Italia, Giovanni Davoli (Nota 12). Similar al primer caso, no existen evidencias audiovisuales claras de este segundo convoy humanitario, ni de su ataque; solo se pueden encontrar pocos videos ciertamente dudosos de origen oficial y otros presentados por algunos medios de comunicación (Nota 13; Nota 14; Nota 15).
Los medios de comunicación alineados al Gobierno publicaron en horas de la noche y la madrugada videos bajo leyendas como la siguiente: «Un convoy humanitario partió desde Quito hacia Imbabura, encabezado por autoridades del Bloque de Seguridad, con prioridad para el ingreso de alimentos, medicina y combustible”. Lo único que es evidentemente apreciable de estos videos es el impresionante desplazamiento de vehículos militares transportando tropas (Nota 16; Nota 17; Nota 18).
Sobre este evento, la portavoz del Ejecutivo afirmó horas después que la comitiva fue agredida con “bombas molotov, piedras, voladores y obstáculos en la vía para impedir que la ayuda llegue a la población de Imbabura». Además, agregó que «no vamos a negociar y no vamos a retroceder». El titular de Primicias que recoge la denuncia y las reacciones oficiales sobre esta segunda “emboscada”, reza así: “Gobierno de Ecuador defiende la actuación de militares en Cotacachi e insiste en que las protestas son ´actos terroristas´» (Nota 19.).
A propósito de la supuesta doble emboscada a “convoyes humanitarios”, vale comentar algo breve. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua (RAE) emboscar es “poner encubierta una partida de gente para una operación militar”. Este dato, junto con el hecho evidente de que, como señalan hoy varios analistas, un convoy humanitario debe cumplir con protocolos básicos de comunicación y seguridad de acuerdo a la normativa nacional e internacional, situación que no sucedió, me pregunto cómo se puede hablar de “emboscada” si es a todas luces y de conocimiento público que la toma de las vías principales, como la E35 o Panamericana, es una de las medidas fundamentales de la protesta social y de los Paros Nacionales en el Ecuador. Para nadie es un secreto que las organizaciones sociales reivindican este método, amparadas ahora en el derecho constitucional a la “resistencia”, para que sus demandas, desoídas continúa y sistemáticamente, sean consideradas por el poder de turno. Por supuesto, que los tales convoyes humanitarios sabían que se iban a encontrar con esta vía tomada por los manifestantes y que frente al intento de despejarla, la confrontación se iba a dar necesariamente. Así que no se trata de ninguna maniobra encubierta realizada por los pueblos en lucha. Lo que sí aparece nítidamente como una operación encubierta bajo la bandera de la ayuda humanitaria es la operación para la ocupación militar de los territorios indígenas del estado Plurinacional del Ecuador, como veremos en detalle más adelante.
Desde el inicio del Paro Nacional se posiciona la idea de que la protesta está infiltrada por grupos “terroristas». El lunes 22 de septiembre son apresados 12 manifestantes pertenecientes al Pueblo Otavalo y poco después son procesados por terrorismo. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), los acusados ingresaron de “forma violenta al Comando y a la Policía Judicial en Otavalo”, rompiendo “el portón de ingreso, destruyendo bienes, sustrayéndose documentos e incendiando más de 10 vehículos, entre automóviles, motocicletas y maquinaria”. (Nota 20)
Lo que no recogen los medios de comunicación privados, a excepción de la prensa digital local, es que estos incidentes se habrían producido luego de que un manifestante fue atropellado por un automóvil, que tras el incidente se habría refugiado en las instalaciones policiales afectadas (Notas 21; Nota 22). ¡De acuerdo al informe policial en este ataque a las instalaciones policiales, habrían participado un millar de personas! (Ver Nota 20). Evidentemente, este fue un evento masivo y espontáneo en respuesta a sucesos no previstos dentro de una protesta social, brutalmente reprimida, como se verá más adelante.
A pesar del cuestionamiento de varios juristas, que sostienen que a los procesados les asiste la “presunción de inocencia” y que por esa misma razón debían ser ubicados en centros de detención cercanos a su domicilio, es decir, en la jurisdicción de Imbabura, el 25 de septiembre fueron trasladados como peligrosos criminales a las cárceles de Portoviejo y Esmeraldas (Ver también Nota 20 y Notas 23 y 24). Junto a la violación de sus derechos básicos, está el siniestro hecho de que los 12 de Otavalo fueron llevados a prisiones donde horas antes se habían producido masacres carcelarias en las que fallecieron 17 personas privadas de libertad (PPL) (Nota 24.1). Parece, entonces, que no sólo no se respetan sus derechos asociados a la presunción de inocencia, sino que son ya sentenciados a una probable, y hay antecedentes de esto, ejecución extrajudicial (Nota 24.2).
En síntesis, las noticias que han sido detalladas anteriormente, muestran que ha habido por parte del Gobierno de Noboa, con la complicidad de los medios de comunicación estatales y corporativos, una operación planificada y orquestada para estigmatizar la protesta social bajo la categoría de terrorismo.
La definición común de terrorismo según la RAE es la “dominación por el terror”; la “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”; o la “actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos”.
De este modo, la protesta social que es el último recurso que tienen las poblaciones empobrecidas de una sociedad para frenar la pauperización o empeoramiento de sus ya precarias condiciones de vida y para que sus voces sean escuchadas por el poder, es transmutada o dada la vuelta como intentos deliberados para causar «terror o miedo muy intenso» a las personas, se entiende, que no participan de las manifestaciones. Se tuerce el sentido, ocultando lo obvio. Podríamos decir, como si salir a protestar con piedras y palos y enfrentarse a tanques y hombres equipados con armas letales (milicias estatales), no supondría más bien todo lo contrario, vencer el miedo a perder la propia vida, como último recurso para defenderla, tal como lo constatamos una y otra vez durante las últimas décadas. Si no pensemos en quiénes han puesto los muertos en los tres últimos Paros Nacionales en el Ecuador.
El verdadero terror, este sí fríamente calculado, como veremos a continuación, es ejecutado precisamente por quienes hoy acusan tendenciosamente de practicarlo a las comunidades en lucha. A esto sí lo podemos llamar apropiadamente “terrorismo de Estado”.
Para terminar con esta parte, es fundamental decir que es evidente que este modo de encuadrar la actual coyuntura política ha alimentado y reforzado en amplias capas de la sociedad ecuatoriana, especialmente pertenecientes a las clases medias, el arraigado racismo de origen colonial contra los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Otro vasto y doloroso tema de tratar y registrar en esta coyuntura.
En efecto, ¿qué hay detrás de la criminalización y estigmatización, bajo la categoría de terrorismo, a la protesta social y al Paro Nacional 2025 en el Ecuador? ¿Qué ha sucedido realmente en el Ecuador estos días? Volvamos a los hechos y vamos de atrás para adelante.
En realidad, las denuncias de dos convoyes humanitarios emboscados por actos terroristas vinculados a la protesta indígena, son en parte la cortina de humo que oculta, por un lado, episodios claves para entender los gravísimos eventos ocurridos el sábado, domingo y la madrugada del lunes 29 de septiembre y, también, por otro lado, el modo cómo el Gobierno nacional ha enfrenado en clave militar el Paro Nacional desde antes que este iniciara.
Los pronunciamientos oficiales y la información de prensa que empezaron a circular sobre el supuesto primer convoy humanitario emboscado se produjo en las primeras horas de la tarde del domingo pasado (Ver Nota 4 y Nota 7). El detalle importante es que para ese momento las redes sociales ya habían informado sobre el asesinato del comunero Efraín Fuerez, perteneciente a la comuna de Cuicocha-Inguintzala, ubicada en la comunidad de Cotacachi (Imbabura), a consecuencia del impacto de tres proyectiles militares. Además, se habían hecho virales rápidamente las imágenes de varios militares pateando y golpeando su cuerpo casi inerte y el de su acompañante, que decidió, a pesar del inminente peligro, permanecer y aferrarse a su compañero y amigo caído, evitando lo que parecería ser el intento de subir al comunero herido de muerte a las tanquetas en las que los soldados se transportaban, probablemente, para desaparecerlo (Nota 25).
La noticia y las imágenes provocaron inmediatamente reacciones de indignación en todo el país, abriéndose en ese momento la posibilidad de que las protestas se endurezcan en Imbabura y se active el paro en otros territorios indígenas fuera de esta provincia, como estamos observando ya en este momento. Este evento execrable, sin duda, está gravitando en el curso de los acontecimientos. Por ejemplo, la representante de ONU Derecho Humanos en América del Sur, Jan Jarab, señaló un día después de lo sucedido que “el Estado ecuatoriano debe investigar las responsabilidades por esta muerte de forma exhaustiva y transparente, garantizando el acceso a la justicia para su familia y comunidad”. Además, instó a “iniciar un diálogo urgente entre Gobierno e indígenas” (Nota 26).
Algunas noticias de los medios de comunicación privados sobre el supuesto ataque al primer convoy humanitario, aparecidas poco tiempo después de este gravísimo y trágico evento, comentan tangencialmente el “fallecimiento” de Efraín Fuerez y sutilmente dejan abierta a la interpretación de que su muerte podría estar vinculada a la emboscada del referido convoy.
“Las Fuerzas Armadas señalaron que los 12 militares heridos y 17 retenidos «fueron violentamente emboscados por grupos terroristas infiltrados en Cotacachi» Ante estos hechos, la ministra de Gobierno Zaida Rovira apuntó que «lo de Cotacachi no fue protesta: fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas» Aunque Rovira no se refirió a la muerte del comunero indígena Efraín Fuerez, sí dijo que «no confundamos a los manifestantes pacíficos con quienes se infiltran para delinquir». «Con los manifestantes, diálogo y garantías. Con el crimen organizado, ley y firmeza», añadió Rovira.” (Nota 27).
“Las Fuerzas Armadas […] con fotografías de los uniformados heridos denunció que fueron «emboscados» mientras custodiaban un convoy de alimentos para las comunidades de la Sierra norte. [,,,] También afirmó que la protesta ´no es pacífica´ y que grupos terroristas están atacando en Cotacachi. ´Las Fuerzas Armadas condenan estos actos y ratifican: la vida y la seguridad del pueblo está por encima de todo´ [,,,] La denuncia del ataque a los militares se realiza horas después que se confirmara la muerte de Efraín Fuere, un comunero indígena de 46 años de edad, en el mismo lugar” (Nota 28)
En este trágico domingo, empiezan a llegar noticias, al caer la noche, sobre el corte del servicio de telefonía celular en varias zonas de Imbabura, además, se reportan también fallas en la conexión de Internet (Nota 29.). Poco más tarde, se informa por redes la presencia de un enorme convoy militar que se dirige por la carretera E35 o Panamericana en dirección al cantón Otavalo (Nota 30: Nota 31; Nota 32). Simultáneamente, los medios de comunicación privados hablan de una reunión de emergencia organizada por el Bloque de Seguridad del Estado en el aeropuerto de Quito de Tababuela: “Un amplio contingente de militares y policías se concentró la tarde de este domingo 28 de septiembre en el área de aviación civil del aeropuerto internacional Mariscal Sucre, en Tababela, nororiente de Quito” (Nota 33). El Universo informa que poco antes de las 19h00 “salió un convoy de carros del Ejército hacia la provincia de Imbabura (“más de veinte unidades de los militares, entre buses y caminios blindados, como parte de un convoy”). También, se señala que una rueda de prensa programada para las 17h30 nunca se realizó (Nota 34). El periódico digital Primicias, por su lado, casi una hora después señalaba lo siguiente:
“En medio de un ambiente tenso, agentes entraban y salían del edificio de Aviación General, mientras los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo; y del Interior, John Reinberg, se reunían con altos mandos policiales y militares. […] Ya en horas de la noche, ambos ministros abordaron un vehículo militar para encabezar un nuevo convoy, cuyo destino era la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, epicentro del paro nacional. El vehículo presidencial también formó parte del convoy. Desde el Gobierno confirmaron que el presidente Daniel Noboa irá a Ibarra» (Ver Nota 33)
Según este mismo medio de prensa, este operativo “sucede el día que el Gobierno denunciara una emboscada contra militares en Cotacachi, en la que resultaron 12 heridos y 17 desaparecidos”. Finalmente, de modo complementario, no la razón principal, se informa, textualmente, que el despliegue “incluyó también un convoy paralelo con ayuda humanitaria, que será escoltado por las fuerzas del orden en el trayecto”.
El terror se apodera de varias comunidades indígenas que denuncian, además, el corte del servicio de electricidad (Nota 35; Nota 36; Nota 37; Nota 38; Nota 39). El gigante despliegue militar parece anunciar la decisión gubernamental de poner en marcha una operación final para acabar a sangre y fuego con la protesta de las comunidades indígenas del Norte del país. Casi a la media noche del domingo, la CONAIE pide que paren la masacre (Nota 40).
Sólo después de que reina la confusión y el miedo en torno al avance de un convoy militar, el Gobierno y los medios de comunicación empiezan a posicionar la idea de que en realidad se trata de un convoy humanitario (Nota 41). Casi a las 21h00, El Comercio señala que “un convoy encabezado por autoridades del Bloque de Seguridad salió la noche de este domingo 28 de septiembre…, con prioridad para transportar alimentos, medicinas y combustibles a las comunidades de la Sierra Norte” (Nota 42.). No obstante, la característica del convoy transmitido por redes sociales no deja dudas, se trata de un operativo militar a gran escala (Nota 43; Nota 44; ver también notas 30, 31 y 32).
Desde la noche del 27 de septiembre hasta la madrugada del lunes 29 de septiembre, se reportan en redes sociales el ataque y el asedio militar en la vía E35 y dentro de las comunidades del Cantón Otavalo y otros puntos de la provincia de Pichincha (Notas 45; 46; 47; 48, 49, 50; 51; 52). Martha Túquerez, Presidenta de la UNORCAC, el martes 30 de septiembre, relata, frente a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional del Ecuador, las horas de terror que sufrieron las familias del Pueblo Otavalo.
«Entre el 27 y 28 de septiembre, fuimos atacados durante la noche, como si fuéramos enemigos de guerra. Nos agredieron en la oscuridad, cortando todos los servicios básicos y fundamentales para impedir nuestra comunicación, generando la terrible idea de que seríamos asesinados. Nos atacaron infundiendo terror, y todo por exigir dignidad para nuestros pueblos, agricultores y artesanos, por pedir justicia y diálogo. La noche del 29, salimos a buscar refugio en las quebradas y los bosques. Nuestros niños estaban aterrorizados, temiendo otro ataque, otra masacre. Lo que estamos viviendo en nuestras comunidades es un terror psicológico constante” (Nota 53)
Estas acciones extremadamente violentas perpetradas por la fuerza pública, generaron reacciones de solidaridad en todo el país (Nota 54; Nota 55).
Inredh Derechos Humanos, en un comunicado publicado el lunes 29 de septiembre por la mañana, expresa su preocupación por el “patrón represivo ejecutado por agentes estatales durante las noches, luego del toque de queda: intervenciones violentas en comunidades, allanamientos a viviendas, uso indiscriminado de bombas lacrimógenas y armas de fuego”. Y agrega que “es un acto perverso inhibir la señal, cortando toda posibilidad de comunicación y con cortes de luz mientras hacen una incursión” (Nota 56).
Hasta el 28 de septiembre, el monitoreo realizado por varias organizaciones y colectivos vinculados a la defensa de los Derechos Humanos, registró, “de acuerdo a casos verificables en fuentes publicadas”, 35 represiones, 1 ejecución extrajudicial, 29 detenciones, 20 intimidación y lesión, 66 acoso financiero, 7 persecuciones judiciales (Nota 57). Estas cifras, que seguramente se incrementen a lo largo de las próximas horas, son el reflejo, como veremos en detalle más adelante, de una estrategia militar, acompañada de persecución, acoso, amedrentamiento y criminalización en contra de las poblaciones, y sus dirigentes, que participan en el Paro Nacional convocado por la CONAIE. Todas estas acciones juntas pueden ser calificadas de naturaleza dictatorial, puesto que se realizan al margen del Estado de derecho y vulneran los derechos ciudadanos y humanos fundamentales, empezando por el derecho a la vida.
Invasión militar a territorios indígenas y plurinacionales
La estrategia militar se ha ido desplegando progresivamente y ha supuesto el ataque y ocupación de los territorios pertenecientes a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. A esta estrategia corresponde el traslado de la Presidencia de la República de Quito a Latacunga -provincia de Cotopaxi- y de la Vicepresidencia a Otavalo. Un día después de la emisión del Decreto 126 que elimina el subsidio al diésel, es decir, el 13 de septiembre, Daniel Noboa anuncia el traslado de la sede presidencial (Decreto Ejecutivo 127), con el propósito de “ejercer autoridad, garantizar gobernabilidad y mantener un diálogo directo con la ciudadanía” (Nota 58). “Paralelamente, la vicepresidenta María José Pinto asumió temporalmente sus funciones en Otavalo, provincia de Imbabura”, bajo el argumento de “gobernar en territorio y con cercanía a la gente” (Ver Nota 58).
Esta maniobra gubernamental se adelanta casi una semana a la decisión tomada por la CONAIE de convocar a un Paro Nacional indefinido (18 de septiembre), en una asamblea extraordinaria realizada en la Casa del Indígena, sede de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo –COMICH-. Las resoluciones de la asamblea extraordinaria incluyeron la derogación del Decreto 126 y el rechazo al paquetazo neoliberal (crisis en salud y educación y al abandono estatal) y al modelo extractivista (Nota 59).
El criterio de un analista consultado por la prensa privada sobre el traslado de la sede presidencial, parece completar el mensaje enviado por el presidente Noboa:
«Cotopaxi ha sido históricamente el bastión de Leonidas Iza y de las movilizaciones indígenas que en el pasado han logrado paralizar Quito. Trasladar el Ejecutivo a esta provincia constituye una forma de enviar un mensaje directo a esos actores sociales, desafiándolos a manifestarse en su propio territorio en lugar de afectar a la capital. Esta decisión busca debilitar la capacidad de presión que tradicionalmente se ha ejercido desde Quito. Al llevar el centro de operaciones a Cotopaxi, el presidente se sitúa en el mismo espacio donde se han originado las principales protestas, lo que representa, en sus palabras, un ´mensaje claro y dedicado´ hacia los sectores acostumbrados a interrumpir la gobernabilidad a través de bloqueos y paralizaciones.” (Ver Nota 58).
Claramente, el lenguaje utilizado por este analista y el del propio presidente corresponde a un enfoque táctico militar. Ahora sabemos que Otavalo también fue identificado, junto a Latacunga (Cotopaxi), como un punto estratégico de la avanzada gubernamental sobre los territorios indígenas que suponían potenciales e importantes focos de la protesta social contra la política de ajuste adoptada por este Gobierno. No hay que olvidar que casi un mes antes, el 18 de agosto, en Cotopaxi, la comunidad de San Ignacio (Pueblo Panzaleo) descubrió una operación encubierta de la Policía Nacional para vigilar y presumiblemente atentar contra la vida de Leonidas Iza , ex Presidente de la CONAIE y candidato a la presidencia en las últimas elecciones celebradas el 13 de abril pasado. En este contexto, la organización del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) reveló “chats secretos, un periodista falso y la sombra del Estado en el espionaje político”. Esta información sacó a la luz la infiltración de agentes de inteligencia en medios de comunicación llamados comunitarios y la vigilancia por parte del aparato de inteligencia estatal no sólo de varios dirigentes indígenas, como el propio Leonidas Iza, sino de muchos otros actores vinculados a la lucha en defensa de la Naturaleza (Nota 60). Este episodio significó que la oposición al Gobieno nacional se intensifique en esta región del país.
Con la decisión del traslado de la sede presidencial a Latacunga, se militariza esta ciudad (Notas 61, 62, 63 y 64). E inmediatamente después del inicio del Paro Nacional, se producen terroríficas incursiones militares en territorios indígenas en varios puntos del país (Nota 65, 22 de septiembre). El 24 de septiembre, la CONAIE denuncia que en Saquisilí, provincia de Cotopaxi, “policías y militares irrumpen en territorios y hogares, rompen vidrios, intimidan sin respetar la presencia de mujeres, niños y ancianos” (Nota 66). Un día después, se muestran imágenes de tanquetas militares camufladas en la comunidad de Peguche (Nota 67, foto mostrada al inicio de este artículo). Esta imagen sí parece una evidencia clara de que “emboscar” a los comuneros en resistencia es parte del repertorio armado desplegado por el Gobierno en los territorios indígenas. Días después, Leonidas Iza denunció el ingreso camuflado del ejército a la comunidad cotopaxense de Zumbahua para detenciones ilegales a líderes indígenas (Nota 68).
El asedio a los territorios indígenas y plurinacionales no ha cesado y se ha extendido a otras comunidades del país que se siguen sumando al Paro Nacional convocado por la CONAIE. Hoy, martes 2 de octubre, las comunidades del Pueblo Waraka, en Unión y Progreso – Larkaloma (Provincia de Bolívar), de Suscal, en la provincia del Cañar, Guachalá y Cangahua en Cayambe, provincia de Pichincha, están sufriendo el ataque y la invasión por parte del Ejército Nacional (Notas 69, 70, 71, 72).
Sin duda, el miércoles 23 septiembre constituye la primera avanzada masiva del Ejército ecuatoriano sobre territorio del Pueblo Otavalo. Tras los eventos relacionados a los que hoy se los conoce como los 12 de Otavalo y a las masivas expresiones de apoyo y exigencias para su inmediata liberación en todo el país, el presidente Noboa decide trasladarse sorpresivamente a Otavalo, acompañado de un impresionante despliegue militar (Notas 73, 74, 75). De acuerdo al reporte de las redes sociales, el día anterior, se aprovisiona por aire con material antimotines al ejército y a la policía desplazada en Otavalo y sus alrededores (Nota 75). Este episodio podría ser descrito como un gesto para reafirmar su dirección política y militar y constituye un antecedente indispensable para comprender el alcance y la escala de las acciones desplegadas por el Ejército entre el sábado 27 y la madrugada del lunes 29 de septiembre, descritas y comentadas anteriormente.
Como no podía ser de otra forma, en su tan esperada intervención en el coliseo Jacinto Collahuazo de Otavalo, el presidente Noboa, vestido con chaqueta de camuflaje, tipo militar, entregó, como ha sido una constante en estos días, créditos de desarrollo humano, bonos raíces, títulos de propiedad de tierras, e insistió en estigmatizar la protesta indígena como “terrorista”. Además, afirmó, cargado de un racismo inocultable, que antes que las comunidades indígenas lo echen de sus territorios, él lo hará primero, echándolos del país.
“Ecuador enfrenta hoy actos de terrorismo, disfrazados de protesta. No es protesta social, sino ataques para sembrar miedo y desestabilizar todo el país. […] Nadie nos va a impedir llegar a las comunidades, llegar a las personas que más lo necesitan. Eso jamás vamos a permitir. Podrán tratar de intimidarnos, pero jamás en su vida han visto a un grupo que tenga la fuerza para ir de frente contra ellos. Ellos quieren hacer una protesta contra nosotros, nosotros la hacemos primero. Ellos nos quieren decir que nos expulsan de sus territorios, nosotros les expulsamos de todo el país” (Nota 77, minutos: 2:46 a 5:23).
Declaraciones que alimentaron aún más el rechazo a Noboa en este cantón. Poco después de su intervención en el Coliseo Jacinto Collahuazo, Noboa se vio obligado a abandonar esta ciudad en helicóptero (Nota 76)
El ataque y la ocupación de los territorios indígenas en el marco del Paro Nacional, ha estado acompañada por duras represiones a focos de manifestaciones sociales en todo el país, en especial Quito y Cuenca, en apoyo al Paro y en solidaridad con los 12 de Otavalo (Nota 78). Vale mencionar que las manifestaciones en Cuenca, están relacionadas en muchos sentidos a la multitudinaria Marcha por el agua (el «Quinto Río»), realizada en esta ciudad pocos días antes del inicio del Paro Nacional (16 de septiembre), para frenar el proyecto megaminero Loma Larga (Nota 78.1; 78.2; 78.3). En el segundo día del Paro (23 de septiembre), la policía ingresó en horas de la noche a San Miguel del Común, barrio ubicado en la parroquia quiteña de Calderón, al norte de la ciudad, para reprimir violentamente las protestas emprendidas por sus vecinos (Nota 79). Entre ayer y hoy, 2 de octubre, se reactivaron acciones de protesta en este sector (Notas 80 y 81). El mismo día de la avanzada militar a Otavalo, ocurrida el 23 de septiembre y encabezada por el propio presidente Noboa, en Quito se produce una violenta represión a manifestaciones en el Centro Histórico y en la Plataforma Financiera, ubicada en el centro-norte de la ciudad. En esta última marcha, a todas luces pacífica (Notas 82 y 83), la Policía Nacional reprimió brutalmente y realizó detenciones ilegales (Nota 84). Un video viralizado en las redes sociales, muestra como un manifestante apresado fue roseado en la boca con gas lacrimógeno mientras intentaba gritar su número de cédula de identidad para que sea registrado por quien se encontraba grabando el incidente (Nota 85). De modo similar, la noche del 25 de septiembre, una manifestación pacífica realizada en el Parque Calderón de Cuenca, los manifestantes son duramente reprimidos y se atenta contra la libertad de información (Notas 86, 87 y 88). Finalmente, también, en las últimas horas se registró una fuerte represión a un plantón pacífico convocado por los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y el asedio policial a este centro universitario (Notas 89, 90).
La militarización de territorios de pueblos indígenas y campesinos del país ha venido ocurriendo de modo focalizado en algunas zonas del país durante décadas, reforzada con el actual régimen de extrema derecha. En especial, la lucha contra las industrias extractivistas, que golpean y desplazan violentamente a estas poblaciones, es la razón de esta avanzada militarista sobre estos territorios.
Durante este Gobierno, la familia del presidente Noboa ha concentrado una parte muy importante del catastro minero, que, en alianza con el capital transnacional, intentan instalar esta industria en varias regiones del país mediante la fuerza y la criminalización (Notas 91, 92, 93, 94 y 95). Desde esta perspectiva, las protestas indígenas y campesinas no únicamente están relacionadas al evidente impacto de las medidas de ajuste, entre ellas la subida del diésel, que pauperizan sus condiciones de vida aún más, sino que también tienen que ver con la destrucción de sus territorios, asociados a la economía, a las propias formas de participación política y de administración de justicia y, por supuesto, al enorme acervo cultural, recreado por siglos en ricas y complejas relaciones interétnicas e interculturales, de estos pueblos. Esto es lo que la sociedad ecuatoriana precisamente ha reconocido en su Constitución política. El Ecuador es un país plurinacional e intercultural. Por eso, la violencia estatal desplegada por este gobierno, constituye, por la intensidad y sus modalidades, a estas sí las podemos llamar con propiedad, terroristas, gravísimos crímenes de Estado y de lesa humanidad. La normalización de la violencia racista operada por siglos en el Ecuador, y alimentada sistemáticamente por el poder, impiden reconocer esta situación y nombrarla por lo que es.
Dicho esto, ya podemos sacar una conclusión crucial a la luz de los acontecimientos. Ecuador es constitucionalmente un Estado Plurinacional, que reconoce la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades indígenas. Por lo tanto, la invasión militar a sus territorios y la criminalización de sus poblaciones, bajo la absurda, pero, al mismo tiempo, siniestra figura de terrorismo, no sólo viola sus derechos colectivos, sino que constituye la instauración de una auténtica dictadura de carácter militar en estos territorios, que además, abre la puerta para que se produzca una guerra civil en el Ecuador. Guerra civil que, por supuesto, enfrenta a dos fuerzas abismalmente desiguales. Las comunidades indígenas, por un lado, dotadas de piedras, palos y lanzas y cuyas armas más importantes son su organización comunitaria y sus propios cuerpos y su propias voces, y, por otro lado, las fuerzas del Estado, provistas con armamento bélico letal . Hoy hay ya voces que denuncian un etnocidio en proceso a manos del gobierno de extrema derecha de Daniel Noboa (Nota 96, Blanca Chancoso, dirigente histórica del Movimiento Indígena Ecuatoriano).
Régimen de excepción o dictadura camuflada
El régimen con características dictatoriales y autoritarias no únicamente se ha hecho presente en territorios indígenas, sino que también se ha dirigido al conjunto de la sociedad, pero, en particular a la población directamente vinculada a la lucha y a la resistencia social. La violación de derechos ciudadanos fundamentales, en primer lugar, el derecho a la vida, con, por ejemplo, los asesinatos extrajudiciales, la formación de falsos positivos, la criminalización, el hostigamiento, la intimidación y el amedrentamiento a las organizaciones sociales y a la protesta popular, el uso indiscriminado y sistemático de los estados de excepción y toques de queda, la militarización de territorios urbanos y rurales, el irrespeto a la división de poderes, la violación de la Constitución y la ley, etc., forman parte de la política gubernamental desde que Daniel Noboa asumió su primer período presidencial en noviembre de 2023. Este modus operandi del Gobierno de Noboa se ha desplegado bajo el pretexto del combate a la delincuencia y el terrorismo y se ha operativizado a partir de dos políticas ampliamente publicitadas por el Gobierno nacional.
La primera política es el Plan Fénix, clave en su primer triunfo electoral para ocupar el Ejecutivo en el Ecuador, que contemplaba principalmente la creación de una Central de Inteligencia, el equipamiento de última generación a las fuerzas del orden (gafas de visión nocturna, armas de alta precisión, etc.), y la creación de barcos prisión y prisiones de súper y máxima seguridad para, según palabras del propio Noboa, “liberar a nuestros barrios y ciudades de la delincuencia” (Nota 97). El “modelo Bukele de estados de excepción y prisiones”, seguido por Noboa, ha conducido a que en El Salvador:
“Durante el régimen de excepción, policías y soldados hayan llevado a cabo cientos de operativos, particularmente en comunidades de bajos recursos (…) Muchas detenciones se realizaron sobre la base de la apariencia física (…) Al menos 189 personas han muerto bajo custodia policial”: El Salvador. (Ver nota 97).
Todo esto se ha podido apreciar diariamente en el país en el régimen noboísta. La segunda política en esta línea, que viene a reforzar la primera, es la declaratoria de “conflicto interno armado” (Decreto Ejecutivo No.111, de enero de 2024). En el Art. 3 se establece lo siguiente:
“Disponer la movilización e intervención de las fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes conforme lo expuesto en el presente Decreto Ejecutivo”.
Además, en el Art. 4 se identifican como organizaciones terroristas a varios grupos de crimen organizado que operan en el Ecuador y se establece que «el Consejo de Seguridad Pública y del Estado con base en los informes técnicos actualizará el listado de grupos identificados”. La categoría de “actores no estatales beligerantes” abre sin duda un gran margen discrecional para la acción represiva del Estado, como hoy mismo estamos presenciándolo.
Este Decreto Ejecutivo, además, establece (Art. 2) al conflicto armado interno como “causal adicional al estado de excepción declarado mediante Decreto Ejecutivo No. 110 del 8 de enero de 2024”. En efecto, el dispositivo principal para poner en marcha esta estrategia militar de combate al terrorismo delincuencial es el estado de excepción.
El estado de excepción de acuerdo a la Constitución ecuatoriana es una medida extrema que le faculta al Presidente de la República limitar o suspender derechos fundamentales y adoptar poderes extraordinarios en situaciones de “agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural» (Artículos 164, 165 y 166). Como se puede apreciar, al reconocer por Decreto Ejecutivo un conflicto armado interno, se está estableciendo que el Ecuador estará sujeto por tiempo indefinido a la excepcionalidad del poder y a la limitación y suspensión de derechos fundamentales como los de la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, la libertad de tránsito, la libertad de asociación y reunión, y la libertad de información”. El Decreto No. 111 tiene como propósito configurar un régimen permanente de excepción o, también, podríamos decir, más claramente, una dictadura disfrazada.
Entre enero de 2023 y septiembre 2025, Noboa ha decretado 15 estados de excepción, incluidas sus respectivas ampliaciones (2024: 8 de enero, 7 de marzo, 19 de abril, 30 de abril; 22 de mayo; 2 de julio, 30 de agosto, 3 de octubre, 2 de diciembre; 2025: 2 de enero, 3 de marzo (Nota 98), 12 de abril, 10 de junio, 16 y 18 de septiembre) (Notas 99, 100 y101).
En el contexto del Paro Nacional 2025 (16 y 18 de septiembre), Noboa decretó por “grave conmoción interna” estado de excepción en Chimborazo, Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas e instauró toque de queda (de 22h00 a 5h00) en cinco de estas 8 provincias, incluidas Cotopaxi e Imbabura, dos de los puntos donde se esperaba que se concentren las protestas (Nota 102.). En respuesta a esta declaratoria de estado de excepción, la CONAIE declaró también estado de excepción en territorios de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, prohibiendo el ingreso de la fuerza pública (Nota 103).
Aun cuando en febrero de 2025 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la figura de conflicto interno armado, esto no ha impedido que este Gobierno siga recurriendo a esta excepcionalidad constitucional aduciendo “grave conmoción interna». En 2024, 9 de los 12 meses del año, el país estuvo bajo un régimen excepcional (Nota 104).
En este contexto de estado de excepción permanente, el 8 de dicimebre de 2024, 4 niños afroecuatorianos, residentes de un barrio popular y urbano marginal de Guayaquil, fueron , primero, desaparecidos por militares en un operativo de seguridad (desaparición forzada) y luego encontrados sus cuerpos atrozmente ajusticiados (incinerados) de modo extrajudicial, sin que hasta la fecha Daniel Noboa haya emitido personalmente ninguna declaración sobre el dolorosísimo y horroroso hecho, poniendo en evidencia su talante totalitario (Nota 105). En marzo de este año, a pesar de la política militarista y securitista profundizada por este gobierno, la prensa internacional informó que el Ecuador se sitúa como el país más violento de América Latina, con un promedio de un asesinato cada hora. Solo en los primeros 50 días de 2025, se registraron 1.300 homicidios violentos (Nota 106)
Las provincias que han sido declaradas en estado de excepción incluyen, bajo el pretexto de combatir a la minería ilegal, a cantones y parroquias donde se localizan poderosos intereses asociados a proyectos de mega minería (Cotopaxi, Azuay, Bolívar). Intereses, por cierto, estrechamente relacionados al círculo íntimo familiar del presidente Daniel Noboa (Nota 107). En realidad, se trata de territorios campesinos e indígenas del Ecuador que están resistiendo desde hace mucho el embate de esta industria que amenaza y que ya lo está haciendo con destruir sus medios fundamentales de vida, afectar gravemente la salud humana y animal, destruir la biodiversidad y las fuentes de agua, con consecuencias para el medio ambiente y la salud del país y de todo el planeta, y, finalmente, con desplazar definitivamente a estas poblaciones de sus territorios, muchos de ellos ocupados ancestralmente por estas comunidades. En este sentido, la militarización y la criminalización de estos territorios y poblaciones, amparados una buena parte en los estados de excepción, ha tenido como objetivo intentar aplastar a la resistencia antiminera en el Ecuador (Notas 107a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ). Por esta razón, se puede afirmar que el ataque y la militarización de los territorios campesinos e indígenas (o plurinacionales) del Ecuador ha sido una política sistemática y continúa desplegada por este Gobierno. Precisamente, en el contexto del Paro Nacional, las poblaciones que se resisten a la megaminería se han sumado a la protesta social convocada por la CONAIE, una de cuyas demandas principales es el “cese de la expansión minera y extractivista, que destruye territorios y comunidades y no más ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía” (Nota 108).
En estos días, a varios activistas y dirigentes antimineros que han estado los últimos meses denunciando los vínculos ilícitos del presidente con los capitales transnacionales megamineros, se les ha congelado sus cuentas bancarias y han sido imputados de “enriquecimiento privado no justificado” (Nota 109). La CONAIE y el ex candidato a las últimas elecciones presidenciales por el Movimiento Indígena Ecuatoriano, Leonidas Iza, han denunciado en las últimas horas el recrudecimiento del acoso judicial y la criminalización por parte del Estado (Notas 110, 111 y 112). Según comunicados oficiales publicados por esta organización social, han sido bloqueadas cuentas bancarias de dirigentes y organizaciones indígenas y, además, «más de 50 dirigentes, entre ellos, Marlon Vargas, el actual presidente de la CONAIE, presidentes de nuestras regionales, equipos técnicos y defensores de DDHH y de la naturaleza, están sufriendo ´persecución masiva´´ y ´criminalización política´» (Nota 113).
Adicionalmente, la dictadura cada vez menos camuflada de Noboa, se puso hace poco en evidencia ante la opinión pública nacional e internacional, cuando el presidente convocó a una marcha masiva (17 de agosto 2025) para hostigar a la Corte Constitucional, después de que el máximo organismo de control constitucional del país declaró la inconstitucionalidad de varios artículos contenidos en tres supuestas “Leyes urgentes en materia económica” (Integridad Pública, Solidaridad Nacional e Inteligencia), enviadas por el Ejecutivo y aprobadas por una Asamblea Legislativa controlada por la organización partidista de Noboa (ADN).
“La Ley de Integridad Pública, inicialmente presentada como reformas a la contratación pública, fue transformada por Acción Democrática Nacional (ADN) en un proyecto que terminó cambiando una veintena de otras leyes, en distintas materias, sin correlación. Su entrada en vigencia, sin ninguna observación del presidente Daniel Noboa, le abrió un frente a su gobierno con los servidores públicos de distintas ramas y de todo el país. Médicos, maestros, sindicatos y trabajadores de los gobiernos locales han anunciado movilizaciones en su contra. Esto porque la polémica nueva ley modificó el régimen de evaluación de desempeño de los funcionarios públicos, eliminó sus compensaciones por retiro voluntario antes de los 65 y cambió su indemnización por despido. Pero también incluyó, por ejemplo, reformas penales para juzgar a los menores de edad como adultos o para convertir a las cooperativas en bancos […]. Es por eso que una de las demandas fue presentada por la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse), que pretende frenar esa intención del Ejecutivo. Le sigue la Ley de Solidaridad Nacional, que establece un marco legal para la actuación de las autoridades durante un conflicto armado no internacional, los procedimientos y las penas que aplicarán. Finalmente, con una demanda también está en juego la Ley de Inteligencia, alabada por el oficialismo y criticada duramente por las organizaciones sociales, debido a que tiene artículos que podrían ser incompatibles con los derechos civiles y plantea la ausencia total de transparencia en los gastos reservados.” (Nota 114)
Como se aprecia, estas leyes inconstitucionales se enmarcan en políticas neoliberales contra los servidores públicos y el sistema financiero cooperativo, políticas punitivas regresivas de derechos, especialmente en contra de niños, niñas y adolescentes, y políticas, con el pretexto del combate a la denlicuencia terrorista, para vigilar, controlar y reprimir a las organizaciones sociales opositoras a este régimen. A pesar de que las Leyes de Solidaridad Nacional e Inteligencia han sido declaradas inconstitucionales, esto no ha impedido que por la fuerza y violando derechos constitucionales, Noboa, como se ha sostenido a lo largo del texto, vigile, hostigue y criminalice la oposición política proveniente, especialmente, de las organizaciones sociales.
La marcha contra la Corte Constitucional, organismo al que Noboa llamó «enemiga del pueblo», la militarización de los edificios de esta institución y la exhibición en vallas publicas gigantes de los rostros de los jueces constitucionales, provocaron la reacción de organismos internacionales, incluida la ONU (Notas 115 y 116).
«Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron la campaña de hostigamiento. “Estos ataques amenazan la independencia judicial, las garantías para el ejercicio de las funciones judiciales y la seguridad de quienes trabajan en la Corte”, escribió la CIDH en su cuenta oficial de X. Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, fue categórica: “Todas las instituciones gubernamentales y actores relevantes tienen el deber de respetar y garantizar la independencia del poder judicial. Esto implica protegerlo de la intimidación, acoso y la injerencia política”. (Nota 117)
El hostigamiento a la Corte Constitucional tiene que ver también con la declaración de inconstitucionalidad y la realización de observaciones hechas por esta órgano de control constitucional a algunas de las preguntas del referéndum y la consulta popular anunciadas por el Ejecutivo a inicios de julio pasado, relacionadas a temas como el de que “la base (militar) estadounidense regrese a la Ciudad de Manta, en el marco de las acciones que despliega el Gobierno para combatir el crimen organizado” y a otros asuntos vinculados a la seguridad, el empleo (flexibilización laboral) y la productividad y a la financiación de los partidos políticos (Nota 118).
En esta misma dirección, otra de las señales notables de que el Gobierno avanza aceleradamente hacia un régimen autocrático, fue la convocatoria hecha por Noboa el pasado 19 de septiembre, es decir, un día después de haber sido anunciado el Paro Nacional indefinido, a un referendo para “decidir si se permite el restablecimiento de bases militares extranjeras y a una consulta popular sobre si se conforma una Asamblea Constituyente, sin el aval de la Corte Constitucional”.
«Noboa desafía a la Corte Constitucional
La estrategia de Noboa de instar al CNE de convocar la consulta popular sin esperar el visto bueno de la Corte Constitucional ahonda aún más la brecha entre el Ejecutivo y el alto tribunal. La Corte Constitucional suspendió en agosto varios artículos de tres leyes impulsadas por Noboa –Ley de Solidaridad Nacional, Ley de Inteligencia y Ley de Integridad Pública–, lo que generó un choque entre ambos. ´La obstrucción que ciertos organismos politizados intentan imponer al cambio que necesita el país no será motivo para detener la voluntad del pueblo ecuatoriano´, afirmó la Presidencia en un comunicado de prensa emitido este viernes.» (Nota 119)
Esa misma noche, Inredh Derechos Humanos mostraba en las redes sociales como las instalaciones de la Corte Constitucional eran rodeadas por un fuerte operativo policial, acompañada de la siguiente leyenda (Nota 120):
«Se está gestando un golpe de estado en toda la extensión de la palabra. La @cconstitucionalecu es la última garantía de nuestra endeble democracia. INREDH rechaza estás acciones de totalitarismo. #YoDefiendoLaCorte«
Sin duda, que una de las intenciones de convocar a referéndum y consulta popular, justo después del inicio del Paro Nacional, es distraer la atención y bajar el perfil de las protestas. No obstante, el centro de la atención política continúa siendo el Paro Nacional, que, en las últimas horas, ha añadido a sus demandas el rechazo al referéndum y consulta popular convocadas por el Gobierno.
Pero, lo preocupante es el modo como Noboa llevó a cabo esta operación política, que indica una vez más su decisión de consolidar un régimen de gobierno que actúa de manera permanente fuera del Estado de Derecho. El uso unilateral de una estrategia militar en la gestión del creciente estallido social, sólo confirma esta idea.
Por último, no podemos dejar de mencionar un episodio, que, junto a todo lo que se ha relatado hasta el momento, refuerza la seria preocupación de que nos encontramos frente a un régimen con ribetes totalitarios. De nuevo, en el marco del Paro Nacional, el Gobierno nacional ordenó, el jueves 23 de septiembre, el cierre del canal televisivo (Canal 47) del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) (Nota 121).
Reflexión final
Aunque no sea posible extenderse en este punto, es fundamental decir que el trasfondo de esta política militarista (terrorismo de Estado) y dictatorial, apuntalada por la estigmatización racista a quienes hoy protestan, y que va más allá del Paro Nacional, tiene que ver con la implementación de la política neoliberal dictaminada por el Fondo Monetario Internacional, controlado por la extrema derecha internacional —con Estados Unidos a la cabeza— que obedece a los intereses financieros y de las grandes corporaciones globales, entre estas, en primer lugar, aquellas ligadas a la explotación de los recursos naturales.
Por un lado, bajo el pretexto de la austeridad fiscal, se aplica una política de ajuste ortodoxo y salvaje que asegure preservar los intereses de la banca internacional, a costa de la vida de las poblaciones más vulnerables y empobrecidas del país. Y, por otro lado, se militariza el territorio para desplazar a las poblaciones campesinas e indígenas con la finalidad de permitir a los capitales foráneos, en alianza con las oligarquías del Ecuador, acceder a los tan codiciados minerales que son al parecer el secreto de la hegemonía económica global en este nuevo siglo. Desde luego, el ataque a la CONAIE, la organización social, probablemente, más importante de toda América, está relacionado con la necesidad que tiene Estados Unidos (EE.UU) de avanzar en su intento de control hegemónico de la región.
Aunque esta política totalitaria va más allá del Paro Nacional, sin duda, se despliega en esta coyuntura a su máxima potencia, porque los hasta ahora dueños del país saben que los levantamientos indígenas en el Ecuador son la única fuerza capaz de convocar a una rebelión popular que aglutine a vastos sectores de la población nacional y de ponerle un cerco al proyecto oligárquico e imperialista en curso.
Por supuesto que nos encontramos frente a un momento de máximo peligro, puesto que esta violencia desbordada implementada por el Estado noboista, parece que tiene como finalidad aplicar la “solución final” a una larga e histórica lucha a favor de una vida digna para todas y todos protagonizada por las poblaciones indígenas del Ecuador. En este sentido, es urgente que la indignación creciente en toda la sociedad ecuatoriana contra este gobierno brutalmente represivo y autoritario, se canalice en formas de participación política inspiradas en las prácticas del propio movimiento indígena y en la propia tradición rebelde del pueblo ecuatoriano, caracterizadas por la solidaridad, la fraternidad y la democracia desde abajo. Estas modalidades de protesta tienen que materializarse a partir del encuentro callejero, que pongan la inteligencia y la imaginación colectiva por delante para reinventar el “paro” en todas las direcciones.
Asambleas populares solidarias, horizontales, transparentes, informativas, deliberativas y, por supuesto, combativas, que se multipliquen en todo el país, tal vez sea la forma de esquivar las balas criminales lanzadas por el poder, hasta su derrota. Tal como la CONAIE invita en las últimas resoluciones de su Asamblea extraordinaria celebrada el día de hoy, 2 de octubre (Nota 122).
No puedo terminar este texto, sin dejar una colección de imágenes y videos que muestran la otra cara de la protesta indígena, la festiva, pero también la del duelo combativo, la de la palabra, la de la justicia alternativa de los pueblos y nacionalidades y la cara de una sociedad que anhela la paz basada en la libertad y la justicia social que si no es de todes no es de nadie.
¡HOY EL PARO MÁS VIVO QUE NUNCA!
Ver notas adicionales en: https://pensamientocrtico.wordpress.com/2025/10/03/quien-embosca-a-quien/
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