La trivialización del exterminio revela la farsa de la batalla por las narrativas, donde las vidas negras son moneda de cambio en un proyecto político que transforma el racismo estructural en una estrategia electoral.
Es aterrador ver cómo la vida continúa como si nada hubiera pasado ayer en la ciudad de Río de Janeiro.
Lo ocurrido en las comunidades de Penha y Alemão el 28 de octubre de 2025 es uno de esos eventos que marcarán la violenta historia de Brasil, y nosotros, que somos contemporáneos del suceso, no podemos pasar por este momento sin sentirnos profundamente conmocionados, consternados, indignados y extremadamente tristes.
En definitiva, se trata, con cifras aún provisionales, de la muerte de 119 personas en un solo día, después de una acción policial destinada, como se anunció (una vez más), a cumplir órdenes de arresto judicial.
Resulta casi tedioso decirlo, porque hay oídos sordos, que las víctimas de la masacre son las personas negras, relegadas a la pobreza y la exclusión, respecto de las cuales el Estado, la democracia y la soberanía solo ven a través del prisma de la criminalización.
Y, de hecho, no se trata realmente de una cuestión de derecho penal, puesto que los preceptos legales que garantizan los derechos de los ciudadanos (que se aplican a los delincuentes de los llamados «delitos de cuello blanco») no se aplican a las «pandillas de las favelas», y para ejecutarlas incluso se permite, como efecto secundario inevitable y por tanto aceptado, atacar a los residentes de las regiones “dominadas” por facciones criminales o delincuencia organizada.
Por lo tanto, lo que más alimenta esta masacre, desde su origen hasta sus consecuencias, es el racismo.
Hasta que no lo digamos abiertamente, todo el proceso histórico sobre el que se asienta seguirá reproduciéndose, generando únicamente la expectativa de una nueva explicación de la tragedia que, en términos concretos, representa la realidad cotidiana de millones de personas en las mismas condiciones de miseria y exclusión en todo Brasil.
La misma ausencia, en este momento, de indignación nacional, de movilizaciones para una huelga general, de la suspensión, aunque sea momentánea y simbólica, del funcionamiento de las instituciones, de la emisión de un decreto de duelo nacional y del izado de banderas a media asta, constituye la demostración explícita de que las vidas de estas personas no importan, y esto solo puede explicarse por el racismo que nos habita.
Algunos argumentan, con razón, que debemos esperar para averiguar cómo ocurrieron las muertes. Otros están indignados porque las muertes fueron violentas, incluyendo decapitaciones, etc.
Pero estas manifestaciones no dejan de ser otras formas de expresión del racismo, porque no es la manera en que se comete el asesinato lo que debería indignarnos, sino más bien el hecho de que ocurra.
El desprecio por la vida de estas personas es tan pronunciado que la mayor sospecha es que la verdadera motivación de la operación fue político-electoral, como ya se ha visto en varias otras operaciones del mismo tipo, incluyendo, por ejemplo, Carandiru, en 1992, y la masacre de Jacarezinho en 2021, como se destaca en el texto que publiqué en mayo de 2021:
Desde esta perspectiva, que sitúa el suceso en un contexto más amplio, la masacre de Jacarezinho adquiere un aspecto sumamente perverso: la aceptación de la muerte de personas (especialmente pobres, habitantes de favelas y personas negras) para dar nueva vida a un proyecto político autoritario, establecido mediante la difusión de un nuevo caos (desviando la atención de la crisis humanitaria) y el miedo. En nombre de la seguridad y la «restauración» del orden —en un desorden deliberadamente amplificado, favorecido por el debilitamiento de las instituciones democráticas— se habría abierto el camino para la consagración de un Estado policial en toda regla (miliciano, totalitario y dictatorial), con la supresión de libertades, garantías y derechos fundamentales, dejando bajo la amenaza constante de que pueda estallar nueva violencia en cualquier momento, afectando a todo y a todos.
La hipótesis en cuestión podría parecer, para muchos, algo intelectual, ya que carecía de personajes que, mediante la explotación política de la narrativa, pudieran dotar de sentido a la trama. Entonces, para disipar cualquier duda, un personaje entra en escena y declara: «…al tratar a los narcotraficantes que roban, matan y destruyen familias como víctimas, los medios de comunicación y la izquierda los equiparan con el ciudadano común y honesto que respeta la ley y a su prójimo». Y, resumiendo todo y suavizando las asperezas, concluye: «Es una grave ofensa para el pueblo, que durante mucho tiempo ha sido rehén del crimen. ¡Enhorabuena a la Policía Civil de Río de Janeiro!».
La otra razón se hace evidente cuando, poco después de la masacre, recibe una encuesta que mide su popularidad, según relata la periodista Mônica Bergamo en su columna del 10 de mayo en el diario Folha de S. Paulo. De acuerdo con la encuesta, «el día anterior a la intervención policial en la comunidad, solo el 12 % de las menciones del gobernador se consideraban positivas. El día de la masacre, el porcentaje aumentó al 41 %. Las menciones negativas bajaron del 50 % al 41 %, y las neutrales, del 38 % al 18 %».
Y los dos, un día antes de la masacre, se reunieron en persona durante una hora en la sede del gobierno de Río de Janeiro para discutir ‘posibles alianzas para obras públicas en el Estado y la estrategia para combatir la pandemia’”[1].
Porque la historia, como se dice, se repite.
Por lo tanto, el escenario político que motiva la adquisición de popularidad por parte del gobernante está compuesto por los siguientes elementos interconectados: a) la inelegibilidad de Bolsonaro; b) el aumento recurrente de la aprobación del gobierno de Lula; y c) el reciente acercamiento de Lula con la administración Trump.
La estrategia macabra y siniestra de obtener réditos políticos de la ejecución sumaria de más de cien personas se vuelve aún más explícita cuando, inmediatamente después de la masacre, su comandante en jefe, el gobernador Cláudio Castro (PL-RJ), acude a los medios de comunicación para culpar a la izquierda y a la “maldita” decisión del Supremo Tribunal Federal, emitida en el caso ADPF 635, que limitó las operaciones policiales en las comunidades durante la pandemia, como responsables de las muertes.
Y la motivación espuria también se evidencia en el momento en que, justo después de que el evento se convirtiera en noticia nacional, los gobernadores de derecha, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Jorginho Mello (PL-SC) y Mauro Mendes (União Brasil-MT), se reunieron en el Palacio de Guanabara para delinear los próximos pasos y establecer los mecanismos para difundir la narrativa en torno al “éxito” de la operación.
En este contexto, tampoco es irrelevante que cinco días antes de la operación, más precisamente el 23 de octubre, el gobernador, al sancionar la ley que reestructura los puestos de la Policía Civil de Río de Janeiro, vetó el artículo que recreaba el llamado “bono del Lejano Oeste”, vigente entre 1995 y 1999, que otorgaba un bono de hasta el 150% del salario a los agentes que participaban en operaciones dirigidas a “neutralizar criminales”, bajo el argumento de que el bono podría “generar gastos, constituyendo una afrenta a las normas establecidas por el Régimen de Recuperación Fiscal”.
Por otro lado, en gran parte de la izquierda, y especialmente en el gobierno, reina el silencio, como si ellos también estuvieran elaborando planes para una mejor gestión política de la masacre.
Y así, la masacre se convierte en una mera disputa sobre narrativas, y la tragedia diaria que ha asolado a la población negra de Brasil durante siglos continúa sin ninguna confrontación concreta, hasta que, impulsada por nuevas motivaciones políticas, tiene lugar otra masacre y volvemos a contar los muertos, ¡solo para ver si se ha batido el récord o no!
Nota
[1] El 6 de mayo de 2021, un operativo policial, similar al del pasado 28 de octubre, se realizó en la favela Jacarezinho, también en Río de Janeiro, dejó 28 muertos.
Jorge Luiz Souto Maior es profesor de derecho laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo) y autor, entre otros libros, de Daños morales en las relaciones laborales.
Traducción: Carlos Abel Suárez , para Sin Permiso.
Fuente (del original): https://aterraeredonda.com.br/racismo-e-politica-sustentam-o-massacre-nas-comunidades-da-penha-e-do-alemao/
Fuente (de la traducción): https://www.sinpermiso.info/textos/brasil-la-masacre-policial-de-rio-de-janeiro-dossier