La eliminación del Fondo Partidario Permanente (FPP) despierta alertas, porque reduciría las condiciones de equidad en la competencia política y abriría margen para el ingreso de financiamiento ilegítimo al sistema electoral.
El 7 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. La propuesta aún no entra en vigencia: la ciudadanía deberá ratificarla o rechazarla en el referéndum del 16 de noviembre de 2025. La pregunta dice:
¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
Actualmente, el financiamiento de organizaciones políticas en Ecuador proviene de tres fuentes: el fondo público de promoción electoral, el fondo público partidario permanente, y los aportes privados. Es un modelo mixto con reglas de control y límites de uso.
La propuesta de referéndum se refiere exclusivamente al Fondo Partidario Permanente (FPP). Ese fondo cubre el funcionamiento interno de partidos y movimientos en periodos no electorales. Es decir, entrega dinero a las organizaciones políticas para capacitación, formación de militantes y funcionamiento institucional.
¿Cómo se distribuye el Fondo Partidario Permanente?
El FPP se distribuye así:
- 85% para organizaciones políticas nacionales.
- 15% para el Instituto de la Democracia.
La distribución cambia cada año porque depende de dos factores. El 50% se divide entre todas las organizaciones. El 35% se reparte según los votos obtenidos en las últimas elecciones. Mientras que el 15% restante se asigna al Instituto de la Democracia.
No todas las agrupaciones acceden al fondo. Para recibir estos recursos, las organizaciones deben entregar su documentación contable al Consejo Nacional Electoral (CNE), que revisa y aprueba. El fondo se asigna una vez al año y proviene de multas electorales y del Presupuesto General del Estado. Además, la ley exige requisitos para mantener la personería jurídica:
- 5% de votos válidos en dos elecciones pluripersonales nacionales consecutivas
- Almenos tres representantes en la Asamblea Nacional
- El 8% de alcaldías
- Un concejal en el 10% de cantones
El fondo alcanza cerca de USD 4 millones anuales.
Al respecto, Erika Rivadeneira, abogada en derecho electoral, sostiene que antes de proponer cambios como la eliminación del financiamiento a los partidos, el país debe reparar su sistema político y electoral. “Mientras no exista un sistema restablecido, decisiones de ese tipo crean más riesgos que soluciones para la crisis de los partidos”, afirma.
Rivadeneira precisa que no todas las organizaciones acceden a estos recursos. El Código de la Democracia fija requisitos específicos. Advierte que la eliminación de financiamiento no garantizará igualdad de condiciones para la participación política.
“El financiamiento estatal forma parte del debate, pero no representa el núcleo del problema. Si lo eliminan sin reformas estructurales, la situación democrática se vuelve más frágil”, señala.
Además, sostiene que la discusión debe enfocarse en fortalecer los mecanismos de control y elevar las exigencias para conformar organizaciones políticas. “Una democracia sana exige reglas firmes. Se debe garantizar la expresión de todas las corrientes sociales”, explica.
Rivadeneira plantea que el Estado tiene la obligación de sostener condiciones mínimas para la competencia política. Un retiro abrupto de financiamiento público, sin garantizar transparencia en aportes privados y sin controles de origen de fondos, abre espacio para capturas ilegítimas del sistema electoral.
“Si eliminan el financiamiento público, el riesgo es que grupos con mayor capacidad económica dominen la representación política y distorsionen la voluntad popular”, concluye.
Es decir, existe riesgo mayor en el contexto actual del país. Ecuador enfrenta una crisis marcada por la incidencia del crimen organizado, y eliminar el ese financiamiento podría abrir un espacio más amplio para el ingreso de dinero ilícito en la política. Incluso con las reglas vigentes, las autoridades electorales aún no logran asegurar un control riguroso sobre el origen y uso de los recursos partidarios, dentro y fuera de las campañas.
La preocupación radica en que, sin una fuente pública bajo supervisión institucional, las organizaciones políticas dependerían más de aportes privados. Ese escenario facilita capturas indebidas, presión de grupos con poder económico y financiamiento clandestino vinculado a redes criminales. En lugar de corregir el problema de fondo, la eliminación del financiamiento estatal podría profundizar la vulnerabilidad del sistema democrático y poner en riesgo la independencia de las candidaturas.
Otras formas de financiamiento de las organizaciones políticas en Ecuador
El financiamiento político en Ecuador opera bajo un modelo mixto. Existen dos fuentes públicas y una privada. La primera corresponde al fondo partidario permanente (que ya se habló anteriormente). La segunda es el fondo de promoción electoral. La tercera proviene de aportes privados.
El fondo de promoción electoral lo asigna el CNE únicamente en periodos de campaña, para elecciones generales y seccionales. Solo aplica para candidaturas inscritas en firme.
Este fondo sirve para difundir las propuestas de campaña en televisión, radio, prensa escrita, vallas y medios digitales durante el periodo electoral. No cubre publicidad en redes sociales. Si un movimiento quiere pautar en plataformas como Facebook o Instagram, debe usar aportes privados o recursos del fondo partidario permanente. El dinero no llega directamente a los partidos. El CNE paga a los medios de comunicación según un tarifario electoral.
Al respecto, el Gobierno también intentó eliminar el fondo de promoción electoral. Esos recursos los asigna el CNE, con montos iguales para todas las listas. La Corte Constitucional frenó esa intención. Argumentó que eliminarlo impediría al Estado garantizar igualdad para acceder a información electoral y permitiría gasto discrecional en propaganda sin control del CNE. El Ejecutivo retiró los considerandos cuestionados en el texto final.
La tercera fuente son aportes privados. Pueden venir de afiliados, adherentes, simpatizantes, actividades organizativas o rentas ocasionales, incluidas donaciones y legados. Estos aportes tienen límites. Por ejemplo, para el binomio presidencial en las elecciones generales de 2025, el tope fue de USD 5,4 millones.