Hay noticias que parecen llegar desde otro planeta, pero hablan directamente de nuestro debate político. La República de las Islas Marshall, un pequeño Estado insular del Pacífico, acaba de poner en marcha la primera renta básica universal nacional, permanente y legalmente consolidada del mundo. No un piloto. No un experimento de dos años, ni de tres, ni de cinco. Una política estructural, financiada y con pagos ya programados.
El programa se llama Enra y consiste en un pago de alrededor de 800 dólares al año por persona, en cuatro entregas trimestrales, para todas las personas ciudadanas residentes en el país, incluyendo a las niñas y niños, sin prueba de medios ni requisitos de empleo. Lo que se implantará en aquellas islas es lo que la Red Renta Básica y la Basic Income Earth Network han defendido durante décadas: una asignación monetaria individual, universal, incondicional y periódica. Cierto, no se trata de una cantidad igual al menos al umbral de la pobreza como hemos defendido repetidamente los que firmamos este pequeño escrito, y esto debe dejarse muy claro, pero es un paso de gigante.
La cuantía es modesta en términos absolutos, pero enorme en términos relativos: en torno al 11% del PIB per cápita del país (7.500 dólares anuales). Si trasladáramos esa escala al contexto de, por ejemplo, EEUU, estaríamos hablando de unos 9.000 dólares anuales por persona. Es decir, unos 750 dólares al mes para cada persona adulta. En EEUU, el umbral de la pobreza para una familia de 4 personas es de 31.200 dólares anuales. No es, por tanto, una anécdota exótica. Es una prueba de concepto muy seria que cuestiona directamente el mantra de que una renta básica es “financieramente imposible” o “políticamente irrealista”.
Un suelo universal y capas adicionales de protección
Cabe señalar que el programa Enra funciona como primer peldaño de una arquitectura más compleja. Por un lado, está la propia Enra, que como queda dicho es de unos 800 dólares anuales por persona, pagados de forma trimestral, dirigidos a todas las personas ciudadanas residentes en el país. Además, cada persona puede cobrarla como más le convenga. Ya sea mediante cheque, transferencia bancaria o a través de una cartera digital pública, Lomalo, que opera con una stablecoin vinculada al dólar. Es el suelo universal, modesto en cuantía, pero muy claro en su lógica de derecho de ciudadanía.
Sobre ese suelo se despliega una segunda capa, la Extraordinary Needs Distribution (END), alimentada por el mismo fondo soberano. Aquí el foco no es la persona individual, sino los territorios que cargan con desventajas estructurales. Es decir, islas y atolones con pobreza crónica, viviendas deterioradas, economías locales prácticamente inexistentes y el impacto acumulado de los ensayos nucleares y del aislamiento geográfico. Esta segunda capa financia comida, reparaciones de vivienda y otras ayudas gestionadas por los gobiernos locales, y se está perfilando, en la práctica, como una especie de refuerzo de la renta básica dirigida a las comunidades más castigadas.
A todo ello se han añadido dos programas más, uno que garantiza 100 dólares mensuales a personas jubiladas y con discapacidad y un esquema de primera infancia que paga cantidades regulares a las madres y padres de niñas y niños de 0 a 5 años (algo muy cercano a una asignación universal por hijo o hija). Para un país de apenas 33.000 habitantes, el resultado es una arquitectura de protección social sorprendentemente sofisticada. Un mínimo garantizado para todo el mundo, complementos territoriales allí donde la desventaja es estructural y protecciones específicas en los momentos vitales más frágiles.
Esto es interesante, porque desde un punto de vista del debate europeo, esto conecta bien con algo que llevamos años defendiendo: la renta básica no sustituye a todo lo demás, sino que funciona mejor como un pilar básico sobre el que se sostienen otras capas del estado de bienestar. No se trata de desmontarlo, sino de dotarlo de un fundamento igualitario más sólido.
Un dividendo ciudadano financiado con un fondo soberano (y una deuda histórica)
Enra y END no se pagan con un impuesto sobre la renta, sobre la riqueza o con un incremento en el IVA, sino con un fondo soberano de riqueza conocido como el Trust Fund for the People of the Republic of the Marshall Islands, nutrido fundamentalmente por aportaciones de Estados Unidos en el marco del Compact of Free Association.
La historia, poco conocida y que habitualmente se cuenta en voz baja, comienza tras la Segunda Guerra Mundial, cuando las Islas Marshall se convirtieron en un territorio fiduciario administrado por EEUU, designado como “estratégico”. En este marco, entre 1946 y 1958, EEUU detonó allí 67 artefactos nucleares, algunos de potencia muy superior a Hiroshima, con desplazamientos de población, contaminación y daños que aún hoy afectan a varias islas. Además, el atolón de Kwajalein sigue siendo un activo central para la arquitectura militar y de misiles estadounidense.
En este sentido, el Compact of Free Association reconoce dicha relación asimétrica existente. Es decir, reconoce que las Islas Marshall son formalmente soberanas, pero que EEUU mantiene el control de defensa y derechos exclusivos de bases a cambio de ayuda económica y compensaciones. Una parte de esas transferencias se canalizó, desde el año 2003, a un fondo fiduciario cuyo objetivo era sustituir progresivamente las subvenciones directas por rentas de capital.
En la última renegociación del acuerdo, EEUU se comprometió a inyectar 700 millones de dólares entre 2024 y 2027 en ese fondo, tras dos décadas de aportaciones más modestas por parte EEUU. A mediados de 2025, el fondo acumulaba ya unos 1.300 millones de dólares y el comité gestor ha autorizado retiradas anuales de alrededor de 50 millones para financiar Enra y END, lo que equivale a un 3,6% del valor del fondo, muy por debajo de su rentabilidad media histórica (en torno al 6,9% anual).
En otras palabras, podríamos decir que estamos ante una renta básica nacional financiada como dividendo ciudadano de un fondo soberano, en una lógica que recuerda al Alaska Permanent Fund, pero capitalizado por otro país y con una fuerte carga de justicia histórica y poscolonial. No entramos en otras valoraciones político-sociales e históricas, simplemente explicamos lo que es.
El FMI, la cartera digital y la vieja tentación del “targeting”
La parte más vistosa del plano tecnológico es el uso de Lomalo, una billetera digital pública que puede operar con una stablecoin, USDM1, respaldada por activos del Tesoro estadounidense. El objetivo oficial es reducir costes de transacción e inclusión financiera, especialmente en islas remotas.
Aquí se ha concentrado buena parte de la atención mediática que este tema ha tenido en el mundo cripto… y buena parte de las reticencias del FMI, que teme los riesgos de inestabilidad financiera y de blanqueo de capitales de que un pequeño Estado insular emita y gestione activos digitales dirigidos a inversores globales. En su informe del Artículo IV de 2025, el FMI sugiere expresamente moderar las ambiciones digitales y sustituir el esquema universal por un programa más focalizado.
No es un debate menor. Mientras la renta básica de las Islas Marshall experimenta con infraestructuras públicas digitales para hacer llegar un derecho de ciudadanía, las instituciones financieras internacionales y la mayor parte de partidos políticos siguen defendiendo la ortodoxia de las rentas mínimas condicionadas; menos universalidad, más control, más condicionalidad y más administración de la pobreza. Esa tensión se parece mucho a la que conocemos de sobra en el Estado español. Y en las comunidades autónomas, como es el reciente caso de Catalunya.
La experiencia de las Islas Marshall no hace sino abrir un nuevo frente, en el que la disputa entre universalidad y condicionalidad ya no es solo teórica o europea, sino que también se está jugando en un archipiélago que ha decidido usar su fondo soberano para pagar un dividendo ciudadano.
¿Qué nos dice todo esto desde aquí?
Para quienes llevamos años escribiendo sobre renta básica en clave local —desde la Red Renta Básica, SinPermiso o el ámbito académico—, el caso de las Islas Marshall aporta al menos dos argumentos útiles en el debate español y europeo.
En primer lugar, que lo “imposible” ya existe a escala nacional. Cuando se dice que “ningún país” ha implementado una renta básica universal y permanente, esto ha dejado de ser cierto. Sí, es un país pequeño, con una historia muy específica y una fuente de financiación particular. Pero la escala relativa del esfuerzo —alrededor de un 14% del PIB—, es todo menos ridícula y demuestra que se puede ir mucho más allá de un cheque puntual o de un crédito fiscal marginal o de un Ingreso Mínimo Vital. Ya imaginamos que ahora las críticas serán del tipo: “es un estado muy pequeño”, “esto no puede servir de ejemplo”, etc.
En segundo lugar, que la financiación no tiene por qué pasar solo por el IRPF. El debate en el reino de España y en Europa se ha centrado, lógicamente, en diseños financiados mediante una reforma fiscal progresiva sobre renta y patrimonio. El caso Marshall no cuestiona esa vía, pero añade otra: usar fondos soberanos, rentas de recursos naturales o compensaciones históricas como base para una renta básica. En ese sentido, la pregunta no es solo si “podemos subir impuestos a los ricos”, sino también “¿por qué los beneficios de propiedad colectiva no se redistribuyen entre toda la ciudadanía?”.
Por supuesto, nadie propone que en Europa copiemos sin más el modelo Marshall. Y es que no compartimos tamaño, estructura productiva, sistema fiscal, configuración institucional ni relación geopolítica con EEUU.
Pero ése no es el punto. La lección principal es mucho más sencilla y es que un Estado puede decidir que una parte de su riqueza colectiva se convierta en un ingreso monetario universal para toda la población. A partir de aquí, cada país deberá encontrar su propia combinación, ya que existen varios caminos técnicamente viables; lo que demuestra este ejemplo, una vez más, es que la barrera principal es política, no económica. Las Islas Marshall acaban de dar ese paso. Y, si bien no han resuelto todos los problemas —la cuantía no es todavía una renta básica “completa” y el futuro del acuerdo con EEUU siempre será incierto—, sí han cruzado una línea que el resto del mundo lleva décadas bordeando sin atreverse a traspasar.
Desde aquí, la pregunta ya no puede ser “¿es posible una renta básica?”. Tendrá que ser otra, bastante más incómoda: Si un pequeño archipiélago del Pacífico, devastado por la historia nuclear y en primera línea del cambio climático, ha decidido usar su riqueza colectiva para financiar un dividendo ciudadano universal… ¿qué excusa queda a los países ricos para seguir diciendo que “no hay dinero” para una renta básica? ¿Es muy elevado el coste? De eso ya hemos hecho mención. Bueno será que también sigamos preguntando ¿Cuál es el coste de no tener una renta básica?
Julen Bollain es doctor en Estudios sobre Desarrollo, profesor e investigador en Mondragon Unibertsitatea. Miembro de la Basic Income Earth Network (BIEN) y de la Red Renta Básica, es autor de «Renta Básica: Una herramienta de futuro» (Editorial Milenio, 2021). Es coautor de «En defensa de la Renta Básica. Por qué es justa y cómo se financia» (Deusto, 2023).
Daniel Raventós presidente de la Red Renta Básica-Xarxa Renda Bàsica y profesor de la Universidad de Barcelona. Es coautor de «En defensa de la Renta Básica. Por qué es justa y cómo se financia» (Deusto, 2023)