Colabora en este artículo, el periodista Víctor Gómez (Radio Sucumbíos) quien reporta desde el terreno, entrevistando a los moradores del poblado atacado y luego bombardeado -el 3 y el 6 de marzo pasado- durante el operativo «Exterminio total».
Operativo “Exterminio total” en Sucumbíos, en el ojo del huracán tras hallazgo de bomba en lado colombiano, señalan fuentes.
Fuentes militares de Colombia confirmaron a medios locales y a Radio Pichincha, que esa bomba encontrada se produjo tras el operativo militar de las Fuerzas Armadas ecuatorianas -con apoyo de EE.UU.- en esa zona de la provincia de Sucumbíos.
El estruendo de los rotores de los helicópteros rompió la calma del río San Miguel, en el límite fronterizo con Colombia, la mañana del 3 de marzo de 2026. Para el Gobierno del presidente Daniel Noboa y para el Pentágono en Washington, ese ruido marcaba el inicio de una operación quirúrgica contra el “descanso” de alias ‘Mono Tole’, cabecilla de los Comandos de la Frontera.
Este operativo se denominó “Exterminio total”.
Pero en el recinto San Martín, parroquia Jambelí, los moradores lo vivieron como el inicio de una pesadilla de fuego, tortura y escombros tal como lo expone el periodista Víctor Gómez, de Radio Sucumbíos durante un recorrido el 11 de marzo, cinco días después del bombardeo.
14 días después, el operativo recobra fuerza tras la denuncia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien denunció que su país está siendo bombardeado desde Ecuador, luego de informar del hallazgo de una bomba sin explotar en la zona de Nariño.
Fuentes militares de Colombia confirmaron a medios locales y a Radio Pichincha, que esa bomba encontrada se produjo tras el operativo militar de las Fuerzas Armadas ecuatorianas -con apoyo de EE.UU.- en su intención de destruir el campamento donde descansaba alias “El Mono Tole”, cabecilla de los Comandos de Frontera.
Ese punto del operativo, de lado ecuatoriano, es el recinto San Martín, cantón Lago Agrio. Mientras que la bomba encontrada, de lado colombiano -y solo separado por el río San Miguel-, se ubicada en la zona cercana a la Comunidad Cofán El Diviso, al frente de la zona ecuatoriana bombardeada.
El Ministerio de Defensa de Ecuador rechazó estas acusaciones y aclaró que sus ataques ocurren únicamente en lado ecuatoriano.
La bomba encontrada de lado colombiano no es la única polémica, este operativo militar ecuatoriano es cuestionado por moradores de la comunidad de San Martín, en Lago Agrio, por supuestos abusos y excesos. Además, se denuncia la creación de falsos positivos.
Radio Pichincha te cuenta, a continuación, los entretelones de este ataque armado ocurrido el pasado 3 de marzo de 2026, bajo la mirada del periodista Víctor Gómez.
El “punto cero”, una finca ganadera
El periodista Víctor Gómez camina sobre la tierra removida. No hay trincheras, no hay polígonos de tiro, no hay rastros de una infraestructura militar clandestina. Lo que hay es un orificio de ocho metros de profundidad y 25 metros de diámetro.
“Estamos en el punto cero… donde cayó la bomba que el Ejército ecuatoriano ha difundido en sus comunicados oficiales”, relata Gómez mientras la cámara enfoca restos de queseras y herramientas de labranza calcinadas.
La contradicción geográfica sería el primer golpe a la credibilidad del Estado. Mientras el Ministerio de Defensa sitúa el ataque en el cantón Cascales, la realidad física ubica al recinto San Martín, cantón Lago Agrio.
El dueño de la propiedad, un ciudadano ecuatoriano que ha trabajado esa tierra por más de una década, observa los restos de su hogar de dos pisos, ahora reducido a cenizas. “Esto es un montaje para ellos poder justificar el trabajo que están haciendo… Para mí es un falso positivo”, sentencia con la voz cargada de impotencia.
3 de marzo: Fuego, cuerdas y tanques de agua
La cronología de los hechos, reconstruida a través de los testimonios de los comuneros, revela una brutalidad que el comunicado oficial omitió. El 3 de marzo, las patrullas militares habrían aterrizado en la playa del río. No hubo un enfrentamiento; hubo una emboscada contra cuatro jornaleros que sembraban pasto, tal como lo señalan los afectados.
Uno de los trabajadores, cuya identidad se protege, relata el horror del interrogatorio inicial: “Me amarraron de pata y manos y de ahí pues me colgaron. Me metieron a un tarro de agua, a lo que aguantara… me daban pata, me daban culata”.
Los soldados buscaban a alguien, daban nombres que los campesinos no reconocían. “Buscaban a alguien que no sabíamos quiénes eran… nos decían que entreguemos cosas, pues no teníamos nada que entregar”, explica otro de los detenidos.
Mientras tanto, los militares habrían rociado gasolina en la vivienda principal y en la cocina de madera. Las llamas consumieron motosierras, guadañas, monturas de caballo y ropa.
Cuando la comunidad intentó acercarse para abogar por los suyos, los uniformados no habrían mediado palabra. “El comandante que estuvo a cargo no nos dejó acercar, nos recibieron a tiros hasta que se los llevaron”, denuncia el dueño de la finca.
Y en el cuartel: “Nos metieron corriente”
A los cuatro campesinos los trasladaron en helicóptero hacia Lago Agrio. Allí, en lo que describen como un “cuarto pequeñito”, se habría dado escenas de tortura. “Nos metieron corriente con ese coso que llamaba Teaser (Pistola Paralizador). Me echaban agua y me colocaban esa en las costillas y nos hacían preguntas”, narra uno de los jóvenes.
La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, en un comunicado urgente, respalda estos testimonios denunciando “actos degradantes, simulación de ahogamiento y amenazas de mutilación”.
Sin pruebas, sin armas y sin antecedentes penales, los militares habrían abandonado a los cuatro hombres en la madrugada, cerca del hospital de Nueva Loja.
No hubo una entrega a la Fiscalía, solo una supuesta amenaza final: “Donde los lleguemos a volver a agarrar, nos matan”, narran los finquieros a Radio Sucumbíos.
6 de marzo: El bombardeo
Tres días después de supuestamente haber quemado la casa y de liberar a los “terroristas” por falta de pruebas, aviones del Ejército habrían retornando al sitio. El 6 de marzo, aviones y helicópteros sobrevolaron San Martín y lanzaron bombas sobre las ruinas de la “casa ya destruida” y sobre otra vivienda que llevaba “cinco años abandonada y cubierta por la maleza”.
Al menos, ese bombardeo se vio en uno de los videos que compartió el Gobierno en sus redes sociales, la tarde y noche del 6 de marzo.
“Primero fue que quemaron el día 3 y el día 6 vinieron a bombardear. Eso hicieron ellos”, explica el propietario de la finca.
La explosión fue tan masiva que dejó sin energía eléctrica a la comunidad vecina de Providencia.
Un vecino de la zona, que cuidaba la casa abandonada, relata que los militares se volvieron “intocables” y que ni siquiera se puede conversar con ellos. Al inspeccionar el sitio, Gómez confirma la ausencia de caminos habilitados hacia la supuesta base de alias ‘Mono Tole’, cabecilla de los Comandos de la Frontera: “No hay trillo de nada. Lo único trillo que quedó fue lo que dejó la bomba”.
Estigmatización
El Gobierno celebró la operación “Exterminio Total” como un desmantelamiento de redes transnacionales.
El presidente Daniel Noboa aseguró en redes sociales: “Destruimos el descanso de ‘Mono Tole’… y área de entrenamiento para los narcotraficantes”.
Sin embargo, en el terreno, lo único que hay son caballos, vacas y burros, al menos así se puede ver en las cámaras de Radio Sucumbíos.
“¿Cómo va a ser un campamento de entrenamiento si aquí es una zona ganadera? No hay nada que lo justifique, no hay polígonos, no hay nada”, increpa el dueño de la finca de 150 hectáreas.
Los comuneros denuncian ante las cámaras que se sienten tildados de “criminales” por vivir en la frontera.
Un habitante de San Martín, con cinco años en la zona, cuestiona la lógica militar: “Para que habiten 50 personas tendría que haber camarotes… no hay fusiles, no hay nada de balas… lo que se mira es monturas quemadas y cilindros de gas”.
Resistencia comunitaria
El daño trasciende lo material. La comunidad vive bajo un “trauma psicológico” constante.
Vicente Garrido, vicepresidente del recinto, denuncia que las familias temen que cualquier hogar sea el próximo objetivo. “Están pasando por campamento las viviendas de la población civil”, advierte un morador de Providencia, quien relata cómo su madre de 90 años, hipertensa, sufre ante cada sobrevuelo.
La Alianza por los Derechos Humanos denunció formalmente estas “graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario”, exigiendo una investigación inmediata de la Fiscalía sobre los bombardeos y las torturas. La organización advierte que la lucha contra el crimen organizado no puede ser una carta blanca para el atropello.
Al final de su cobertura, el periodista Víctor Gómez deja una imagen desoladora: escombros enterrados bajo toneladas de tierra lanzada por las bombas, campesinos que han perdido su única fuente de trabajo y una comunidad que, lejos de sentirse protegida por su Ejército, le teme más que a la propia guerrilla.
El clamor de San Martín es uno solo, dirigido directamente al Palacio de Carondelet: “Que tenga el valor y desmienta y diga la verdad y no empiece con mentiras engañando al pueblo ecuatoriano”.
Radio Pichincha buscó una versión de las Fuerzas Armadas ante este reportaje, pero desde allí afirmaron que el pedido de información debe ser direccionado al Ministerio de Defensa que respondió:
“Una vez que se tuvo conocimiento de la denuncia pública, a través de la Dirección de Derechos Humanos, se han activado los protocolos internos de investigación correspondientes”, puntualizó.