La prefecta del Guayas (electa en representación de Revolución Ciudadana, partido político opositor a Noboa) presenta su renuncia, habilitando así un escenario institucional que permite el ascenso a la prefectura de un político alineado con el Ejecutivo nacional. Este accionar atenta contra la voluntad popular expresada en las urnas.
¿De qué nos admiramos? La indignación que hoy recorre a sectores de la militancia de la Revolución Ciudadana, a propósito de los recientes acontecimientos en la Prefectura del Guayas bajo la administración de Marcela Aguiñaga y su viceprefecto, no puede convertirse en una reacción desprovista de memoria política. Lo que hoy se interpreta como traición o ruptura no constituye un hecho aislado ni excepcional; responde, más bien, a una secuencia de prácticas, omisiones y tolerancias que han configurado un terreno propicio para su emergencia.
Desde una perspectiva analítica, la traición en los procesos políticos no debe entenderse como una desviación individual repentina, sino como un fenómeno estructural que se incuba en contextos donde la crítica interna es debilitada, la coherencia ideológica es relativizada y la disciplina política se subordina a cálculos coyunturales. En este sentido, los hechos recientes en el Guayas no hacen más que evidenciar una problemática preexistente: la normalización de señales de ambigüedad que, en su momento, no fueron debidamente problematizadas.
En esta misma línea, resulta imprescindible precisar que la coyuntura actual en la Prefectura del Guayas no puede analizarse sin considerar la secuencia concreta de decisiones políticas que la anteceden. Nos referimos a la renuncia del viceprefecto, seguida de un proceso de designación en el que, a partir de una terna enviada por la prefecta, se eligió a un nuevo viceprefecto cuyos nombres ya evidenciaban vínculos con el entorno del presidente de la República. Este hecho, lejos de ser administrativo, constituye un movimiento político cuidadosamente articulado. Posteriormente, la propia prefecta presenta su renuncia, habilitando así un escenario institucional que permite el ascenso a la prefectura de un actor alineado con el Ejecutivo nacional. Esta cadena de acontecimientos no puede interpretarse como una coincidencia ni como una simple reorganización interna: revela una lógica de operación que desborda los compromisos asumidos con la militancia de la Revolución Ciudadana. En este sentido, lo ocurrido se configura como una forma de traición política, no solo por el desenlace, sino por el mecanismo empleado, que instrumentaliza las estructuras institucionales para alterar la voluntad política que originalmente respaldó ese espacio de poder.
No resulta casual que actores hoy cuestionados hayan transitado durante años dentro del mismo proyecto político sin que sus posicionamientos, gestos o vínculos con sectores antagónicos generaran debates de fondo. Esa aparente estabilidad no era sino una forma de latencia. La ausencia de mecanismos efectivos de deliberación crítica permitió que se consolidaran prácticas de doble discurso, donde la lealtad era performativa más que sustantiva.
En este marco, lo que se observa no es una ruptura súbita, sino la manifestación de una lógica política basada en la adaptabilidad estratégica de ciertos actores, quienes operan en función de oportunidades antes que de principios. Se trata de una racionalidad que instrumentaliza la confianza de la militancia, capitaliza su compromiso y se sostiene en la expectativa de que las contradicciones no serán confrontadas a tiempo.
Sin embargo, reducir el análisis a la conducta de individuos específicos implicaría una lectura incompleta. La pregunta central debe dirigirse hacia las condiciones de posibilidad que han permitido la reproducción de estas dinámicas. Entre ellas destacan: la debilidad de los espacios de debate interno, la insuficiente formación política de base en términos críticos, y la tendencia a priorizar la cohesión aparente por encima de la confrontación necesaria de las diferencias.
A esto se suma un elemento histórico que no puede ser ignorado: la capacidad de los sectores de poder para incidir en los procesos populares no únicamente desde la oposición frontal, sino también mediante estrategias de penetración interna. Estas operan aprovechando fisuras organizativas, ambiciones personales y vacíos ideológicos, configurando escenarios donde la disputa política se traslada al interior mismo de los proyectos transformadores.
Frente a este panorama, la indignación, aunque legítima, resulta insuficiente si no se traduce en un proceso de revisión profunda. La coyuntura actual debe asumirse como una oportunidad para reconfigurar las bases éticas y políticas del proyecto. Esto implica fortalecer una militancia con capacidad analítica, que no se limite a la adhesión, sino que ejerza una vigilancia activa sobre sus dirigencias y estructuras.
Asimismo, se hace necesario reinstalar la coherencia como principio rector de la acción política. La coherencia no como discurso, sino como práctica verificable, que articule pensamiento, acción y posicionamiento. Ello requiere, inevitablemente, la construcción de mecanismos que garanticen la rendición de cuentas y la evaluación permanente de los liderazgos.
En consecuencia, el episodio evidenciado en la Prefectura del Guayas no debe leerse únicamente en clave de traición individual, sino como un síntoma de un problema estructural más amplio. Superarlo demanda trascender la lógica reactiva y avanzar hacia una cultura política donde la crítica no sea percibida como amenaza, sino como condición de posibilidad para la sostenibilidad del proyecto.
Porque, en última instancia, no se trata únicamente de identificar a quienes traicionan, sino de transformar las condiciones que hacen posible la traición. Solo así será viable construir un proceso político donde la lealtad no dependa de coyunturas, sino de convicciones profundamente arraigadas.
Para la militancia, esta no es una reflexión abstracta ni un ejercicio retórico: es una tarea histórica concreta. Evitar la repetición de estos episodios implica asumir un rol activo en la vida interna del proyecto político. Esto supone fortalecer la formación ideológica con capacidad crítica, desarrollar mecanismos de control y fiscalización desde las bases, y romper con la cultura de la obediencia pasiva que muchas veces ha sido confundida con disciplina.
La militancia debe comprender que la lealtad no se decreta desde las dirigencias ni se sostiene en discursos, sino que se construye colectivamente a partir de la vigilancia política permanente, la coherencia ética y la participación consciente. Allí donde no hay debate, donde se silencian las alertas tempranas o se minimizan las contradicciones, se abre el camino para que intereses ajenos al proyecto se infiltren y lo desvíen.
Asimismo, resulta fundamental consolidar una cultura política donde los liderazgos no estén por encima del proyecto, sino subordinados a él. Esto implica establecer límites claros, exigir rendición de cuentas y comprender que ningún cargo de representación puede ser utilizado como plataforma para negociaciones que contradigan el mandato popular.
En ese sentido, lo ocurrido en el Guayas debe convertirse en una lección política: la institucionalidad también puede ser utilizada como herramienta de desplazamiento del poder popular cuando no existe una militancia organizada y vigilante. Por ello, más que indignación momentánea, lo que se requiere es una reconfiguración del sujeto político, capaz de anticiparse, cuestionar y actuar.
Solo una militancia crítica, formada y activa podrá cerrar el paso a las lógicas de traición que hoy se evidencian. De lo contrario, la historia corre el riesgo de repetirse, no como sorpresa, sino como consecuencia previsible de nuestras propias omisiones.
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