Las próximas elecciones seccionales de noviembre de 2026 corren el riesgo de pasar a la historia como un proceso viciado de origen.
La reciente suspensión del movimiento AMIGO por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que se suma a la inhabilitación previa de la Revolución Ciudadana (RC) casi con el mismo guion, ha dejado a la principal fuerza de oposición del país sin un vehículo jurídico para competir.
Las reacciones que se generaron en la opinión pública evidenciaron que más allá de las simpatías o antipatías que despierte el correísmo, este escenario enciende las alarmas sobre la salud democrática de la nación y pone bajo la lupa el rol del gobierno de Daniel Noboa.
El argumento que sostiene estas suspensiones se ampara en supuestas investigaciones reservadas por presunto lavado de activos. Si bien la fiscalización del financiamiento de la política es indispensable, la asombrosa sincronía de los fallos judiciales con los plazos del calendario electoral levanta serias sospechas.
El hecho de que la suspensión de AMIGO ocurriera a escasas horas del cierre de la inscripción de alianzas deja un amargo sabor a cálculo político.
Ya no son solo sospechas. El gobierno de Daniel Noboa enfrenta duras críticas por lo que la oposición y diversos analistas catalogan como un uso instrumental del aparato estatal o lawfare.
Aunque el primer mandatario ha intentado desmarcarse de las decisiones de los órganos electorales, sus propias contradicciones discursivas y la llamativa celeridad con la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) archiva los pedidos de revocatoria en su contra contrastan drásticamente con la rigurosidad aplicada a sus rivales.
Esta asimetría debilita la confianza en las instituciones y alimenta la narrativa de un autoritarismo selectivo.
Una democracia sin pluralismo pierde su razón de ser. Proscribir a la fuerza política con mayor base electoral en el país no debilita a la Revolución Ciudadana, sino que se convierte en un golpe a la ya alicaída democracia. Esto no se trata de correísmo/ anticorreísmo.
El daño más grave lo sufre el ciudadano común, cuyo derecho constitucional a elegir libremente a sus representantes queda coartado por la actuación casi coordinada de instituciones del Estado que camuflan sus sospechosas decisiones detrás de tecnicismos legales. Esto puede convertir la voluntad popular en una burda simulación.
De mantenerse este veto institucional, las autoridades que resulten electas en noviembre carecerán del reconocimiento de una gran parte de la población, profundizando la inestabilidad de un país ya golpeado por crisis económicas y de seguridad.
La democracia ecuatoriana necesita reglas claras, árbitros imparciales y, sobre todo, la madurez política para derrotar a los adversarios con propuestas y votos, nunca con la fuerza del decreto y la exclusión.
Fuente: https://www.radiopichincha.com/la-peligrosa-ruta-de-la-proscripcion-la-revolucion-ciudadana/