Esta es la pregunta que ronda hoy en la mente de analistas, políticos e intelectuales del país. La reciente afirmación del presidente Daniel Noboa, quien rechaza el calificativo de dictador argumentando que la oposición tiene plena libertad para insultarlo y criticarlo, abre un debate profundo sobre la naturaleza del poder en el Ecuador actual.
A simple vista, el argumento del mandatario resultaría hasta lógico para el ciudadano común. En una dictadura clásica, como las que azotaron a América Latina en el siglo pasado, no habría espacio para el disenso: toda voz crítica sería censurada y los opositores estarían en prisión o en el exilio por el solo hecho de alzar la voz.
Bajo esta premisa, la existencia de la libertad de expresión, sumada a la convocatoria regular de elecciones con un número determinado de partidos inscritos, configuraría una democracia plena.
Sin embargo, voces como la del expresidente Osvaldo Hurtado plantean una hipótesis preocupante: la posibilidad de que Ecuador esté transitando por una «deriva autoritaria» moderna. Esta teoría sugiere que las autocracias del siglo XXI ya no necesitan tanques de guerra en las calles ni la clausura del Congreso para consolidarse. El autoritarismo contemporáneo opera de forma más sutil, utilizando las propias herramientas del Estado de derecho para debilitar la democracia desde adentro.
Los críticos señalan con alarma la progresiva concentración del poder y el uso del sistema judicial para neutralizar a rivales políticos clave, como la reciente suspensión de la Revolución Ciudadana por parte del Tribunal Contencioso Electoral o los procesos contra alcaldes en funciones.
Desde esta perspectiva, una democracia no se define únicamente por el derecho a votar o a criticar al gobernante, sino por la existencia de reglas de juego justas, árbitros independientes y un respeto absoluto a la separación de poderes. Si se elimina la competencia real en las urnas anulando a los partidos más votados, la elección corre el riesgo de convertirse en una burda fachada.
Ecuador se encuentra así en una encrucijada conceptual. Por un lado, el Gobierno defiende un liderazgo «firme y pragmático», indispensable para combatir a las mafias y la corrupción, a decir del presidente Noboa y de sus adláteres.
Por el otro, la oposición y diversos organismos advierten que, bajo la bandera de la seguridad y el orden, se están erosionando los pilares democráticos. La gran interrogante que el tiempo deberá responder es si estas acciones constituyen medidas extraordinarias ante una crisis inédita o si, por el contrario, confirman la hipótesis de un régimen que camina con paso firme hacia el control absoluto.
Fuente: https://www.radiopichincha.com/si-esto-no-es-una-dictadura-que-es/