La democracia ecuatoriana está en riesgo. El deterioro en la independencia de las instituciones es tal, que se ha vuelto imposible afirmar que nos encontramos en un auténtico régimen democrático, de respeto a los más elementales derechos y garantías. Al creciente autoritarismo del régimen se suma su inoperancia y opacidad en el manejo de la […]
La democracia ecuatoriana está en riesgo. El deterioro en la independencia de las instituciones es tal, que se ha vuelto imposible afirmar que nos encontramos en un auténtico régimen democrático, de respeto a los más elementales derechos y garantías. Al creciente autoritarismo del régimen se suma su inoperancia y opacidad en el manejo de la crisis económica. Cada vez más hogares sufren los efectos del desempleo y del alto costo de la vida. La corrupción y la falta de transparencia en la información pública generan angustia y desconcierto respecto del futuro.
El proceso electoral que se avecina no puede distraernos de los graves problemas que afectan al país. Debatir democráticamente sobre las posibles salidas a la crisis social y económica constituye un acto de responsabilidad ineludible. Las organizaciones integrantes del Acuerdo Nacional por el Cambio convocamos a toda la sociedad a un diálogo abierto y frontal sobre la situación del país. Creemos que es preciso tomar una posición firme ante los nuevos atropellos del gobierno y ante las nuevas amenazas que se ciernen sobre la democracia.
No podemos permanecer pasivos mientras se intenta seguir subordinando a las distintas instancias del Estado a las pretensiones totalitarias del caudillo del siglo XXI. Atropellando la Constitución, Correa controla las funciones legislativa, judicial, electoral, de transparencia e inclusive la propia Corte Constitucional.
En esta ocasión están en su mira las Fuerzas Armadas. Rechazamos categóricamente la pretensión de «meter la mano» en las Fuerzas Armadas, a partir del capricho y el voluntarismo del caudillo. Estamos seguros que, respetando sus principios básicos, se pueden mejorar las condiciones del estamento militar. Inclusive, podemos discutir sobre su papel en el nuevo contexto regional y mundial. Pero por supuesto, bajo un contexto de diálogo y sin apelar a improvisaciones de último momento de un gobierno que está de salida, ni a irresponsables manipulaciones populistas que solo buscan apuntalar el claramente negativo escenario electoral para el gobierno. Tampoco es tolerable que, para conseguir esos propósitos, el gobierno siga manipulando a su antojo una vez más la justicia, cual dueño de una hacienda. Como tampoco es admisible que se destruya a las organizaciones sociales amparándose en decretos leguleyos y arbitrarios. El intento de disolver a la Unión Nacional de Educadores (UNE) contraría el mandato constitucional que garantiza la libertad de asociación y organización, así como convenios internacionales que garantizan este derecho. Siete décadas de defensa del magisterio no han podido ser interrumpidas ni en épocas de dictadura militar. Rechazamos, por lo tanto, este desafuero y esta práctica inmensamente autoritaria, que nos traslada a los momentos más nefastos de nuestra historia.
Reiteramos nuestro rechazo categórico a los procesos de criminalización en contra de luchadores sociales, indígenas, campesinos y comunicadores sociales que, por ejercer su derecho constitucional a la resistencia, están siendo perseguidos por una justicia servil al régimen. Rechazamos el reciente desalojo en la comunidad shuar de Nankints, donde se despojó a sus pobladores para dar paso a la voracidad extractivista y al cuento chino la megaminería. Rechazamos la reproducción de este modelo colonial y dependiente, que sigue encadenando la economía del país a las demandas del capital transnacional. Frente al próximo proceso electoral, desde ya llamamos a la sociedad y a la comunidad internacional a prevenir cualquier intento por alterar el orden democrático o por manipular los resultados electorales. La probidad e imparcialidad de la Función Electoral están en duda, por su claro sometimiento a los designios del poder ejecutivo. Los fraudulentos concursos en que se otorgaron puntos indebidos y otras «ventajas» a quienes resultaron seleccionados para el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, dan cuenta de la injerencia del partido de gobierno y el Ejecutivo en los organismos electorales, cuyo control se evidencia en el manejo parcializado con respecto a la iniciativa para aprobar la reelección del presidente Correa, como ya se hizo anteriormente con las firmas para la consulta sobre el Yasuní, lo cual ahonda no solamente en la desconfianza, sino que erosiona la imprescindible legitimidad previa a un proceso electoral. Cuidar los resultados electorales debe ser una tarea conjunta de todos, mas no una plataforma para las apetencias individuales o de grupo.
La sociedad ecuatoriana debe asumir las próximas elecciones no solo como un espacio para la presentación de candidaturas, sino como una oportunidad para debatir los temas de fondo del país. Estos temas, no se agotan en la dinámica electoral sino que deben comenzar a tratarse como problemas de país, que solo podrán enfrentarse con un acuerdo nacional cuyo horizonte esté dirigido hacia un verdadero cambio. Saludamos a las organizaciones sociales, movimientos ciudadanos y al Colectivo de Organizaciones Indígenas y de Trabajadores que se mantienen activos y vigilantes, recuperando las calles y las plazas como espacios de expresión democrática. Nuestro compromiso es con la construcción de un acuerdo democrático radical que sintetice las principales aspiraciones populares, especialmente en este momento en que cunden la frustración y el desencanto frente al desgobierno de Alianza País. El correísmo ha traicionado las expectativas ciudadanas y ha dado la espalda a los principios transformadores de la Constitución de Montecristi.-
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