El desencuentro entre las organizaciones indígenas y los gobiernos progresistas de América Latina, es preocupante. Los problemas que los oponen no son simples, pero tampoco carentes de solución.
Desde aquel ya lejano 1ro de enero de 1994, cuando hizo su aparición el EZLN en Chiapas, la emergencia de los movimientos de pueblos originarios se ha convertido en un factor de primera importancia en la vida política de varios países de América Latina.
Para los que nos situamos a la izquierda del tablero político, la irrupción combatiente de estas poblaciones constituyó desde siempre un feliz acontecimiento. Ocurre que, siendo sin la menor duda, las más pobres, las más excluidas de nuestras sociedades, lo menos que podía esperarse de ellas era que se sumaran decididamente a la lucha de los otros sectores populares por sacudirse el yugo de la explotación capitalista, y construir juntos un futuro de paz y de progreso para todos.
Lamentablemente, esta opción, no parece formar parte de la visión estratégica de estos pueblos, según aparece en declaraciones y pronunciamientos de sus más conocidas organizaciones. La última, emitida al término del III Congreso de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), celebrado en Bogotá, del 15 al 17 de julio pasado (ver: http://bit.ly/N3NM25).
Organización y representatividad
Pienso que lo que primero que hay que señalar, en lo que respecta a los pueblos originarios, es su heterogeneidad, como la de toda sociedad humana. A cualquier nivel (nacional, regional o local), y de cualquier nacionalidad de la que se trate, estas poblaciones aparecen, en sus relaciones con los Estados, en niveles incipientes de organización.
Sin embargo, frente a un problema concreto, como la oposición a algún proyecto específico de explotación de recursos naturales, pueden generarse puntualmente, aunque no sean muy numerosos, solidos y eficaces grupos de activistas. Pero éstos, generalmente, pasado el conflicto, no se traducen en estructuras formales permanentes. De ahí que las organizaciones que se dicen representativas de alguna nacionalidad en particular, o de varias nacionalidades de alguna determinada zona geográfica, sólo representan a lo más dinámico y sin duda también a lo más politizado de esas poblaciones.
El origen de la emergencia
La emergencia de los pueblos originarios tiene que ver con la difusión en América Latina de las políticas neoliberales que acentuaron, entre otras calamidades, la explotación y el saqueo impune de nuestros recursos naturales. Los zapatistas se declararon en rebelión precisamente, el día mismo de la entrada en vigor del ALENA, el tratado de libre comercio de América del Norte, que puso de rodillas a la economía mexicana frente a voracidad de las potencias del norte.
Como la mayor parte de los recursos naturales se encuentran en territorios ancestrales de estas poblaciones, el choque con los Estados y las compaginas multinacionales que se han creído siempre todopoderosas, era inevitable. Y los combates que han librado, y que siguen librando hoy en varios países, a veces al precio de muertos, heridos y detenidos, ya forman parte de la historia de las luchas populares latinoamericanas contra las políticas neoliberales.
Su relación con los gobiernos progresistas
Las cosas asumen otro carácter cuando estos conflictos se dan en el marco de procesos de cambio progresistas, como los de Venezuela, Bolivia y Ecuador particularmente. Es ahí donde se aprecia una aguda divergencia de intereses entre las organizaciones indígenas y esos regímenes.
En el origen de estos nuevos conflictos, hay múltiples causas. La primera de ellas tiene que ver con el estado de abandono y de exclusión en el que han vivido estas poblaciones, lo que ha permitido a las empresas que han operado u operan en sus territorios -generalmente multinacionales- de tratarlos sin la menor consideración, expulsándolas a veces, literalmente, de sus territorios.
La segunda, no menos importante, la dramática experiencia de verse confrontados a la contaminación de grandes espacios, provocándoles enfermedades graves y causando enormes perjuicios a los ecosistemas de los cuales estas poblaciones dependen enteramente. Es decir, poniendo en grave riesgo la propia vida. Todo esto, agravado por el hecho de no poder contar con la mínima protección por parte de las autoridades del país, y menos aún, con alguna forma de indemnización o de reparación por parte de las empresas.
A esto viene a sumarse, generalmente, el comportamiento poco ameno que han mostrado estos Estados, que no siempre han sabido respetar los procedimientos previstos por la legislación nacional e internacional, a propósito de los derechos de las poblaciones originarias. Estas situaciones aberrantes por si mismas, se complementan a veces con la absurda criminalización de las protestas, seguidas frecuentemente de la represión policial y/o militar, y con su casi inevitable secuela de muertos, heridos y detenidos. La causa de los indígenas, víctimas de la prepotencia oficial provocan entonces legítimas manifestaciones de repudio y de solidaridad, nacionales e internacionales.
La cosmovisión indígena
Sin embargo, en lo que se presenta como un desencuentro histórico entre las poblaciones originarias y los gobiernos progresistas, no todo es evidente. Aparte de las razones que venimos de exponer, relativas a la catastrófica experiencia que tienen estas poblaciones en lo que concierne la explotación de recursos naturales, y sus relaciones con los Estados y empresas multinacionales del periodo neoliberal, existen otras que tienen que ver, globalmente, con la cosmovisión indígena.
Hemos dicho que estas poblaciones son heterogéneas, sin embargo, tienen algo en común, son animistas y panteístas. Para ellas -como lo dice Róger Rumrill, uno de los investigadores que conoce mejor la realidad indígena- la naturaleza es la madre del ser humano, a la que hay que respetar; la naturaleza esta dentro de nosotros, y nosotros estamos dentro de la naturaleza. Inferir a la naturaleza los daños que ocasionan la explotación petrolera, o de gas, del oro u otros metales con las minas a cielo abierto, o destruir los bosques y alterar el curso de los ríos, para la cosmovisión indígena es un verdadero crimen. De ahí el reflejo de reaccionar negativamente ante todo nuevo proyecto de ese tipo.
La libre determinación o la autonomía
Por lo demás, desde el punto de vista jurídico, hay cuando menos una confusión en lo que respecta a los derechos de los pueblos originarios, derivados fundamentalmente del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre ese tema. Se trata de lo que algunos dirigentes indígenas entienden por «libre determinación».
El propósito de estos instrumentos jurídicos internacionales es obligar a los Estados a reconocer y respetar los derechos colectivos de estas poblaciones, derechos al territorio ancestral, a su organización social, a su lengua, a su cultura, a sus modos de vida. Todo esto, hay que señalarlo, sin menoscabo de la integridad política y territorial de cada país.
No se trata por consecuencia de la libre determinación en su versión internacional, sino de una libre determinación de carácter interno, limitada, dependiente enteramente de la estructura jurídica del país. Esta dependencia se expresa también en la obligación que esos instrumentos imponen a los Estados de otorgar a esas poblaciones la protección y la ayuda que goza el resto de la población.
Es esta confusión la que esta a la base de numerosos conflictos socio-ambientales que vive América Latina en estos días. En algunos casos, es cierto que los gobiernos no han respetado los procedimientos establecidos de Consulta previa, libre e informada de las poblaciones concernidas, pero, en otros casos, se enfrentan un rechazo tajante -sin la mínima posibilidad de dialogo- de toda intervención estatal en sus territorios, en nombre precisamente de esa supuesta «soberanía» que les otorga la libre determinación.
Los objetivos de los gobiernos progresistas
Por lo tanto, los regímenes progresistas, algunos de los cuales llegaron al gobierno con el apoyo de grandes sectores de los pueblos originarios, han tomado en favor de ellos múltiples medidas, a comenzar por la más importante, la reforma de la constitución, que declara a esos países plurinacionales, pluriculturales y plurilingües, las que aseguran no sólo el ejercicio de la ya citada autonomía, sino también, la integración plena de estos sectores a la vida económica, política y cultural de esos países.
Estos gobiernos no son socialistas. En el mejor de los casos postulan una evolución hacia un socialismo futuro de nuevo tipo, llamado «del Siglo XXI», que parece comenzar hoy, como objetivo prioritario, por la eliminación de la extrema pobreza, y la revitalización de su estructura industrial. Todo eso, en el cuadro de una forma de desarrollo socio-económico post -neoliberal, que no altera básicamente la estructura capitalista de la sociedad. Sin embargo, aun con esas limitaciones, objetivamente, han creado severas contradicciones con los sectores más reaccionarios de sus países, y con los Estados Unidos, que no se cesan en promover condiciones favorables para destituirlos, como ha ocurrido ya en Honduras o en Paraguay.
En esta óptica, digamos de reformismo radical, la explotación de los recursos naturales, sobre la base de nuevos contratos y de nuevas obligaciones impuestas a las empresas (lejos entonces del clásico «extractivismo»), deviene para estos gobiernos una necesidad imperiosa pues constituye la forma más rápida y segura, por lo menos coyunturalmente, aprovechando la subida de precios, de aumentar considerablemente los ingresos fiscales. Ingresos que serán destinados, como se ha dicho, por un lado, a mejorar los niveles de vida de grandes sectores carenciados, urbanos y rurales, y por otro lado, al financiamiento del indispensable desarrollo industrial. No hay que olvidar, además, que la sobrevivencia de estos regímenes depende de los resultados electorales, y que entre ellos están cristalizando, poco a poco y por vías diversas, el viejo sueño de la integración latinoamericana.
El desencuentro histórico
La divergencia esencial entonces, entre los pueblos originarios y los gobiernos progresistas, aparece así con una claridad meridiana. Mientras los primeros rechazan en nombre la protección de la Pachamama, la explotación de los recursos naturales y la construcción de infraestructuras necesarias a la integración de esas regiones a la vida económica del país, y del país a la integración latinoamericana, los otros se enfrentan al dilema de convivir con sectores poblacionales que no comparten sus opciones socio-económicas y se auto-excluyen del esfuerzo nacional necesario para tratar de redistribuir mas equitativamente la riqueza social y sentar las bases para salir del subdesarrollo.
El problema planteado no es simple, pero no cabe la menor duda que la posición de las organizaciones indígenas releva de una cierta miopía política. Como ya se ha dicho, sin que se trate de profundas transformaciones sociales, la existencia de esos gobiernos progresistas representa una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes tanto de los pueblos originarios -para fortalecer, por ejemplo, su autonomía-, como de las grandes masas de pobres y excluidos de la ciudad y del campo.
No parecen darse cuenta, en efecto, que oponerse hoy a esos regímenes, cuando no hay en el horizonte otra alternativa de izquierda, es favorecer la accesión al gobierno de sus sectores más reaccionarios, es decir, de las tradicionales y nefastas oligarquías, enfeudadas al capital internacional. Estos sectores en el poder, no tendrán otra preocupación mas urgente que la de desmontar, de manera cruel y sistemática, todo lo positivo que se haya hecho hasta ahora, entre lo cual estarán, inevitablemente, las conquistas de los pueblos originarios, a comenzar por la autonomía.
El nuevo paradigma
Las luchas de los pueblos originarios, por recuperar sus territorios, defender su cultura y modos de vida, son justas. Por eso suscitan la solidaridad activa de diversos sectores sociales, entre los cuales están naturalmente los partidos de izquierda. Sin embargo, es absolutamente ilusorio creer que solos, aislándose de las luchas generales de los otros sectores populares, van a poder preservar las condiciones de vida actuales, que les han inspirado la noción del «buen vivir», alejados de los progresos científicos y tecnológicos, y en plena armonía con la madre naturaleza.
Por el contrario, todo parece indicar que la evolución de estos pueblos hacia la modernidad, con todas sus virtudes y todos sus defectos, ha comenzado ya desde hace décadas y que, la mercadería y el dinero (conceptos marxistas) tienen entre ellos un particular y preocupante efecto corrosivo. Se sabe, en efecto, que en múltiples regiones, la tala ilegal de árboles, la explotación ilegal de la fauna y de la flora silvestre, y también la explotación informal (léase ilegal) del oro en los cursos de agua, actividad extremadamente contaminante, ya se esta haciendo con el visto bueno y la participación de ciertas poblaciones indígenas.
Sin embargo, enfrentados como estamos ante el grave deterioro de la salud del planeta, que nos afecta a todos por igual, coincidimos con las organizaciones indígenas, y con algunos intelectuales que las apoyan, que la relación que tienen los pueblos originarios con la naturaleza, puede constituir la base de un nuevo paradigma civilizatorio, que no será nunca incompatible con la idea que nos hemos hecho siempre del socialismo. Pero, para llegar a esa fase de la evolución, hay que terminar antes con el sistema capitalista, responsable de la crisis ambiental, y de la miseria en el mundo.
Para eso hay un solo camino, que pasa por reunir las fuerzas populares, y no dividirlas, para las futuras batallas.