Los 12 docentes, que conforman el Centro de Economía Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), enviaron este martes una carta al primer mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, en la que analizan varios puntos tocados por el Foro de Economía y Finanzas Públicas. Sostienen que un Estado democrático debe garantizar la prestación de servicios públicos de educación, salud, seguridad ciudadana y un fondo de pensiones para los jubilados, dignas y sostenibles, y por ello se deben recaudar impuestos de manera eficiente y evitar la evasión fiscal.
Quito, 16 ene (Andes).- Los académicos que integran el Centro de Economía Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) enviaron este martes una carta al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, donde refutan varios puntos expresados por los miembros del Foro de Economía y Finanzas Públicas que tienen previsto reunirse con el jefe de Estado en Guayaquil.
En ocho páginas, señalan que la misiva enviada por el Foro de Economía y Finanzas Públicas presenta la visión particular de sus integrantes la situación del país y la política económica que el gobierno nacional debería asumir.
El análisis propone que es necesario sostener la producción de las empresas y el consumo de los hogares, impulsar las exportaciones y la inversión, y dicen que a partir de la experiencia de este y otros países, se demuestra que la mejor forma de incentivar la inversión es reducir la tasa de interés, y promover el acceso de los sectores productivos a fuentes de financiación.
Asimismo añaden que es falso que en Ecuador se cobran demasiados impuestos y se apoyan en las estadísticas tributarias de América Latina y el Caribe elaboradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Argumentaron que según estos organismos, en 2015 los ingresos tributarios de Ecuador, 21% del PIB, son menores al promedio de países de América Latina y el Caribe, 22,8% del PIB».
Exponen, además, que es importante para un Estado democrático la prestación de servicios públicos de educación, salud, seguridad ciudadana y un fondo de pensiones para los jubilados, dignas y sostenibles, y por ello se deben recaudar impuestos de manera eficiente y a la par evitar la evasión y la elusión fiscal.
En ese orden, precisan que en agosto de 2017, el Servicio de Renta Interna (SRI) informó sobre las deudas pendientes de pago de los integrantes de grupos económicos, que ascienden a 2.260 millones de dólares.
Instan también al Ministerio de Economía y Finanzas a publicar la información detallada sobre la deuda pública agregada y sobre los compromisos de pago del gobierno central y para ello proponen que se mejore la transparencia de la información y corrija los mecanismos de control de la gestión presupuestaria.
El país, en su opinión, requiere nitidez en la información de las finanzas públicas, tanto como limpidez en los balances contables de las empresas, al tiempo que la Superintendencia de Compañías puede mejorar su gestión para promover la transparencia de la información del sector empresarial.
Además, señalan que el sistema de Seguro Social todavía padece de dificultades para transparentar sus cuentas pasadas y futuras, ocasionando una débil protección financiera.
«Creemos que una reforma integral del sistema de seguridad social hacia un modelo sostenible, equitativo y con mayor cobertura, es un paso fundamental en la construcción de un país democrático e incluyente», acotan.
En lo que tiene que ver con el sector laboral, al cual consideran como una pieza clave para la reactivación económica y el desarrollo del país, señalan que es importante promover el consenso entre trabajadores y empleadores para mejorar las condiciones laborales, evitando su precarización.
Proponen impulsar programas de crédito y capacitación a los sectores productivos intensivos en mano de obra; y articular el componente de protección social, no solo en el corto plazo (seguro de desempleo), sino también de mediano plazo (créditos hipotecarios y quirografarios) y de largo plazo (vejez y viudez) mediante la afiliación al IESS, con énfasis en el componente de afiliación voluntaria.
«La política económica puede mejorar, perfeccionando los avances que el país ha alcanzado en la década pasada y corrigiendo los errores cometidos, especialmente aquellos que tienen relación con la corrupción público – privada develada en varios procesos de contratación pública», indicaron.
Finalmente se mostraron dispuestos a «participar en el diálogo nacional para contribuir con criterios técnicos y estrictamente académicos en la definición de la política económica de su gobierno».