La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó considerar la demanda de Ecuador contra Colombia por la muerte del ecuatoriano Franklin Aisalla en el bombardeo contra un campamento guerrillero en Angostura, en marzo de 2008. La resolución difundida hoy por la agencia pública Andes consta en un informe firmado en Washington el 21 de […]
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó considerar la demanda de Ecuador contra Colombia por la muerte del ecuatoriano Franklin Aisalla en el bombardeo contra un campamento guerrillero en Angostura, en marzo de 2008.
La resolución difundida hoy por la agencia pública Andes consta en un informe firmado en Washington el 21 de octubre pasado por Felipe González, presidente del organismo y por los miembros de la Comisión. Ecuador alega que el Estado de Colombia incurrió en la violación de derecho a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio del ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla.
Aisalla fue presuntamente ejecutado de forma extrajudicial por agentes de la fuerza pública de Colombia en la denminada «Operación Fénix» llevada a cabo contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano.
La decisión fue calificada por el Procurador General del Estado ecuatoriano, Diego García, como un precedente jurídico inédito, pues desde su creación en 1959 es la primera ocasión que la CIDH admite una denuncia de un Estado contra otro.
Ecuador denunció el 11 de junio de 2009 que Aisalla, quien se encontraba en el campamento bombardeado, habría sido ejecutado extrajudicialmente por miembros de la fuerza pública colombiana, basado en los resultados de las necropsias realizadas.
Los cadáveres hallados en el campamento «revelaron la práctica de ejecuciones extrajudiciales a individuos que se encontraban en estado de indefensión», lo cual fue confirmado por peritos franceses, quienes confirmaron las muertes por disparos a corta distancia.
En la denuncia se indica que en el lugar del bombardeo se encontraron «aletas estabilizadoras de bombas inteligentes» y otras evidencias que indicarían que el mismo no fue efectuado por aviones Súper Tucano, como afirmaba el Estado colombiano.
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