Que las cuestiones económicas se definen o están determinadas por relaciones de poder es quizá más evidente cuando se trata de los asuntos internacionales, de la geoeconomía. En estos días, cuando se ha presentado como ineludible la firma de un Acuerdo Comercial con la Unión Europea, sentimos el peso específico de esos poderes. Al iniciar […]
Que las cuestiones económicas se definen o están determinadas por relaciones de poder es quizá más evidente cuando se trata de los asuntos internacionales, de la geoeconomía. En estos días, cuando se ha presentado como ineludible la firma de un Acuerdo Comercial con la Unión Europea, sentimos el peso específico de esos poderes.
Al iniciar el siglo los tratados de libre comercio, en particular el ALCA en el continente, fueron impulsados como instrumento clave de la agenda neoliberal. Procesos de resistencia desde los pueblos -que incluyeron profundos análisis económicos para develar las implicaciones de sus contenidos- aunados a intervenciones decisivas de gobernantes impulsores de cambios, llevaron a frenar en 2005 la imposición de tal Acuerdo lesivo a nuestros países. Desde entonces, la realidad en torno a los tratados comerciales no se ha simplificado, al contrario ahora, crisis y búsqueda de recomposición capitalista con agenda neoliberal recargada por medio, es más compleja, si cabe más enredada. Por eso, cualquier análisis y, peor aún, toma de decisiones al respecto, debería recoger lo andado y poner en perspectiva nuevas implicaciones, nuevos datos de la realidad.
El nombre de los instrumentos parece haber pasado a un segundo plano, la declaración de principios sobre el libre comercio puede o no estar en el titular (acuerdo, tratado o lo que fuera), mientras se ubique en la médula de su estructura. Ese meollo no alude, en sí, a la relación comercial convencional entre países o grupos de países, con más o menos controles o regulaciones, con más o menos flujos de más o menos productos. Lo medular tiene que ver con la institucionalización mundial de los ‘derechos’ de las corporaciones y empresas privadas frente a los países, con la formalización y protección de los intereses privados y particulares frente a los públicos y comunes. Por supuesto esto reviste grandes complejidades -geopolítica por medio-, pero en esencia se trata de la relación de los estados -todos, los del Norte y los del Sur global- con las corporaciones, en momentos en que éstas detentan ya un poder superlativo.
Quizá esto, que ha sido uno de los llamados de alerta en las luchas de resistencia desde el Sur a estos instrumentos, se vea más claro al considerar el tratado que actualmente se negocia entre UE y USA. Es decir, no se trata, como tendíamos a mirar, de instrumentos sólo para consagrar las desiguales e injustas relaciones entre países enriquecidos y empobrecidos, entre el Norte y el Sur, hoy en ese tratado entre ‘pares’, entre los poderosos del Norte, se disputan precisamente los alcances de las corporaciones frente a los estados.
A ese nivel ¿qué tipo de conflictos puede surgir? Un ejemplo de los más blandos es el actual proceso de venta de la corporación privada francesa Alstom, que por su tamaño y por estar en el sector estratégico de energía ha recibido en varios momentos ventajas e inyección de recursos públicos, cuya compra han disputado la norteamericana General Electric y la alemana Siemens. Las voces públicas aparecen un poco tarde para reclamar ser consultadas, para intervenir de algún modo en una transacción en la que están en juego los recursos públicos invertidos, el control de las capacidades industriales del país y de temas estratégicos y de interés público como el manejo de transporte público involucrado. Vemos estados y poderes públicos a la zaga, disputando algún poder de negociación ante estas corporaciones que tienen el poder de hecho, no sobre ‘sus propiedades’, sino sobre procesos estratégicos que incluyen recursos públicos -los invertidos directamente y los que hacen parte de las condiciones creadas para la famosa ‘competitividad sistémica’-, asuntos de interés general, pero que están siendo manejados y definidos desde el poder y el interés privado.
Esta es la UE con la que se negocia, representada por un aparente poder público con real dominio de las corporaciones que a estas alturas no influencian, controlan.
En este contexto, en que la UE en tanto articulación de países, en tanto expresión de poderes públicos no tiene capacidad o posibilidades de definir y defender sus propios intereses públicos -pues prevalece una relación de poder tan supra en todos los sentidos- resulta ingenuo, por decir lo menos, suponer que cambiando algún término en el nombre o algunos detalles accesorios en el contenido cambie algo de lo sustantivo. Un cambio cosmético no podrá esconder que se trata de un formato único, similar a lo irresponsablemente firmado por los gobiernos de Perú y Colombia -dónde vemos ya los dramáticos efectos en el campo, entre otros-.
Encontramos, sin embargo, que se esgrime el mismo argumento que los impulsores locales del ALCA y sus sucedáneos han repetido por años: se trata de asegurar mercados para los productos que ya nos compran y ojalá otros -anclando así una matriz productiva que se busca cambiar-, de mantener ventajas arancelarias y, más bien como pretexto, proteger empleos en esas empresas o sectores. En esa balanza, toda la rica agenda de soberanía y transformación económica contenida en la Constitución y otros instrumentos, así como la de integración alternativa lucen huérfanas, carentes de poder.
Junto con ello, se observa una discrepancia entre lo que cada parte dice estar negociando. La voz de los protagonistas no da lugar a interpretaciones: los voceros de la UE no han dejado de referirse a la adhesión a un acuerdo en iguales condiciones que lo firmado con Perú y Colombia. Los representantes de nuestro gobierno, sin duda con buenas intenciones y buena voluntad, dicen que se firmará otra cosa, algo ‘mejor’. Y, casi por encima de los unos y los otros, los representantes empresariales criollos y europeos protagonizan cada vez más las negociaciones y las vocerías, al punto que sus declaraciones sobre la importancia, ‘necesidad’, anticipación de la firma y otros toman la delantera y pasan a ser secundados por anuncios oficiales.
¿Podremos revertir las cosas al constatar -no eventual sino seguramente- que ‘nos equivocamos’, como se ha dicho? No estamos ante un dilema jurídico o burocrático, sino ante un asunto de poder económico y político que, de no ponerse en la perspectiva de sus verdaderos alcances e interrelaciones con lo global, terminará por dar al traste con todos los esfuerzos transformadores avanzados en el país, será una derrota histórica irreversible.
Magdalena León es economista ecuatoriana.
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