Río de Janeiro, militarizada para potenciar las posibilidades electorales de Temer.
El decreto de intervención federal avalado por el Senado se empezó a gestar a pesar de que el comandante general del ejército, Eduardo Villas Boas, considerara -en un reportaje concedido al periódico Estadão el 17 de febrero- que las actividades de control de la seguridad interna terminan siendo muchas veces «desgastantes, peligrosas e inocuas» e implican un alto nivel de riesgo ante el fluido contacto de los uniformados con el crimen organizado, tal como la experiencia de México demuestra.
Como justificación ante las probables externalidades de la ocupación militar, Villas Boas señaló que «dada la gravedad de la crisis, la solución exigirá (…) sacrificio de los poderes constitucionales, las instituciones y eventualmente de la población». Para ejecutar el cerrojo sobre la población civil marginada, sin embargo, los militares exigen -recalcó Villas Boas- «garantías que permitan accionar sin riesgo ante posibles futuras Comisiones de la Verdad». En el pasado, estas Comisiones identificaron a torturadores y asesinos que participaron de las persecuciones y las torturas a activistas políticos y sociales durante la última dictadura, sin siquiera ser condenados. En otras palabras, las fuerzas armadas reclaman vía libre para ejecutar el disciplinamiento tan necesitado por los grupos concentrados de Brasil (que se horrorizan ante el regreso del populismo), pero que no dejan de observar con desconfianza el ejemplo argentino de enjuiciamientos por crímenes de lesa humanidad.
La militarización de los barrios populares ha sido, en forma recurrente, el reclamo del candidato ultraderechista Jair Messias Bolsonaro, que aparece en segundo lugar en todas las encuestas de cara a las presidenciales del 7 de octubre, a veinte puntos de Luiz Inácio Lula da Silva. Según Bolsonaro, «Temer ya robó muchas cosas, pero mi discurso él no podrá robarlo». Horas después de que el decreto fuera respaldado en el senado por 55 votos contra 13 negativos y una abstención, uno de los asesores comunicacionales del actual presidente, el publicista Elsinho Mouco, presentó a Temer como un potencial candidato dispuesto a la reelección en su cargo. Según Mouco, la «lucha contra la delincuencia lo favorecerá en las encuestas». Bolsonaro es el más firme propagandista de las soluciones represivas y de la tortura como dispositivo para enfrentar el delito.
A fração da providência
La decisión de Temer fue interpretada por gran parte de los analistas políticos como una inocultable cortina de humo para ocultar la derrota en el Congreso, donde no logró alcanzar los votos necesarios para aprobar la reforma jubilatoria. La carencia de apoyo se vio expresada en la movilización nacional de la Central Única de Trabajadores (CUT) que el día lunes 19 llevó a cabo más de veinte movilizaciones simultáneas en diferentes ciudades, incluyendo un paro de bancarios y de metalúrgicos. El titular de la CUT, Vagner Freitas, caracterizó el traspié de Temer como el resultado de la unidad de amplios sectores sociales que resistieron durante un año los embates de las políticas neoliberales que reclaman un menor gasto público a costa de los ancianos. La consecuencia inmediata fue el retiro de la pretendida Ley de Providencia de la agenda parlamentaria por parte del presidente del Congreso, senador Eunicio Olivera, y su sustitución por la ocupación militar de Río. A esa altura, la alianza golpista liderada por Temer llevaba ya catorce infructuosos meses tratando de conseguir los 308 votos necesarios para la reforma del sistema jubilatorio.
El decreto que otorga control territorial al Ejército por sobre la policía militar se dio a conocer el 16 de febrero, la misma semana en que Lula participaba de una movilización en Minas Gerais junto al Movimiento de los Sin Tierra y se disponía a darle inició su campaña electoral en Belo Horizonte. La decisión gubernamental dispone que el general del ejército Walter Souza Braga Netto acapare el control de la Secretaría de Seguridad, Policías Civil y Militar, Cuerpo de Bomberos y el sistema carcelario en el estado de Río de Janeiro. La intervención federal se constituye de esta forma en la primera medida de esas características efectivizada en Brasil desde la aprobación de la constitución de 1988.
Durante la semana pasada, la presencia del Ejército se concentró prioritariamente en los barrios marginales de la Maré y en el Complejo del Alemán, donde habitan algunos de los sectores más carenciados de la ciudad que fuera la segunda capital de la República Federativa de Brasil hasta 1960. La consigna militarista de Bolsonaro -con la que Michel Temer pretende escalar posiciones- ha sido impulsada por otro actor central de la política brasileña, la red O´Globo, perteneciente a la familia Marinho (una suerte de Magneto local). El 20 de febrero, el editorial del influyente Jornal de los Marinho afirmaba que la intervención federal era «una oportunidad para sanear las instituciones y fundamentalmente para que las acciones coordinadas entre las fuerzas federales y las policías del Estado surtan el efecto que no han tenido hasta aquí. Pero es preciso -remarca el editorialista- que esas acciones sean duraderas». Uno de los noticieros televisivos más vistos en Brasil, el Jornal Nacional (JN), también perteneciente a la Red O´Globo. se encargó los últimos tres meses de generar el clima propicio para la intervención militar. Según una investigación divulgada por Renata Mielli, coordinadora del Foro Nacional para la Democratización de la Comunicación, de las últimas 41 ediciones televisivas previas al 16 de febrero de 2018, fecha en la que firmó el decreto, 23 programas mostraron situaciones de violencia extrema, comunicando un clima de terror cuya respuesta fue la medida dispuesta por Temer.
La Escola do Samba Paraíso do Tuiuti se presentó en Río con un Michel Temer trasmutado en vampiro
(Créditos: Cohete a la Luna)
O gran fantasma
El miércoles último el líder del Partido de los Trabajadores, que lidera las encuestas y que fue presidente entre 2003 y 2010, declaró: «El problema no es Lula, son los millones de Lulas. Pueden intentar acabar conmigo, contar la cantidad de mentiras que cuentan liderados por la Red O Globo, pueden intentar demonizar al PT. No soportan que el pobre viaje en avión». En el discurso de apertura de su campaña electoral anunció: «Voy a regresar para garantizarle a este pueblo el derecho de vivir mejor». La persecución jurídica con la que se pretende proscribir su candidatura se basa en una imputación fraudulenta: la propiedad de un departamento cuya titularidad habría sido producto de un soborno. En el Derecho Brasileño, la propiedad de un inmueble es válida únicamente a través de una escritura pública inscripta en el Registro de Inmuebles correspondiente al inmueble. La acusación del juez Sergio Moro se basa en que Lula habría sido propietario «de hecho» y no de derecho, figura que no existe en la jurisprudencia.
Los letrados que representan a Lula, que enfrenta otros seis procesos judiciales penales, esperan la respuesta sobre dos requisitorias presentadas en las últimas semanas: por un lado, dos habeas corpus orientados a evitar que sea detenido antes que concluyan las instancias judiciales, y por el otro, un recurso específico contra la condena a doce años de prisión, cuestionado por omisiones y contradicciones de la propia sentencia. El recurso, cuya nominación técnica es «embargo de declaración», cuestiona 38 omisiones, 16 contradicciones y 5 puntos ambiguos de la sentencia del tribunal de segunda instancia que condenó a Lula el pasado 24 de enero. Si bien esta última alternativa no tiene capacidad para alterar la sentencia, permitiría generar un clima propicio para la continuidad de la campaña electoral desarrollada en la actualidad por el PT.
La ocupación de las periferias fluminenses aparece como la asunción de las recomendaciones del Comando Sur, entidad dependiente del Pentágono que vigila aquello que el Departamento de Estado denomina Hemisferio Occidental y que la doctrina Monroe bautizó «patio trasero» de los EE.UU. La «guerra contra el narcotráfico» es parte de una confrontación contra las barriadas populares de América Latina, basadas en el control social disciplinario que permite evitar su empoderamiento social. Los dispositivos militares desplegados parecen estar orientados, en Brasil, a contener el posible descontento y malestar frente encarcelamiento del dirigente político más importante del país, Lula da Silva.
Tristeza não tem fim
A pesar de que Río de Janeiro no es la ciudad con mayores índices de violencia en Brasil (ocupa el undécimo lugar), la convocatoria a las Fuerzas Armadas no es nueva allí. La particularidad del decreto presidencial es el carácter de intervención federal que instituye al Ejercito con la máxima responsabilidad sobre el territorio. En los últimos diez años, Río ha sido epicentro de 67 convocatorias a los militares para desplegar sus fuerzas con presencias en sectores específicos, como en las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2013, el mundial de futbol y las olimpíadas. Durante ese mismo período, 17 estados de la república federativa han sido intervenidos por acciones específicas de las fuerzas armadas. Sin embargo Río aparece como la ciudad que mayor cantidad de operaciones militares ha visto desplegarse en su perímetro metropolitano.
Algunas de las intervenciones más recordadas y fracasadas se llevaron a cabo durante 2007, 2010 y 2016 en el Complejo del Alemán, Salgueiro y la Maré, y en 2017 en la Rocinha, una de las favelas más populosas del sur carioca. La espectacularización represiva que supone el ascenso de los carros militares por los morros ha fracasado todas las veces que fue utilizada. Sin embargo fue una imagen reproducida hasta el hartazgo por la red O´Globo, como mecanismo destinado a encubrir las verdaderas razones del problema de la seguridad ciudadana. Todas las investigaciones en relación a la temática de seguridad coinciden en describir a las organizaciones vinculadas al narcotráfico como grupos que poseen capacidad de control territorial y vínculos de protección por parte de las agencias gubernamentales dedicadas la seguridad, que no logran erradicarse debido -básicamente- a la incapacidad del Estado para integrar socialmente a las poblaciones controladas por los carteles de la droga.
La desesperada intentona de Temer de ocupar políticamente la franja derecha del electorado, se encuentra motivada por el privilegio de las soluciones represivas facilistas y es consecuencia de una sistemática siembra de pánico moral. La propaganda basada en el mágico -e inmediato- mejoramiento de los estándares de seguridad ha ocultado reiteradamente que las únicas acciones exitosas en ese campo se han basado en políticas públicas integrales: la urbanización y el saneamiento de los espacios más empobrecidos, la diversificación de las orientaciones educativas ofrecidas a los adolescentes y su apoyo mediante becas estudiantiles, las medidas de empleabilidad protegida, la asistencia social a los niñxs y jóvenes de padres ocupados/empleados, la diversificación de políticas comunitarias participativas, la incorporación de los barrios marginados en las redes integradas de servicios públicos y el desarrollo de acciones preventivas (de inteligencia) con participación informacional de las organizaciones de base territorial conformadas y legitimadas por los Estados locales.
En Colombia o en Perú -máximos productores mundiales de cocaína- las bases militares y sus intervenciones se instituyen como pretexto de la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que la densidad de las tierras cultivadas se amplía año a año sin que los dispositivos de seguridad de las fronteras elaboren mecanismos para impedir su circuito. En México, la incorporación de las fuerzas armadas a la lucha contra la droga multiplicó los niveles de violencia y de inseguridad. En 2017 la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes se amplió en un 50 % con respecto al promedio del lustro anterior (en la actualidad unos 117 diarios), y se constituyó en la cifra de muertes violentas más alta de su historia. El efecto sobre la reducción del narcotráfico ha sido nulo: las redes de los carteles continúan ampliándose con el agravante del crecimiento de la capacidad bélica de sus grupos paramilitares, que adquieren novedosas armas en EE.UU., a cambio de remesas de estupefacientes.
El neoliberalismo en América Latina se ve acuciado por la necesidad de sostener su modelo de acumulación a través de la exclusión, la reducción de la democracia y la proscripción de los candidatos rebeldes. Represión, vaciamiento del estado de derecho y militarización de la sociedad son parte del mismo fenómeno. Los resultados son previsibles.
Jorge Elbaum es sociólogo, doctor en Ciencias Económicas y titular del Llamamiento Argentino Judío.
Fuente: http://www.elcohetealaluna.com/ahi-vienen-los-tanques/