Las medidas adoptadas en los últimos días por el Gobierno español, lejos de calmar a los mercados suscita muchas dudas sobre los objetivos reales que persiguen. Su capacidad para aumentar los ingresos del Estado se ha puesto en cuestión y parece más probable que busquen apuntalar el modelo de sociedad teorizado por el Tea Party.
Me han pedido un análisis de los cambios que aprobó el Gobierno de Rajoy el viernes 13, que se publicaron en el BOE al día siguiente y que han sido aprobados este jueves en un Congreso blindado y entre manifestaciones de protesta. El mismo jueves los parlamentos de Alemania y Finlandia dieron su apoyo al plan de ayuda al Estado español. En el caso de Finlandia, el Gobierno ha negociado con el Reino de España garantías adicionales para apoyar el plan. Pues ha sido votar el jueves, firmar el Memorando de Entendimiento el viernes, pedir la Comunidad de Valencia el rescate a Madrid… y se ha desplomado la bolsa y ha subido la prima de riesgo por encima de 600 puntos. Parece que aquel gigante que quería participar en el G8 tenía realmente los pies de barro y se está desmoronando, precisamente, por el llamado Estado de las Autonomías, aquel invento del «café para todos» para seducir a las naciones sin estado.
Sea de todo ello lo que fuere, el decreto que ha soliviantado a todo el mundo y que recoge los últimos cambios propuestos por el Gobierno del PP tiene casi 100 páginas y modifica una gran cantidad de leyes y decretos, por lo que resulta complicado hacer una lectura del mismo. Sin perdernos en los detalles, se podrían agrupar las medidas aprobadas en cuatro grandes grupos para poder hacer así una valoración más general.
El primer grupo es el de las medidas que afectan al funcionariado: supresión de la paga extra, reducción del número de días libres y permisos, etc. Estas medidas también afectan al personal de Justicia y a los profesores de los centros de enseñanza concertados; es decir, el Gobierno ha intentado trasladar la bajada de sueldos a todo el personal que directa o indirectamente cobra de la Administración. A primera vista puede parecer un gran ahorro eliminar una paga, pero en realidad no es para tanto. Es más, es una medida que ilustra a la perfección el efecto que tienen los recortes en los ingresos del Estado. El Gobierno calcula ahorrar unos 4.000 millones de euros. Una paga menos en diciembre significa menos gastos, pero también menos ingresos, ya que Hacienda pierde las retenciones que tendría que haber hecho a esa paga. A lo que hay que añadir que las retenciones que se han hecho a las nóminas el resto del año se han calculado sobre los ingresos anuales; con una paga menos, los ingresos serán menores, con lo que, cuando el año que viene los funcionarios hagan la declaración de la renta, Hacienda les tendrá que devolver más de lo previsto por las mayores retenciones de este año. Así que menos ingresos también el año que viene.
Por si esto fuera poco, a menores ingresos menor consumo. Y la gente generalmente planifica algunos grandes pagos anuales, como los seguros por vivienda o por el coche, para que coincidan con la extra de navidad. A falta de esa paga, algunas familias empezarán a ahorrar desde ahora para poder hacer frente a esos pagos de diciembre. Así que el gasto se va a contraer más, lo que supone menos ingresos para comerciantes, hosteleros, agricultores… que también tendrán que apretarse el cinturón; y así en cascada, todo el mundo irá notando que sus ingresos van cayendo.
Y si cae el consumo, seguramente no haya mayores ingresos por la subida del IVA. De modo que es dudoso que retirar una paga a los funcionarios le sirva al Estado para ahorrar y, además, tiene un claro efecto negativo sobre la economía, sobre la recuperación económica y sobre el empleo. A lo mejor les sirve para ir sacando pecho por el mundo y decir que sí se atrevieron, pero poco más. Aunque también puede ser que, de liberales que son, no soporten lo público y no se les haya ocurrido otra cosa para seguir deteriorando la imagen y el funcionamiento de la Administración como paso previo a su desmantelamiento y privatización.
El segundo grupo de medidas van relacionadas también con la reducción del gasto público y entre ellas están los recortes en la Ley de Dependencia, que la dejan totalmente desnaturalizada; el recorte en la prestación de desempleo a partir del sexto mes no tiene justificación posible en un país con casi una de cada cuatro personas en disposición de trabajar en paro; y, por último, los recortes en los presupuestos de los ministerios, que totalizan 600 millones, lo que no llega ni al 1% del presupuesto del Estado. El ministerio que más recorta es el de Fomento, con alrededor de 150 millones, quedando el resto muy por debajo de esa cifra. En este apartado de medidas llama la atención la poca entidad de los ahorros que se han planteado.
Parece que con estas decisiones se buscan otro tipo de objetivos. Se me ocurren dos. Uno de corte más ideológico, que busca desmontar las pocas prestaciones del Estado de Bienestar que quedan; y el otro más ligado a intereses pecuniarios, porque, aunque han parado muchas obras públicas, todavía hay muchas en marcha (como las obras del TAV a cuatro pasos de mi casa) y su paralización posiblemente mejoraría sustancialmente las cuentas del Estado, pero empeoraría, y mucho, las de las grandes constructoras, que además están endeudadas hasta las cejas, por lo que una bancarrota pondría, a su vez, contra las cuerdas a la banca. He ahí a la mitad de las grandes empresas de la economía española colgando de las faldas de ese Estado que tanto odian los liberales de la derecha.
El tercer grupo de medidas busca un aumento de la recaudación por la vía de subir los impuestos y algunas cotizaciones a la Seguridad Social. El cambio más importante es la subida del IVA, que es un impuesto que se paga igual independientemente de lo que gane cada uno, por lo que esta subida repercutirá fundamentalmente en las personas que menos recursos tienen. Es por lo tanto una subida injusta. Además, esa subida empujará a los precios hacia arriba, lo que provocará que caiga todavía más el consumo. En el caso de que no se repercuta la subida, o se repercuta solo de una manera parcial, supondrá una pérdida de ingresos para productores o vendedores. ¿La consecuencia final de todo ello? Que caerá el consumo. La recaudación aumentará algo por la subida de los tipos, pero disminuirá algo también por la caída del consumo. Tampoco parece que sea una medida vaya a arreglar las cosas.
La subida del IVA ha sido importante. Los tipos han pasado del 18% al 21% y del 8% al 10%, mientras el más bajo se ha mantenido en el 4%. A esta subida general hay que añadir el cambio de algunos grupos de mercancías de un tipo a otro y en el que resulta llamativo el paso de la cultura, cine, teatro, etc., del tipo reducido al general, esto es, del 8% al 21%. Dicho de otra manera, han subido el tipo de esos servicios en un 262,5%. Una subida terrorífica que tampoco tiene mucho sentido, ya que la mayoría de los productos culturales son los que peor encaje tienen en eso que llaman mercado. Es cierto que hay negocios boyantes, pero son una minoría. En el caso de los productos culturales, la decisión parece tomada con las tripas en venganza por los posicionamientos públicos de una gran mayoría de artistas contra la guerra de Irak y en apoyo a Zapatero.
El cuarto grupo de medidas incluye las relacionadas con la regulación de los horarios comerciales, las rebajas, la determinación de las zonas de gran afluencia turística… Más que de regulación se puede hablar en este caso de eliminar la regulación de acuerdo con los postulados liberales defendidos por la ortodoxia del PP. Si los efectos de la desregulación en el campo de las finanzas ha sido fatal, no hay razón para pensar que en el comercio las cosas vayan a ir de otra manera. Con estas medidas no solo dejan claro cuál es el modelo de sociedad que impulsan, sino que además entran a regular competencias que están en manos de las autonomías, para subrayar que se ha terminado de hecho el modelo actual de descentralización administrativa y que se camina hacia una recentralización de todas las competencias en la Administración Central.
Completado el repaso general de las medidas tomadas por el Gobierno de Rajoy se puede hacer una lectura en clave económica y otra más política. Desde el punto de vista económico, difícilmente se podrá conseguir el objetivo declarado de equilibrar las cuentas públicas, toda vez que las medidas propuestas, como la supresión de una paga a los funcionarios o la subida del IVA, merman la capacidad de la economía para crecer y crear empleo, mientras que los gastos menos productivos desde ese punto de vista, como son las inversiones en grandes infraestructuras, apenas se tocan, seguramente obligados por las servidumbres hacia las grandes empresas. En este sentido, es significativo que anunciaran una tasa especial al sector eléctrico y una semana después todavía nada se sepa del asunto. A diferencia de lo que han hecho con otros sectores, con las eléctricas sí estarán negociando los términos de su aportación.
Desde el punto de vista político se observa un exquisito cuidado en la elección de las medidas con el objetivo de apuntalar el modelo de sociedad liberal teorizado por el Tea Party y basado en la destrucción del Estado del Bienestar, la desregulación más absoluta de la economía y la centralización del Estado. Asimismo, han sido cuidadosos a la hora de repartir las cargas de la crisis entre los sectores con los que de una u otra manera consideraban que tenían cuentas pendientes como pueden ser las y los funcionarios, parados y artistas. Desde esta perspectiva cobra pleno sentido el «qué se jodan» de Fabra en el Congreso. El ajuste de cuentas poco tiene que ver con los números.
Fuente: http://www.gara.net/paperezkoa/20120722/353426/es/Ajuste-cuentas