Ajuste, lucha de gabinete y lucha de clases

Guzmán, cumpliendo el sueño de Dujovne

El ajuste que está teniendo lugar desde que asumió el Frente de Todos es una realidad imposible de negar por muchas volteretas que se busque dar para explicar que esto no sería lo que está ocurriendo. Una de las muestras recientes de este intento la encontramos en una nota del columnista económico de Página/12 Alflredo Zaiat que, como señala Fernando Rosso en su réplica, incurre en una serie de falacias que no le alcanzan para tapar el sol con las manos. El grado de este ajuste, sobre todo desde finales de 2020 y durante los primeros cuatro meses de este año, sorprende gratamente a los habituales voceros de la austeridad que pasean habitualmente por los programas de televisión. Domingo Cavallo congratuló en los últimos días a Martín Guzmán porque “puede exhibir los resultados de los cuatro primeros meses como un ajuste fiscal muy superior al presupuestado”. El exministro de Menem y De la Rúa destacó que dicho ajuste “es consecuencia de un gran aumento de la recaudación impositiva y de un atraso importante de las prestaciones de la seguridad social y de los sueldos públicos en comparación con el resto de los gastos”.

Es que mientras el ministro de Economía se cruzaba con su subordinado Federico Basualdo, el subsecretario de Energía, y con otros funcionarios, por el alcance de los aumentos tarifarios de este año y otras cuestiones de la política económica, en un cruce que era leído desde algunos sectores como una puja entre ajustadores y no ajustadores dentro de la coalición oficial, estaba teniendo lugar un recorte del gasto y del déficit que supera holgadamente lo que dice el presupuesto. Esto, que era evidente para cualquiera que mirara las planillas de Economía, no produjo ningún chispazo entre los miembros de la coalición gobernante. Veámoslo más en detalle.

1. Si observamos el resultado fiscal en los cuatro primeros meses del año, podemos comprobar que el gasto crece muy por debajo de la inflación (el Tesoro amarroca), mientras que la recaudación vuela, sobre todo gracias a los altos precios de la soja. Los ingresos del Tesoro nacional crecieron a un ritmo de 63,9 % respecto del primer cuatrimestre de 2020, mientras que los gastos solo aumentaron 33,1 %. Abril mostró un aumento de precios minoristas de 46,3 % anual, lo que significa que hay una reducción del gasto en términos reales de poder de compra.

2. Los más castigados por este “ajuste” (con perdón del término) del presupuesto fueron las prestaciones sociales, que aumentaron nominalmente 24,3 % en enero-abril respecto de igual período de 2020, es decir, la mitad del ritmo inflacionario. Esta partida engloba jubilaciones, asignación universal por hijo y otras transferencias. Los haberes jubilatorios mostraron en abril una caída en su poder de compra de 13,4 %, que como afirma un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), es “explicada mayoritariamente por la brecha entre la actualización de los haberes ajustados según la nueva fórmula de movilidad y la tasa de inflación”. Sería embarazoso que alguna proclama, como la que difundieron el 25 de mayo algunos referentes del kirchnerismo manifestándose por un cambio de rumbo económico, hiciera aspaviento sobre este punto; tanto la suspensión de la movilidad jubilatoria desde comienzos de 2020, como el nuevo cambio en la fórmula de ajuste, los dos pasos que habilitaron este nuevo robo a los jubilados que continuó el realizado por Macri, solo se pudieron llevar a cabo gracias a los votos de diputados que responden a Máximo Kirchner y de los senadores que se encolumnan tras CFK aunque como vicepresidenta no sea formalmente la titular del bloque. Difícil esquivar el bulto del rol protagónico que les cabe en las cuentas que Guzmán pone en orden para contentar al FMI.

3. Aunque la pandemia no ceja, el gobierno casi no se desvió de lo presupuestado y evitó aumentar los gastos sociales por fuera de los $ 15.000 por única vez otorgados a los beneficiarios de la AUH, y la ampliación de la Tarjeta Alimentar. Esto explica que en abril el gasto en “otros programas sociales” mostrara una caída de 61,7 % en términos reales, que se debe a la ausencia de cualquier IFE.

4. Como observa la OPC y destacaba el lunes pasado Marcos Buscaglia, el columnista económico que acompaña a Carlos Pagni en Odisea Argentina, el resultado fiscal, bastante cercano a un “déficit cero”, se alcanza incluso sin contar el “aporte solidario” a las grandes fortunas, que lleva recaudados $ 145.000 millones y planea llegar a $ 230.000 millones. Si se incluyeran estos ingresos, el saldo de estos cuatro meses sería marcadamente superavitario. ¿Será que Guzmán prefirió no explicitar este resultado para no despertar la envidia de Dujovne, ministro de Macri que no se animó a ambicionar tanto?

5. Uno de los lugares adonde la tijera no llegó es a los negocios financieros generados por la política monetaria. Recordemos que en tiempo electoral Alberto Fernández decía que la plata que se le pagaba a los bancos con las llamadas Letras de Liquidez (Leliq) que les entrega el Banco Central como parte de un enmarañado mecanismo para sacar pesos de circulación, podía tener mejores destinos como aumentar las jubilaciones; mejora que como vimos no ocurrió, sino todo lo contrario. El negocio de las Leliq, en cambio, no solo no se terminó, sino que creció de manera gigantesca. Ahora los bancos pueden festejar nuevamente, porque las últimas medidas del Banco Central los autorizan a hacer un negocio aun más rentable: pueden sustituir esas Leliq en sus encajes por bonos del Tesoro, que pagan todavía más interés. En la Argentina fernandista, otra vez, gana la banca. Lo mismo vale para el FMI y otros organismos, que siguieron cobrando como si nada, y recibieron USD 10 millones por día desde que asumió Alberto Fernández.

6. El ajuste no es solo del gobierno; también tiene lugar por parte de los empresarios, entre la anuencia e impotencia (en dosis variables) de los funcionarios del gobierno que según el relato kirchnerista deberían “disciplinarlos”. Las empresas se han prestado a la remarcación serial de precios, con el resultado de que la inflación ya fue en 5 meses de 17,6 %. El gobierno hace mesas de acuerdos de precios para ponerle un freno a la carestía y toma otras medidas de dudoso éxito como el cierre de exportación de carnes, pero al mismo tiempo también aporta lo suyo al recalentamiento inflacionario con los aumentos del combustible que encabeza la petrolera de mayoría accionaria estatal y la autorización de aumentos de las tarifas de gas y electricidad.

7. Lo único que tiene techo por debajo de la inflación son los salarios. Los gremios, bien dispuestos a hacer su aporte a la gobernabilidad, cerraron paritarias que, salvo excepciones, no superan el 35 % de incremento salarial. Después de que los salarios perdieran poder de compra todos los años desde 2016 (excepto por una moderada y efímera recuperación en 2017), con los incrementos pactados queda archivada la idea con la que coqueteó el oficialismo de que este sería el año de la recuperación salarial. Para colmo millones de monotributistas, muchos de ellos trabajadores precarizados, se anoticiaron el viernes pasado que deberán afrontar un incremento, retroactivo a enero, de 35,3% en sus pagos mensuales a la AFIP.

8. Esta combinación explica la “redistribución de la riqueza”, marcadamente regresiva, que se observa desde finales de 2020. Según señala un reciente informe del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín, las ganancias de los empresarios aumentaron su participación en el “reparto de la torta” mientras los salarios retrocedieron [1]. El deterioro de los salarios frente a la inflación, el aumento de la desocupación y el recorte del gasto social, explican el nuevo salto de la pobreza, que afecta al 42 % de la población en todo el país.

Por supuesto que esta foto del ajuste fiscal no es toda la película: se vienen las elecciones y es de esperar que el Tesoro abra la billetera. Pero, a diferencia de otros años electorales, esta eventual puesta en suspenso de la austeridad fiscal ocurrirá muy cerca de las elecciones, lo cual hará que su impacto sea mucho más acotado. Y promete ser solo una pausa para retornar luego del test de las urnas a los lineamientos que se impusieron en estos meses. Guzmán seguramente podrá mostrar a fin de año un déficit fiscal mucho menor al 4,5 % que dice el presupuesto. La labor cumplida del ministro posiblemente se plasme en algún momento de los próximos 53 días en una señal del FMI que sea suficiente para que el Club de París otorgue una prórroga para cumplir con el vencimiento que el país dejó sin pagar el lunes pasado por USD 2.400 millones. De ser así, Argentina evitará la disyuntiva de usar los dólares que el Banco Central pudo juntar gracias a la cotización récord de la soja para pagar esa deuda, o concretar otro default con este grupo de deudores después de haberles transferido miles de millones de dólares desde 2014, año en que esa deuda aumentó “mágicamente” USD 3.600 millones en un solo día gracias a las artes negociadoras de Axel Kicillof, entonces ministro de Economía. No evitará, eso sí, pagar onerosos intereses punitorios –por las generosas condiciones para con los acreedores que negoció el mismo Kicillof– que seguirán sumando a esta hipoteca que se ha ido reciclando desde 1956.

Desde las filas del oficialismo presentan el ajuste como producto inevitable de la pandemia. Pero al profundizar exponencialmente la crisis, lo que la pandemia hizo no fue más que poner en evidencia las opciones políticas. ¿Por qué el ajuste recayó sobre los jubilados y no sobre los bancos? ¿Por qué el pato de la boda fueron los salarios y no las ganancias? ¿Por qué para bajar los subsidios se aumentan las tarifas y no se estatizan bajo control de trabajadores y usuarios las empresas eliminando el lucro capitalista? ¿Por qué los niveles de gasto covid fueron de los más amarretes de América Latina y del mundo mientras al FMI y demás buitres se les sigue pagando religiosamente los intereses? Evidentemente no son decisiones dictadas por el virus. Las opciones tomadas son resultado de moverse entre los estrechos márgenes de lo que la clase capitalista no está dispuesta a ceder a los asalariados y las exigencias del FMI, con el cual no hay ningún acuerdo inminente pero así y todo manda sobre las acciones del equipo económico.

La larga agonía del capitalismo dependiente argentino

Un reciente artículo de Adrián Piva analiza la crisis actual y sus consecuencias políticas a la luz de lo que define como un agotamiento de las condiciones de acumulación de capital en el país que se arrastra desde hace una década [2]. Piva señala que:

En Argentina, la última gran reestructuración productiva se produjo en la primera mitad de los noventa, en el marco de la ofensiva neoliberal, y la fase de estancamiento iniciada en 2012 encuentra uno de sus fundamentos en el agotamiento de la base productiva sobre la que se desarrolló el crecimiento entre 2003 y 2011.

En igual sentido que Piva, hemos señalado que durante la década de 1990, bajo las condiciones impuestas por la apertura de la economía y la convertibilidad, tuvo lugar una “transformación regresiva de las relaciones entre las clases y de la estructura productiva” que “benefició a importantes sectores del empresariado” [3]. Pero las condiciones para el ciclo de expansión de 2003-2011 (interrumpido durante parte de 2009 por la crisis internacional) no se explican solo por esta transformación estructural. La megadevaluación que siguió a la salida de la convertibilidad y un ajuste con varias dimensiones terminaron de crear las condiciones para un ciclo de rentabilidad elevada durante varios años que fue la verdadera “caja negra” del ciclo posconvertibilidad, como señalaba Axel Kicillof antes de empezar a decir prácticamente lo contrario para no contradecir el “relato”.

Una vez agotadas estas condiciones, el gobierno de CFK administró el agotamiento apelando a una serie de medidas que le permitieran llegar “con lo justo” a 2015, cumpliendo el “trabajo sucio” en la medida de lo indispensable, lo cual no le evitó una ruptura con amplios sectores del movimiento obrero por la reticencia a modificar el “impuesto al salario”. Esta política no significó evitar o mitigar las condiciones que llevaban al ajuste, sino simplemente que este quedó servido en bandeja para su sucesor, independientemente de quién gobernara después. Macri se acogió a la tarea con entusiasmo, pero rápidamente chocó con los límites de una relación de fuerzas que no le permitió alcanzar todos sus objetivos y lo obligó a postergar varias iniciativas. La crisis que lo condujo al Fondo producto de la utilización febril de la deuda externa y de la bicicleta financiera, terminó estallando en un contexto internacional marcadamente desfavorable que volvió a ubicar al país como eslabón débil. A esta crisis se sumaron los efectos económicos devastadores de la pandemia, que terminaron de producir un hundimiento de la economía que acumula 14 % en 3 años.

Ahora bien, Piva describe a la coalición de gobierno como atravesada por dos presiones opuestas. Interioriza, por un lado, “las presiones ‘por arriba’ por el avance en el ajuste estructural, expresado en el programa de triple reforma (fiscal, previsional, laboral) que impulsa el gran capital”. Al mismo tiempo, “interioriza además las presiones ‘por abajo’ de bloqueo a la reestructuración a través de la presencia en la coalición de sindicatos, movimientos sociales y el movimiento feminista”. En esta clave lee las internas por el rumbo económico como un choque de fuerzas sociales metabolizado dentro de la coalición gobernante.

Sin embargo, la pregunta es de qué tipo de “metabolización” estamos hablando. La aproximación de Piva parece dar crédito a los sectores del oficialismo que ven allí una disputa de fondo por la orientación económico social. Pero las tensiones dentro del gabinete por la dirección y el ritmo de algunas medidas como el aumento de tarifas convergen en la política de ajuste que reseñamos arriba, mientras que la retórica contraria a estas medidas de una parte de la coalición tiene más de “válvula de escape”. División de tareas que le dicen, en un peronismo que marcha unido hacia las próximas elecciones legislativas.

Y esto es así por una cuestión de fondo, tal como se puso en evidencia en el crepúsculo del ciclo político 2003-2015, cuando las férreas condiciones que limitan al capitalismo dependiente argentino no pueden ser contrarrestadas por una coyuntura internacional excepcionalmente favorable o una herencia de ajuste como ocurrió desde 2003; la única alternativa al ajuste puede pasar por poner en cuestión las prerrogativas del gran capital nacional y extranjero y los dictados de sus guardianes como el FMI. Pero el kircherismo, desde su origen, tuvo por objetivo lo contrario: reconciliar a la clase trabajadora y el pueblo pobre con el régimen, realizando algunas políticas de redistribución pero sobre la base de mantener en lo fundamental las herencias “noventistas”. La fuerte dependencia del capital extranjero cada vez más enraizado en el capitalismo argentino y la primacía del extractivismo mostraron una continuidad sin fisuras que se puede observar en la falta de alternativas que muestra la actual administración a la búsqueda de superar las restricciones externas de la mano de Vaca Muerta, las megagranjas porcinas para abastecer a China, el desarrollo de la extracción de litio y otras iniciativas por el estilo, todas de impacto limitado en materia de desarrollo y empleo, y de alto daño ambiental.

En este mismo sentido, Piva observa acertadamente:

Guzmán, Kulfas, Todesca, y un largo etcétera, nos dirán que esa es la base sobre la cual una política industrial inteligente buscará romper los fundamentos de las crisis externas recurrentes. Y no mienten, eso efectivamente desean. Pero desde 1976 todos los gobiernos (aun cuando no quisieron, como en los casos de Alfonsín y de los Kirchner) no han hecho más que impulsar esa modalidad de desarrollo dependiente. Cuando necesitan relanzar la acumulación de capital, solo encuentran apoyo en los únicos sectores dinámicos con los que cuentan: las industrias exportadoras de commodities.

Para completar ese relanzamiento, advierte el autor, se requiere “todavía algo más: un acuerdo con el FMI que dé la puntada final al proceso de reestructuración de la deuda externa, y el avance en el programa de la ‘triple reforma’”. Es decir, “continuar por otros medios y con otros modos –mayor negociación de sus contenidos y de sus tiempos– la ofensiva contra la clase obrera iniciada por el macrismo”.

Pero son justamente estos aspectos los que hacen que el choque de fuerzas sociales al interior del gobierno que anuncia Piva sean en realidad disputas –que efectivamente responden a presiones de sectores diversos– dentro de un plan donde ningún sector de la coalición gobernante puede favorecer un camino alternativo, porque ningún sector de la burguesía “nacional” es capaz de romper con las condiciones de este círculo vicioso de sumisión al imperialismo. Por eso, aunque multipliquen las “proclamas” que repudian al Fondo y propongan investigar la deuda de Macri y el FMI (produciendo documentos que quedan archivados en el sitio del Banco Central sin mayores consecuencias para los actores involucrados), marchan todos juntos rumbo al cumplimiento de los dictados del organismo internacional de crédito, aunque lo hagan como una orquesta algo caótica y desafinada. Y si las divisiones en el gobierno peronista se hiciesen reales frente a un escenario de agudización de la lucha de clases, el problema sigue siendo el mismo solo que en condiciones más graves. Experiencias en la historia Argentina desde los ‘70 a esta parte hay de sobra, ya sea en forma de tragedia o de farsa.

¿Qué hacer?

El abordaje de Adrián Piva pone el eje casi excluyente, para pensar la intervención política, en lo que ocurre con estas presiones encontradas dentro de la coalición gobernante. Según señala, la integración y la desmovilización de los sindicatos y organizaciones del movimiento de masas pueden aparecer como estrategias defensivas frente a la ofensiva del capital y para ponerle “veto” a las contrarreformas más estructurales, aunque al mismo tiempo esto no evita que se profundice la crisis.

Resulta así un arma de doble filo: la integración funciona en los hechos como un mecanismo de aceptación pactada del ajuste que compensa las fallas del chantaje económico. Y tanto mejor funciona el mecanismo cuanto más depende de su integración en él la reproducción de las organizaciones. La CGT es el mejor modelo.

La pregunta entonces sería “en qué medida la presión y la movilización por abajo y por los costados puede agrietar el mecanismo”.

Sin embargo, este esquema del “doble filo” difícilmente pueda dar cuenta de la historia reciente, incluso si solo tomamos desde las jornadas de diciembre de 2017 hasta la fecha. Fueron aquellas jornadas, y no la institucionalización, las que efectivamente le impusieron un freno a la agenda de reformas estructurales de Macri. Se distinguieron por su carácter combativo (no meramente “de protesta”), mientras que la CGT retaceaba el llamado al paro y Moyano se ausentaba sin aviso. Miles se movilizaron en las columnas de diferentes sindicatos, muchos otros lo hicieron a pesar de ellos, hubo una importante presencia de la izquierda y de los movimientos de “trabajadores informales” y desocupados. La desmovilización motorizada por el “hay 2019” del kirchnerismo lo que hizo fue dejar la iniciativa a los grandes capitalistas, fondos de inversión, sojeros, bancos, etc., que pasaron a pulsear con el gobierno de Macri y acelerar la devaluación. Luego vino el pacto colonial con el FMI, que aunque no fue refrendado en el Congreso –porque este no fue girado al mismo al igual que ocurrió cada vez que el país cayó en el Fondo, lo cual no impidió que se lo tome por válido– dio las pautas para el presupuesto 2019, votado por buena parte de quienes integran hoy el Frente de Todos. El desarrollo de la película ya lo conocemos.

Como deja claro el ajuste que viene realizando el Frente de Todos –para envidia de Macri– la “aceptación pactada del ajuste” no compensa “las fallas del chantaje económico” sino que se basa en ellas. La histórica tregua de los sindicatos y las organizaciones “sociales” oficialistas (de ambxs Fernández) no es la contracara negativa de una estrategia “defensiva” sino la que viene garantizando el avance del ajuste y de la subordinación al FMI. En el esquema del “doble filo” la pregunta sería en qué medida “la presión y la movilización por abajo y por los costados” puede operar sobre estos mecanismos, pero la cuestión es justamente si se puede quebrar la relación circular entre procesos de movilización y de institucionalización para dar lugar a un desarrollo políticamente independiente frente a las diferentes fracciones que disputan la administraciones del capitalismo dependiente argentino.

Solo desde el esquema del “doble filo” puede explicarse el hecho –por lo demás llamativo– de que a la hora de preguntarse sobre las “estrategias políticas alternativas” en la actualidad, Piva pase por alto al Frente de Izquierda Unidad, que hace que hoy la izquierda sea un factor actuante políticamente en la realidad nacional a diferencia de lo que sucedió en la crisis de 2001-02. Se trata desde luego de una minoría política, pero que ha conquistado un reconocimiento mucho más allá de los votantes de izquierda, habiendo estado en la primera fila de la lucha contra el gobierno macrista –lo cual quedó plasmado en las propias jornadas de 2017– pero también intransigente frente al kirchnerismo, que tiene ganado un peso entre organizaciones de trabajadores, de estudiantes, en el movimiento de mujeres, etc. El FITU no es un partido, es un frente donde cada organización tiene dinámicas propias y está atravesado por debates políticos y estratégicos –públicos por cierto–, lo cual no hace menos sino más exótico preguntarse por “estrategias políticas alternativas” a las organizaciones oficialistas sin dar cuenta de esta realidad.

Desde las ocupaciones de tierras del 2020 que tuvieron su epicentro en Guernica, hemos asistido a una persistente lucha de clases con conflictos duros, en muchos casos producto de verdaderas “rebeliones” antiburocráticas –ejemplo claro fue la Salud en Neuquén–, y la proliferación de movimientos “autoconvocados” –un proceso que llega hasta trabajadores del citrus de Tucumán–. No se trata claro de un proceso lineal; sus tiempos –flujos y reflujos– son indisociables de los resultados de cada combate, del devenir de la crisis económica, del gobierno y su coalición gubernamental –que tienen como “activo” la experiencia del macrismo y la pandemia como cobertura para el ajuste–. Geográficamente tampoco se trata de un proceso homogéneo. En la región patagónica y la zona de cordillerana, conflictos como el de Neuquén, el de Chubut (megaminería) o los de Mendoza (docentes y vitivinícolas), movilizaron a sectores de masas frente a gobiernos más de derecha (MPN, massismo del FdT, JxC, respectivamente). En el Gran Buenos Aires, tierra gobernada por el kirchnerismo, viene habiendo importantes luchas parciales como la de Arrebeef, diversos sectores tercerizados, etc., pero aquí es donde se concentra buena parte de la burocracia sindical y “social”. Y una situación intermedia podríamos ver en Santa Fe, Córdoba o en CABA, donde destacaron conflictos como el de los portuarios, HeyLatam o Subte.

En su artículo, Piva se pregunta “si el carácter acotado o regional de esos conflictos señala un proceso incipiente o la capacidad de los mecanismos de integración política de aislar o neutralizar las protestas que escapan a su control”. Claro que incluso esta pregunta difícilmente puede responderse omitiendo el papel de la izquierda clasista. El FITU y el PTS en particular, fue y es parte de la gran mayoría de aquellos conflictos con los sectores que salen a luchar, como puede seguirse en cientos de artículos y denuncias, día a día en las páginas de La Izquierda Diario, y muchos de los cuales confluyeron el mes pasado en el encuentro de trabajadores en lucha en Madygraf, y este sábado 5 de junio en la reunión de coordinación de zona metropolitana de Buenos Aires con sectores de diferentes luchas, que proponen unificar con sindicatos y comisiones internas recuperadas, y sectores combativos. El problema es que la pregunta que se hace Piva no es una pregunta analítica, sino estratégica. Dependerá en buena medida de que las luchas no queden reducidas a ejercer presión sobre los mecanismos del régimen, sino que logren generar instituciones de unificación y coordinación de las mismas, para romper la estatización de las organizaciones del movimiento de masas y sobre esta base construir una hegemonía de la clase trabajadora, desde la juventud precarizada y lxs desocupadxs hasta los sectores sindicalizados, junto con el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres, los movimientos medioambientales, etc. No se trata de constatar que si de las luchas brotan o no estrategias políticas alternativas sino de, al calor de estos procesos, poner en pie una fuerte izquierda revolucionaria que pueda jugar un papel decisivo en los enfrentamientos por venir, y en esto no hay “doble filo” ni “malmenorismo” que valga.

Notas:
[1] Auscultando las cuentas nacionales que publica el Indec, este trabajo detecta, para el último trimestre de 2020, un aumento de la participación del llamado “excedente de explotación bruto”, es decir, las ganancias de los empresarios, en el ingreso generado. Estas crecieron a costa de la masa de los salarios, que disminuyó nuevamente su participación.

[2] “Argentina: catástrofe económica sin crisis política”, consultado el 03/06/2021 en https://jacobinlat.com/2021/06/01/argentina-catastrofe-economica-sin-crisis-politica/.

[3] Esteban Mercatante, Salir del Fondo, Buenos Aires, Ediciones IPS, 2019, p. 39. Como señalamos allí, durante los primeros años de la convertibilidad “observamos un incremento de la rentabilidad, logrado por dos vías confluyentes: incorporación de maquinaria que incrementó la productividad, y abatimiento liso y llano del costo salarial”.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Ajuste-lucha-de-gabinete-y-lucha-de-clases