En este artículo la autora analiza el papel de los medios de comunicación en la narrativa de la intentona golpista y la necesidad de que estos estén controlados por el poder popular y obligados a difundir una información veraz.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destituyó, a dos semanas de asumir el gobierno, a las directivas de todos los medios de comunicación públicos del país por la manera en que abordaron el intento de golpe de Estado de miles de seguidores del ex mandatario Jair Bolsonaro el pasado domingo 8 de enero de 2023, pero no anunció ningún plan comunicacional.
La decisión incluye el nombramiento de la periodista Kariane Costa como presidenta de la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), de la que dependen medios como la Agencia Brasil, TV Brasil y la emisora Radio Nacional, y la apertura de un proceso de transición y reorganización en la EBC que durará 30 días.
El operativo del domingo 8 de enero de 2023 fue un fallido intento de golpe de Estado. Provocó susto, luego alivio, pero dejó como un problema la cuestión de la seguridad en Brasilia, que se agravó cuando se perdió la confianza en los cuerpos que debían cuidarla. Y eso, de solución, pasó a ser problema.
Ya anteriormente, desde el gobierno de Jair Bolsonaro se exhortó a denunciar en redes sociales a los profesores que enseñaran “ideas de izquierda”, como calificar de dictadura militar a la que usurpó el poder en Brasil de 1964 a 1985, así como la pretensión de eliminar de los libros de texto toda referencia al feminismo, la homosexualidad y la violencia contra las mujeres.
El efímero ministro de Educación bolsonarista, Ricardo Vélez Rodríguez, llegó a proponer que todas las escuelas grabaran a los alumnos cantando el himno nacional y se volviera a implementar la materia de educación cívica y moral, impartida durante la dictadura y eliminada con el regreso a la democracia.
El incesante golpeteo y la difusión de bulos (mentiras) en los medios allanaron el camino al golpe judicial-parlamentario contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff en 2016. Los medios hegemónicos también han sido instrumentos para la derecha racista en Perú, el macrismo cleptómano en Argentina, el pinochetismo en Chile, y la obsesión por restaurar el régimen de saqueo neoliberal en México.
Para Lula, como para otros líderes progresistas en la región y en el mundo, la moraleja de estos procesos es que sólo mediante un verdadero involucramiento de las masas en la generación, difusión y discusión de las informaciones podrá ponerse fin a las manipulaciones de los monopolios mediáticos al servicio de las oligarquías y sus alfiles políticos.
Una medida burocrática
Para el sociólogo Emir Sader, Lula sale más fuerte y Bolsonaro mucho más debilitado, refugiado en Estados Unidos, con miedo de retornar, después de que su ex ministro de Justicia, en el momento de su regreso a Brasil, fuese detenido.
Durante las primeras dos semanas del gobierno de Lula la dirección de estos medios seguía en manos de funcionarios nombrados por el ultraderechista Jair Bolsonaro, lo que pone en evidencia la carencia de un plan comunicacional del nuevo ejecutivo.
La cobertura informativa del intento de golpe de Estado es continuación del papel jugado por los grandes medios de comunicación en el ascenso de la ultraderecha y el derrocamiento de gobiernos progresistas o no completamente plegados a los mandatos de Washington y los grandes capitales no solo en Brasil, sino en toda la región.
Entre las urgencia de Lula también está la necesaria y perentoria transformación de su fuerza política para contar con la capacidad de colocar a las Fuerzas Armadas fuera de la política, en sus responsabilidades de seguridad nacional, para que acontecimientos como los de aquel domingo no vuelvan a ocurrir. Y eso no se logra desde sedes universitarias sino en las calles. Y hasta ahora el lulismo no salió masivamente, quizá por temor a una confrontación con fuerzas bolsonaristas, con apoyo castrense.
El sesgo en los medios públicos manejados por funcionarios bolsonaristas, quedó en evidencia cuando incluso medios privados que nunca mostraron simpatía por Lula y los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) no titubearon en llamar hampones y golpistas a quienes vandalizaban las sedes del poder público e incitaban a las fuerzas armadas a rebelarse contra la autoridad civil.
La inocultable parcialidad de estos funcionarios son reflejo de la cruzada puesta en marcha por Bolsonaro desde su primer día de gobierno el 1º de enero de 2019 y por cuatro años, para imponer su ideología ultraconservadora en todos los ámbitos del Estado y borrar cualquier vestigio de pensamiento crítico, pluralidad, tolerancia y todo lo que él y sus correligionarios consideran ideología de género o comunismo.
¿Dónde está el gobierno?
Las escenas del intento de golpe mostraron la fragilidad de las estrategias y mecanismos de defensa del gobierno, el Congreso y el Poder Judicial. Todo ocurrió en 90 minutos, pero para todos pareció una eternidad. ¿Dónde está el gobierno?, se preguntaba la gente.
Fue un levantamiento de la derecha, que no encontró obstáculos para atacar los centros de poder del país… Hasta que Lula habló desde Araraquara, lo que produjo una cierta reacción de la policía, que comenzó a vaciar los espacios invadidos, ante la pasividad de los militares.
Los asaltantes alegaban el caos y la incapacidad del gobierno para mantener el orden, mientras se aseguraban la connivencia de sectores militares y policiales y de la ausencia de instancias de defensa del Palacio del Planalto. Lo cierto es que todo se habría desmoronado si los militares se hubieran puesto al frente de la turba que arrasaba y destruía todo lo que encontraba a su paso, desde vidrios hasta obras de arte.
Todavía es un misterio cómo fallaron totalmente los mecanismos de defensa, o porqué el Gabinete de Seguridad Institucional, dirigido por un militar de confianza de Lula, actuó a contrapelo, renunció al refuerzo de guardias en el Planalto ante la invasión de los golpistas. ¿Errores o complacencia? ¿Siguen siendo los militares un foco latente de subversión, de partidarios de la Doctrina de Seguridad Nacional, con el pretexto de impedir que el país se convierta en una nueva Venezuela o Nicaragua o Cuba?
Las palabras de Lula muestran la gravedad de la situación: «Hubo mucha gente connivente. Había mucha gente dentro de las FFAA y de las policías en connivencia. Estoy convencido de que la puerta del Palacio del Planalto se abrió para que la gente entrara. Porque no hay ninguna puerta rota en la entrada. O significa que alguien facilitó su entrada aquí«.
El Gobierno espera el regreso del ex ministro bolsonarista Anderson Torres antes de pedir su extradición a Estados Unidos, mientras varios ministros evaluaron que el hallazgo en la casa de ese ex funcionario de un borrador de decreto para desconocer el resultado de las elecciones es «la prueba de que el intento de golpe» de Estado fue planeado.
El ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, afirmó que está probado que el objetivo del texto encontrado en casa de Anderson era «fabricar el caos para enterrar la democracia«.
Mientras, el juez del Tribunal Supremo (TSF) Alexandre de Moraes abrió, a pedido de la Procuraduría, una investigación contra el cesado gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, por “negligencia” durante el ataque del domingo pasado a las sedes de los tres poderes de hordas de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.
Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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