Al menos 58 personas fallecidas

Eran las 9 y 21 de la noche del viernes al 13 de noviembre de 2021. A mi celular llegó una nota de voz que decía: 

—Quiero que me haga un favor, quiero que manden la ley, que llamen militares, todo lo que es policía, porque hoy nos matan si no llegan

Era Fausto*, una persona privada de la libertad que cumple su condena en el pabellón 2 de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Pedía auxilio, temía morir: presos de los pabellones 3, 6 y 12, liderados por los dos hombres que intentan asumir el control máximo de la prisión: Alias ‘Junior’ y Alias ‘Fito’, intentaban, según alertó, ingresar a su zona para asesinarlos. 

Ellos, en su momento, fueron dos de los principales aliados de Jorge Luis Zambrano, alias JL o Rasquiña, exlíder de la peligrosa banda de Los Choneros, quien fue asesinado en diciembre de 2020.

El pabellón 2, en cambio, está liderado por alias ‘Ben 10’, quien actualmente ostenta el poder de Los Chone Killer, aliados de Los Tiguerones y Los Lobos, organizaciones delictivas enemigas de ‘Junior’ y ‘Fito’.

Esta madrugada, las detonaciones no pararon. Una retumbaba tras otra en el centro carcelario más violento del país, abandonado a la suerte —y la desdicha— de las mafias del crimen organizado. La disputa del control de la Penitenciaría del Litoral tiene una razón clara. Los exhombres de JL estarían directamente vinculados al cártel de Sinaloa, una de las organizaciones narcodelictivas más grandes y poderosas del mundo, mientras que la “coalición” de las otras bandas delictivas serían el brazo operativo del cártel Nuevo Jalisco Generación en Ecuador, enemigo de Sinaloa. 

Es una batalla que se pelea a diario, mientras la mayoría de población penitenciaria intenta sobrevivir, abandonada a las mafias, en una cárcel donde el 70% no tiene una sentencia ejecutoriada y vive en condiciones precarias, indignas, inhumanas: el hacinamiento llega al 52% en medio de la violencia y la falta de procesos de rehabilitación. Organizaciones sociales como la Alianza contra las prisiones y la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional concluyeron que no existe una política integral de rehabilitación social. Las personas privadas de la libertad viven en medio de la falta de acceso a servicios básicos, a infraestructuras inadecuadas, a actividades y a planes de salud física y mental.

Ayer las alertas llegaron pasadas las nueve de la noche. Sin embargo, el ataque habría empezado al menos tres horas antes. Los mensajes de alerta y auxilio comenzaron a replicarse. “Mamita, si me pasa algo, no te pongas mal”, “ora por mí, por favor”, “ayúdennos, nos van a matar”. Fueron esas últimas palabras de despedida de varias personas presas frente a la amenaza inminente de una masacre: hasta las nueve y 20 de la mañana de este sábado 13 de septiembre, habría 58 personas privadas de la libertad fallecidas y al menos 12 heridos, según lo confirmó el gobernador Pablo Arosemena en rueda de prensa a las 10 y 40 de la mañana. Antes, ya lo había alertado la Fundación Dignidad, una organización que trabaja por la defensa de los derechos de las personas presas, que recabó información en territorio. 

Solicité información dos veces al equipo de comunicación del Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) y la Policía Nacional. Pero es difícil hacerlo desde Quito, hasta las diez de la mañana, aún no había respuestas. 

Fue tanta la desesperación de las personas privadas de la libertad del pabellón 2, que una de ellas decidió contar lo que ocurría a través de una transmisión en vivo a través de la cuenta de Facebook, Heisenberg German, que actualmente está inactiva. Comenzó pasadas las doce y media de la noche. 

—Señores, por el amor de Dios, ayúdenme, lo necesitamos.

 —Hay muchos heridos y hay muertos en la parte de abajo, no sabemos cuántos.

—Uno de nuestros compañeros murió debido a una bomba. Están abriendo huecos. 

—Por favor, difundan, antes de que se arme una masacre, todavía están a tiempo. 

Todas esas palabras eran pedidos urgentes de los personas que conviven en el pabellón, donde habitan casi 800 presos, que exigían intervención de las autoridades para no ser asesinados. Durante casi dos horas, mientras se observaba uno de los patios del pabellón, más de 14.500 personas observaron segundo a segundo el auxilio y el anuncio de heridos: Luis Miguel López Pincay, Darwin Stalin Espinosa, entre otros nombres de sus compañeros que solicitaban que los salven. 

Cientos de detonaciones se escucharon en el perímetro de la Penitenciaría, sin embargo, no había respuesta de las autoridades. Mientras se observaba cómo un grupo de personas prendía fuego en la parte baja del pabellón 2, se escucharon las últimas palabras de quien dirigía aquella transmisión: “que quede constancia con este video que las autoridades pudieron hacer algo…ya entraron, ya entraron, ya entraron”.  

Mientras una nueva masacre arrebataba vidas, el presidente Guillermo Lasso, el gobierno del Guayas, Pablo Arosemena, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri y la prefecta del Guayas, Susana González, celebraban entre risas, comida y trajes de gala el aniversario 246 del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos. Allí estuvieron celebrando junto al embajador Michael J. Fitzpatrick y el cónsul Brian Quigley. Decenas de familias, en cambio, llegaron a las puertas valladas de la Penitenciaría a reclamar la vida de sus seres queridos. 

Ahora, Ecuador vive la cuarta masacre carcelaria en pleno estado de excepción. El número de personas presas asesinadas en las prisiones es de al menos 323 en lo que va del año. La cifra incluye los muertos de ayer, cuyo número es aún preliminar.

Arosemena declaró que la Policía intentó ingresar desde las nueve y media de la noche, sin embargo, la entrada fue bloqueada con explosivos. La comandante Tannya Varela lo ratificó y dijo, además, que podría estar relacionado con la liberación de un cabecilla de banda delictiva. Durante esta semana, Álex Salazar, miembro de Los Tiguerones y uno de los líderes del pabellón 2, accedió a la prelibertad, una resolución criticada por otras personas privadas de la libertad que lo consideran injusto. Camila, quien contó a GK cómo era menstruar en prisión, cuestionó: “¿Cómo es posible que el líder de una banda salga y yo, que me faltan cinco meses, no me lo permitan? Es injusto”, dice. 

Varela también señaló que, según ella, 10 personas habrían sido asesinadas en el pabellón 2, ahora resguardado, y que las otras víctimas estaban en el área transitoria de la cárcel.

Un Estado incapaz de frenar la violencia

La crisis carcelaria es estructural y es, sobre todo, según expertos, el reflejo de un modelo fallido y violatorio de derechos humanos que hoy solo recoge cadáveres. Es una seguidilla de errores que empieza en 2014, cuando una reforma legal relajó los requisitos para dictar prisiones preventivas y tipificó aún más delitos. Enseguida, las cárceles del país se repletaron, hacinaron y sobrepoblaron. Gobernaba en aquel entonces Rafael Correa, quien había prometido edificar un nuevo modelo de gestión penitenciaria. 

Le siguieron una cadena de errores. Ahora, el gobierno de Guillermo Lasso repitió la misma respuesta que su antecesor, Lenín Moreno: militarizó las calles y colocó más policías en las cárceles. Sin embargo, poco o nada ha funcionado. Ahora, la Penitenciaría del Litoral se ha convertido en un centro donde la violencia se replica a diario, ante la acción lenta e impávida de las autoridades. 

Para Christian Palacios, vocero del colectivo SOSEcuadorEC, que también recibió las alertas de la cuarta masacre documentada en 2021, los episodios de violencia “continúan porque el gobierno es incapaz de manejar las distintas fuerzas que confluyen en la estructura del Estado, sobre todo, en el área de la seguridad. No creo que en su cúpula tengan alianzas con el crimen organizado. Lo que creo es que no saben cómo frenarlo”, explica Palacios. 

Palacios apunta, en cambio, a la fuerza pública. “La Policía sí entiende bien la situación pero sus informes de inteligencia son contradictorios y lo que hacen es evitar que quienes manejan las cárceles desde el SNAI tengan un panorama claro de qué hacer”, dice. Lo mismo dijo un guía penitenciario de ese centro carcelario en una entrevista con GK: “ellos saben muy bien lo que pasa, pero no hacen nada”, afirmó. 

En los pabellones hay disputa, explica Palacios, por la extorsión, el flujo y la venta de drogas. “Eso es dinero en efectivo constante cada semana, por eso quieren tomar el control. En cambio, la venta de droga al extranjero opera de otras formas, económicamente implica lavado de activos transnacionales que obviamente están, que por supuesto lo están, pero no se refleja con la inmediatez económica de cada pabellón”, afirma el activista. Lo único cierto es que hasta ahora las personas que están en la Penitenciaría del Litoral, y otros centros conflictivos, no son todas parte de las narcobandas enfrentadas, pero sí deben sufrir las consecuencias de la terrible situación de seguridad y derechos humanos que ahí se viven sobre sus cuerpos, sobre sus vidas. 

El panorama no es alentador para el país. El sistema carcelario no puede ser un pozo olvidado que descarte la vida, necesita una solución urgente e integral, porque la crisis ya no es temporal. El proyecto colectivo Corredores Migratorios, que forma parte de la Alianza contra las prisiones, es claro: “estamos frente al uso abierto del abandono a muerte como una técnica política de gobierno. Esta técnica se expande de las prisiones a la población por medio del castigo” que finalmente intensifica la perpetuación de la pobreza, la irregularización, la exclusión y el racismo.

Los derechos no son palabras al viento, deben cumplirse, garantizarse. El Estado, por ahora, como dice la Alianza contra las prisiones, “es cómplice de este exterminio humano sistemático en el que se han ignorado las desgarradoras voces de alerta».

Fuente: https://gk.city/2021/11/13/fallecidos-ataque-pabellon-penitenciaria-guayaquil/