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ALCA de mil cabezas

Fuentes: Rebelión

1 Los Acuerdos Multilaterales de Inversión han muerto, viva el ALCA. El ALCA ha muerto, viven sus clones. Hugo Chávez Frías afirma el 29 de abril en el teatro Karl Marx, durante el IV Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA en la Habana, que «el Imperio nunca se rinde y anda preparando por allí […]

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Los Acuerdos Multilaterales de Inversión han muerto, viva el ALCA. El ALCA ha muerto, viven sus clones. Hugo Chávez Frías afirma el 29 de abril en el teatro Karl Marx, durante el IV Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA en la Habana, que «el Imperio nunca se rinde y anda preparando por allí unos ‘alquitas'». Y el ministro de economía cubano Oswaldo Martínez confirma que las negociaciones agonizan, pero el proyecto imperial sigue igual. Es cierto: cada vez que los pueblos arrojan el ALCA fuera del país, diplomáticos, legisladores y gobernantes vuelven a armar el Terminator dentro de nuestras fronteras y lo ponen a andar más maligno que nunca. Así como hay una Quinta Columna, hay un ALCA endógeno peor que el otro, porque trabaja adentro.

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Agoniza el ALCA, cuyo propósito es someter todos los recursos naturales a propiedad privada. Mientras tanto, en Venezuela el diputado Rodrigo Cabezas trata de resucitar una Ley Orgánica de la Hacienda Pública Estadal que permite privatizar ríos, lagos y lagunas. El Presidente Chávez veta la Ley el año 2004, y afirma ahora en La Habana: «No podemos permitir que el capitalismo globalizador le imponga al mundo la perversión de privatizar el agua, los recursos naturales, la educación, la salud». Cabezas declara que se propone «blindar» su ley, y para aprobarla ofrece apoyo la fracción parlamentaria del gobernador golpista Manuel Rosales. Durante el encuentro contra el ALCA converso con Oscar Olivera, quien dirigió la insurrección popular en Cochabamba contra la privatización del agua. Quizá las masas tendrán que volver a la calle, no ya para rescatar a Chávez, sino para salvar las aguas, o a los dos.

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Muere el ALCA, y Atilio Borón, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, sostiene en su conferencia magistral que también deberían morir sus demandas de tratar a los inversionistas extranjeros exactamente igual que a los nacionales. Durante mi intervención en la Plenaria señalo que el artículo 301 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: «El Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas. No se podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. La inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional«(Cursivas nuestras). La tercera oración, que contradice las dos anteriores y el espíritu, propósito y razón de toda la norma constitucional, no estaba en las Ideas para la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela redactadas por Hugo Chávez Frías, ni en el primer proyecto de ésta. Fue introducida a última hora y votada en forma que supongo inadvertida por la mayoría de los constituyentes. Algunos me dicen que nunca fue aprobada. No debería entonces estar en la Constitución.

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Expira el ALCA, y denuncia Atilio Borón que Estados Unidos promovió 90 tratados de Promoción y Protección de las Inversiones Extranjeras en los cuales invariablemente se somete a los Estados contratantes a la jurisdicción de tribunales o juntas arbitrales extranjeras y se les reconoce la «estabilización normativa», vale decir, el derecho a rechazar cualquier norma que afecte sus ganancias. En mi intervención en el Panel de Juristas señalo que en Venezuela un Decreto con fuerza de Ley de Promoción y Protección de Inversiones permite a los extranjeros contratar con el Poder Legislativo la inmunidad contra futuras reformas tributarias. Idénticas normas contenía la mal nacida Ley Orgánica de la Hacienda Pública Estadal que el diputado Cabezas se propone «blindar» con Manuel Rosales.

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Fallece el ALCA, la inmunidad del capital extranjero contra los impuestos nacionales es más robusta que nunca. La antigua y universal tradición jurídica de territorialidad de la renta establece que el tributo debe ser ingresado en el país en el cual se produce la ganancia. El neoliberalismo impone el principio de «renta mundial», según el cual las empresas y las personas deben tributar al Fisco de su país de origen, y no al de los países donde obtienen sus ingresos. En mi intervención en el Encuentro recapitulé que en acatamiento a esta doctrina, Venezuela ha suscrito 22 tratados «contra la doble tributación», de ellos 20 bajo la Cuarta República. Sobre esos tratados sostuvo el doctor Humberto d´Ascoli Centeno, ex Gerente Jurídico Tributario, que para los países en vías de desarrollo «no resulta lógico evitar la doble imposición internacional de sus residentes por cuanto poseen escasas o nulas inversiones en el exterior y por cuanto estos países siguen en su mayoría el criterio de la fuente o sistema territorial de imposición», mientras que «para los países industrializados evitar la doble imposición resulta valioso, al evitar un gravamen excesivo sobre las rentas de sus inversiones en el exterior, lograr la no discriminación de sus inversiones domésticas e impedir que el Fisco Venezolano grave la asistencia técnica o tecnológica y cualquier servicio prestado por personas naturales o jurídicas de nacionalidad o residencia norteamericana, pero permitiendo que continúen siendo gravadas por parte del Fisco Norteamericano, en virtud del método de tax credit adoptado por ese país». Por si fuera poco, la mayoría de esos 22 tentáculos del ALCA violan la soberanía al someter a Venezuela a Tribunales o Juntas Arbitrales extranjeras. ¿Cuántos de ellos legalizan la evasión tributaria en los países menos desarrollados?

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Se entierra el ALCA; sepultemos sus clones: los tratados bilaterales o normas internas que apuntalan la agobiadora Deuda Externa, el «trato nacional» y la inmunidad tributaria para las inversiones extranjeras, la progresiva «flexibilización» laboral, el sometimiento de nuestras Repúblicas a tribunales extranjeros, los intentos de privatizar los servicios públicos y el agua; la propiedad intelectual mediante patentes sobre biodiversidad, saberes tradicionales y organismos vivos. No nos restará paz hasta que no demos paz a sus restos.