En plena crisis sistémica, se impone avanzar hacia una transformación global (el objetivo último) pero sin olvidar las reformas inmediatas. Pueden acometerse medidas urgentes (sobre el pago de la deuda, reversión de las políticas de austeridad o alternativas al rescate bancario) de manera que también se avance hacia un cambio estructural. Se trata […]
En plena crisis sistémica, se impone avanzar hacia una transformación global (el objetivo último) pero sin olvidar las reformas inmediatas. Pueden acometerse medidas urgentes (sobre el pago de la deuda, reversión de las políticas de austeridad o alternativas al rescate bancario) de manera que también se avance hacia un cambio estructural. Se trata de resolver lo importante sin desatender lo urgente.
Es la opinión de la profesora de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Bibiana Medialdea, que ha participado en el Seminari Crític de Ciències Socials organizado por ATTAC-PV y CEPS, con una conferencia titulada «¿Qué alternativas económicas?». Además de activista social (ha participado en la Comisión de Economía del 15-M), Bibiana Medialdea es miembro del colectivo Novecento y del Consejo Científico de ATTAC-España.
No hay que esperar. Pueden plantearse ya alternativas concretas que permitan caminar en la senda del cambio estructural. Por ejemplo, en relación con el rescate del sistema financiero. «Hay una percepción generalizada de que lo ocurrido con la banca -su rescate- es injusto, pero se añade que
Para sortear la crisis se ha recurrido, como tantas otras veces, a la «socialización de las pérdidas». Porque las entidades financieras no han pechado con el riesgo asumido durante la época del «boom» inmobiliario, ni han hecho frente a las pérdidas con los beneficios anteriormente acumulados (según un estudio citado por la economista, los beneficios de la banca privada entre 1996 y 2010 se elevaron a 170.000 millones de euros). Al contrario. Se ha abierto la espita de las ayudas con fondos públicos. El cálculo de las ayudas al sistema financiero oscila entre 140.000 y 180.000 millones de euros, a los que deben agregarse otros 300.000 millones de euros en préstamos del BCE (dinero público a tipos de interés subvencionado), que los bancos han utilizado, en buena medida, para adquirir deuda pública a tasas de interés más elevadas. Además, según la activista, «la banca española aún acumula muchos activos tóxicos; la sangría de recursos no ha terminado».
Pero la experiencia internacional demuestra que existen otros modos de gestionar la crisis financiera, aun considerando que se trata de otros contextos y sin ver espejismos de modelos ideales. Alternativas que permiten avanzar. Bibiana Medialdea cita lo ocurrido en 1992 en Suecia (el caso más parecido al español, al suceder también una burbuja inmobiliaria) e Islandia (2008), donde se produjeron reestructuraciones del sistema financiero que, pese a incluir también un desembolso de recursos públicos, hicieron descargar buena parte de la factura de la crisis en inversores privados y acreedores. Ello supuso un alivio para los contribuyentes. También se asumió, en los ejemplos suecos e islandés, la quiebra de entidades financieras y el enjuiciamiento de gestores, así como el control público de entidades a las que el estado prestó capitales. Lo menos que podemos exigir, resume Bibiana Medialdea, es que «el rescate nos cueste lo menos posible y la garantía de que este escenario no volverá a producirse».
La economista cita otro ejemplo, más lejano, de alternativa a la gestión de la actual crisis financiera: el «banco bueno» de Roosevelt en la época de la «gran depresión» norteamericana. En un contexto, salvando las diferencias, similar al actual, de crisis financiera, insolvencia de las familias, y una burbuja inmobiliaria previa, Roosevelt nacionalizó bancos en quiebra pero también adquirió hipotecas a las entidades financieras a precios más bajos de los nominales, les obligó a asumir quitas parciales y, en definitiva, encaró con una mirada progresista las consecuencias del festín inmobiliario. Promovió que las hipotecas fueran asequibles para las familias y se evitaron desahucios, pero introduciendo también ciertas cautelas (que se tratara de viviendas de primera residencia o tomando en consideración criterios de renta).
En las políticas de austeridad y recorte, que se «venden» como inapelables, también caben alternativas, según la economista, Alternativas para enfrentarse a problemas inmediatos con la vista puesta en transformaciones de mayor calado. Mientras que el «establishment» propone -por ejemplo, con la reforma del sistema público de pensiones- caminar hacia un incremento de la vida laboral, Bibiana Medialdea plantea recorrer la senda contraria: el reparto del empleo y del trabajo reproductivo. Para ello, la activista subraya que la única vía es «generar empleo público». Pero, matiza, «no sirve cualquier tipo de crecimiento; debería centrarse en áreas estratégicas y servicios públicos esenciales, como medio ambiente, sector de la dependencia o educación infantil». La previsible jeremiada de la ortodoxia neoliberal frente a esta medida no se hará esperar: «no hay dinero». ¿Cómo, por tanto, movilizar los recursos públicos necesarios?
En primer lugar, señala la activista, mediante la creación de una banca pública, «pero no de cualquier tipo; ha de suministrar crédito con criterios de utilidad social y perspectiva ambiental, sin que importe la rentabilidad financiera a corto plazo». Además, podrían movilizarse recursos por la vía fiscal. Bibiana Medialdea recuerda que el fraude fiscal es «un robo cotidiano por parte de los grupos sociales privilegiados, que los gobiernos -sean del PP o del PSOE- nunca han tenido la voluntad política de acotar». El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifró en 2011 el fraude fiscal en 70.000 millones de euros, mientras que el grueso de los recortes ejecutados en 2012 (sanidad, educación y servicios sociales) rondaron los 40.000 millones de euros. Pero esta desproporcionada elusión de las obligaciones con el fisco presenta otra característica. Se halla fuertemente concentrada. Según los datos de FUNCAS, el 79% del fraude fiscal corresponde a grandes empresas y prominentes fortunas. «Al tratarse de bolsas grandes y concentradas, no son necesarios tantos recursos para combatir el fraude a gran escala; lo que falta es voluntad política», concluye Bibiana Medialdea.
En síntesis, lo menos que puede decirse del sistema fiscal español es que resulta «muy regresivo», añade la docente. Y lo describe del siguiente modo. Los grupos con niveles de renta muy bajos quedan exentos del pago del IRPF (no se considera aquí el pago de impuestos indirectos como el IVA, de carácter muy regresivo). Sobre una base imponible de 18.000 euros anuales, se abona en concepto de impuesto sobre la renta en torno al 30%. Pero el Impuesto de Sociedades (por los beneficios obtenidos) es oficialmente del 30% para las grandes empresas, que, con las oportunas deducciones, puede quedarse en el 10%. Un inversor acaudalado que coloque su dinero en una SICAV sólo tributa el 1%. Y aquella persona que logra evadir su dinero a Suiza, todavía una cantidad menor. De este modo, finalmente se tocan los dos extremos: el «mínimo exento» por su bajo nivel de renta y quien lleva su dinero a un paraíso fiscal. Según Bibiana Medialdea, «nuestro sistema fiscal sigue, en la práctica, el método de Robin Hood pero al revés».
Por último, podrían movilizarse recursos para generar empleo si se decidiera cuestionar el actual esquema de pago de la deuda. A finales de 2012, la deuda del conjunto de la economía española (pública y privada) representaba el 425% del PIB (la deuda hipotecaria de las familias sólo supone algo más del 20% del conjunto de la deuda española). Pero lo más significativo es que antes de la crisis, el balance de ingresos y gastos en las cuentas nacionales se mostraba bastante equilibrado (incluso con superávit presupuestarios). «Es la crisis lo que hace que se dispare la deuda», subraya Bibiana Medialdea. ¿Alternativas? «Hay grupos que trabajan por las Auditorías de la Deuda en diferentes países, y que concluyen que parte de la deuda pública, aunque legal, no es legítima; siguiendo los ejemplos, entre otros muchos, de Argentina y Ecuador, podrían declararse impagos unilaterales y establecer una renegociación de la deuda en términos equitativos», responde la economista. Y añade que, a su juicio, «las quitas parciales de deuda, aunque se satanicen, acabarán por adoptarse».
Otra cuestión es que podrían establecerse prioridades a la hora de abonar la deuda que finalmente se reconozca. «Porque la deuda se basa en un contrato privado que no puede estar por encima de cualquier principio; es el estado el que, en función de su soberanía, debería establecer sus prioridades en cada momento; así pues, ¿Por qué atender antes a los acreedores privados que a las necesidades colectivas más básicas», se pregunta la docente y activista. Puede que, en el escenario actual, todas las alternativas planteadas se vean lejanas, «pero son perfectamente factibles desde el punto de vista técnico; el problema es acumular la fuerza social necesaria».
Pero no sólo con esto sería suficiente. «También deberían coordinarse las luchas a escala europea», sostiene Bibiana Medialdea. Y vaticina que si algún país de la UE empieza a desarrollar algunas de las alternativas citadas, «habría seguramente un
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