Se cumplen 140 años de la sanción de la Ley 1420 que establecía la obligatoriedad, la gratuidad y el carácter laico de la educación. El 29/7/1966 se recuerda como “La noche de los bastones largos”, una violenta represión a estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires que provoca la posterior renuncia de 1.500 […]
Se cumplen 140 años de la sanción de la Ley 1420 que establecía la obligatoriedad, la gratuidad y el carácter laico de la educación. El 29/7/1966 se recuerda como “La noche de los bastones largos”, una violenta represión a estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires que provoca la posterior renuncia de 1.500 docentes. También se cumplieron 106 años del Manifiesto de la Reforma Universitaria
1) A 140 años de la Ley 1420
El Congreso Pedagógico de 1882 fijó un rumbo que dos años después tomaría forma de ley nacional. La docente y especialista Virginia Pescarmona analiza estos 140 años de historia educativa argentina. “Aspiramos a una educación que cuestione, que no naturalice la violencia, la desigualdad, la vida de miseria”, dice al tiempo que acusa al actual gobierno de querer “la censura, la mordaza y el señalamiento a quien ose opinar distinto”.
Hay un sentido común que dice que la educación en Argentina es pública, gratuita y laica. Personajes como el actual secretario de Educación, Carlos Torrendell, se proponen desterrar definitivamente este consenso. Cuentan a su favor que, desde hace mucho tiempo, esta conquista es más ideológica que legal. La Ley 1.420 fue sepultada, de hecho, por la dictadura en 1978, cuando transfirió las escuelas a las distintas jurisdicciones. Proceso que terminó de completarse en 1992, cuando el menemismo sancionó la Ley Federal de Educación. El Congreso Nacional la derogó finalmente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
A 140 años de la sanción de la 1.420, conversamos con Virginia Pescarmona, docente y especialista en educación, referente de la Corriente Nacional 9 de abril, del PTS e independientes, y la Lista Bordó en Mendoza, para repensar este recorrido y la realidad de la educación en la actualidad, asediada por la ofensiva ajustadora del actual gobierno que, bajo el slogan de “servicio esencial”, busca impedir el legítimo derecho a la protesta. “Quieren amordazar la voz de quienes sostienen, transitan y se educan en la educación pública”, sostiene Pescarmona, “hablan de adoctrinamiento, etc., y esto tiene un por qué. Hay mucho que cuestionar y proponerse transformar radicalmente. Es una tarea fundamental organizarnos, defenderla y proponernos transformarla a favor de los intereses del pueblo trabajador.”
Se cumplen 140 años de la aprobación de la Ley 1.420, que establecía la obligatoriedad, gratuidad y el carácter laico de la educación en el país. ¿En qué marco y con qué objetivos se aprobó esta ley?
Virginia Pescarmona [VP]: La Ley 1.420 surgió de las conclusiones del Congreso Pedagógico Nacional de 1882. Se promulgó en 1884, el 8 de julio y unos días más tarde se sancionó. El gobierno de Julio Argentino Roca, y en su figura toda la oligarquía, estableció a través de esta legislación una instrucción primaria obligatoria, laica, graduada y gratuita.
Bajo el ideario liberal se llevó a cabo la modernización del Estado con un proceso de secularización. Había un interés: consolidar su integración al mercado mundial. Y en ese marco, al decir de Domingo Faustino Sarmiento en su obra Educación Popular: “La educación pública no debe tener otro fin que el aumentar esta fuerza de producción, de acción y de dirección, aumentando cada vez más el número de individuos que las posean”.
El ideario de Sarmiento se materializaba. Ya como superintendente general de Escuelas del Consejo Nacional de Educación, en su cruzada contra los “salvajes” y en pos de la civilización, planteó una necesidad: instruir en conocimientos técnicos y profesionales. Había que formar la mano de obra que requería el momento. La situación era compleja. El primer censo nacional, de 1869, reflejó que más del 70 % de la población era analfabeta y el desarrollo del modelo agroexportador requería ciertas nociones de conocimientos científicos aplicados a la producción, sobre comercialización y administración.
Pero también se expresó una abierta disputa con la Iglesia católica. Claramente el aspecto más debatido de la Ley 1.420 fue la inclusión o no de la enseñanza religiosa dentro de las escuelas estatales. A pesar de sus enormes limitaciones, fue un cambio importante, ya que estableció mediante su artículo 8 una laicidad (limitada): “La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión, y antes o después de clase”.
¿En qué medida se mantienen vigentes sus principios, considerando que la Ley de Educación Nacional de 2006 mantuvo la educación pública de gestión privada y el gobierno actual promueve criterios de mercado en la educación?
VP: Me parece que la gratuidad en el sistema educativo se ha preservado, no exento de enormes contradicciones y problemas respecto a los cambios que se fueron introduciendo bajo una concepción de educación como un servicio público, potable de ser gestionado también desde lo privado y con efectos en el desfinanciamiento.
Tal vez en el terreno de su laicidad sus cambios sean menos visibles, pero no menores y tienen una larga historia. Una vez más volvemos a Roca, quien expulsó al nuncio papal Luis Mattera y rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano. Pero con idas y vueltas, hubo revancha décadas más tarde. En 1943 el gobierno militar del general Pedro Ramírez introdujo la materia de “enseñanza moral”. En 1947 el general Juan Perón introdujo por decreto la educación religiosa obligatoria. Luego fue eliminada en el marco de los enfrentamientos con la Iglesia y restaurada por el golpe gorila de 1955. En 1958 Arturo Frondizi le entregó al clero el derecho a otorgar títulos habilitantes a las universidades privadas y religiosas, desatando un movimiento estudiantil de masas que rechazaba la medida, conocida por su consigna: Laica o Libre. Frondizi, quien se presentó como un representante del progresismo y contó con el apoyo de Perón desde el exilio, terminó de ser repudiado por la juventud que lo enfrentó en las calles.
En los 90 se dieron las reformas educativas que, de la mano de la Ley Federal de Educación, profundizaron la descentralización iniciada con la Dictadura. Pero en los hechos, la 1.420 no había sido eliminada, porque no en todas las provincias la Reforma se aplicó en la misma magnitud, ni se habían reformado las leyes provinciales. En el 2006 se reemplaza la Ley Federal de Educación por la Ley Nacional de Educación. Recién en 2015, bajo el gobierno de Cristina Fernández, la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico dispuso la derogación completa de la Ley 1.420 de Educación Común, incluido el artículo 8 que establecía la laicidad.
Las reformas obviaron el carácter laico de la educación, reemplazando este principio por el “respeto” de distintas idiosincrasias. Lo que no cambió en casi un siglo es la progresiva injerencia de la Iglesia en diversos aspectos de la educación. Por ejemplo, en Mendoza, la intromisión de la Iglesia católica en la educación pública está prohibida tanto por la Constitución provincial como por la ley de Educación provincial (art. 212). Allí se establece que la educación es laica, sin embargo, desde festividades, hasta rituales e incluso contenidos se imponen en los hechos. Y sobre esto podemos hablar de Salta y otras provincias.
El problema es que con la “pesada herencia noventista”, sus reformas y sus continuidades en todos los gobiernos posteriores, o las cláusulas negociadas con los lobbies como las iglesias, que impusieron, por ejemplo, el artículo 5° a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), donde dice que “la comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”; estos personajes y los sectores a los que representan tienen de dónde agarrarse. Por ejemplo, en la actualidad ese artículo es clave para que la ley no se implemente ni en todo el país, ni en todos los niveles, ni en todas las escuelas.
Algunos especialistas señalan que, al menos en la provincia de Buenos Aires, los sectores medios han emigrado a las escuelas de gestión privada, tanto en el nivel primario como secundario. ¿Compartís este criterio a nivel nacional? ¿Tiene efectos políticos y educativos?
VP: Se dicen muchas cosas, pero la realidad es que la educación privada, como tal, prácticamente no existe, ya que lo que hay son enormes partidas que subsidian el negocio privado en la educación. En Argentina el 22 % de los estudiantes del país asiste a escuelas de gestión privada con subvención, mientras que el 73 % asiste a escuelas estatales y sólo el 5 % a escuelas privadas sin subvención. Si las tres jurisdicciones con más proporción de alumnos en el sector privado subvencionado son CABA (39 %), Córdoba (29 %) y Buenos Aires (26 %), otras provincias como Jujuy y Chubut sólo registran un 9 %.
A pesar de estos números, hay quienes se pasean por los medios, como Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, que asegura que los distintos gobiernos necesitan a la educación privada para garantizar el derecho a la educación por medio del gasto privado de las familias. Pero esto no tiene sustento. Entre 2018 y 2021, doce distritos aumentaron la proporción del presupuesto educativo destinado a transferencias al sector privado. Incluso este gobierno, que arrancó diciendo que “no hay plata”, salió a dar subsidios a las familias para que sostengan la matrícula en las privadas. Los que migran son los recursos del Estado en detrimento de la calidad, los edificios y los salarios de la educación pública.
Ya que estamos pensando el contexto de sanción de la Ley 1.420, es importante reflexionar que el desarrollo del sistema educativo tuvo una funcionalidad política clara. Mientras la educación primaria tenía como objetivo la homogeneización cultural, la alfabetización inicial y la enseñanza de los cálculos rudimentarios a los hijos (migrantes o extranjeros) de la clase obrera, había otros circuitos para los sectores dominantes de la sociedad en lo que se formaron funcionarios y cuadros políticos funcionales al proyecto conservador. Es decir que desde los orígenes hubo sistemas y recorridos escolares duales, impulsado y sostenido por el propio Estado. Este es el debate que hay que dar.
La crisis del sistema educativo se hace evidente en múltiples aspectos… Se plantea que entre estos factores el modelo de la escuela que conocemos no va más. ¿Cómo ves este tema?
VP: La Ley de Educación Nacional de 2006 estableció en su artículo 9 que el presupuesto destinado a la educación no debe ser menor al 6 % del Producto Bruto Interno (PBI). Esta meta, que la ley preveía alcanzar en 2010, llegó a cumplirse recién en 2015. Sin embargo, todos los años siguientes tuvieron una constante reducción del presupuesto educativo, con la excepción del 2020 (vinculada a la fuerte caída del PBI, no al aumento de la inversión escolar). Esto muestra a las claras que lo que no va más es el ajuste permanente sobre la educación y el corrimiento de la responsabilidad del Estado de sostenerla. La inversión nacional en educación representa alrededor del 25 % del presupuesto educativo público; el restante 75 % corresponde a las provincias.
¿Esto vale para el actual gobierno?
VP: Sí, y no solo eso. El gobierno está intentando imponer la idea de “servicio esencial” sobre la educación. Un cinismo total. Lejos está de ser esencial la inversión, que se garanticen recursos, formación, asistencia, etc. Y el ajuste tiene números y consecuencias terribles. Desde escuelas que explotan, una y otra vez, hasta niveles de deserción y fracaso alarmantes. En Argentina sólo 22 de cada 100 chicos y chicas de 15 años transitan su escolaridad en tiempo y forma.
¿Naturalizable? ¿Es casual que de los y las estudiantes de 9 años, uno de cada dos no entiende lo que leen? ¿Qué diría Sarmiento de estos lamentables datos? Otro dato alarmante, según las pruebas PISA de 2022, siete de cada diez estudiantes no logran niveles básicos en matemática. Fue una ley de 1884, como política de Estado, la que se propuso alfabetizar.
140 años después, resultado de políticas de Estado (en manos de distintos colores políticos) tenemos esta realidad. Realidad que algunos gobiernos quieren emparchar o esconder con reformas que no resuelven los regímenes de promoción, etc.
Por eso con la esencialidad, además de limitar en los hechos el derecho de huelga, quieren amordazar la voz de quienes sostienen, transitan, se educan en la educación pública. Hablan de “adoctrinamiento” y esto tiene un por qué. Hay mucho que cuestionar y proponerse transformar radicalmente. Nosotros y nosotras aspiramos a una educación que cuestione, que no naturalice la violencia, la desigualdad, la vida de miseria que nos quieren imponer. Y esto es lo que no quieren. Por eso la censura, la mordaza, el señalamiento a quien ose opinar distinto, cuestionar.
En este contexto de gran desigualdad social el impacto en las trayectorias educativas de los niños y niñas y adolescentes es enorme…
VP: Bajo el gobierno de Milei siete de cada diez niños en la Argentina viven en la pobreza. Según un informe de Unicef, son 8,6 millones de chicos menores de 18 años, que viven en hogares que no alcanzan el piso mínimo de ingresos monetarios o en entornos de privación de derechos (vivienda, salud, educación, entre otros). Pero la hipocresía de los voceros del Gobierno es inmensa: hablan de “derechos de la infancia” para justificar su intento de declarar la educación como servicio esencial.
¿Cuáles son a tu entender los principales problemas que afrontan los docentes en la actual situación política nacional?
VP: Hoy los y las docentes son trabajadoras pobres. Muchos y muchas trabajan dos, tres o cuatro cargos para llegar a fin de mes. Pero también son pobres las familias de los y las estudiantes que asisten a las escuelas. Son casi tres millones de chicos y chicas que reciben desayuno en la escuela, fundamental para su alimentación diaria. Esto implica recursos (que son escasos y deben distribuirse), tiempos y tareas extraescolares que realizan maestras y maestros. En ese contexto la defensa de una educación pública, gratuita y laica es una bandera más que vigente.
Al Gobierno parece molestarle el derecho a la libertad de expresión, de cátedra, de organización y reunión. El problema que tiene es que son derechos que exceden la Ley de Educación porque son constitucionales. No son nuevos los sectores conservadores que pretenden hacerse del contenido de la educación ni aquellos que ven jugosos negocios con la educación privada en todas sus formas, con la venta de programas, los negocios editoriales, plataformas y un largo etcétera.
Libre o laica, pública de gestión estatal o privada, hay varios debates que han sido hitos acerca del rol del Estado en relación a la educación, la injerencia de la Iglesia y otros actores, como las empresas o fundaciones en la elaboración de programas y diseños curriculares. Y en pleno Siglo XXI, con las reformas de los 90 mediante, que no fueron modificadas en muchos aspectos con la Ley de Educación de 2006, hay provincias en las que seguían dando religión en las escuelas públicas.
Pero la tradición de defensa de la educación pública en la Argentina también es larga y combativa. No menos cierto es que el desfinanciamiento persistente ha provocado una crisis muy profunda en las escuelas, que genera un extendido y genuino cuestionamiento. Pero las propuestas de ajuste, de voucher y de privatización han fracasado en todo el mundo. Fuimos testigos de las luchas en Chile contra esa herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.
Tenemos que pelear por más plata para educación, no más ajuste y de repensar y rediscutir, democráticamente, desde abajo qué educación queremos y necesitamos y qué necesitamos y queremos para conquistarla. Frente a los ideólogos de la motosierra, adalides de una neocruzada conservadora y antiderechos, tenemos que plantarnos, organizarnos y luchar para que decirles sobre el derecho a la educación, a la ESI y a los derechos laborales ¡No pasarán!
2) La Noche de los Bastones Largos
El 29 de julio de 1966 se produce la llamada “Noche de los bastones largos”. Una violenta represión a docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires que reclamaban contra la intervención de las universidades nacionales dispuesta por el gobierno militar de Onganía. ¿Cómo y por qué se dio?
Corrían los 60 y la juventud vivía grandes cambios a nivel cultural: la llegada del rock nacional, nuevas modas y estilos; el boom latinoamericano irrumpía en la literatura con su realismo mágico; las drogas y el sexo dejaban de ser tabú y su rol en el placer, y no solo en la procreación, comenzaba a ser un tema de debate. La mujer toma otra posición con la pastilla anticonceptiva, la minifalda, los debates en torno al divorcio, su deseo comienza a dar que hablar.
En ese marco, en 1966 mediante un Golpe de Estado, llega al poder Juan Carlos Onganía. Un oscurantista que intentará imponer nuevos valores occidentales y cristianos y comenzará a llevar a cabo razzias y persecuciones a todo aquello que saliera de esa norma.
Las universidades no se quedaron afuera de estos cambios: “Al comenzar los años ‘60 se agudizó la percepción de aquel cambio que antes sólo unos pocos habían detectado; incluso empezaron a rendir frutos algunas creaciones de la etapa anterior. Se habían creado carreras universitarias nuevas, como Sociología, Psicología y Educación, y el flamante CONICET fomentaba la investigación científica en el país. Mientras el Fondo Nacional de las Artes y una serie de premios nuevos alentaban el desarrollo de una producción artística más rica y variada, menos apegada a los canales de circulación tradicionales, la editorial universitaria Eudeba publicaba lo mejor de la producción intelectual del momento, con un plan de traducciones muy actualizado.” [1]
Durante los años de Illia (gobierno al que derrocó Onganía) las universidades funcionaron bajo los preceptos de la Reforma Universitaria de 1918: con gobierno tripartito, provisión de cargos por concurso, libertad de cátedra, autonomía universitaria y centros de estudiantes. La de los universitarios y jóvenes de los ‘60 era una generación que nacía a la vida política comprometida con la sociedad y, aunque aún incipiente, tejía sus lazos con el movimiento obrero. Ejemplo de esto es la solidaridad por parte de los estudiantes a las huelgas obreras durante el mismo gobierno.
Intervención y represión: “la Noche de los bastones largos”
Con todo lo expuesto no debería llamar la atención que las universidades fueran catalogadas como focos de una temida infiltración marxista y, en consecuencia, el gobierno tomó rápidas cartas en el asunto: mediante el Decreto- Ley 16.912 dispuso, un 29 de julio de 1966, la intervención de las universidades nacionales una vez puesto en el cargo de Subsecretario de Educación el abogado católico Carlos María Gelly y Obes, cartera dependiente del Ministerio del Interior presidido por el cursillista Enrique Martínez Paz, clara demostración de la injerencia eclesiástica en el nuevo gobierno. El mismo decreto prohibía la actividad política en las casas de altos estudios y anulaba el gobierno tripartito. Los rectores y decanos tenían un plazo de 48 horas para aceptar la propuesta o rechazarla.
La respuesta fue rápida: a nivel nacional la FUA sacó una declaración que repudiaba y desconocía el decreto, considerando como autoridades solo las surgidas de los mecanismos democráticos reglamentados por los estatutos universitarios. El foco de la resistencia será Buenos Aires: 5 universidades de la UBA (Exactas, FFyL, Ingeniería, Arquitectura y Medicina) fueron tomadas por estudiantes y profesores. Sin embargo, fueron grupos chicos y las universidades fueron rápidamente desalojadas, salvo en Ciencias Exactas y Naturales.
Allí ingresaron más de cien uniformados pertenecientes a la Guardia de Infantería comandados por el general al frente de la Jefatura de Policía, Mario Fonseca; cinco carros de asalto, dos patrulleros, dos celulares y un carro del cuerpo de bomberos los escoltaban en la “manzana de las luces”. Los estudiantes resistirán y el costo será varios heridos y unos 150 detenidos. La represión fue brutal, la policía golpeaba a quienes resistían con sus bastones, motivo por el cual el periodista Julio Algarañaz de Primera Plana la llamaría “La Noche de los bastones largos” nombre con el que pasaría a la historia más negra de nuestro país.
Tras la represión renunciaron los decanos de Filosofía y Letras, Ciencias Exactas y Arquitectura. En total 1.500 docentes renunciaron y muchos se fueron al exilio. Por ejemplo, solo en Exactas de los 675 docentes que había, 330 dejaron sus cargos de los cuales 166 fueron contratados por universidades de América Latina, 94 por universidades de EE UU, Canadá y Puerto Rico y 41 por universidades de Europa. Este suceso fue denominado “fuga de cerebros”.
Mención especial merece la postura de la CGT con Vandor a la cabeza, que venía demostrando un abierto apoyo a la dictadura de Onganía. La Central tardó en repudiar la represión, acusando de gorilismo a los estudiantes, como relata Juan Sebastián Califa, “Días más tarde, el diario Clarín difundió el anteproyecto de declaración ‘La CGT ante el proyecto universitario’. El documento valoraba el nivel científico alcanzado por la Universidad, negándose a concebirla como una isla. Pero al mismo tiempo condenaba las luchas que no hacían a su contenido concreto, no admitiendo la lucha ‘formal’ por la autonomía. Finalmente, se exhortaba a la Universidad a ser la palanca del cambio, ‘debe incorporarse a la revolución y no segregarse’ sentenciaba.” [2]
No obstante, esta división trazada por la CGT dista de ser real tan solo viendo la solidaridad estudiantil a las huelgas obreras anteriores y que continuó en los meses posteriores en la huelga portuaria. Al decir del mismo autor: “Con todo, es verdad que la militancia universitaria de izquierda siempre había criticado a los “burócratas”. Pero precisamente con esa categoría se distinguía a la base obrera de su dirigencia, en el afán de acompañar las luchas de los primeros, a pesar o más allá de las posturas de los últimos.” [3]
Esta rápida respuesta estudiantil y docente a los planes de la dictadura de la “Revolución Argentina” fue de los primeros focos de resistencia. La sangrienta represión no alcanzó para hacer retroceder la organización de franjas de la sociedad que continuó creciendo, sobre todo en el movimiento obrero (véase la huelga portuaria, del ferrocarril, ingenios azucareros, etc.) donde el movimiento estudiantil acompañará. Esta unidad se sellará en el Mayo cordobés del 69, en aquella semi insurrección histórica que se conoce como “Cordobazo” y que terminó de resquebrajar el régimen de Onganía que cayó un año después en 1970.
[1] Pujol, Sergio. Rebeldes y modernos. Una cultura de los jóvenes. Buenos Aires: Sudamericana, 2003. en James, Daniel (Comp). Nueva Historia Argentina
[2] Juan Carlos Califa. Obreros y estudiantes, ¿unidos y adelante? Los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires frente al movimiento obrero bajo la “Revolución Argentina”, 1966-1973
[3] Ídem.
3) A 106 años del Manifiesto de la Reforma Universitaria
En un mundo agitado por la guerra y la revolución, los jóvenes cordobeses declaran:
“Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana.”
La Universidad de principios del siglo XXI era un reducto de camarillas académicas que controlaban el nombramiento de profesores donde no se filtraba ningún espíritu crítico; las ideologías más conservadoras y pre-científicas eran hegemónicas. En este clima de oscurantismo religioso y conservador irrumpe el movimiento de la Reforma, que se encuentra claramente influenciado por el impacto en América Latina de la Revolución Rusa.
Ya hacia fines de 1917, el movimiento estudiantil cordobés venía reclamando sin ser escuchado por la democratización del sistema de asignación de cátedras y en marzo de 1918 el movimiento amplió sus demandas al rechazo del régimen de asistencia exponiendo el problema del origen social del estudiantado que ya no pertenecían exclusivamente a la aristocracia, en el contexto del crecimiento de las clases medias que experimentaba el país por esas décadas y de ascenso de la conflictividad social y organización de la clase trabajadora.
La ausencia de respuestas impulsó la formación del Comité Pro-Reforma que convocó a la huelga general estudiantil. Ante esta acción que resultó masiva, el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen decretó la intervención de la universidad y la reforma de los estatutos habilitando la elección de autoridades universitarias por el claustro docente. Esta medida traería el primer desengaño para los estudiantes; los sectores liberales de la docencia eligieron el 15 de junio al candidato clerical y conservador.
Los estudiantes que habían puesto en pie la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), cuyos principales referentes eran Deodoro Roca, Enrique Barros, Tomás Bordones y Saúl Taborda, respondieron pasando a la acción directa, enfrentando a las fuerzas de seguridad, declarando la huelga general, tomando la Universidad y convocando a movilizaciones callejeras.
En este contexto se redactará el célebre Manifiesto Liminar:
La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud América
Manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba – 1918
Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana.
La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta, porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido y porque era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de Mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y -lo que es peor aún- el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la Ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que, dentro de semejante régimen, las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza, y el ensanchamiento vital de los organismos universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria.
Nuestro régimen universitario -aún el más reciente- es anacrónico. Está fundado sobre una especie del derecho divino: el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. El concepto de Autoridad que corresponde y acompaña a un director o a un maestro en un hogar de estudiantes universitarios, no solo puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la substancia misma de los estudios. La autoridad en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: Enseñando. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Fundar la garantía de una paz fecunda en el artículo conminatorio de un reglamento o de un estatuto es, en todo caso, amparar un régimen cuartelario, pero no a una labor de Ciencia. Mantener la actual relación de gobernantes a gobernados es agitar el fermento de futuros trastornos. Las almas de los jóvenes deben ser movidas por fuerzas espirituales. Los gastados resortes de la autoridad que emana de la fuerza no se avienen con lo que reclama el sentimiento y el concepto moderno de las universidades. El chasquido del látigo sólo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los cobardes. La única actitud silenciosa, que cabe en un instituto de Ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla.
Por eso queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de Autoridad que en estas Casas es un baluarte de absurda tiranía y sólo sirve para proteger criminalmente la falsa-dignidad y la falsa-competencia.
Ahora advertimos que la reciente reforma, sinceramente liberal, aportada a la Universidad de Córdoba por el Dr. José Nicolás Matienzo, sólo ha venido a probar que el mal era más afligente de lo que imaginábamos y que los antiguos privilegios disimulaban un estado de avanzada descomposición. La reforma Matienzo no ha inaugurado una democracia universitaria; ha sancionado el predominio de una casta de profesores. Los intereses creados en torno de los mediocres han encontrado en ella un inesperado apoyo. Se nos acusa ahora de insurrectos en nombre de una orden que no discutimos, pero que nada tiene que hacer con nosotros. Si ello es así, si en nombre del orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado a la insurrección. Entonces la única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino heroico de la juventud. El sacrificio es nuestro mejor estímulo; la redención espiritual de las juventudes americanas nuestra única recompensa, pues sabemos que nuestras verdades lo son -y dolorosas- de todo el continente. Que en nuestro país una ley -se dice- la de Avellaneda, se opone a nuestros anhelos. Pues a reformar la ley, que nuestra salud moral los está exigiendo.
La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido tiempo aún de contaminarse. No se equivoca nunca en la elección de sus propios maestros. Ante los jóvenes no se hace mérito adulando o comprando. Hay que dejar que ellos mismos elijan sus maestros y directores, seguros de que el acierto ha de coronar sus determinaciones. En adelante solo podrán ser maestros en la futura república universitaria los verdaderos constructores de alma, los creadores de verdad, de belleza y de bien.
La juventud universitaria de Córdoba cree que ha llegado la hora de plantear este grave problema a la consideración del país y de sus hombres representativos.
Los sucesos acaecidos recientemente en la Universidad de Córdoba, con motivo de elección rectoral, aclara singularmente nuestra razón en la manera de apreciar el conflicto universitario. La Federación Universitaria de Córdoba cree que debe hacer conocer al país y América las circunstancias de orden moral y jurídico que invalidan el acto electoral verificado el 15 de junio. Al confesar los ideales y principios que mueven a la juventud en esta hora única de su vida, quiere referir los aspectos locales del conflicto y levantar bien alta la llama que está quemando el viejo reducto de la opresión clerical. En la Universidad Nacional de Córdoba y en esta ciudad no se han presenciado desórdenes; se ha contemplado y se contempla el nacimiento de una verdadera revolución que ha de agrupar bien pronto bajo su bandera a todos los hombres libres del continente. Referiremos los sucesos para que se vea cuanta vergüenza nos sacó a la cara la cobardía y la perfidia de los reaccionarios. Los actos de violencia, de los cuales nos responsabilizamos íntegramente, se cumplían como en el ejercicio de puras ideas. Volteamos lo que representaba un alzamiento anacrónico y lo hicimos para poder levantar siquiera el corazón sobre esas ruinas. Aquellos representan también la medida de nuestra indignación en presencia de la miseria moral, de la simulación y del engaño artero que pretendía filtrarse con las apariencias de la legalidad. El sentido moral estaba oscurecido en las clases dirigentes por un fariseísmo tradicional y por una pavorosa indigencia de ideales.
El espectáculo que ofrecía la Asamblea Universitaria era repugnante. Grupos de amorales deseosos de captarse la buena voluntad del futuro rector exploraban los contornos en el primer escrutinio, para inclinarse luego al bando que parecía asegurar el triunfo, sin recordar la adhesión públicamente empeñada, en el compromiso de honor contraído por los intereses de la Universidad. Otros -los más- en nombre del sentimiento religioso y bajo la advocación de la Compañía de Jesús, exhortaban a la traición y al pronunciamiento subalterno. (¡Curiosa religión que enseña a menospreciar el honor y deprimir la personalidad! ¡Religión para vencidos o para esclavos!). Se había obtenido una reforma liberal mediante el sacrificio heroico de una juventud. Se creía haber conquistado una garantía y de la garantía se apoderaban los únicos enemigos de la reforma. En la sombra los jesuitas habían preparado el triunfo de una profunda inmoralidad. Consentirla habría comportado otra traición. A la burla respondimos con la revolución. La mayoría expresaba la suma de represión, de la ignorancia y del vicio. Entonces dimos la única lección que cumplía y espantamos para siempre la amenaza del dominio clerical.
La sanción moral es nuestra. El derecho también. Aquellos pudieron obtener la sanción jurídica, empotrarse en la Ley. No se lo permitimos. Antes de que la iniquidad fuera un acto jurídico, irrevocable y completo, nos apoderamos del Salón de Actos y arrojamos a la canalla, solo entonces amedrentada, a la vera de los claustros. Que es cierto, lo patentiza el hecho de haber, a continuación, sesionado en el propio Salón de Actos de la Federación Universitaria y de haber firmado mil estudiantes sobre el mismo pupitre rectoral, la declaración de la huelga indefinida.
En efecto, los estatutos reformados disponen que la elección de rector terminará en una sola sesión, proclamándose inmediatamente el resultado, previa lectura de cada una de las boletas y aprobación del acta respectiva. Afirmamos sin temor de ser rectificados, que las boletas no fueron leídas, que el acta no fue aprobada, que el rector no fue proclamado, y que, por consiguiente, para la ley, aún no existe rector de esta universidad.
La juventud Universitaria de Córdoba afirma que jamás hizo cuestión de nombres ni de empleos. Se levantó contra un régimen administrativo, contra un método docente, contra un concepto de autoridad. Las funciones públicas se ejercitaban en beneficio de determinadas camarillas. No se reformaban ni planes ni reglamentos por temor de que alguien en los cambios pudiera perder su empleo. La consigna de «hoy para ti, mañana para mí», corría de boca en boca y asumía la preeminencia de estatuto universitario. Los métodos docentes estaban viciados de un estrecho dogmatismo, contribuyendo a mantener a la Universidad apartada de la Ciencia y de las disciplinas modernas. Las lecciones, encerradas en la repetición interminable de viejos textos, amparaban el espíritu de rutina y de sumisión. Los cuerpos universitarios, celosos guardianes de los dogmas, trataban de mantener en clausura a la juventud, creyendo que la conspiración del silencio puede ser ejercitada en contra de la Ciencia. Fue entonces cuando la oscura Universidad Mediterránea cerró sus puertas a Ferri, a Ferrero, a Palacios y a otros, ante el temor de que fuera perturbada su plácida ignorancia. Hicimos entonces una santa revolución y el régimen cayó a nuestros golpes.
Creímos honradamente que nuestro esfuerzo había creado algo nuevo, que por lo menos la elevación de nuestros ideales merecía algún respeto. Asombrados, contemplamos entonces cómo se coaligaban para arrebatar nuestra conquista los más crudos reaccionarios.
No podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta religiosa, ni al juego de intereses egoístas. A ellos se nos quiere sacrificar. El que se titula rector de la Universidad de San Carlos ha dicho su primera palabra: «prefiero antes de renunciar que quede el tendal de cadáveres de los estudiantes». Palabras llenas de piedad y amor, de respeto reverencioso a la disciplina; palabras dignas del jefe de una casa de altos estudios. No invoca ideales ni propósitos de acción cultural. Se siente custodiado por la fuerza y se alza soberbio y amenazador. ¡Armoniosa lección que acaba de dar a la juventud el primer ciudadano de una democracia Universitaria! Recojamos la lección, compañeros de toda América; acaso tenga el sentido de un presagio glorioso, la virtud de un llamamiento a la lucha suprema por la libertad; ella nos muestra el verdadero carácter de la autoridad universitaria, tiránica y obcecada, que ve en cada petición un agravio y en cada pensamiento una semilla de rebelión.
La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio de los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa.
La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su Federación, saluda a los compañeros de la América toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que inicia.
21 de junio de 1918
Enrique F. Barros, Horacio Valdés, Ismael C. Bordabehere, presidente.
Gumersindo Sayago, Alfredo Castellanos, Luis M. Méndez, Jorge L.
Bazante, Ceferino Garzón Maceda, Julio Molina, Carlos Suárez Pinto,
Emilio R. Biagosch, Angel J. Nigro, Natalio J. Saibene,
Antonio Medina Allende, Ernesto Garzón.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.