Cuando faltaban pocos días de las elecciones generales en Ecuador, el candidato Presidencial por el partido de derecha Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, fue asesinado luego de un mitin político en pleno centro norte de la capital de la República y en medio de la supuesta protección policial a su persona. Este asesinato alteró de forma radical el escenario político nacional y se convirtió en noticia de primera plana incluso a nivel mundial.
Este acto se suma a otros crímenes en contra de varios políticos y autoridades electas, así como la vorágine de sicariatos en contra toda la población, la delincuencia generalizada, los secuestros a ciudadanos, la generalización de las extorsiones, las masacres carcelarias y la presencia cada vez más constante del crimen organizado como un vector de la vida misma del país en los últimos años. En pocos años Ecuador pasó de ser un país relativamente tranquilo a ostentar los índices más altos de crímenes e inseguridad.
¿Cómo una sociedad que vivió de manera marginal esos problemas ahora devino en noticia mundial precisamente por la escalada de violencia en la que vive? ¿Qué factores o circunstancias deterioraron al país de tal manera que en apenas pocos años sus índices de criminalidad lo conviertan en una de las zonas más inseguras de la región y del mundo?
Hay, por supuesto, varias explicaciones, lecturas e interpretaciones sobre lo que sucede en el país; sin embargo, quizá sea necesaria una lectura desde la economía política y desde las categorías del marxismo para comprender y contextualizar la difícil situación que vive el Ecuador.
Una visión desde la economía política puede
situar coordenadas históricas, estructurales y geopolíticas con mayor precisión
y alcance. Para el efecto se propone una reflexión sobre la relación entre
acumulación de capital y crimen organizado a partir de la categoría de
lumpen-acumulación. Luego se analiza el contexto de la política económica al
trasluz de los acuerdos que el país suscribió con el FMI. Con estos
antecedentes se concluye en que la mezcla de neoliberalismo y
lumpen-acumulación condujeron al país a una situación de Estado fallido.
La referencia al Estado fallido no está en sus formas, es decir, la incapacidad
que tendría el Estado en asegurar sus funciones más vitales para sí mismo y sus
ciudadanos, sino en su incapacidad para ejercer el monopolio legítimo de la
violencia y procesar el conflicto social dentro del derecho y las
instituciones. En el Estado fallido se cede la disputa sobre el monopolio
legítimo de la violencia a la violencia ilegítima del crimen organizado.
Acumulación de capital y lumpen-acumulación: precisiones conceptuales
Para comprender mejor la relación entre lumpen-acumulación y patrones de acumulación es necesario situar con más rigor esos conceptos. Por patrón de acumulación de capital quiero expresar la forma general que establece, define y genera las condiciones de posibilidad para que los diferentes grupos de poder y grupos económicos sitúen la extracción de ganancia a través de modelos específicos de negocios.
En este caso particular, el patrón general de acumulación está dado por la dolarización de la economía. Al tratarse de una moneda fuerte que es utilizada como unidad de cuenta del comercio mundial y que corresponde a la potencia imperialista más importante de la globalización, la dolarización se convierte en el marco general sobre el cual los grupos económicos sitúan y maximizan sus expectativas de ganancia.
La relación entre un patrón de acumulación con sus marcos normativos e institucionales lo denomino, en la línea de la escuela de la regulación, como régimen de regulación del patrón de acumulación. Es decir, los patrones de acumulación de capital necesitan de formas institucionales y marcos normativos sobre los cuales desarrollarse, consolidarse y expandirse.
En ese sentido, la dolarización obliga a crear marcos normativos y jurídicos para varias modalidades de extracción y maximización de la ganancia. El régimen de regulación de la dolarización supuso que el marco monetario e institucional de la dolarización sea manejado directamente por la banca privada y por los grupos financieros, mientras que, de su parte, el sistema de precios relativos y relacionados con la dolarización sea, a su vez, controlado y gestionado directamente por el capital corporativo dedicado a la distribución, comercialización e importación. De ahí en adelante, todos los demás grupos económicos pudieron desplegarse desde esas coordenadas previas.
El Estado fue excluido desde el inicio del manejo y control del marco monetario de la dolarización y de cualquier forma de regulación sobre el sistema de precios internos. Esto se radicaliza aún más con las reformas legales del año 2021 que definieron la independencia y autonomía del Banco Central y la prohibición, incluso, para que el Banco Central pueda adquirir bonos emitidos por el gobierno lo que condujo a que el gobierno solo pueda endeudarse en los mercados financieros internacionales de capitales y devino en la exclusión radical del Estado con respecto a su propio financiamiento.
Al momento, los grupos económicos más importantes que manejan esos marcos monetarios e institucionales de la dolarización corresponden a los bancos más grandes del país y los respectivos grupos económicos que los manejan; así, de una parte está el grupo económico Banco del Pichincha, liderado por Fidel Egas, que maneja cuatro grandes bancos (Banco del Pichincha, Banco Diners, Banco de Loja y Banco Rumiñahui) y más de cien fideicomisos y empresas; y, el segundo grupo bancario más importante del país, es el grupo económico Banco de Guayaquil (Corporación MultiBG) liderado por Guillermo Lasso Mendoza y Danilo Carrera. Ambos grupos económicos poseían en activos, con datos del año 2020, correspondientes a un volumen que representaba el 25,14% del PIB del año 2020.
Si los bancos privados manejan y definen el marco monetario de la dolarización, en cambio los importadores, comercializadores y distribuidores controlan y gestionan, de su parte, todo el sistema de precios relativos de la economía. Ahí constan grupos económicos como el grupo La Favorita (perteneciente a la familia Wright), el grupo Eljuri (perteneciente a la familia del mismo nombre), el grupo Corporación El Rosado (perteneciente a la familia Czarninski), el Grupo Gerardo Ortiz e hijos, entre otros. En conjunto, los activos de estos cuatro grandes grupos económicos alcanzan un volumen que representaba el 12,73% del PIB del año 2020.
En virtud de que no existe control del Estado sobre los precios relativos, estos grupos económicos dedicados a la importación, comercialización y distribución tienen la posibilidad de imponer esos precios a la sociedad y, de esta forma, generar rentas.
Estos dos grandes polos de acumulación: bancos e importadores-comercializadores, desplazan a los tradicionales grupos de poder económico que, al menos en las décadas de los años ochenta y noventa del siglo pasado fueron hegemónicos y que sustentaban su poder, en cambio, en la agroexportación y en la capacidad de devaluar el tipo de cambio para generar rentas y maximizar su utilidad.
Por supuesto que existen otros grupos económicos, por ejemplo las empresas transnacionales dedicadas al extractivismo, o la conversión de los agroexportadores en agroindustrias o empresas constructoras y de servicios, farmacéuticas, industrias, medios de comunicación, universidades privadas, entre otros. Pero, en lo fundamental, el patrón de acumulación y el régimen de regulación se establecen desde estas dinámicas monetarias y de la gestión del sistema de precios. Estas definiciones nos permiten comprender, grosso modo, las formas del desarrollo del capitalismo y la acumulación de capital para el caso del Ecuador.
Lumpen-acumulación y crimen organizado
Ahora bien, el concepto de lumpen-acumulación que consta ya en la economía política clásica y fue retomado por el profesor André Gunder Frank para definir el manejo corrupto, corporativo y clientelar de la acumulación de capital de las elites latinoamericanas durante el periodo de la industrialización, ahora puede servirnos para precisar el giro de tuerca de esas prácticas corruptas hacia la incorporación del crimen organizado como parte fundamental del patrón de acumulación de capital y del régimen de regulación correspondiente.
Existe un dato importante que señala la integración del crimen organizado como parte del régimen de acumulación y es la presencia de un personaje clave, en este caso se trata de Danilo Carrera, quien habría actuado como interfaz directa entre la denominada “mafia albanesa” y los grupos de poder económico y, en lo fundamental, el grupo económico Banco de Guayaquil-Corporación MultiBG, liderado por Guillermo Lasso Mendoza quien, además, fuera electo Presidente del Ecuador en el año 2021, de acuerdo con la investigación realizada por la policía nacional del Ecuador en un informe policial denominado “León de Troya” y fue el fundamento para el tercer intento de juicio político y destitución al Presidente ecuatoriano Guillermo Lasso Mendoza por parte de la Asamblea Nacional en el año 2023.
Hay que recordar que para evitar este juicio político y la posterior investigación a Danilo Carrera por su vinculación con el crimen organizado, el presidente Guillermo Lasso decretó la denominada muerte cruzada que disolvió la Asamblea y adelantó las elecciones generales.
Entonces, si la dolarización es el marco estructurante del patrón de acumulación del capital en el Ecuador y si el régimen de regulación impedía que el Estado asuma un rol directo en la definición de los marcos monetarios e institucionales de la dolarización así como del sistema de precios relativos, y si se abrieron las compuertas para que el crimen organizado pueda utilizar el sistema monetario del país, con una moneda tan importante como el dólar americano, es evidente que los flujos financieros del crimen organizado se imbricaron con el sistema monetario de dolarización y que esta imbricación supone una integración del crimen organizado con las estructuras más importantes de la acumulación de capital y del régimen de regulación.
Si esto es así, entonces el crimen organizado necesita no solo asegurar sus canales con el sistema monetario de dolarización y sus marcos institucionales sino que también necesita de espacios de control político e institucional para proteger sus recursos financieros y su modelo de negocios.
A esta integración articulada del patrón de acumulación de capital y su régimen de regulación con el crimen organizado, con la connivencia de las elites que les otorgaron el espacio político e institucional para actuar, lo denomino lumpen-acumulación.
En ese sentido, es necesario distinguirlo y separarlo, al menos analíticamente, de comportamientos más tradicionales de la lumpen-acumulación y que estaban relacionados más con la corrupción y prácticas corporativas y patrimoniales, porque esta vez la incorporación del crimen organizado a los patrones de acumulación de capital y su régimen de regulación requiere que estos grupos criminales entren directamente al Estado; es decir, si el régimen de regulación de la acumulación de capital da forma a las relaciones políticas e institucionales de una sociedad y si esta vez la connivencia de las elites permitió la entrada del crimen organizado a las dinámicas de la acumulación de capital, es de suponer que el crimen organizado reclame para sí esas formas de control de sus propios flujos monetarios a partir de una especie de pliegue del Estado hacia la lumpen-acumulación del crimen organizado.
Anomia y Estado fallido
¿Qué significa esto? ¿Qué supone e implica? Que el crimen organizado reclama y exige que el Estado decline su monopolio a la violencia legítima a su favor. Esto quiere decir que el crimen organizado requiere de la a-nomia como condición de posibilidad y garantía de existencia. En la anomia no hay nomos social (es decir, leyes y normas) y la contractualidad desciende a su grado cero. La anomia provoca no solo la pérdida de normatividad para la regulación de la vida social sino que también garantiza la impunidad, y esa es la condición de existencia del crimen organizado: asegurar su propia impunidad a través del control directo de la justicia y, sobre todo, la policía.
Para el crimen organizado, garantizar la impunidad representa uno de sus costos de transacción más altos de su modelo de negocios. Poner en su nómina a jueces, fiscales y policías representa, para ellos, un costo elevado. Pero lo hacen porque saben que forma parte de su modelo de negocios en virtud de que operan por fuera de la ley.
Pero si por diferentes circunstancias pueden maximizar sus posiciones dentro del Estado y expandir las áreas de impunidad a más bajo costo, es decir, reducir sus costos de transacción, entonces por supuesto que lo harán y lo hacen a partir del uso de la violencia ilegítima y la cooptación del Estado. Para el crimen organizado la violencia ilegítima es una praxis de su propia forma de comprender la política y actuar sobre la sociedad al tiempo que resuelve de forma concomitante sus problemas de costos de transacción y competencia y acuerdos colusorios de mercado.
Denomino como violencia ilegítima a ese exceso de violencia que implica brutalidad y pérdida de toda consideración ética y moral, que es utilizada con propósitos de generar una heurística del terror y miedo, de tal manera que esa heurística les permita, a quienes ejercen la violencia ilegítima, maximizar su poder, amedrentar a sus opositores, someter a la sociedad y disputar al Estado el monopolio de la violencia legítima.
La violencia ilegítima utiliza el terror y la crueldad como marco heurístico desde el cual imponer sus condiciones a la sociedad y, así, mantener sus modelos de negocios y reducir al mínimo sus costos de transacción. La crueldad que exhibe el crimen organizado es pura heurística del miedo. Es su forma de provocar anomia e impunidad. Es su manera de poner contra las cuerdas a la sociedad y sus instituciones.
No es necesario, teóricamente al menos, ese exceso de violencia y brutalidad que ejerce el crimen organizado para mantener en orden su modelo de negocios. Pero acuden al exceso de violencia justamente para realizar un efecto demostración de lo que pueden ser capaces y para amedrentar tanto a sus competidores cuanto a toda la sociedad. La violencia ilegítima del crimen organizado, en efecto, siempre procede desde la lógica del exceso y del efecto demostración. La interpretación y reacción más inmediata ante ese exceso es evidente: es el miedo y el repliegue. Ante tanta violencia y sin posibilidad alguna de defensa no hay otra opción. El miedo más primario es el recurso de su poder más inmediato.
Generalmente los Estados se defienden de esa anomia y de esa heurística del miedo de la violencia ilegítima del crimen organizado a través de sus instituciones, en especial, su sistema de justicia y la policía. Pero si estas instituciones son permeadas por el crimen organizado entonces la sociedad no tiene una línea de defensa contra esta heurística del miedo del crimen organizado. Cuando eso se produce entonces falla el contrato social, fallan las instituciones, falla el derecho, falla el Estado. Los Estados se convierten en una especie de ciudad Gótica, en donde la última línea de defensa no está en las instituciones que han sido permeadas y cooptadas por el crimen organizado, sino por un factor exógeno a ellas. El imaginario de Hollywood lo representa, generalmente, en los superhéroes.
Se genera un Estado fallido porque esta vez el Estado no puede ejercer el monopolio legítimo de la violencia y resolver la conflictividad social dentro del derecho y las instituciones. Es el crimen organizado quien disputa ese monopolio legítimo de la violencia y el Estado no puede defender a su sociedad porque la última línea de defensa entre la sociedad y el crimen organizado, vale decir la justicia y la policía, ha sido permeada y cooptada por ese crimen organizado.
¿Cómo se llegó hasta ahí? ¿De qué forma la lumpen-acumulación implicó también al Estado fallido? ¿Por qué fue tan fácil para el crimen organizado permear el Estado y provocar el derrumbe de las instituciones? Porque la lumpen-acumulación coincide con otro proceso correlativo: el programa de consolidación fiscal y de reforma estructural del FMI y del Banco Mundial.
Estado fallido y neoliberalismo
En marzo del año 2019 no había ninguna razón macroeconómica para que el Ecuador suscriba un programa económico con el FMI bajo el nombre de Servicio Financiero Ampliado. Todos los indicadores económicos del país estaban relativamente bien: crecimiento económico, bajos niveles de deuda pública, baja inflación, bajo desempleo, descenso de los indicadores de pobreza, entre otros. Sin embargo, el FMI y las elites decidieron que era momento de empezar un duro programa de ajuste con un amplio paquete de reformas estructurales.
Se puso el contador a cero en materia de inversión pública. Se realizaron agresivos recortes presupuestarios en áreas clave como salud, educación, inclusión social y administración de justicia. Se eliminaron subsidios y se pretendió poner los precios de las gasolinas a niveles internacionales, en un país que es productor de petróleo y de gasolinas. Se pretendió borrar todas las conquistas laborales y dejar en cero los derechos de los trabajadores bajo el pretexto de la competitividad.
En esa línea, se eliminaron empresas públicas, por ejemplo el Ecuador es uno de los pocos países del mundo que no tienen instituciones públicas para los correos. Se iniciaron, asimismo, los procesos para la privatización de la seguridad social, entre otros.
Las reformas estructurales que impusieron el FMI y el Banco Mundial alteraron la Constitución sin cumplir con los protocolos y normas establecidas para ello. Se aprobó la independencia y autonomía del Banco Central en clara contradicción con disposiciones expresas de la Constitución que lo prohibían. Se impidió que el Banco Central pueda adquirir bonos emitidos por el gobierno central. Se afectó la autonomía de las empresas públicas, la seguridad social y de los gobiernos autónomos descentralizados. Se alteraron las reservas internacionales para convertirlas en garantes de depósitos y transferencias de los bancos privados. Se intervino sobre el proceso de compras públicas para convertirla en verdadero viacrucis y, de esa forma, evitar todo gasto fiscal. En fin, fue una intervención en toda la estructura institucional del Estado que se hizo en contra de la Constitución y todo el ordenamiento jurídico del país. Se vivió una especie de realidad paralela entre lo que establecía la Constitución, el ordenamiento jurídico y la arquitectura institucional existente y las imposiciones del FMI y del Banco Mundial que iban en contrasentido de ese orden legal e institucional existente.
Esta contradicción supuso un choque que debilitó las instituciones. En poco tiempo, las instituciones existentes no podían cumplir con sus obligaciones legales porque no tenían los recursos para hacerlo y porque habían nuevas normativas que contradecían lo que ellas hacían. El retroceso social y económico fue evidente. El desempleo creció y con él la pobreza. La economía entró en recesión. Las instituciones empezaron a colapsar. El sistema de justicia se quedó con recursos mínimos. El sistema de rehabilitación penitenciaria, por ejemplo, tuvo que reducir al mínimo el número de guardias penitenciarios y suspendió todos los programas de rehabilitación social. El sistema de aduanas redujo su personal de control al mínimo porque las políticas de austeridad fiscal le obligaron a ello y ello provocó el auge del contrabando y convirtió al país en puerto seguro para la exportación de drogas. Los sistemas de radares que existían para evitar el uso de pistas clandestinas para el contrabando y el narcotráfico, fueron desmantelados. Se redujeron al mínimo y se eliminaron varios proyectos de inversión para seguridad ciudadana por parte de la policía nacional, entre otros aspectos.
La sociedad se rebeló en contra de ese programa recesivo y empobrecedor. Las movilizaciones sociales fueron potentes en octubre del año 2019 y en junio de 2022, pero eso no supuso que las elites alteren la trayectoria neoliberal que habían asumido. En el periodo 2019-2023 radicalizaron el ajuste económico y cumplieron a rajatabla todas las condicionalidades impuestas por el FMI y el Banco Mundial.
Fue el mejor escenario para la lumpen-acumulación y su escalada en la heurística del miedo. Esta vez no solo que tenían una puerta de entrada directa hacia el poder político gracias a Danilo Carrera y Guillermo Lasso sino que el Estado ya no podía hacerles frente porque las políticas de austeridad les habían quitado a las instituciones los recursos para hacerlo. Las instituciones públicas estaban demoliéndose a un ritmo cada vez más intenso y la sociedad estaba sometida a un radical programa de ajuste estructural que la dejaba indefensa y débil.
El FMI y el Banco Mundial debilitaron al Estado en pleno contexto de la lumpen-acumulación y permitieron que el crimen organizado pueda cooptar a la línea de defensa que la sociedad tenía para protegerse de esa violencia ilegítima del crimen organizado. Actuaron en conjunto y de forma sincronizada en la demolición del Estado.
Las primeras evidencias que el país entraba en una deriva nueva y que ameritaba una intervención radical del Estado para contener la violencia del crimen organizado fueron las primeras masacres carcelarias que se produjeron en la transición entre el gobierno de Lenin Moreno y Guillermo Lasso en los años 2021-2022. Esas masacres carcelarias eran la forma de resolución de las disputas entre los diferentes grupos del crimen organizado desde la violencia ilegítima y la heurística del terror, pero eran ya una advertencia de lo que advenía a la sociedad.
En esa coyuntura, el Estado no tuvo los recursos ni financieros, ni institucionales para resolver esos conflictos, porque el FMI le había atado de pies y manos. Habían recursos económicos, pero fue imposible gastarlos porque el FMI había diseñado un esquema en virtud del cual se producían ahorros fiscales forzosos para alimentar las reservas internacionales que, a su vez, servían de amortiguador para los bancos privados. Cuando se produjeron esas masacres carcelarias y se advertía la amenaza para toda la sociedad que supondría no resolverlas a tiempo, el gobierno de Guillermo Lasso miró para otro lado y siguió adelante con el programa de ajuste, privatización y desmantelamiento de las instituciones públicas, y Danilo Carrera, según la información de la policía del Ecuador, fortalecía sus nexos y sus negocios con el crimen organizado.
El gobierno de Lenin Moreno en su momento y, posteriormente, de Guillermo Lasso, con su desidia e indiferencia, demostraron que no tenían ninguna intención de resolver esos problemas entre mafias y grupos del crimen organizado porque, de una parte estaban comprometidos con el FMI y el Banco Mundial en las políticas de austeridad que, a la larga, fortalecía la posición de los grupos económicos más hegemónicos; y, por otra, durante el gobierno de Guillermo Lasso se habían abierto las compuertas para el ingreso del crimen organizado al Estado. Fue de esta forma como, en poco tiempo, el país devino en un Estado Fallido.
Sin el FMI y el Banco Mundial y el programa económico de austeridad, quizá el país habría tenido más margen de acción para frenar al crimen organizado y fortalecer sus líneas de defensa. Pero el momento en el que las elites están imbricadas con el crimen organizado, entonces la sociedad está en riesgo.
Fue esto lo que se advirtió desde la llegada de Guillermo Lasso al poder en el año 2021. Apenas electo, la Asamblea intentó destituirlo a través de un juicio político que demostraba su participación en fideicomisos en paraísos fiscales, algo que las leyes castigaban con la destitución del cargo. Empero, este intento de juicio político fracasó, entre otros aspectos, por la connivencia de varios sectores políticos, entre ellos la representación política enquistada en el movimiento Pachakutik y captada por el gobierno, el tradicional partido social cristiano, la Izquierda Democrática, entre otros.
Al año siguiente, 2022, se intentará nuevamente la destitución de Guillermo Lasso pero también fracasará por la confluencia de varios sectores para defenderlo. Uno de los actores claves en la defensa de Guillermo Lasso y que pudo bloquear los intentos para destituirlo, fue el entonces Presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio.
Una conclusión provisional
La lumpen-acumulación quizá sea un procedimiento rutinario pero en el caso del Ecuador alcanza cotas máximas porque permite la integración del crimen organizado dentro del Estado. Sin embargo, la acumulación de capital es un proceso dialéctico, es decir, expresa y resuelve las contradicciones históricas de una sociedad. No hay acumulación de capital ni régimen de regulación de esta acumulación sin lucha de clases, y la lucha de clases es la forma por la cual se expresa el conflicto político en las sociedades modernas. Gracias al filósofo marxista Antonio Gramsci, ahora sabemos que uno de los elementos centrales de esa lucha de clases y de ese régimen de regulación de la acumulación es la hegemonía, como la capacidad de crear universos simbólicos sobre la estructura del mundo y de la realidad para permitir la dominación política con el consenso de los explotados.
Ahora bien, en el Ecuador, el principal antagonista de la acumulación de capital no es la clase obrera, sino el movimiento social y popular cuya centro de gravedad está en el movimiento indígena. Gracias al movimiento indígena se han podido frenar algunas de las derivas más agresivas de la acumulación del capital y de su régimen de regulación, como la privatización de la seguridad social, la eliminación de subsidios a los combustibles, la desarticulación de instituciones claves, entre otras. Gracias también al movimiento indígena se han logrado crear marcos constitucionales y legales que defienden a la sociedad de las consecuencias del régimen de regulación de la acumulación de capital y del neoliberalismo.
Sin embargo, puede observarse que, quizá de forma paradójica, la deconstrucción de las capacidades de movilización del movimiento social y popular se producen y amplifican cuando la sociedad entra en momentos electorales. En vez de que esos momentos de elecciones se constituyan en circunstancias estratégicas para que la lucha social avance y para que se detenga esta deriva de lumpen-acumulación, más bien sucede lo contrario. Las elecciones confrontan al movimiento social y popular contra sí mismo e impiden que puedan convertirse, en esos momentos, en polos contrahegemónicos.
Así, las elecciones tienen la virtud de suspender momentáneamente la lucha de clases y crear escenarios políticos que eluden las definiciones más importantes y estratégicas sobre las derivas de la acumulación de capital. Eso no descalifica a las elecciones, sino más bien a la incapacidad que tendrían los movimientos sociales y populares por convertirlas en mecanismos de contrahegemonía y de defensa de la sociedad. En todo caso, el gobierno de Guillermo Lasso, acorralado por la contundencia de las acusaciones en su contra por las evidencias de la lumpen-acumulación, y ante una destitución inminente por parte de la Asamblea Nacional, procedió a disolver la Asamblea y convocar a elecciones generales anticipadas para completar su periodo.
Pero esa jugada política no resuelve los graves problemas de la lumpen-acumulación y del Estado fallido. Una de las tareas políticas más importantes del movimiento social y popular debería ser, precisamente, la reconstrucción del Estado y la defensa de la sociedad. Para ello se necesita que el movimiento social se pronuncie y articule una lucha social contra el programa económico del FMI. Que inscriba dentro del debate político que fueron precisamente las condicionalidades económicas del FMI y del Banco Mundial las que llevaron al Estado fallido y que la reconstrucción del Estado implica, supone y exige el fortalecimiento de las instituciones, entre ellas la justicia y la policía, como formas de restaurar esas líneas de defensa a la sociedad que el neoliberalismo dinamitó.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.