«Anti-souvenirs» y abusos a los derechos humanos: los juegos olímpicos en la Presidencia Temer

Peluches que simbolizan los tractores que han arrasado, estos últimos dos años, con cientas de favelas en Río de Janeiro. Un puzzle que recompone el coche tiroteado 111 veces por la Policía Militar en el que fueron asesinados cinco jóvenes del suburbio de Costa Barros. O sandalias con la estampa de negros siendo cacheados por […]

O sandalias con la estampa de negros siendo cacheados por su color de piel de camino a la playa.

Estos son algunos de los polémicos «anti-souvenirs» olímpicos creados por el humorista y artista brasileño Rafael Puetter, conocido como Rafucko. Instantáneas cotidianas para el conjunto de la sociedad brasileña y que muestran el grado de represión policial existente en la inminente sede olímpica.

La Federación Internacional Tierra de Hombres TDH(1) ha lanzado «The fighter» (‘La luchadora’), un trabajo documental que pretende desvelar la realidad más oculta de los Juegos, a través de la historia de Naomy, una niña de 12 años que, junto a su familia, ha resistido a los intentos de desalojo de su hogar con motivo de la organización del evento deportivo.

Difícilmente pasarán desapercibidos para quien llegue a Río de Janeiro: pósters con los colores vivos de los Juegos Olímpicos, adornando la principal vía de acceso al aeropuerto internacional.

Lo que quizá resulte menos notorio para quien pase en automóvil es que, justo detrás de esa cartelería recién instalada, hay uno de los mayores conjuntos de favelas de Río, conocido como Maré.

Las autoridades de la ciudad niegan que el objetivo de los pósters sea esconderles a los turistas esos barrios pobres, pero su explicación está lejos de convencer a quienes viven en el lugar.

Cuando Brasil hacía campaña para que Río fuera la sede de los Juegos Olímpicos, prometió que contribuiría a hacer que la fiesta deportiva global fuera más democrática, dándole acceso a los más humildes.

«Somos un país que tiene frontera seca con varios países de América del Sur, por lo tanto tenemos la chance de hacer que los pobres del mundo, que no tienen la chance de ver una Olimpíada, puedan ir a Brasil a asistir a una Olimpíada», dijo en 2008 el entonces presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una entrevista con BBC Brasil desde China.

Pero ahora, con Río y todo el gigante sudamericano sumidos en una feroz crisis económica, ha surgido de diversos modos la pregunta de cuánta visibilidad tendrán durante estos juegos los barrios pobres de la propia ciudad olímpica. A nivel de todo el país, quienes creen que los juegos traerán más perjuicios llegaron a 63%, un aumento significativo respecto del 38% registrado en 2013.

Una de las críticas más frecuentes de activistas y urbanistas es que se destinaron demasiados recursos a zonas más pudientes de la ciudad como Barra da Tijuca, en el oeste, donde estarán la villa y el parque olímpicos.

La atención mediática que toda Olimpiada genera es uno de los pocos factores positivos con los que Theresa Denise Williamson, fundadora de la ONG Catalytic Communities , se complace: «Nunca antes la sociedad civil carioca ha estado tan fuerte, informada, consolidada y unida.

La visión internacional de lo que es Río ahora se asemeja más con la realidad de la ciudad, lo que creará un estímulo de cambio entre una élite muy preocupada con su reputación en el extranjero», afirma Williamson, quien también lucha por transformar esa imagen internacional a través del medio alternativo RioOnWatch, donde da visibilidad a lo que sucede en las favelas.

«Las personas a veces piensan en el pobre como basura que debe ser retirada. No somos basura. Somos personas con derechos que tienen que ser respetados», explica una orgullosa María da Penha, símbolo de resistencia de la comunidad Vila Autódromo.

Esta favela, colindante con el Parque Olímpico, ha visto su población reducida de 600 a 20 familias en apenas dos años. Pocos vecinos lucharon por su derecho de permanencia, los mismos pocos que hoy pueden celebrar que se quedan. La mayoría aceptó una indemnización o se mudó al complejo ocupacional Parque Carioca.

Un incierto tira y afloja que, lejos de ser una excepción, se repite en muchos otros asentamientos irregulares amenazados por la hambrienta reestructuración y revalorización urbana que asolan la ciudad. Comunidades históricas como la Favela do Sambódromo, Vila das Torres o Largo do Campinho ya han sido demolidas.

Otras, como la Vila União de Curicica o la Colonia Juliano Moreira -esta última amenazada por el trazado de la novedosa BRT Transolímpica, un carril exclusivo para autobuses exprés- han sido mermadas poco a poco.

Las páginas del último dossier del Comité Popular de Río de Janeiro para la Copa Mundial y las Olimpiadas denuncian que al menos 4.120 familias han sido desalojadas de sus casas y 2.486 han vivido bajo esa amenaza por proyectos relacionados directa o indirectamente con los Juegos.

«Debido a estos desalojos muchos niños están viviendo en condiciones deplorables: sin acceso a agua, infraestructuras o posibilidad de ir a la escuela. Esto significa que podrían convertirse en víctimas de explotación, trabajo infantil o violencia sexual», alerta la Federación Internacional de ONG Terres de hommes (2), centrada en los derechos de los niños.

El fantasma del velado turismo sexual, que ya repuntó durante la Copa del Mundo, junto al flagrante trabajo infantil -que afectaba a 554 mil niños de entre 5 y 13 años en todo Brasil, según datos de 2014- constituyen, una vez más, los principales miedos.

Tampoco acaban aquí las violaciones de derechos humanos relacionadas con los Juegos Olímpicos. La misma organización denuncia que también se están produciendo desapariciones de personas sin hogar en algunos de los espacios públicos donde se celebrarán competiciones deportivas.

En solo dos meses, de diciembre a febrero de 2016, unas 209 personas sin hogar han sido retiradas y 869 detenidas, según datos de la Secretaria de Estado.

«No estoy en contra de las Olimpiadas, pero sí en contra de utilizar un megaevento para hacer higienización social; para excluir y empeorar la vida de las personas que ya viven en una precariedad inmensa», concluye con indignación Nathalia Silva, vecina de la combativa Vila Autódromo. «Hay que acabar con esa podredumbre oculta tras los Juegos» relata al diario argentino Los Andes (3)

Abusos a los derechos humanos según Amnistía Internacional

Las estadísticas sobre los abusos a los Derechos Humanos durante los tres megaeventos deportivos que alojó Brasil (Juegos Panamericanos de Río 2007, Mundial 2014 y JJ.OO.), según registra Amnistía Internacional, son alarmantes.

En los meses previos a los Juegos Panamericanos, en el estado de Río de Janeiro se registró un 30% más de homicidios en intervenciones de las fuerzas de seguridad, en relación al mismo período de 2006. Hasta 2013, esas cifras disminuían. Sin embargo, en 2014, el año mundialista, hubo un aumento del 40% respecto del año anterior. Y en el período de abril, mayo, junio de 2016 esos números se duplicaron en relación al mismo período de 2015. Dice Renata Neder, asesora de Amnistía Internacional Brasil: «Dos de los puntos del contrato de los Juegos eran la seguridad pública y la reducción de la criminalidad. Nada se cumplió: la policía hizo violaciones graves. Tenemos informes sobre torturas y ejecuciones. Como el caso de un chico de 10 años, en abril de 2015, que fue ejecutado frente a su casa por la policía», comenta. «En un país donde ya ocurrían estos hechos, con los megaeventos deportivos la tendencia a la violación de los derechos humanos se agrava», agrega Neder, quien especifica que la población de las favelas y los jóvenes negros son las principales víctimas.

Antes de los Juegos, Amnistía de Brasil lanzó una aplicación llamada «Fuego Cruzado» para denunciar los tiroteos en las favelas.

Fue bajada por unas 35.000 personas y en un mes se denunciaron 800 tiroteos. Algunos, hasta llegaron a durar cinco semanas. Vitor Santiago fue una víctima del «gatillo fácil» brasileño: en febrero de 2015 quedó parapléjico y le amputaron una pierna, tras ser baleado entre dos puestos de control en la Favela de Maré. El hecho no fue esclarecido ni sus atacantes juzgados, como ocurre con la mayoría de los casos, afirma Neder. » El Gobierno de Río de Janeiro no me dio nada. La comunidad me donó la silla de ruedas y los pañales. Y después, el Ejército volvió a la calle», se lamenta Vitor (4).

Represión policial y militarización de sectores populares

Desde la realización de los Juegos Panamericanos en Rio de Janeiro, en el 2007, pasando por el Mundial de Fútbol, en 2014, hasta los Juegos Olímpicos, este año, movimientos populares y colectivos organizados contra los impactos de los mega-eventos deportivos han denunciado el aumento de la violencia contra la población -con desalojos y crecimiento de la militarización en las favelas- y la falta de transparencia en la gestión de la preparación de las ciudades-sedes, generando desequilibrio en el presupuesto público y negando a la población el derecho a servicios básicos.

«Nosotras no estamos contra los Juegos Olímpicos. Estamos contra la forma como esos mega-eventos llegan a las ciudades, desconociendo las demandas reales y concretas de la población; e imponiendo un modelo de ciudad absolutamente distante de las necesidades reales de quien vive allí», lamenta la economista Sandra Quintela, coordinadora del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS) y miembro del Comité Popular de la Copa y de las Olimpiadas de Rio de Janeiro.

Para Sandra Quintela, «los gobernadores pasan a ser gerentes de los intereses de ese capital, que tiene un papel fundamental en las ciudades por causa de la gran especulación inmobiliaria; o sea, para la expansión de las fronteras del mercado habitacional y de tierras. Entonces, vivir en la ciudad queda, realmente, en último lugar».

Según los datos recogidos por el PACS, 65 mil familias fueron removidas en nombre de las Olimpíadas en Rio de Janeiro. «Hay regiones enteras que fueron privatizadas. Por ejemplo, la región del Porto Maravilla, donde estaba el antiguo puerto. Allí nació la capoeira, el samba… Hoy, todo está completamente gentrificado por un proceso de privatización y APP. Con los mega-eventos deportivos, hubo una flexibilización sobre la definición de lo que es privado y lo que es público», analizó Sandra Quintela que acaba de publicar el interesante libro «Atingidas: história de vida de mulheres na cidade olímpica»(5).

REDLAMYC llama al Estado Brasileño a frenar discriminación contra jóvenes

El Estado brasileño tiene la obligación de respetar los derechos de adolescentes y jóvenes durante la celebración de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro; eso es el llamado de organizaciones sociales reunidas en REDLAMYC Red Latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

«Urgimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (UN-CRC) y UNICEF a instar al Estado Brasileño a detener violaciones a derechos humanos.

Red Latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hace un llamado urgente al Estado Brasileño para frenar la discriminación en contra de adolescentes y jóvenes en el marco de los las Olimpiadas que inician este viernes 5 de agosto en Río de Janeiro. Expresamos preocupación por la estrategia de seguridad sustentada en la violación de derechos humanos; además de pretender ocultar la pobreza, desigualdad y falta servicios que vive la infancia, adolescencia y juventud brasileña.

Desde esta red de redes en América Latina, recordamos que la centralidad de un Estado democrático debe estar en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y la integridad de sus ciudadanas y ciudadanos. Lamentablemente se repite la misma estrategia del mundial de futbol (2014) donde la represión policial fue generalizada e impune.

Un evento internacional como las Olimpiadas no puede ser argumento para la militarización en barrios pobres, ni para estimular la discriminación, violencia y limpieza social en contra de jóvenes altamente excluidos.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el Senado Brasileño un joven es asesinado cada 23 minutos, 63 por día. La tasa de homicidios de jóvenes afrodescendientes es cuatro veces mayor que el que se refiere a los blancos de la misma edad, entre 15 y 29 años. Cada año, unos 23.100 jóvenes negros son asesinados.

Algunos medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil en Brasil, están documentando las operaciones policiales que violan los derechos de los jóvenes: realizan traslados forzados, impiden el libre tránsito a las playas de Brasil, persiguen el trabajo informal en la vía pública y a la población callejera. En contraste se observa omisión, aquiescencia y complicidad de las autoridades con la explotación sexual de adolescentes y mujeres jóvenes, llevadas a Río de Janeiro por grupos criminales.

Brasil está en riesgo de seguir profundizando su desprestigio ante el mundo. Estas prácticas dejan muy mal al estado brasileño después de que ha sido uno de los pioneros y considerado como referencia internacional con el «Estatuto da Criança e do Adolescente».

Frente a este escenario REDLAMYC hace un urgente llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CRC – ONU por sus siglas en inglés) y a UNICEF a instar al Estado Brasileño a:

-Detener la represión violenta de las manifestaciones públicas y promover el uso de protocolos que protejan los derechos y la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

-Frenar la persecución y hostigamiento en contra de niñas, niños, adolescentes y jóvenes pobres, afrodescendientes y habitantes de las favelas.

– Investigar y sancionar a las y los funcionarios responsables del diseño de la estrategia de seguridad y militarización. Así como la permisividad en la explotación sexual de niñas y adolescentes.

– Garantizar el acceso a la justicia y buscar medidas de reparación del daño para las víctimas», concluye el comunicado de Redlamyc.

Conclusiones

Según el Instituto PACS (Políticas Alternativas para el Cono Sur), los recientes eventos deportivos que han tenido lugar en Rio (Panamericanos 2007, Copa del Mundo 2014 y Juegos Olímpicos 2016) han servido para intensificar la apropiación privada del patrimonio y de la infraestructura pública a través de los acuerdos de construcción público-privados, donde los costes están divididos pero los lucros son apropiados por unos pocos.

Hoy Brasil se ha transformado en campeón de las desigualdades. Al respecto Pablo Gentili, secretario ejecutivo CLACSO, analiza que las Olimpiadas han comenzado, aunque en un escenario muy diferente del que imaginó el propio Lula y seguramente todos los brasileños y brasileñas, siete años atrás. Río 2016 encuentra el país sumergido en una crisis política, social y económica sin precedentes.

Ser la sede de los Juegos Olímpicos era, para Lula y su gobierno, la posibilidad de presentar al mundo que Brasil podía ser, al mismo tiempo, una inmensa potencia económica y una tierra de oportunidades para aquellos millones de ciudadanos y ciudadanas que habían tenido siempre sus derechos fundamentales negados. Las Olimpiadas iban a mostrar un nuevo Brasil, un país que decidía abandonar el rumbo que lo transformó en una de las naciones más injustas del planeta y cuya historia se había edificado sobre el fértil sedimento de los privilegios y la impunidad. En 2009, Lula promediaba su segundo mandato presidencial y las conquistas sociales de su gobierno lo habían transformado en uno de los líderes mundiales más admirados y queridos. Brasil mostraba que era posible poner a los más pobres en el centro de las prioridades nacionales, destinando recursos y desarrollando políticas públicas que combatían de forma efectiva la exclusión, la pobreza y, progresivamente, la persistente desigualdad.

Fue un momento de gloria que hoy parece haberse desintegrado en el aire.

En Brasil, la situación social empeora cada día con el aumento de los índices de pobreza y a medida que se desmonta la amplia estructura de programas y acciones que contribuían a la reducción de los aún altos niveles de exclusión. Brasil vuelve de forma acelerada a los años 90, un panorama social semejante al que tenía el país cuando Fernando Henrique Cardoso concluyó su mandato presidencial, casi quince años atrás: altísimas tasas de desempleo, fragilidad extrema del sistema de protección social, negación de derechos fundamentales y multiplicación de carencias en una población diezmada por el hambre, la miseria, la falta de oportunidades y el abandono», concluye Gentili (6).

«Los trabajadores, los movimientos sociales y los jóvenes ya ganamos la medalla de oro contra el golpe», afirmó el presidente de la Central Unica de Trabajadores Vagner Freitas al comentar la manifestación realizada el día antes de la abertura de las Olimpiadas, frente a la playa de Copacabana, zona sur de Rio de Janeiro.

Con pasacalles exigiendo «Fuera Temer» miles de sindicalistas, campesinos sin tierra y trabajadores urbanos sin techo, muchos de bermudas sencillas y sandalias, se concentraron frente al exclusivo Copacabana Palace. Varios manifestantes habían pasado la noche viajando desde San Pablo y otros estados para denunciar la deposición de la presidenta Dilma Rousseff, quien es sometida a un impeachment en el Senado.

Miles de turistas, de deportivos y de periodistas de todo el mundo son testigos de las razones por las cuales miles de manifestantes gritan «Juegos de la Exclusión».

NOTAS

Cristiano Morsolin, trabajador social e investigador italiano radicado en Latinoamérica desde 2001 con experiencias en Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil. Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS de Milán (Italia), autor de varios libros sobre derechos humanos y políticas emancipadoras.

Blog del autor: http://diversidadenmovimiento.wordpress.com/

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.