El gobierno del presidente George W. Bush anunció una nueva serie de medidas punitivas para «controlar» la inmigración indocumentada, que incluyen nuevos requisitos para que los empleadores sean obligados a despedir a trabajadores sin documentos.El mandatario estadunidense, junto con su gobierno, responsabilizó al Congreso por el fracaso en promover una reforma migratoria este año, y […]
El gobierno del presidente George W. Bush anunció una nueva serie de medidas punitivas para «controlar» la inmigración indocumentada, que incluyen nuevos requisitos para que los empleadores sean obligados a despedir a trabajadores sin documentos.
El mandatario estadunidense, junto con su gobierno, responsabilizó al Congreso por el fracaso en promover una reforma migratoria este año, y en ausencia de una nueva ley informó que emplearán «herramientas» ya autorizadas bajo las leyes existentes para controlar la migración «ilegal» y establecer mayor control fronterizo.
Al centro de esta iniciativa está la propuesta que obligará a empleadores a despedir a trabajadores cuyo número de seguro social no corresponda y ratificar su identidad 90 días después de que estas empresas sean informadas por el gobierno de las discrepancias al respecto.
Aunque esta medida ya existe, será implementada con sanciones y multas y las violaciones serán tratadas como acto criminal. La medida tendrá efecto en 30 días.
El secretario de Seguridad Interna, Michael Chertoff, anunció hoy las medidas junto con el secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, y ambos señalaron que hasta que el Congreso decida actuar en torno a una reforma «vamos a tomar algunos pasos enérgicos» desde el Ejecutivo.
Los funcionarios intentaron responsabilizar al Congreso por las potenciales consecuencias que podrían sufrir los empleadores por este esfuerzo.
Bush declaró, al ser presentadas las medidas, que «aunque el Congreso no ha abordado nuestro descompuesto sistema de migración y aprobar una legislación de reforma integral, mi gobierno continuará tomando todo paso posible para construir sobre los avances ya logrados» en torno al control de la migración.
Otras medidas anunciadas hoy incluyen propuestas para solicitar a gobiernos estatales compartir información sobre licencias de manejo, apurar procesos para la expulsión de migrantes -particularmente los que se quedan dentro del país después de vencer el plazo de sus visas- y mayor detección de integrantes de bandas criminales internacionales, entre otras.
Agrupaciones empresariales de los sectores de servicios y agricultura, junto con organizaciones de defensa de los derechos de migrantes, rechazaron las nuevas sanciones y reiteraron que un enfoque exclusivo sobre el aspecto de seguridad y control, sin medidas para permitir la regularización y legalización de trabajadores indocumentados, no es una solución viable.
La Coalición de Trabajadores Esenciales sobre Migración (EWIC), una de las principales coaliciones empresariales nacionales enfocadas en mano de obra en el sector de servicios (de poco o nula capacitación), declaró que la medida anunciada tendría serias consecuencias para la economía.
«El cese de potencialmente cientos de miles de trabajadores en la fuerza laboral es una preocupación crítica ya que amenaza desestabilizar la fuerza laboral y empeorar los déficit de trabajadores actuales en muchas industrias… Las empresas y al fin la economía de Estados Unidos serán dañadas y golpeadas por estas medidas», afirmó.
«La industria agraria será totalmente devastada», advirtió Laura Reiff, una de las coordinadoras de la EWIC, entrevistada esta noche por NBC News.
En un comunicado conjunto, la Coalición Agraria por una Reforma Migratoria, asociación de empleadores del campo, y el sindicato de jornaleros agrarios UFW respondieron al anuncio del gobierno.
«Las preocupaciones por migración y empleados indocumentados no pueden ser solucionadas con el tipo de medidas de curita que está ofreciendo (el Departamento de) Seguridad Interna… Los empleadores agrarios están desesperados por una fuerza laboral legal para la actual temporada de cosecha. Los trabajadores agrarios no pueden sufrir otro año viviendo en las sombras de nuestra sociedad», señalaron.
Por su parte, el Foro Nacional sobre Migración, organización pro migrante, afirmó que el gobierno de Bush ha optado por una estrategia limitada sólo a la seguridad, la cual «fracasará como política migratoria con consecuencias económicas, de seguridad y de derechos civiles desastrosos».
Advirtió que la medida «está diseñada en su primera ronda para sacar a más de un millón 400 mil inmigrantes trabajadores y contribuyentes de impuestos de las nóminas y llevarlos al subterráneo, con muchos millones más después».
Douglas Rivlin, vocero del Foro Nacional sobre Migración, agregó: «Este plan intensificará la detención, la deportación, haciendo mucho más fácil que los abusos del gobierno no sean limitados».
Mientras, y para variar, los políticos se dedicaron a intercambiar acusaciones y responsabilizar a sus opositores por el fracaso de la reforma migratoria. Mientras Bush y Chertoff acusaban al Congreso, los congresistas se dedicaron a acusar al otro partido.
El senador Edward Kennedy, principal promotor demócrata del proyecto de ley de reforma que fracasó en junio en el Senado, criticó hoy las medidas anunciadas por el gobierno y declaró que «los demócratas en el Senado votaron por una reforma real. Y para el bien del país, es hora de que los republicanos se sumen a ese esfuerzo».
Por su parte, el líder de la minoría del Senado y sus colegas dieron la bienvenida al anuncio, ya que responde, dijeron, a la demanda popular de un mayor control de la frontera y del flujo «ilegal» de migrantes.
Legisladores del caucus latino de la Cámara acusaron a la Casa Blanca de abandonar su compromiso por una reforma integral. El representante Luis Gutiérrez afirmó que «estas propuestas sólo llevarán a la gente cada vez más a las sombras, destruirán familias y dañarán a nuestra economía», y acusó a Bush de haber capitulado ante «la ala más antimigrante de su partido».
Todo esto en días en que comunidades como Huntington, en Utah, declaran que no importa el origen, etnia o idioma de cada minero, todos son «familia» -mensaje repetido por el gobernador y por la alcaldesa del pueblo-, mientras se intenta rescatar a tres mexicanos y tres estadunidenses atrapados en una mina.
Además, ya son 68 mil los inmigrantes que están en las fuerzas armadas activas, con 100 de ellos dando la vida en Irak y Afganistán, según reportó recientemente el periódico Houston Chronicle .
Al parecer los políticos de este país construido por inmigrantes han optado por dividir las familias, perseguir a trabajadores como si fueran criminales y negarle a quienes no tienen papeles (aunque 75 por ciento de ellos paga impuestos y contribuyen al seguro social) el derecho de trabajar, y obligarlos a vivir en las sombras.