Verónica Yuquilema, presidenta de la Fundación Nacional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), analizó los efectos del decreto 707 sobre el porte de armas.
Para Yuquilema, tanto el decreto como la Ley Reformatoria a varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral, “pueden tener graves consecuencias sobre los niveles de violencia existentes en nuestro país”.
Para la abogada de derechos humanos, el decreto y la ley precautelan a los grandes capitales y no a la población en general: “Esta puesta en vigencia del decreto y de la ley como tal, responde a la agenda de visión de país del actual presidente. Un enfoque totalmente securitista por todos los medios y dentro de la lógica neoliberal”.
La Ley Reformatoria a varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral es para Yuquilema “una gran amenaza” porque reforma varios cuerpos normativos, entre ellos el COIP, en lo que tiene que ver con el porte de armas y da más competencias a la Policía y Fuerzas Armadas “para proteger a las empresas extranjeras esto en función de la política extractivista ya presente y que tiene un sinnúmero de problemáticas”.
Según Yuquilema, el extractivismo “ha ido siempre en desmedro de los defensores de derechos”, y menciona que la ley aprobada da protección a las empresas extranjeras, por lo que apoyada por “las minorías privilegiadas de este país porque si algo podemos darnos cuenta luego de la puesta en marcha del Decreto 707, es que quienes aplaudieron esta decisión son precisamente esa minoría que piensa, que supone que una de las salidas para todo este nivel de violencia y de inseguridad en el país, sea el porte de armas, la entrega de armas a la ciudadanía de forma tan deliberada”.
La entrevista completa en: https://youtu.be/ducfMWnqa8I