La concentración de la tierra es uno de los problemas estructurales que caracterizan el modelo de acumulación de riqueza en el Ecuador. Las estructuras que ostentan el poder económico privado han cambiado de fachada, de grandes terratenientes a sociedades empresariales que registran en sus activos miles de hectáreas de tierra. Basta dar una mirada, por […]
La concentración de la tierra es uno de los problemas estructurales que caracterizan el modelo de acumulación de riqueza en el Ecuador. Las estructuras que ostentan el poder económico privado han cambiado de fachada, de grandes terratenientes a sociedades empresariales que registran en sus activos miles de hectáreas de tierra. Basta dar una mirada, por ejemplo, a los principales grupos económicos bananeros o a los ingenios azucareros.
La Constitución nos habla de la construcción de un modelo de desarrollo con profundas bases de equidad, también establece avanzar en una economía social y solidaria. Estos enunciados constitucionales son los que deben estar presentes en el debate y en la propuesta de una ley de tierras y reforma agraria. Pero ya varios voceros de los grandes grupos económicos han salido a hacer terrorismo económico. Hablan de que nadie va a querer invertir en el país, que se rompe la seguridad jurídica, que la tierra ya cumple su función social y ambiental gracias a los grandes monocultivos dedicados a la exportación, como las bananeras, cacaoteras, florícolas, etc.; también hablan de que se va a romper la paz social. Claro, esa supuesta paz social que les garantiza privilegios y profundiza el patrón de concentración de la riqueza vigente. Su miopía no les permite advertir que la paz social se rompe al ver tanta pobreza y marginación frente a tanta opulencia y concentración de riqueza en pocas manos. En el sector rural más del 50% de la población sigue viviendo en condiciones de pobreza, es decir, alrededor de 2,7 millones de personas; por otro lado, el 2% de unidades de producción dedicadas a la agricultura controla el 43% de la superficie de tierra. El coeficiente de Gini de distribución de la tierra, desde el año 1954 hasta la actualidad, sigue siendo superior a 0,80, es decir, existe muy poca equidad en la tenencia de la tierra -0 corresponde con la perfecta igualdad y 1 corresponde con la perfecta desigualdad-.
Una propuesta de ley acorde con la Constitución, a más de centrarse en poner límites a la concentración económica y avanzar en procesos redistributivos de la tierra, debe tomar en consideración aspectos profundos sobre la función social y ambiental de la tierra. Esto pasa por la estrecha relación que existe entre el uso de la tierra y la necesidad de protección de las cuencas de agua y lugares donde los ciclos naturales permiten la generación de este recurso natural, como son los páramos. Aquí la necesidad de poner límites a la frontera agrícola sobre determinados niveles de altitud donde los ciclos vitales de los páramos se mantienen y se reproducen, es fundamental.
Por otro lado, es una oportunidad única para avanzar en el fortalecimiento de la economía social y solidaria. El proceso de redistribución de la tierra debe ser pensado en avanzar en las otras formas de propiedad, como son la comunitaria, asociativa y cooperativa. Esto permitiría evitar el excesivo fraccionamiento de la tierra, incluso menor a una hectárea, que se ha venido dando fruto de los propios problemas que generan las condiciones de la pobreza, y que ha permitido una agricultura limitada de subsistencia. La posibilidad de que la propiedad y la producción se manejen de forma colectiva, dota de mayores capacidades a los productores para acceder en mejores condiciones a los insumos para la producción, al agua, al apoyo técnico, al financiamiento y a la comercialización de sus productos. Es el momento de ir arando juntos la tierra.