Más de cinco millones de personas cayeron en la pobreza en la primera mitad del año, lo que lleva a que casi el 53% de la población no tenga las necesidades básicas satisfechas, según estadísticas oficiales.
Cuando asumió el 10 de diciembre como presidente, Javier Milei aseguró que con él comenzaba el fin de la decadencia argentina. Seis meses después, en medio de un inédito ajuste fiscal, el país exhibe otra realidad: una pobreza en la que sucumbieron 5,2 millones de personas, alcanzando al 52,9% de la población.
Son casi 25 millones de habitantes los que no tienen ingresos suficientes para cubrir la cesta de la compra, después de que la pobreza se disparase 11,2 puntos porcentuales en el primer semestre, según informó esta semana el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
En un país habitado por 47 millones de personas, la indigencia ha dado un respingo aún mayor al escalar 8,8 puntos porcentuales, el equivalente de 4,1 millones. Quienes no tienen lo mínimo para subsistir son en total 8,8 millones, el 18,8% de la población argentina.
Son más de 7 millones los niños que en Argentina no cubren sus necesidades básicas
La pobreza es todavía más implacable con la infancia. Afecta a seis de cada diez menores de hasta 14 años (66,1 %) y casi uno de cada tres (27 %) malvive en la indigencia. Son más de 7 millones los niños que en Argentina no cubren sus necesidades básicas.
“Es importante entender que todo esto no ocurrió con el periodo Milei, porque en el cuarto trimestre de 2023 ya había un 45 % de pobreza y un 15 % de indigencia”, matiza a El Salto el sociólogo Agustín Salvia. “El primer trimestre fue el más explosivo, el más crítico, con una pobreza que subió al 55 % y una indigencia que trepó al 20 %, solo que en el segundo trimestre tendió a bajar uno o dos puntos”, evalúa.
Cambio de ciclo
El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, cuyo organismo permitió medir la evolución de la pobreza ante la falta de estadísticas oficiales fiables a partir de la intervención del INDEC durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), advierte que el país encara el fin de un ciclo político y económico.
Ese modelo, instaurado tras la convertibilidad que equiparó el peso argentino al dólar durante la gestión del expresidente Carlos Menem (1989-1999) y que derivó en el estallido social y económico de 2001, está basado en el déficit público y en la alta inflación, según Salvia.
“Es un esquema que se sostenía con el consumo y el endeudamiento, o en la emisión monetaria. Eran desequilibrios macroeconómicos que generaban cierto bienestar, ilusión de movilidad social, o por lo menos de contención, a través de los programas de jubilación y de un trabajo en el mercado interno con una baja productividad”, desmenuzó el sociólogo argentino.
En el último año, se ha más que duplicado la tasa de pobreza entre las personas mayores de 65 años, al saltar del 13,2 % al 29,7 %
Los pensionistas no tienen ahora nada que celebrar con la actual gestión, cuyo presidente acaba de vetar una ley que aumentaba las jubilaciones. En el último año, se ha más que duplicado la tasa de pobreza entre las personas mayores de 65 años, al saltar del 13,2 % al 29,7 %.
Al inicio de su Gobierno, Milei devaluó el peso oficial un 54% frente a la divisa estadounidense, lo que disparó los precios un 25,5% en diciembre y un 20,6 % en enero. La inflación siguió en aumento hasta oscilar en el 4% estos últimos meses, sin que los sueldos pudieran siquiera acercarse.
La caída de los salarios reales, justamente, es un problema que data de hace 20 años y que provoca que la productividad media sea muy deficiente, según el director del Observatorio de la Deuda Social.
“Hay diferencias entre sectores muy dinámicos que compiten en el mercado internacional, como exportadores o productores industriales de servicios y de comercios globalizados, al tiempo que emerge una población excluida, recluida en trabajos informales que crean su propia estrategia de supervivencia”, detalla Salvia.
El sociólogo contrapone de ejemplo a los migrantes informales que viven en Europa y que generan su propio empleo con pequeñas ventas o con la producción de servicios personales, sin llegar a acceder a empleos plenos aunque haya demanda. “En el caso argentino, no hay demanda para que esta población acceda a mejores empleos. No es que quede segmentada por su origen, sino que no hay suficiente actividad económica de la pequeña y mediana empresa para que la pueda incorporar”, observa.
Dos generaciones argentinas han pasado por este proceso. “La situación tendió a agravarse, pues para sostener un clima de bienestar tienes que mantener un alto nivel de consumo, actualizar los programas sociales, generar mejoras salariales y ejecutar una inversión pública que dinamice la economía”, desgrana Salvia.
Estas políticas no son sostenibles cuando la dinámica se sostiene con emisión monetaria, déficit público, inflación y endeudamiento interno o externo, razona el especialista argentino. Pero esta situación se agravó con el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023).
“Milei viene a ser el resultante de un fin de ciclo”, afirma el director del Observatorio. “Quien quisiera gobernar tenía que bajar la inflación y desarmar la trampa de pobreza que estaba implícita en ese modelo, aunque tampoco está claro que eso ocurra con las reglas que propone el actual presidente”.
Tensión creciente
La construcción de una nueva Argentina, como prometió Milei hace seis meses, no es algo que se visualice de momento, y el país comienza a resentirse con el desgaste económico y social que se aceleró en estos meses, según vaticinan las últimas encuestas: por primera vez desde su asunción, hay una clara erosión de la imagen positiva del mandatario ultraderechista.
En el ocaso de un régimen que da sus últimos coletazos, el desempleo todavía es relativamente bajo (7,6 %) pero convive con una informalidad que afecta al 50 % de las ocupaciones, y que crece de manera sistemática desde hace doce años, de acuerdo a Salvia.
La comunidad universitaria convocó una marcha para el 2 de octubre, una señal de alerta para el Ejecutivo que tiene un precedente no tan lejano: el 23 de abril, una gran marcha colmó el centro de Buenos Aires
Una mayor conflictividad social se avizora en Argentina. Sirva de ejemplo el rezago salarial de los trabajadores de las universidades públicas, que es del 50 % con respecto a la inflación, y está lejos de ser asumida por el Gobierno. De hecho, Milei anunció que vetará una ley sancionada en el Congreso que aumenta el presupuesto de los centros de educación superior y actualiza los salarios de docentes y personal administrativo.
La comunidad universitaria convocó una marcha para el 2 de octubre, una señal de alerta para el Ejecutivo que tiene un precedente no tan lejano: el 23 de abril, una gran marcha colmó el centro de Buenos Aires y las principales ciudades del país, con la asistencia de 800.000 personas solo en la capital y un millón de personas en todo el territorio, en la que quizás fue la manifestación más multitudinaria de los últimos años.