La Sociedad de Individuos Privados (SIP) -privados de normas éticas y de nociones de verdad- se autoconsideran dueños y propietarios de un derecho de carácter social como es la «libertad de expresión» y lo consideran «bien privado empresarial», el que pueden manejar a su antojo y de acuerdo a su conveniencia, cual banco privado. Este […]
La Sociedad de Individuos Privados (SIP) -privados de normas éticas y de nociones de verdad- se autoconsideran dueños y propietarios de un derecho de carácter social como es la «libertad de expresión» y lo consideran «bien privado empresarial», el que pueden manejar a su antojo y de acuerdo a su conveniencia, cual banco privado. Este grupo mafioso de dueños de medios de comunicación apoyaron las dictaduras más sanguinarias de América Latina, las auspiciaron y mantuvieron, para beneficiarse de negocios monopólicos como la importación de papel en Argentina, por parte del grupo Clarín. En Chile de igual manera apoyaron el golpe de estado contra Allende y silenciaron los crímenes de lesa humanidad cometidas por un grupo fascista al mando de las Fuerzas Armadas y de los mayores negocios entregados a las transnacionales. Este grupo de cínicos reunidos en Chile concluyeron en solicitar la derogatoria de la Ley de Comunicación del Ecuador porque es un atentado a los derechos humanos. Esta ley que controla sus desmanes y corrupción pretende ser echada abajo, porque impide -relativamente- los negocios ilícitos a los que están dedicados: como el ocultamiento del lavado de activos ilícitos a los que están dedicados sus socios y auspiciantes, los banqueros.
La relación incestuosa entre la prensa «libre e independiente» con los banqueros, ha permitido que el Ecuador sea víctima del negocio del narcotráfico proveniente de Colombia y Perú. En los primeros nueve meses el Ecuador capturó más de 50 toneladas de droga, destruyó algunos laboratorios, descubrió decenas de cuentas corrientes bancarias en manos de los narcotraficantes, detectó movimientos por decenas de millones de dólares, cerró dos bancos y dos cooperativas, en los dos últimos años, dedicados al lavado de activos ilícitos, ha sancionado administrativamente al Banco Pichincha por lavado de activos ilícitos, como el ocultamiento de los dineros robados al Ministerio de Ambiente y depositados en dicho banco. No obstante esta realidad el Gobierno Nacional no ejerce la representación de la sociedad y no defiende a los ciudadanos a pesar de ser un servicio público el servicio financiero entregado por los bancos públicos y privados. ¡Un servicio público no puede ser utilizado para el lavado de activos ilícitos! ¡Los lavaderos llamados bancos deben ser cerrados! ¿Si un burócrata es el que lava, estaría detenido, pero si es un banquero o un político tiene la protección del Estado?
La empresa corrupta y corruptora del Ecuador denominada BANCO PICHINCHA, sigue los pasos de CHEVRON, que financia la mayoría de «informativos» de los medios de comunicación «libres e independientes» y mantienen en la obscuridad los hechos delictivos de lavado de activos ilícitos realizados por el Banco Pichincha y sancionados administrativamente (sic) por la Superintendencia de Bancos, como las siguientes:
1. Resolución No. JB-2010-1838 de noviembre 18 de 2010, por negligencia la Oficial de Cumplimiento del Banco Pichincha es sancionada por no informar y no permitir detectar de forma oportuna los inusuales movimientos de la cuenta del señor Flores.
2. Resolución No. JB-2011-1955 de junio 30 de 2011, por negligencia la Oficial de Cumplimiento del Banco Pichincha es sancionada por no informar y no permitir detectar de forma oportuna los inusuales movimientos de la cuenta de los señores Flores y Pérez.
3. Resolución No. JB-2011-2058 de noviembre 4 de 2011, por negligencia la Oficial de Cumplimiento del Banco Pichincha es sancionada con una multa de USD 2.500 dólares por no entregar información y no permitir detectar de forma oportuna los inusuales movimientos de USD400.00 dólares de la cuenta de los señores Buñay y Pinto.
4. Resolución No. JB-2011-1935 de junio 1 de 2011, por negarse a entregar un cronograma en la que consten las actividades para mejorar los procedimientos de prevención de lavado de activos, solicitada por la Superintendencia al Gerente Fernando Pozo Crespo del Banco Pichincha, quien es sancionado con una multa de USD750,00 dólares.
5. Resolución No.JB-2014-2808 de febrero 27 de 2014, por negligencia el Oficial de Cumplimiento del Banco Pichincha es sancionado por no informar las dieciséis transferencias «… originadas en el Ministerio del Ambiente hacia cuentas corrientes de varios particulares mantenían en Banco Pichincha C.A. por un valor Equivalente a USD2’480.000 dólares.» Es decir, que un poco menos del 50% de la defraudación cometida al Ministerio de Ambiente (USD5’400.000 dólares) fue a parar al Banco Pichincha, que no dio aviso ni después de la denuncia pública efectuada por el Ministerio. (ver página web de la Super de Bancos).
6. Resoluciones 2778 – 2698 y 2697 para ordenar al Banco Pichincha -QUE SE OPUSO- entregue los fideicomisos al liquidador y evitar una parte del atraco financiero. Mediante los famosos fideicomisos se pretendió defraudar a los depositantes del quebrado y lavador de activos, BANCO TERRITORIAL, cuyo principal accionista Pietro Francesco Zunino Anda, propietario del 93.44% de acciones, semanas antes de la quiebra, constituyó dos fideicomisos con las acciones de CASA TOSI, con el 92,01 de acciones de Zunino, a favor de dos empresas panameñas KANAPELL INTERNATIONAL INC. Y MORIZAN DEVELOPMENT INC. El único accionista de la empresa Morizan era Kanapell; y, el único accionista de esta era Zunino. Los dos fideicomisos fueron entregados al BANCO PICHINCHA, que se negó a entregar al liquidador del banco Territorial los fideicomisos para responder a favor de los perjudicados.
En los nueve primeros meses del año 2014 el Banco Pichincha rompió el record de resoluciones en su contra. SETENTA Y CINCO RESOLUCIONES sancionatorias y de devolución de dineros fraudulentamente pagados o retenidos a los clientes del Banco Pichincha. Entre las 75 resoluciones, dos son por lavado de activos.
El dinero del narcotráfico no solo interesa a la banca sino también a los políticos que son la carta de juego de la derecha. De las informaciones difundidas por las redes sociales y medios de comunicación independientes del crimen organizado, conocemos que el narco lavador mexicano Luis Ignacio Muñoz Orozco ha mantenido relaciones de trabajo con Mauricio Rodas cuando desempeñaba el cargo de director de una Fundación Ethos que operó en México y el mafioso como Secretario Técnico de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). Esta relación de hace años se mantuvo hasta el momento, cuando Rodas es Alcalde Quito y el mafiosos fungía de Presidente de la Cámara de Comercio de Culiacan y «empresario» de la Tienda María Ferré, que le servía de tapadera del lavado de cartel de Sinaloa.
En estas últimas calidades el mafioso ha visitado la ciudad de Quito 7 veces en el año 2014; participó en uno de los proyectos impulsados por Rodas y su cónyuge; ofertó los servicios de asesor a Rodas y ha mantenido varias reuniones.
Esta bochornosa y vergonzante relación mafiosa – alcalde de Quito, que empaña la imagen de nuestra ciudad «libérrima», donde vivimos gente honrada y trabajadora, que aborrece la corrupción pública o privada, ve indignada la construcción del «eje» Quito-Sinaloa para posiblemente financiar la próxima campaña electoral de Mauricio Rodas y auspiciada por la prensa libre e independiente perteneciente al grupo mafioso de la SIP.
El estado ecuatoriano no puede dedicar sus esfuerzos exclusivamente a defenderse de los ataques mafiosos de la prensa y de sus corifeos pagados por el gobierno norteamericano. Con la ley en la mano debe cancelar la autorización para el funcionamiento de los bancos dedicados al lavado de activos, con lo cual disminuirá el financiamiento de los medios de comunicación de su propiedad y posiblemente desaparezcan; con los politiqueros como Rodas, este debe ser sometido a investigación de la Fiscalía por la relación con Muñoz Orosco; además debe exigir el resultado de las investigaciones del financiamiento de la campana electoral anterior y la entrega de firmas falsificadas al CNE por parte de SUMA.
El gobierno debe utilizar simplemente lo que ya existe.
Luis Torres Rodríguez es autor de los títulos: «La banca: de la usura al narcolavado»; «Fidel Egas Grijalva, quiebras y corrupción en el Ecuador»
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