Ante de la propuesta de consulta popular del presidente Rafael Correa es necesario más que nunca un debate serio. Antes de empezar quiero curarme en salud: no cuestiono el derecho constitucional del presidente a consultar al pueblo; no me creo, por haber sido asambleísta, ser dueño de la Constitución; no creo que la Constitución sea […]
Ante de la propuesta de consulta popular del presidente Rafael Correa es necesario más que nunca un debate serio.
Antes de empezar quiero curarme en salud: no cuestiono el derecho constitucional del presidente a consultar al pueblo; no me creo, por haber sido asambleísta, ser dueño de la Constitución; no creo que la Constitución sea perfecta e intocable, no soy un resentido ni un traidor.
Lo que voy a exponer, lo hago como testigo, como ciudadano que ha sido partícipe de un proyecto de las grandes mayorías del pueblo del Azuay en cuya representación fui a la Asamblea Constituyente de Montecristi y quedé comprometido para vigilar la fidelidad al proceso constituyente y pos constituyente en el que ahora nos encontramos. Sé que lo que voy a decir coincide con la opinión de muchos ecuatorianos y expresa la de otros que no tienen la oportunidad de hacerlo o por razones que todos conocemos, no pueden hacerlo.
El proceso que condujo a la revolución ciudadana y a la Asamblea Constituyente del 2008 tuvo como telón de fondo el diagnóstico de una crisis terminal de la democracia ecuatoriana y de las instituciones del Estado, aquejadas por la ausencia del Estado de Derecho, la privatización de lo público y la corrupción. Se hacía imprescindible una re fundamentación de Estado desde la propia Carta Magna para sentar las bases de una nueva institucionalidad que tendrían que construirse paulatinamente en los años subsiguientes, mediante las leyes secundarias y una dirección política decidida y constante en la dirección marcada por el espíritu y la letra de la nueva Constitución. El pueblo aprobó mayoritariamente la Constitución en un referéndum el 28 de septiembre del 2008, a pesar de la feroz campaña de desinformación y mentiras de la oposición al cambio necesario. Con vehemencia desmedida y pretenciosa el Gobierno anunciaba una Constitución que duraría 300 años.
Ahora, cuatro años después del inicio del gobierno del Presidente Rafael Correa, asistimos con estupor, a un acontecimiento curioso. Los papeles parecen haberse trastocado, pues quienes impulsaron, hicieron y defendieron el proceso constitucional hoy parecen renegar de él. Cuatro años después, cierto que la Constitución muestra sus falencias, producto del apuro impuesto por el presidente para concluir su redacción, otra vez, invocando la necesidad de una mayor prisa para transformar la justicia, se propone una consulta popular que afecta a la institucionalidad del Estado y que se adhiere con sordina a la tesis opositora de la derecha de que los males de la inseguridad que vive el Ecuador se deben a las doctrinas de avanzada en temas de derechos y garantía consagrados en la Constitución. En nombre de la prisa y del pragmatismo, nos aprestamos a dejar a un lado la Constitución y asumir, al menos en parte, la doctrina represiva defendida por los socialcristianos.
Ya en su anuncio de la temática de la consulta popular expuesta por el presidente arremete con toda frontalidad contra la recién estrenada Constitución y contra la incipiente institucionalidad del Estado post 2008, que ha comenzado a construirse sobre ella. La misma Constitución es atacada con las preguntas que inducen el retroceso en tema de derechos y garantías.
Los cinco pilares de esta institucionalidad están ya puestos en entredicho y saldrán mal heridos en la consulta propuesta: el propio Ejecutivo cuyos poderes se absolutizan, la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la Función Judicial y la Función de Transparencia y Control Social. Algunas de estas funciones, si logran sobrevivir, quedarán violados y mancillados y desacreditados, con su propia complicidad, ante los ojos de la ciudadanía, que con su voto, estará cavando la tumba (y la suya propia) de una democracia que apenas acabada de nacer va morir, antes siquiera de haber llegado a la adolescencia. En este contexto, no será de sorprenderse si grupos de la oposición votarán por varias de las tesis represivas y contra institucionales del gobierno que ante la pérdida de los votos de sus antiguos aliados, busca nuevos proveedores de apoyo en la derecha.
El Ejecutivo, como lo expresan las motivaciones esgrimidas por Ruptura de los 25 para discrepar de ALIANZA PAIS, no reconoce y no quiere reconocer los límites al ejercicio del poder Ejecutivo. La Constitución estableció un sistema de pesos y contrapesos -según el criterio de muchos hay una carga hiper presidencialista- para limitar los poderes de las funciones del Estado y garantizar su independencia. El estilo concentrador de poder avasallante del Ejecutivo, no solo ataca el orden constitucional del Estado, sino que hace trizas la posibilidad de ejercicio democrático al interior del propio gobierno, no se diga cuando está de por medio la necesidad de diálogo y concertación con otras fuerzas políticas. Hemos de admitir con pena que el Ejecutivo se encamina a concentrar y controlar todos los poderes con rasgos autocráticos, dictatoriales y facistoides.
Temas de competencia de la Asamblea Nacional se llevarán a consulta, desdibujando aún más una Asamblea a la que se le acusa de haberse convertido en el patio trasero de Carondelet. Hoy el Ejecutivo es el gran legislador y la Asamblea apenas pone el «co» (legislador) para aprobar disciplinadamente todo lo que baja desde arriba y allanarse a los vetos en temas largamente discutidos y consensuados dentro de la Asamblea. Situaciones como las especulaciones presidenciales sobre el uso del mecanismo de la «muerte cruzada», y los intentos de purgas internas de «disidentes» del bloque PAIS, así como las producidas después del 30 de setiembre en torno a temas policiales, marcan los tira y afloja de una Asamblea que no ha logrado pararse sobre sus propios pies para cumplir su vocación de Poder Legislativo, fundamental para la democracia. Ahora lo que se propone no es la muerte «cruzada», sino muerte de la Asamblea, a secas.
La Corte Constitucional va a recibir el tsunami de las preguntas para la consulta popular. Si resiste, ojalá sea así, las preguntas deberán enmarcarse en la Constitución y entonces algunas de ellas deberán ser rechazadas, como aquella que afecta una garantía fundamental como la de la caducidad de la detención preventiva cuando no hay sentencia en un año. De ser así, no sería extraño que seamos testigos de una campaña del Gobierno para desprestigiar y descalificar a la Corte Constitucional y proponer su recomposición (hay argumentos para hacerlo, pero hasta ahora no ha sido necesario esgrimirlos). De no asumir una posición de dignidad, la mencionada Corte, sometida a la voluntad del Ejecutivo, se convertirá en cómplice y ejecutora de la muerte del Control Constitucional, asestándose a sí misma un tajo suicida, dejando a la deriva de los caprichos de todos los ecuatorianos, la interpretación constitucional. En palabras de Julio Cesar Trujillo: «Esta Corte Constitucional puede pasar a la historia como héroe o como villana».
Durante la constituyente la creación de la «Corte Constitucional», como mecanismo de justicia y control constitucional fue ferozmente resistida por las fuerzas de la derecha (PSC, PRIAN, SP), Ahora todos esos grupos hacen causa común con el Gobierno para desprestigiarla y debilitarla. El presidente la descalifica por tener entre sus miembros a Nina Pacari, pero confía en los miembros proclives a someterse a sus insinuaciones. La oposición gutierrista denuncia, justo en este momento, posibles actos de corrupción y venta de sentencias. Ya hay controversia entre la Corte y el Consejo electoral con amenazas de destitución, a propósito de las revocatorias de mandato (Hipótesis: ¿ordenes y contraordenes del Presidente?) ¿Qué podemos pensar los ecuatorianos? Que la corte constitucionalidad, la guardiana de la Constitución, es una institución desconfiable, parcializada, vulnerable a todo tipo de presiones y vendible al mejor postor. Las esperanzas de contar con un Estado de Derecho y de Derechos se esfuman. Otra vez estamos en la barbarie.
Durante la Constituyente, de ello soy testigo por haber presidido la mesa de Justicia, y en coherencia con el diagnóstico y el discurso de la revolución ciudadana, los constituyentes y el propio Gobierno estuvieron de acuerdo en la tesis de sentar las bases para la «independencia interna y externa de la Justicia de los poderes facticos y políticos». Se rechazó la tentación «meter manos en la Justicia» para evitar el manoseo político que ha llevado a la Justicia al deshonroso sitial que todavía ocupa en la actualidad (ahora el presidente Correa rehace los viejos caminos que condujeron a las pichi cortes y a las cortes vitalicias funcionales a los gobiernos oligárquicos). La Constitución creó los mecanismos para la auto reforma y depuración de la Justicia sobre el pilar de un Consejo de Judicatura estructurado bajo el control y la vigilancia del Poder de Transparencia y Participación Social. Éramos consientes de que el proceso de reforma de la justicia requería de tiempo y vigilancia para que se cumpliera.
Al proponer el presidente Correa la sustitución del Consejo de la Judicatura, establecido por la Constitución, por un comité tripartito, bajo el argumento de que las cosas van lentas, (vale recordar el refrán «vísteme despacio que tengo prisa»), se ataca el corazón mismo de la propuesta constitucional sobre la reforma de la Justicia. En todos los países en los que la Justicia ha logrado superar sus viejos vicios, la existencia de un Consejo de la Judicatura y un Corte Constitucional, al estilo propuesto en la Constitución, han sido fundamentales. La propuesta presidencial hiere de muerte a la Constitución y al régimen de transición, y pone en manos del Ejecutivo, avalado por un presumible «sí» en la consulta, el proceso de reinstauración de la justicia. Por muy imparcial que fuera el proceso, se sabe que «cada perro es fiel a la mano que le da de comer» y aunque el presidente Correa diga que no tiene «intereses», no pocos en su entorno si lo tendrán. Yo no pondría la mano en el fuego por nadie.
Además, ya antes de aprobarse la consulta, el Ejecutivo da un manotazo a la Función de Transparencia y Control Social descalificándola y condenándola a la inutilidad (Los delegados del ejecutivo han boicoteado el proceso iniciado por la Función de Transparencia y Control Social para renovar el Consejo de la Judicatura). Ya ha habido interferencias como la presencia del secretario jurídico de la Presidencia a favor de una de las candidatas a determinada función y los manoseos denunciados para impedir su descalificación. Los delegados del gobierno ya no asisten a las sesiones, los procesos se paralizan. El propio Ejecutivo desacredita a la Función de Transparencia y Control Social para luego darle el golpe mediante la consulta. Todo el capítulo quinto del Título IV sobre la participación y Organización del Poder en la Constitución del 2008 hay que tirarlo a la basura.
Quien puede lo más puede lo menos: Si la más alta e importante tarea del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se sustrae de su competencia, cualquiera otra puede ser también sustraída en el futuro, a capricho del gobernante en funciones. A la basura el estado de Derecho. Una vez mancillada la doncella, todos pueden prostituirla a su antojo.
Cierto que la consulta popular tiene fundamento constitucional, pero este argumento no puede ser usado en contra de la propia Constitución. No es coherente ni honesto acudir a la Constitución, cuando le conviene al Ejecutivo, para desmontar la propia Constitución, en lo que no conviene al Ejecutivo empeñado en imponer sus puntos de vista y sus urgencias. Solo para terminar esta reflexión y a modo de ejemplo de lo perverso que puede ser el recurso a implementarse: en este momento, si el presidente incluyera una pregunta sobre la implementación de la pena de muerte en el Ecuador, la pregunta ganaría ampliamente, pero ¿sería sabio y prudente hacerlo? No será, que la vuelta de la esquina el presidente Correa tenga que rasgarse las vestiduras ante cárceles atestadas y sobrepobladas de detenidos -inocentes y culpables- sin sentencia por largos años, y constatar que la calentura de la violencia y la inseguridad no estaba en las sábanas. No se puede consultar al pueblo para retroceder en garantías y derechos.
El Gobierno y ALIANZA PAIS, puestos a escoger entre la institución del Estado y el carisma del caudillo de la revolución ciudadana, le apuestan al indudable carisma que es el mayor de sus activos (Es interesante leer la defensa del asambleísta gobiernista Paco Velasco en la revista Vanguardia, del 31 de enero al 6 de febrero del 2011, donde afirma olímpicamente que el presidente Correa se ha ganado el derecho a ser el único dueño del proyecto de la revolución ciudadana, que comenzó siendo de muchos).
Se nos pide confiar y creer con fe casi religiosa en él líder a costa de la vida de las instituciones democráticas. Asamblea Nacional y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entran en receso ante la consulta. Los incondicionales acatan sin problema la llamada patriótica a la convocatoria del pueblo. La mayoría se apresta a perpetrar la ruptura de la Constitución con la complicidad de todos los poderes. El temor reverencial y disciplinado de los militantes de ALIANZA PAIS, de los funcionarios del régimen, anticipan la sumisión de todos los poderes, en el nuevo orden propuesto, incluida la sumisión de los jueces a la nueva jusrisprudencia, que no será otra que el beneplácito o el disgusto del presidente en las cadenas sabatinas (ya hay ejemplos de ello en las decisiones de fiscales y jueces a propósito de la represión de las propuestas sociales y en la búsqueda de cabezas expiatorias en la intentona del 30-S). Así pronto tendremos un nuevo dueño del país.
Es sorprendente cómo personajes, que uno consideraba de cierto criterio, olvidan tan pronto principios que hace pocos días defendían con tanto ardor y que ahora con el mismo ardor vituperan para echar leña al fuego el fuego de la hoguera que el presidente quiera atizar. Con qué desparpajo, superficialidad, prisa y obscenidad, el gobierno se dispone a arrastrar por la calles e incinerar la Constitución del 2008, redactada en Ciudad Alfaro, Montecristi, Manabí.
Quienes participamos en la Asamblea Constituyente, con sueños de largo aliento, no podemos menos que sentir que se quema la última oportunidad de esta generación de construir algo más que una banana republic, manejada como propiedad de los gobernantes de turno, una banana republic del siglo XXI, pero a la postre mucho de banana y poco o nada de republic. Por eso en este momento los ecuatorianos estamos urgidos de recuperar nuestra ciudadanía, nuestra propia voz, que un día la entregamos a Rafael Correa, para decirle ¡Así NO presidente, así NO¡
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