La Defensoría del Pueblo de Ecuador informó que autoridades judiciales confirmaron que hay 118 personas fallecidas y 86 heridas como resultado de los disturbios ocurridos en la Penitenciaría del Litoral, de la ciudad de Guayaquil, el pasado martes 27 de septiembre.
Según la versión de las autoridades penitenciarias, el desencadenante de la violencia fue un enfrentamiento entre bandas rivales. Sin embargo, la organización Alianza Contra las Prisiones y otras agrupaciones de derechos humanos han cuestionado la versión gubernamental.
Este motín es la mayor masacre carcelaria en la historia de Ecuador y la quinta más grave en América Latina, una región tristemente famosa por el hacinamiento, la violencia y la violación de derechos humanos de las personas encarceladas. Este hecho es el tercer evento de gran magnitud registrado en 2021 en las prisiones de Ecuador.
La primera matanza del año 2021 tuvo lugar el 23 de febrero, cuando enfrentamientos simultáneos en varias cárceles dejaron un saldo de 79 víctimas fatales. La segunda matanza ocurrió el 21 de julio pasado, cuando se reportaron amotinamientos en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi y en Guayas N° 1, donde murieron 27 personas privadas de libertad.
La organización Alianza contra las prisiones ha cuestionado la versión gubernamental que atribuye esta masacre y las previas a una supuesta guerra entre bandas rivales. Afirmaron: «Desde la primera masacre en las cárceles, en febrero de este año, los gobiernos han alimentado continuamente una narrativa de ‘guerra de bandas’ que retrata a las prisiones como si estuvieran llenas de monstruos no humanos. Esta narrativa, propagada por los medios hegemónicos, tiene varios efectos perversos: aleja a la política pública de las causas estructurales y sistémicas de la violencia, como la precariedad de la vida en las prisiones, el aislamiento de las familias, la corrupción de la administración y la carga desproporcionada de los costos de la prisionización sobre familias empobrecidas que terminan subsidiando lo que es una obligación constitucional estatal: garantizar la vida y los derechos de las personas encarceladas. Pero además, un efecto sobrecogedor de la narrativa de las bandas es que vuelve invisible a la mayoría de la población carcelaria: mujeres pobres, personas que han cometido delitos de superviviencia, personas encausadas por microtráfico, personas cumpliendo prisión preventiva, personas que han cumplido su condena y no han sido puestas en libertad. Esto ha dado pie a que incluso parte de la ciudadanía deshumanice a las personas encarceladas, las etiquete de viles y ajenas, como si no fueran parte de nuestra comunidad, como si la responsabilidad por la violencia social fuera meramente individual. La narrativa estatal nos está llevando a alimentar el odio en la ciudadanía, a desentendernos de las desigualdades sociales, e incluso a justificar y desear la eliminación violenta de vidas humanas que, en la práctica, podrían ser de cualquiera de nosotros, o de una persona querida.»
Una vez más el Estado ecuatoriano no asume la responsabilidad por la violencia ejercida contra personas privadas de libertad que estaban bajo su control. Más allá del papel que hayan tenido o no las bandas delictivas, esta nueva matanza al igual que las anteriores, ocurrió bajo responsabilidad del Servicio Penitenciario de Ecuador. Si el sistema penitenciario como dicen las autoridades no es responsable, si las «guerras entre bandas» han superado a los carceleros, ¿cómo pueden garantizar que no habrá otra matanza y otra y otra? El artículo 12 del Código Penal ecuatoriano establece que las personas privadas de libertad tienen el derecho a la integridad personal, es decir, el derecho inalienable a la vida. Si el Estado ecuatoriano es incapaz de garantizar ese derecho básico, ¿cuál sería la solución? ¿Dejar a los presos en libertad?
«Maldita sea la exitosa dictadura del miedo que nos obliga a creer que la realidad es intocable y que la solidaridad es una enfermedad mortal, porque el prójimo siempre es una amenaza…», decía Eduardo Galeano. La realidad que viven los privados de libertad y sus familiares es la violencia cotidiana, y -salvo honrosas excepciones- la respuesta de la sociedad ha sido la negación de solidaridad.
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