Entre las diez demandas planteadas por las organizaciones en diversas mesas de diálogo con el Gobierno, ocupa un lugar central el congelamiento del precio de los combustibles.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, advirtió este lunes al mandatario Guillermo Lasso que el paro nacional que inició durante esta jornada se mantendrá de manera indefinida si el Gobierno no brinda respuestas inmediatas al pliego de demandas planteado por el pueblo un año atrás.
Desde el sector El Chasqui (provincia de Cotopaxi, centro), el líder indígena subrayó: “La movilización es de carácter nacional, territorial e indefinida. Si hoy el presidente de la República da respuestas, levantaremos el paro. Si no, nos mantendremos de manera indefinida”.
Iza recalcó que el Gobierno ha de responder a las diez demandas formuladas por las organizaciones y mostrar voluntad de estar con el pueblo y no con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Agregó que si Lasso “va con el FMI este pueblo levantado, de pie, no va a permitir esa imposición”.
La protesta antineoliberal comenzó desde horas de la madrugada, cuando se reportaron cortes de vías en las provincias Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Napo y Tungurahua.
Estos se fueron incrementando de manera paulatina. De acuerdo con un reporte del Servicio Integrado de Seguridad, para las 08H37 hora local ya había 17 vías cerradas en 15 de las 24 provincias del país y permanecían bloqueados varios accesos a la capital, Quito.
Los cortes de vías impiden el trasiego de mercancías y la movilidad de las personas, por lo cual afecta toda la cadena de producción y servicios. El paro es organizado por la Conaie y más de 53 organizaciones sociales.
Exigencias populares
Entre las diez demandas planteadas por las organizaciones en diversas mesas de diálogo con el Gobierno, ocupa un lugar central el congelamiento del precio de los combustibles.
También se exige precios justos para los productos del agro, políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y detener la privatización de los sectores estratégicos de la nación, considerados patrimonio de los ecuatorianos.
Las organizaciones demandan al Ejecutivo políticas de control de los precios y de la especulación con productos de primera necesidad.
En lo tocante a educación, se recaba mejorar la red de centros educacionales y garantizar el acceso de los jóvenes a la educación superior.
Respecto a la salud, se insta al Gobierno a hacer frente al desabastecimiento de medicinas y al déficit de personal visibles en los hospitales.
No menos importante es la exigencia de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia e inseguridad reinante en el país suramericano ante el avance del crimen organizado.
Las organizaciones sociales reclaman que se alivie económicamente a más de cuatro millones de familias mediante una moratoria de al menos un año en el pago de deudas e intereses, y que se impida que se les expropien bienes como casas, terrenos o autos por falta de pago.