El banco helvético Credit Suisse (Crédito Suizo) comparece a partir de este lunes 7 de febrero ante el Tribunal Penal Federal en Bellinzona (Cantón del Tesino). Debe responder sobre su oscura relación con un clan búlgaro implicado en el tráfico de cocaína y blanqueo de dinero.
El juicio representa la conclusión de diversas investigaciones y procedimientos que durante los últimos quince años se realizaron en diversos países, entre otros en Bulgaria, Italia, Rumanía, España y Portugal.
La acusación promovida por el Ministerio Público
de la Confederación (MPC), que constituye la fiscalía federal, se dirige contra
el Credit Suisse y cuatro acusados. Estos, presuntamente, habrían colaborado en
diversas funciones con Evelin Banev, el jefe de una red que importaba decenas
de toneladas de cocaína de América Latina a Europa. Gracias al apoyo del
segundo banco suizo y de los demás acusados, la organización criminal habría
blanqueado decenas de millones de francos entre los años 2004 y 2007.
Banev fue detenido en septiembre del pasado en Ucrania, gracias a una orden
internacional de búsqueda de Interpol, luego de mantenerse cautivo durante años.
Además de su acusación en el proceso actual el búlgaro ha sido ya condenado, en
ausencia, en Italia y en Rumania. De 56 años de edad, apodado «Brendo»,
Evelin Banev es considerado el “rey búlgaro de la cocaína”.
Según diversas fuentes, Banev, un exluchador, había sido ya condenado en Bulgaria a siete años y medio de prisión por participar en una red de blanqueo de dinero. Su condena fue finalmente reducida en 2018 a seis años por el Tribunal Supremo de ese país. Su grupo criminal operaba en el Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y Austria, según la acusación. «Brendo» fue condenado, también, en 2017 a 20 años de prisión en Italia, bajo la acusación de importar 40 toneladas de cocaína desde América Latina, entre 2004 y 2007, para la ’Ndrangheta calabresa. En Rumania su condena se eleva a 10 años y medio de cárcel. Sin embargo, nunca cumplió sus penas, ya que se fugó aprovechando una liberación durante la espera del juicio en Bulgaria.
Entramado delictivo
Credit Suisse está acusado de blanqueo de capitales agravado. La fiscalía presume que el banco no tomó todas las medidas organizativas necesarias para evitar el depósito de estos fondos de origen delictivo en cuentas abiertas por miembros de confianza del clan Banev.
Los dos acusados búlgaros son, al parecer, agentes de confianza de Banev, responsables de la apertura de cuentas en Suiza y de la adquisición de bienes inmuebles. Se les acusa de blanqueo de capitales agravado y de participación en una organización delictiva.
En un comunicado que emitió la semana pasada el banco «rechaza sin reservas todas las acusaciones formuladas contra él, en esta causa». Y anticipa que se defenderá «con determinación» ante los tribunales. Credit Suisse también está convencido de la inocencia de su antiguo asesor de clientes que figura entre los acusados por gestionar las cuentas del clan.
Según la fiscalía helvética, Evelin Banev pasó por alto los indicios de que los fondos tenían un origen delictivo. Tampoco comunicó sobre éstos a la Oficina de Información sobre el Blanqueo de Capitales y, adicionalmente, habría obstaculizado la identificación, el descubrimiento y la confiscación del dinero.
Sociedad civil exige transparencia
Este 7 de febrero se inicia un “juicio histórico en Bellinzona” ante el Tribunal Penal Federal, subraya un comunicado Public Eye (Mirada Pública), una Organización No Gubernamental (ONG) suiza progresista que sigue de cerca el proceso jurídico.
Credit Suisse está acusado de blanquear 55 millones de francos suizos para traficantes de cocaína búlgaros entre 2004 y 2008, señala. El juicio del segundo banco suizo “revela las deficiencias de un sistema que aún no es eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales. Demuestra la necesidad de reforzar el sistema y endurecer las sanciones”, argumenta.
Haciendo caso omiso de todas las señales de alarma, un directivo del banco “permitió a los narcotraficantes blanquear 55 millones de francos en cuatro años, incluidas decenas de millones depositados en efectivo en la sucursal de Zúrich”, explica la ONG.
Pero para la Fiscalía Federal, fue todo el sistema de lucha contra el blanqueo de capitales de Credit Suisse que fracasó: «Los fallos en el esclarecimiento de las transacciones de alto riesgo fueron generalizados entre los asesores de Credit Suisse», afirma el acta de acusación.
El banco rechaza «todas las
acusaciones contra [él] en esta historia heredada» y dice que ha
«reforzado masivamente» sus medidas contra el blanqueo de dinero. Desde
que se produjeron esos hechos, la Autoridad Suiza Supervisora
del Mercado Financiero (FINMA), que es el organismo gubernamental responsable
de la regulación financiera, sancionó al menos tres veces al Credit
Suisse, por violar sus
obligaciones en virtud de la Ley contra el Blanqueo de Capitales.
Public Eye sostiene que la presión política va en aumento por la falta de eficacia
y severidad de la FINMA, como demuestran varias iniciativas parlamentarias. La
diputada socialista Prisca Birrer-Heimo Prisca presentó en diciembre pasado un
postulado por el cual pide al Consejo Federal (ejecutivo colegiado) que estudie
cómo dotar a la FINMA de «herramientas sólidas para perseguir eficazmente
los delitos».
La ONG suiza concluye que el juicio de Credit Suisse, cuyo veredicto se espera para el 10 de marzo, “será también el juicio de una Suiza que mantiene su centro financiero como refugio de la delincuencia económica”. Entre otros bancos investigados penalmente en este país se encuentran el PKB PrivatBank, Banque Cramer & Cia y J. Safra Sarasin (el escándalo de Petrobras), Lombard Odier (los fondos de Gulnara Karimova).
En el proceso abierto este 7 de febrero en Bellinzona, la Fiscalía Federal solicitará a Credit Suisse una indemnización de aproximadamente 42,5 millones de francos (47 millones de dólares). La multa no superará los 5 millones de francos, cantidad máxima prevista por la ley. Una pequeña bicoca para el segundo banco helvético que en 2020 obtuvo un beneficio neto de 2.700 millones de francos.
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