El ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta Espinosa, en uno de sus discursos en Montecristi, recordaba la frase que acuñó y repetía permanentemente su abuelo, Alberto Acosta Soberón: «banquero, nada más que banquero». Acosta Soberón fue nombrado gerente del Banco del Pichincha en 1927. La frase de uno de los banqueros más […]
El ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta Espinosa, en uno de sus discursos en Montecristi, recordaba la frase que acuñó y repetía permanentemente su abuelo, Alberto Acosta Soberón: «banquero, nada más que banquero». Acosta Soberón fue nombrado gerente del Banco del Pichincha en 1927.
La frase de uno de los banqueros más connotados del país se fue diluyendo poco a poco desde los años ochenta, sobre todo en medio de la vorágine neoliberal. La banca privada, sobre todo los grandes bancos, fueron ampliando sus dominios, no sólo en empresas del sector financiero, sino también en medios de comunicación, en empresas del sector industrial, del sector agrícola, comercial y de servicios. Cómo olvidar, por ejemplo, al Filanbanco, que fue creando un verdadero imperio comprando empresas de diverso tipo y sectores.
La realidad actual no es diferente, los banqueros dejaron de ser solo banqueros. La información publicada por el Servicio de Rentas Internas sobre los mayores grupos económicos refleja con claridad cómo los grandes bancos: Pichincha, Guayaquil, Produbanco, Internacional, etc., se han hecho de empresas fuera del sector financiero.
Es por esto que la Asamblea Constituyente resolvió que los bancos se deshagan de todas sus empresas no vinculadas a la actividad financiera. Había que evitar que, aprovechando su condición banco, sea por el uso de los depósitos y/o la información privilegiada que poseen de sus clientes, se den procesos de concentración económica. Los bancos conocen mejor que cualquier otra persona o empresa la situación financiera, buena o mala, de sus clientes. Esto puede dar paso a que se use su poder financiero para comprar empresas o activos de empresas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad económica.
Por otro lado, a diferencia de los demás sectores económicos, la regulación financiera permite que los intermediarios financieros, entre ellos los bancos, gocen de una estructura de capital privilegiada, es decir, con un patrimonio pequeño -capital aportado por los accionistas-, manejan elevados niveles de recursos ajenos -depósitos de los ahorristas-. Es por esto que, para evitar cualquier conflicto de intereses y el uso de su poder de mercado en la economía, dado los elevados recursos económicos que manejan, se debe prohibir que la banca posea empresas ajenas a la actividad financiera.
El plazo para que la banca cumpla con el artículo 312 de la Constitución y su disposición transitoria vigesimonovena, que ordena que las instituciones del sector financiero vendan las empresas ajenas a este sector, está por vencerse el próximo mes de octubre. El marco constitucional es contundente, a más de los medios de comunicación, deberán vender el resto de empresas que poseen, que muy bien las ha visibilizado el SRI en su estudio sobre grupos económicos.
Pero no solo hay que prohibir que la banca concentre riqueza fuera del sector financiero, sino también hay que poner límites a que pocos bancos concentren la mayor cantidad de activos en el propio sector financiero.
La posibilidad de avanzar en una sociedad más justa y equitativa pasa por confrontar con decisión al gran capital y a su modo de acumulación de riqueza. La Constitución marcó ya las reglas del juego, el Gobierno y la Superintendencia de Bancos y Seguros deben avanzar sin dar sus brazos a torcer. Don Alberto Acosta Soberón, que conocía del negocio financiero, tenía razón: «banqueros, solo banqueros».
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