Traducido por Antoni Jesús Aguiló y revisado por Àlex Tarradellas
Se entiende por bifurcación la situación de un sistema inestable en la que una alteración mínima puede causar efectos imprevisibles y de gran magnitud. Pienso que el sistema judicial brasileño vive en este momento una situación de bifurcación. Brasil es uno de los países latinoamericanos con más fuerte tradición de judicialización de la política. Hay judicialización de la política siempre que los conflictos jurídicos, aunque titulados por individuos, son emergencias recurrentes de conflictos sociales subyacentes que el sistema político en sentido estricto (Congreso y Gobierno) no quiere o no puede resolver. Los tribunales son, de este modo, llamados a decidir cuestiones que tienen un impacto significativo en la recomposición política de intereses conflictivos en juego.
En este momento, el país atraviesa un periodo alto de judicialización de la política. Entre otras acciones, en el STF [Supremo Tribunal Federal] tramitan la demarcación del territorio indígena de Raposa Serra do Sol, la regularización de los territorios quilombolas [1] y las acciones afirmativas vulgarmente llamadas cuotas. Aunque muy diferentes entre sí, estos casos tienen en común el ser emanaciones de la misma contradicción social que atraviesa el país desde el período colonial: una sociedad cuya prosperidad fue construida sobre la base de la usurpación violenta de los territorios originarios de los pueblos indígenas y con recurso a la sobreexplotación de los esclavos traídos. Por esta razón, en Brasil, la injusticia social tiene un fuerte componente de injusticia histórica y, en última instancia, de racismo antiindio y antinegro. De tal modo que resulta ineficaz e hipócrita cualquier declaración o política de justicia social que no incluya la justicia histórica. Y, al contrario de lo que pueda pensarse, la justicia histórica tiene que ver menos con el pasado que con el futuro. Están en cuestión nuevas concepciones del país, de soberanía y de desarrollo.
Desde hace veinte años, sopla en el continente un viento favorable a la justicia histórica. Desde Nicaragua, a mediados de los años ochenta del siglo pasado, hasta la discusión, en curso, de la nueva Constitución de Ecuador, han venido consolidándose las siguientes ideas. Primera, la unidad del país se refuerza cuando se reconoce la diversidad de culturas de los pueblos y naciones que lo constituyen. Segunda, los pueblos indígenas nunca fueron separatistas. Por el contrario, en las guerras fronterizas del siglo XIX dieron pruebas de un patriotismo que la historia oficial nunca quiso reconocer. Hoy, quien amenaza la integridad nacional no son los pueblos indígenas; son las empresas transnacionales, con su sed insaciable de libre acceso a los recursos naturales, y las oligarquías, cuando pierden el control del gobierno central, como bien ilustra el caso de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Tercera, dado el peso de un pasado injusto, no es posible, por lo menos por algún tiempo, reconocer la igualdad de las diferencias (interculturalidad) sin reconocer la diferencia de las igualdades (reconocimientos territoriales y acciones afirmativas). Cuarta, no es por casualidad que el 75% de la biodiversidad del planeta se encuentra en territorios indígenas o de afrodescendientes. Por el contrario, la relación de estos pueblos con la naturaleza permitió crear formas de sostenibilidad que hoy se consideran decisivas para la supervivencia del planeta. Es por esta razón que la preservación de tales formas de manejo del territorio trasciende hoy el interés de esos pueblos. Es algo que interesa al país en su conjunto y a todo el mundo. Y por la misma razón, el reconocimiento de los territorios tiene que hacerse de manera continuada, ya que de otro modo desaparecen las reservas y, con ellas, la identidad cultural de los indígenas y la propia biodiversidad. Estos son los vientos de la historia y la justicia social en el momento actual del continente. A lo largo del siglo XX no fue inhabitual que instancias superiores del sistema judicial actuasen contra los vientos de la historia, y casi siempre los resultados fueron trágicos. En los años treinta, el ST [Tribunal Supremo] de los Estados Unidos procuró bloquear las políticas del New Deal del presidente Roosevelt, lo que impidió la recuperación económica y social que sólo permitió la Segunda Guerra Mundial. A inicios de los años sesenta, el ST de Chile boicoteó sistemáticamente las políticas del presidente Allende que pretendían justicia social, la reforma agraria y la soberanía sobre los recursos naturales, fortaleciendo así las fuerzas y los intereses que ganaron con su asesinato. En un momento de bifurcación histórica, las decisiones del SFT nunca serán formales, aunque así se presenten. Condicionarán decisivamente el futuro del país. Para bien o para mal.
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[1] Grupos descendientes de esclavos africanos que viven mayoritariamente en zonas rurales.
* Texto gentilmente cedido por el autor como contribución al Seminario Pueblos indígenas, Estado y Soberanía Nacional, promovido por el Observatorio de la Constitución y de la Democracia (C&D), del Grupo de Investigación Sociedad, Tiempo y Derecho (STD), de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia (UnB) y el Fórum en Defensa de los Derechos Indígenas (FDDI), evento realizado el 28 de mayo de 2008 en el auditorio «Dois Candangos», de la Facultad de Educación de la UnB.
Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra (Portugal).
Traducido por Antoni Jesús Aguiló y revisado por Àlex Tarradellas. Antoni Jesús Aguiló es colaborador de Rebelión y Tlaxcala. Àlex Tarradellas es miembro de Rebelión, Tlaxcala y Cubadebate. Esta traducción se puede reproducir libremente, a condición de respetar su integridad y mencionar a sus autores y la fuente.