No he tenido suerte para el juego y el azar, así que no me gusta eso- declaró Hugo Chávez Frías en el Aló Presidente del 21 de enero de 2007. Otros mandatarios lo precedieron. Bolívar enfiló su más áspero regaño contra un sobrino apostador. El 19 de septiembre de 1827 consignó su alarma por ser […]
No he tenido suerte para el juego y el azar, así que no me gusta eso- declaró Hugo Chávez Frías en el Aló Presidente del 21 de enero de 2007. Otros mandatarios lo precedieron. Bolívar enfiló su más áspero regaño contra un sobrino apostador. El 19 de septiembre de 1827 consignó su alarma por ser «repetidas las quejas que ha recibido el gobierno sobre el escándalo que se da en algunos lugares de la República tolerándose que en varias casas haya juegos prohibidos, quedando impunes los que cometen este delito», quienes merecerían ser «castigados hasta con la pena de presidio». Siguiendo al Libertador, el Código Penal vigente sanciona en su artículo 532 el juego de suerte, envite o azar en sitio abierto al público con arresto hasta de dos meses y confiscación del dinero y objetos destinados al efecto. Por Ley, todos sus promotores deberían estar presos y sus instrumentos delictivos confiscados. No lo digo yo, lo afirma el Superintendente Tributario en entrevista para Carlos Croes en Quinto Día: «Para mí, como Superintendente no hay ningún casino legal, ningún bingo legal» ¿Por qué entonces funcionan en Venezuela?
Ningún presidente de la Cuarta República alcahueteó garitos. Betancourt prohibió en 1945 bingos y apuestas con la pelota vasca. Ni el represivo Leoni ni el endeudador Carlos Andrés ni el desastroso Lusinchi se rebajaron a entregar Venezuela en manos de tahúres y rufianes. Por el contrario: Luis Herrera Campins prohibió la propaganda de alcohol y tabaco y la retransmisión de carreras de caballos por los medios, enfrentando valerosamente un veto comunicacional que dura hasta hoy.
Sólo el nauseabundo Congreso del segundo mandato de Caldera expidió a fulleros y embaucadores la patente de corso llamada Ley para el control de los casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles. Sus propias disposiciones descalifican este monumento a la corruptela. Según sus artículos 9 y 11, los tahúres pagan los sueldos de la Comisión encargada de controlarlos, que es como encomendar a los delincuentes los salarios de la policía. Su artículo 38 establece un impuesto del 10% sobre los casinos y del 12% sobre los bingos, tasas inferiores a las que pagamos los ciudadanos productivos. No falta el toque cínico: según su artículo 21, gerentes y miembros de la Junta Directiva de un Casino o Sala de Bingo, deberán ser «personas de reconocida solvencia moral». La moral del tahúr sólo supera a la de quien lo alcahuetea. Con ardiente nacionalismo, el artículo 15 limita al 80% la participación del capital extranjero, a sabiendas de que éste no pagará ningún impuesto gracias a los tratados contra la doble tributación. Nos entregan al hampa organizada a cambio de nada.
El lector sabe que no se puede legitimar con impuestos contravenciones al Código Penal. Ni el magnicidio ni el juego de envite y azar en locales públicos pueden ser despenalizados cobrándoles tributos. Pero esto es precisamente lo que pretende el Proyecto de Ley de impuesto a las actividades de juegos de envite y azar, actualmente promovido en la Asamblea Nacional. Su articulo 10 eleva hasta 20 y 40% los tributos que deberían pagar bingos y casinos. También ignora o finge ignorar que sus propietarios, mafiosos gringos o paracos desmovilizados, están inmunizados contra cualquier impuesto venezolano por los tratados contra la doble tributación, y que ninguna apuesta deja recibo ni comprobante.
¿Conoce la Asamblea Nacional los efectos de la proliferación de bingos, casinos y garitos? Sí: en su «Estudio sobre el Impacto Económico» del Proyecto antes citado, resume la investigación del profesor de la Universidad de Illinois Earl Grinois, quien señala que los problemas derivados del juego cuestan casi la mitad de los causados por el abuso de la droga en los Estados Unidos. Demuestra que el juego implica costos sociales como el aumento del crimen, la pérdida de tiempo de trabajo y bancarrotas y dificultades financieras para las familias del adicto, que cuestan a la economía 54 mil millones de dólares anuales. Los juegos de casino causan costos sociales por 289 dólares por cada 46 dólares de beneficio económico. La National Gambling Study Comisión añade que a mayor oferta de juegos, más casos de ludopatía o apuestas compulsivas. En España, sólo en juegos legales el pueblo pierde 25.130 millones de euros cada año. David Phillips, profesor de sociología de la Universidad de California, verifica que «los suicidios en ciudades con juegos son hasta cuatro veces mayores que en ciudades comparables clasificadas donde el juego no es legal». Goodman de Roberto afirma que los jugadores con problemas presentan una tasa de suicidio cinco a diez veces mayor que el resto de la población. Durand Jacobs asevera que cerca de 13% de los jugadores rompen las leyes para pagar por sus hábitos de juego o cancelar deudas. Kenneth Nelson concluye que «El hurto y la malversación del empleado están entre los crímenes más evidentes cometidos con frecuencia por los jugadores empedernidos». Un estudio de SMR Research Corp. demuestra que la tasa de bancarrota es 18% mayor en condados con facilidades de juego, y 23% mayor en condados con cinco o más instalaciones de ese tipo.
¿En cual de los motores del Socialismo del Siglo XXI entra el deliberado fomento de crímenes, hurtos, malversaciones, bancarrotas y suicidios? ¿Se activará con ruletas el motor Moral y Luces? Otras son las orientaciones de estas normas que parecen salidas de la mente de Pedro Carmona Estanga o de la chequera de Carlos Ortega. En la página colombiana El Tiempo.com de 2 de julio de 2005 se demuestra que los paracos lavan sus capitales invirtiendo en los países vecinos en transporte, prostitución y «juegos de azar (chance y casinos)». Mientras, 400 mercenarios estadounidenses se concentran en el fronterizo departamento del Arauca, y un número indefinido de paramilitares cobra vacunas y establece alcabalas en los estados fronterizos, y domina el narcotráfico, el préstamo usurario y el juego en las zonas populares. Ya estamos invadidos. Desdichado país el que legitima al crimen organizado. O Bolívar y Chávez, o Larry Tovar Acuña. O Moral y Luces, o casinos y dictadura del hampa. Elijamos.