En este artículo la autora analiza el momento actual de rechazo al presidente Bolsonaro y hace balance pensando en las próximas elecciones presidenciales.
Mientras la popularidad del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro sigue desplomándose y la tensión política no hace más que elevar la temperatura, la crisis económica y social alarga su alcance y numerosas manifestaciones multitudinarias contra el gobierno en 400 municipios de 20 estados al grito de “Fora Bolsonaro”, mientras llegaba a 550 mil la cifra de víctimas fatales desde el inicio de la pandemia.
Ha sido la cuarta movilización sin incidentes en secuencia desde el pasado 29 de mayo, pero se puede afirmar que al menos 400 mil personas marcharon contra el gobierno, destacadamente para las dos mayores capitales brasileñas, São Paulo y Río de Janeiro. Movimientos sociales y partidos políticos recomendaron usar mascarillas y que fuera respetada una distancia prudencial para evitar contagios, a diferencia de las concentraciones oficialistas-negacionistas donde el tapabocas es poco utilizado.
Además de “fuera Bolsonaro” y “fuera genocida”, hubo pancartas y gritos denunciando la corrupción en el Ministerio de Salud, exigiendo la vacuna anti-Covid para todos, denunciando la devastación de la Amazonia y pidiendo la salida de los militares del gobierno.
Mientras, se escuchaban con fuerza los gritos de “no al golpe”, en alusión a las amenazas de altos mandos militares, incluido el ministro de Defensa, general retirado Walter Braga Netto. quien, amenazó al titular de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, con impedir las elecciones de octubre de 2022. Es decir dar un golpe. Bolsonaro tiene problemas para ser reelecto, ya que está en amplia desventaja frente al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva , según todos los sondeos publicados en lo que va del año.
Pero lo cierto es que no hay, al menos por el momento, perspectiva de que prosperen en la Cámara de Diputados los 126 pedidos de enjuiciamiento político a Bolsonaro, para quitarlo del sillón presidencial, pese a las evidencias y pruebas de que cometió al menos 26 crímenes de responsabilidad que, acorde con la Constitución, lo apartarían del mandato.
Mientras avanzan los trabajos de la Comisión de Investigación en el Senado sobre la conducta del gobierno y su responsabilidad sobre la pandemia de covid-19, la imagen de Jair Bolsonaro se derrumba a velocidad olímpica y su desgaste aumenta a cada día.
Por momentos la movilización en Rio pareció ser un carnaval ciudadano con parejas danzando bajo banderas rojas siguiendo el ritmo de tambores y redoblantes. «Estamos viviendo una situación de anormalidad democrática, sumada al retorno del hambre y la miseria, tenemos el gas cada día más caro hay mucha gente que volvió a usar leña», denunció el concejal de Rio y exsenador federal, Lindbergh Farias del Partido de los Trabajadores (PT).
En São Paulo, ante un marco de público portentoso el excandidato a presidente del PT, Fernando Haddad, dijo «este gobierno precisa ser abolido, de preferencia a través del impeachment«. «Bolsonaro testea permanentemente la paciencia de los demócratas» que ya se hastiaron de él y de su gobierno”, añadió.
Previamente Guilherme Boulos, líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo había avisado, «no vamos a quedarnos sentados frente a los 550 mil muertos del coronavirus, con un genocidio ocurriendo, no vamos esperar sentados frente 130 mil niños huérfanos por covid-19, no vamos a aguardar hasta 2022, el barco de Bolsonaro comenzó a hundirse».
Frente a ese cuadro, altos jefes militares, como el ministro Braga Netto, y los tres jefes máximos de Marina, Fuerza Aérea y Ejército se movilizaron en dos direcciones. Una, dejando claro que no admitirán denuncias formales contra los militares retirados y activos impuestos en el Ministerio de Salud, que participaron en desviaciones de recursos, retraso en las negociaciones oficiales para la adquisición de antígenos y altas, y altísimas maniobras de corrupción.
El otro foco de amenazas de los militares fueron las elecciones generales del año próximo. Los uniformados amenazan con que, a menos que se imponga un sistema de votación auditable, o sea, por células de papel remplazando el sistema electrónico, no habrá elecciones. Desde que se implantó el actual sistema, en 1996, nunca hubo una denuncia de fraude que fuera comprobada.
Jair Bolsonaro sacó del bolsillo esa exigencia, a sabiendas de que, en primer lugar, el Tribunal Superior Electoral la rechazaría; en segundo, que la propuesta tiene escasísimas posibilidades de ser aprobada en el Congreso, y tercero, que sus oportunidades contra Lula da Silva en 2022 son escasísimas
La popularidad de Bolsonaro está en el nivel más bajo (24%) tras las acusaciones de que funcionarios federales solicitaron sobornos para acelerar y pagar de más por la vacuna Covaxin, desarrollada por Bharat Biotech, de India. A fines de junio, el Ministerio de Salud del país suspendió el acuerdo de adquisición por 304 millones de dólares.
El rechazo a Bolsonaro alcanzó el 51% este julio, según una encuesta de Datafolha publicada a principios de mes, la tasa más alta registrada por el instituto desde el inicio del mandato presidencial, mientras la Fiscalía Federal ordenaba la apertura de una investigación contra el gobierno por cobrar un dólar por cada vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus.
Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).