Después de que se anunciara una caída de un 0,2% del PIB de Brasil en el primer trimestre de este 2019, el presidente Jair Bolsonaro, admitió «no entender de economía», mientras el presidente de la Cámara de Diputados, el derechista Rodrigo Maia advirtió que el país marcha hacia un colapso social. Una nueva recesión amenaza […]
Una nueva recesión amenaza hoy a Brasil. El gobierno del ultraderechista redujo sus estimaciones de crecimiento en 2019 de un 2,5% a un 1,6%, mientras que en el empresariado, preocupado, prevé solo un 1,2% para este año. «Yo ya dije que no entendía de economía, quien entendía hundió a Brasil. Yo confío 100% en la economía de Paulo Guedes (ministro de esa cartera)», señaló. «La gente quiere mejorar nuestros indicadores aquí, pero ahora pasa por cuestiones incluso externas».
La previsión Guedes era que este año Brasil crecería un 5%, lo que no sucederá, como tampoco conseguirá que se apruebe la reforma de las pensiones en los términos durísimos en que la propuso. Al mismo tiempo se registran grandes perjuicios para trabajadores rurales, pobres y mujeres, haciendo que la expectativa baje a crecimiento cero. Cayó el consumo de las familias y la inversión pública, la política de vivienda fue cercenada. Las obras de infraestructura, como aeropuertos y carreteras, y también logística, cortadas o suspendidas.
El Gobierno quiere avanzar en su política de prejuicios y en la entrega de Petrobrás, de la energía eléctrica y de la Amazonia. Esperaba que con la victoria de Bolsonaro el anuncio de un programa ultraneoliberal traería inversión externa, pero eso no sucedió. Algunos empresarios compraron activos a precios muy bajos, pero no hubo inversión nueva. No es nuevo en la región: hay muchas semejanzas con el fracaso de la política ultraneoliberal en la Argentina, señala Luis Dulci, el exsecrtario de la presidencia de Lula da Silva.
El martes, Bolsonaro dio en la Cámara de Diputados una nueva muestra de sus verdaderas prioridades para los problemas de un país agobiado. No fue a discutir la situación social traducida en 40 millones de desempleados o subempleados, tampoco para proponer medidas concretas para salir de la recesión y menos para resolver la crisis en la educación.
El presidente llevó personalmente el proyecto de ley que amplía el número de multas de tránsito que pueden tener los conductores que cometan infracciones, liquida la obligatoriedad de examen toxicológico para motoristas profesionales y extiende de cinco a diez años la validez de la licencia de conducir. Brasil es uno de los países líderes en el mundo por muertes de tráfico.
El presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, le hizo ver que Brasil se encuentra en una disyuntiva sobre si pactar una agenda entre el oficialismo y varios sectores, económicos incluidos, del país o dirigirse al colapso social que será «muy fuerte». Estamos yendo a un lugar que no es bueno», dijo Maia, del partido oficialista Demócratas.
Mientras, la fiscalía de Brasil pidió ayer la salida del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva de la prisión hacia un régimen semiabierto, que le permita cumplir la pena en su casa, después de que una corte superior le rebajara los años de condena en un caso de corrupción vinculado a la operación Lava Jato. La viceprocuradora general de la República, Aurea Nogueira, envió el pedido al Superior Tribunal de Justicia (STJ), máxima corte penal que le redujo a Lula la pena de 12 años y un mes de prisión a ocho años y 10 meses.
Ultraneoliberalismo en caída libre
Paulo Guedes, formado en la Universidad de Chicago, prometió que la terapia de shock facilitaría una rápida recuperación y que miles de millones de dólares volverían a los mercados de bonos brasileños, pero la prima de riesgo cayó en picada y el real, la moneda local, se devaluó rápidamente.
Los que pueden, se marchan; la tasa de desocupación superó el 13% y millones de pobres ni se registran en las cifras de desempleo. La migración a Portugal subió el 5,6% en el 2017. En las calles de Río, ya es común ver a familias que viven en las paradas del autobús de alta velocidad construido para los Juegos Olímpicos del 2016.
Tras una explosión de optimismo en los mercados cuando Jair Bolsonaro se impuso en las elecciones presidenciales de octubre del año pasado (que significó una subida de 6% de los valores bursátiles de las empresas brasileñas, una cruda realidad empieza a descender sobre la economía más grande de América Latina, cuando crecen los temores sobre una segunda recesión y muchos analistas temen por el futuro económico mientras los niveles de deuda han crecido peligrosamente.
Muy rápidamente, los inversores descontaron el impacto positivo de una batería de reformas estructurales, privatizaciones y la liberalización de una de las economías más protegidas de América Latina.
El sector financiero trasnacional está preocupado. «La economía brasileña ha estado recuperándose a un ritmo dolorosamente lento tras la peor recesión del siglo», resume Alberto Ramos, el director para América Latina de Goldman Sachs. «Esta vez, no ha habido graves choques externos, sólo errores de la política y una falta de reformas», añadió. En los mercados se ha esfumado el optimismo que suscitaron las reformas ultraneoliberales de Bolsonaro.
El serio error político es seguir hablando como si fuéramos países libres e independientes. Bolsonaro no está fracasando, sino implementando con éxito la política dictada por las multinacionales y su agencia financiera, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que apunta a liquidar todo avance industrial, lograr una mayor explotación con mayor miseria y hambre y destruyendo la educaciòn y la salud, para seguir consolidando la dependencia y el neocolonialismo, no solo de Brasil sino también de toda Latinoamérica y el Caribe.
El FMI elogió el plan de reformas de Bolsonaro en abril y anunció una previsión del crecimiento brasileño del 2% en 2018 y el 2,5% para el 2019. La agencia de calificación de deuda Moody’s aplaudió «un programa de reformas de gran envergadura», destacando «la reforma de las pensiones, la incorporación del sector privado a los proyectos de infraestructura y una simplificación del sistema tributario, así como los esfuerzos para consolidación fiscal». Todo esto «debería impulsar el crecimiento a medio plazo», vaticinó.
Pero el optimismo se esfumó en cuestión de semanas cuando la economía se fue hundiéndo aún más. La inversión sólo se ha recuperado el 6% desde el 2016 tras el colapso del 32%.
El analista Andy Robinson señala que con estos niveles de desocupación laboral, es imposible que el consumo compense el raquítico comportamiento de la inversión para impulsar la demanda. Por si fuera poco, el entorno externo ha empeorado. Tras subir las exportaciones el 178% desde el 2016 (principalmente materias primas como soja, carne y hierro), ya se ven amenazadas por la desaceleración de la economía china.
El economista Alexandre Texeira, señaló en Valor Económico que Bolsonaro «tiene una capacidad extraordinaria para crear crisis para sí mismo. «El gobierno de Bolsonaro, por su incompetencia, ha tirado a la basura la oportunidad del efecto riqueza por la apreciación del tipo de cambio, la caída de los tipos de interés y la subida de la Bolsa», afirmó Ricardo Cardiel, economista de la universidad Unicamp.
Una recesión agravará la ya preocupante situación fiscal de Brasil, que tiene un déficit público equivalente al 6,9% del producto interior bruto, lo cual si no se reduce, convertirá una deuda pública equivalente al 77% del PIB en un verdadero quebradero de cabeza para Bolsonaro.
Cambios recientes en el modelo de gestión de políticas para la salud indígena, impulsados por el gobierno, accionaron el alerta en el movimiento indigenista, desde el anuncio de la extinción de la Secretaría Nacional de Salud Indígena (Sesai), que repercute en la disminución de los médicos en los distritos sanitarios indígenas, desde que los cubanos debieran abandonar el programa Más Médicos que prestaba servicios en zonas donde pocas veces había llegado un galeno brasileño.
El Senado ya tiene fecha para debatir el decreto sobre el porte de armas, que pueden llevar a la derogación del decreto armamentista de Bolsonaro. Pero el 73% de los brasileños está en contra de la flexibilización del porte de armas promovida por el presidente, según encuesta de Ibope, que también reveló que el 61% de los consultados están en contra de facilitar la tenencia de armas en las casas familiares.
La resistencia
Estamos en un proceso en que la disputa ideológica será realizada en las calles. Las dos multitudinarias movilizaciones protagonizadas por la juventud y por los profesores infunden ánimos para una huelga general que tendrá lugar el 14 de junio, para que los capitalistas, que son los dueños de este gobierno, sepan que si continúan a recortar los derechos, la clase obrera no lo aceptará, señaló Joao Pedro Stedile, del Movimiento de Trabajadores sin Tierra.
Desde la cárcel, Lula insiste en que el centro de la política del progresismo debe ser lo que afecta la vida de la mayoría: jubilación, educación y salud, porque con sus prejuicios al desnudo, Bolsonaron dialoga hoy solo con un 25% de sus electores.
Luis Dulci, vicepresidente del Partido de los Trbajadores (PT) señala que ese 25% son sectores que reaccionan contra la secularización de la vida social. «No es sólo un tema de algunos pastores, como a veces se dice, sino el fruto de gente que fue criada con una visión arcaica de familia. Por esos nos enfrentan. El PT siempre fue abierto. Pionero en la cuestión feminista, en la cuestión de los negros».
Estos sectores atrasados, en cambio, llegan a decir que la escuela pública es un nido de víboras y alientan la educación domiciliaria. Hay un movimiento que se llama Escuela sin Partido. Presentan a Paulo Freire no como el ejemplo de gran educador que fue sino como el símbolo de un presunto «marxismo cultural». Hubo una disputa entre lo social y los valores de seguridad. No sólo en materia de seguridad pública. Bolsonaro promovió un liderazgo fuerte y violento. Y los efectos se dejan sentir: un grupo de soldados disparó 80 balazos contra una familia que iba en su auto, añade el dirigente
Para los movimientos sociales, resulta fundamental crear espacios de disputa en los espacios públicos, en la relación cuerpo a cuerpo con los ciudadanos. La libertad y democratización de la información prometida por las redes sociales se encuentra supeditada a la presencia de los poderes fácticos, a la manipulación que ejercen los dueños del capital (y sus marionetas políticas), que pueden financiar campañas de desinformación a través del bombardeo de millones de cuentas de navegantes ingenuos.
Las redes digitales se transformaron en un factor de penetración ideológica para reproducir las condiciones de hegemonía de los sectores dominantes, presentando una sociabilidad peligrosa, pues pueden decidir el voto de ciudadanos pasivos (como sucedió con la elección de Bolsonaro) que solo ejercen su voluntad soberana cada cuatro años. Las redes pueden decidir pero no sustentar estas decisiones.
No es una mera casualidad que el ministerio de Educación de Brasil, publicara una advertencia en la cual emplaza a profesores, funcionarios, estudiantes y hasta a los padres para que denuncien a las personas u organizaciones que convoquen a protestas o que participen directamente de las manifestaciones en favor de la educación, al percibir la importancia de reprimir las manifestaciones en la calle, como las dos últimas multitudinarias convocatorias de los estudiantes en defensa de la educación.
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