¿Brasil al borde del abismo?

Brasil vive un momento muy difícil, con un gobierno, el de Bolsonaro, que se ha destacado por su negacionismo de la pandemia del coronavirus y por tanto por su inoperancia, y por su intento de aumentar su poder y el autoritarismo. A ello hay que añadir otras condiciones de Brasil como son la alta tasa de sectores empobrecidos (19 millones de personas pasando hambre) y la falta de medios para atender a la población. O se podría decir al revés: la progresiva concentración en una minoría con recursos y posibilidades y la gran exclusión de la mayoría.

Al mismo tiempo, confluyen males endémicos de la economía brasileña como es su apuesta por el extractivismo, con un efecto directo en un ecosistema mayor, como la Amazonía, y la también falta de medidas y seguridad de sus megaproyectos mineros, hidrológicas y otras, que desembocan en desastres como los que se suceden en los últimos años. El último ocurría el 25 de marzo en el municipio de Godofredo Viana, en el estado de Pará, donde colapsó otra represa de desechos de la mayor minera aurífera del país, Aurizona. Este desastre se suma así a los de Mariana (2016), Brumadinho (2019) y Florianápolis (2021).

El 31 de marzo, la antropóloga feminista Tchella Masso nos compartía un mensaje que concentra la frustración y el dolor que sufren miles de brasileños en este momento: “es muy muy duro … lágrimas en los ojos y mucha rabia.. el precio de la comida por las alturas, mucho hambre, hospitales llenos, muertes y más muertes; y los militares, incluyendo en propio presidente, defendiendo abiertamente la violencia, los abusos de poder y el autoritarismo”. Lo que instigó estas palabras, además de las mencionadas razones, que se han convertido en una constante en este año, estriba en el día en sí, el aniversario del golpe militar que instauró la dictadura militar en Brasil en 1964. Porque el recién nombrado ministro de defensa, Braga Neto, celebraba aquel Golpe, el Movimiento de 31 de Marzo, que según él “pacificó” el país.

La dictadura de Brasil transcurrió desde ese año hasta 1985, caracterizándose por una fuerte represión contra la izquierda, en la que se incluyeron detenciones, torturas, muertes, y desapariciones. La Comisión Nacional de la Verdad (CNV) calculó estas últimas en 433. Con la Ley de Amnistía, salieron más de 25.000 presos políticos. Pero otra característica siniestra de aquella dictadura y con lo que Bolsonaro tampoco se diferencia tanto, fue que fomentó la colonización de los territorios indígenas, incluso creando campos de concentración y asesinando un estimado de 8.000 indígenas.

Pero el hecho en sí tiene más enjundia, pues el susodicho Braga Netto, es también el jefe del Estado Mayor del Ejército desde febrero de 2019. Desde abril de 2020 se le considera como “presidente operativo”, dejando a Jair Bolsonaro más como el presidente oficial pero sin poder real. Algunos medios calificaron este hecho entonces como un Golpe de Estado. Pero en sí, su nombramiento ahora como ministro de defensa corresponde a la salida del anterior, Fernando Azevedo, tras negarse a posicionarse favorablemente con los golpistas del 1964 y también por negarse antes a manifestarse en contra del Poder Judicial tras la decisión favorable a Lula.

El anterior ministro de Defensa además, tuvo el respaldo de los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, que también entregaron sus cargos. Este hecho demuestra que pese a su pasado militar y a su política autoritaria y proclive a un gobierno militar, no todos concuerdan con Bolsonaro en el ejército, y sus decisiones y políticas han provocado una crisis en su seno. Bolsonaro no contó con un militar en activo para cubrir la vacante para el Ministerio de Defensa, y tuvo que nombrar al que ya ostentaba la presidencia del Estado Mayor del Ejército, el general Braga Netto. Igualmente tendrá problemas para sustituir a los comandantes depuestos, pues los siguientes en jerarquía también les eran afectos. Por ello, Bolsonaro se verá obligado a jubilarlos prematuramente y nombrar a otros en esos puestos de rango inferior. Todo ello ahondará esa crisis aún más.

Dos días antes, también renunció a su cargo el ministro de Exteriores, Ernesto Araújo. Entre otras cosas, Araújo ha sido blanco de las críticas también por fallar en la gestión de importación de vacunas contra la Covid-19.

Los tribunales deslegitiman también al gobierno

Este pasado marzo también, el Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó que el ex presidente Lula da Silva (2003-2011) no fue tratado con imparcialidad en las investigaciones de corrupción, lo que cuestiona todo el caso Lava Jato (Lavado de Autos) y deslegitima al gobierno de Bolsonaro. Porque ese caso además fue el detonante para que se procediera al impeachment contra la entonces presidenta Dilma Rousseff, y el golpe institucional consecuente. También supuso la detención arbitraria de Lula que pasó 518 días en la cárcel, con el consecuente impedimento de presentarse a elecciones en 2018, lo que propició que Bolsonaro se hiciera con el poder.

Debemos recordar que el caso fue llevado por el el juez Sérgio Moro. Su sentencia fue anulada por evidencias de la colusión de Moro como juez con el equipo fiscal y extralimitaciones de su papel para juzgar. Este 23 de marzo 2021 la Sala Segunda del Tribunal Supremo Federal consideró que el ex juez Moro no fue imparcial en la sentencia contra Lula. Además, se puede entender que tenía intereses particulares, pues luego el propio juez participó en el mismo gobierno de Bolsonaro como ministro de Justicia y Seguridad Pública. Lo dejó, irónicamente, por la interferencia del presidente Bolsonaro en la gestión de la justicia, el 24 de abril del 2020.

La actual decisión habilita de nuevo a Lula para poder competir para los comicios del 2022, algo para lo que parece Lula está más motivado que nunca y el país también debido a la trágica situación que atraviesa el país. La imagen de Bolsonaro se ha ido deteriorando, perdiendo credibilidad. La crisis del coronavirus podía serle favorable, pues Bolsonaro favorece medidas restrictivas y represivas. Sin embargo, la forma en que ha negado el riesgo y ha despreciado a la población en general, le ha hecho perder mucho de aquel apoyo que le aupó en el poder. Bolsonaro se ha referido a la pandemia como mero “resfriado”, que lo que mata a la gente es el confinamiento y a las personas afectadas les ha dicho que “dejaran de lloriquear”.

Ese negacionismo tiene su reflejo en la gestión de la pandemia. Primero, se deshizo de su ministro de sanidad, Nelson Luiz Sperle Teich, para colocar, de nuevo, a otro militar al mando, el general Eduardo Pazuello. Sperle duró en su cargo tan sólo un mes, ya que también sustituyó a Luiz Henrique Mandetta (l de enero 2019 – 16 de abril de 2020) quien chocó con Bolsonaro por no implementar el confinamiento. Este 16 de marzo, en el peor momento de la pandemia con 12.000 muertos en una semana, lo volvía a cambiar colocando de nuevo a un profesional de la medicina, Marcelo Queiroga. Pazuello está bajo investigación judicial por faltas obvias en la gestión de una pandemia. Su destitución se entiende como una forma de Bolsonaro de mejorar la situación pero sobre todo los ánimos de la población y su imagen. Pero también añade al desgaste del ejército, que en el caso de de Pazuello, queda en muy mal lugar de reputación y legalmente, y que se sienten utilizados.

Por todo ello, los movimientos de Bolsonaro se pueden interpretar como una forma de radicalizar su posición, que es la que le aportó tan buenos resultados políticos. Pero la situación y su bagaje ahora son otros. Por eso, también algunos plantean esas palabras nostálgicas de la dictadura, como una preparación de terreno ante la posibilidad del retorno de Lula, para conservar su poder y el de los militares afines con un golpe de estado. La historia reciente de Brasil impide descartar tal hipótesis.Las informaciones alimentan esa idea del golpe. Según uno de los coordinadores nacionales del MAB (Movimiento de Afectados por Represas), Moisés Borges, “Bolsonaro está intentando instigar a las policías estatales para que se levanten contra los gobernadores. Esta es la tentativa de golpe, provocar el desgaste”. Concluye que “ni la propia fuerza armada soporta a Bolsonaro”. Borges también coincide en la preocupación que actualmente afecta a la mayoría del pueblo brasileño tanto a nivel de salud, como político, democrático, económico, laboral e incluso ambiental.

La crisis de Bolsonaro también es política. Todas las encuestas apuntan a que se sitúa en su momento más bajo, por las razones ya explicadas. Pero además, por esas razones también, él mismo se ha visto próximo a un impeachment en su contra, por lo que tuvo que hacer concesiones al centrão (Gran Centro), entregándoles la Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Justicia. El centrão es la bancada del ejecutivo que la configuran distintos partidos no preponderantes y que no pertenecen ni al partido en el gobierno ni a la oposición, pero son por lo general de línea conservadora, y que, como en este caso, apoyan al que más ofrece. Ahora, Bolsonaro concedió la Secretaría General de Gobierno al Partido Liberal (PL). Estos fueron también los que se beneficiaron del impeachment contra Dilma, asumiendo el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), en la figura de Michel Temer, el gobierno (2016-2018).

Genocidio coronavírico

Brasil es el país en que el coronavirus tiene las peores cifras del planeta: 21% de todas las muertes ocurren en Brasil, mientras su población es el 2,7% de la mundial. La proporción es de 128 muertes por cada 100.000 habitantes. Obviamente, ello tiene que ver con la política negacionista de su gobierno. Las personas contagiadas se elevan a 12 millones. La semana del 29 de marzo a 3 de abril, ha sido la peor hasta la fecha con más de 19.600 muertes, elevándose así la cifra total a 330.193. De seguir esta progresión y sin implantar el confinamiento, los especialistas alertan que este mes podrían ser 5.000 las víctimas mortales por día.

El periodista brasileño Eric Nepomuceno compara el resultado del coronavirus por el no-hacer de Bolsonaro con las víctimas de la guerra en Siria, ya que tanto una como otra contabilizan 300.000 muertes. En el caso de Siria en 10 años, y en el de Brasil en uno. Nepomuceno concluye “Tanto en Siria como en Brasil, eso tiene un nombre: genocidio. Y en el caso nuestro, tenemos a un responsable: Jair Bolsonaro”. Como él también apunta, hay que tener en cuenta que esos son los números oficiales, pero que por las características de Brasil con muchos ciudadanos no registrados y además estos siendo los más vulnerables (indígenas, pobladores de barriadas, etc) se cree que serán muchos más, elevando el número a los 400.000.

Si recordamos que las propuestas electorales de Bolsonaro eran los tiros contra el narcotráfico y el armar a la población para defenderse de la delincuencia, que su política ha sido la de la ocupación de las favelas, su militarización y la represión, podríamos deducir que esas medidas en la pandemia tienen los mismos objetivos. Ese genocidio, quizás no premeditado, pero sí asumido, acecha a los habitantes de las favelas, sin-techo o indígenas que se incluyen entre los más vulnerables a la pandemia.

Como en muchos otros países cuando se implementaron las medidas de la pandemia, uno de las principales focos de riesgo eran las favelas, porque son comunidades fuera de la estabilidad económica, sin ingresos fijos, que viven el día a día, en la economía sumergida, con trabajos informales, y para los que medidas como el confinamiento suponen el no comer, por lo que se ven obligados a salir. Las favelas además carecen de recursos como el agua y de recursos sanitarios. En esa situación, hay que decir también que el gobierno estuvo ausente en las favelas, y que han sido sobre todo las asociaciones comunitarias las que proponen alternativas y medidas, incluidas el confinamiento.

Pero esa situación alarma igualmente a nivel internacional, porque mientras en otros lugares se trata de controlar o que tenga una progresión más lenta, el avance de Brasil supone una amenaza a esos logros. Pero además, a la amenaza se añade la posibilidad de nuevas variantes del virus, que ya son una realidad con la nueva cepa de Manaos (P1). Se cree que la P1 ha sido también la causante del aumento de contagios de los últimos días en Brasil y que podría ser hasta dos veces más transmisible que el virus original. Su irrupción y diseminación pone en peligro los logros y esfuerzos enormes de la actual vacunación, prolongando la misma situación tras un año de pandemia.

Esta situación se empeora por los pocos recursos sanitarios. En Manaos, en la Amazonía, uno de los epicentros de la pandemia, los hospitales no tienen oxígeno para asistir a los pacientes. Además, las grandes ciudades, han visto su capacidad hospitalaria totalmente colapsada (Brasilia 100%, igual que Rio Grande do Sul). Comercios no esenciales han cerrado, pero no ha habido medidas de confinamiento, más que las decididas voluntariamente, por iniciativa personal. Pero está claro, como conocemos en nuestros lugares, que si no se estipula el confinamiento oficialmente, la actividad prosigue y no podemos excluirnos de ella sobre todo cuando es de índole económica, aumentando los riesgos.

Rotura de una nuevo almacén de desechos mineros

A esta situación sanitaria y política tan convulsa, se le une la ambiental y social. El pasado 25 de marzo, se rompía otro depósito de residuos mineros de la compañía Aurizona (propiedad de Equinox Gold), en el municipio de Godofredo Viana, estado de Maranhão. Este desastre se sumaba a los recientes y similares de Brumadinho (25 de enero de 2019) y Mariana (5 de noviembre de 2015) ,y a otro reciente en Florianópolis (25 de enero 2021). Según el miembro del MAB, Moisés Borges, en esta ocasión “no se registran víctimas fatales, pero 4000 personas precisan agua potable”. El desastre ocurría dos días después (23 de marzo) de que a petición del MAB, se aprobara en la Asamblea Legislativa de Maranhão la tramitación del proyecto de ley (PL 66/2021) para garantizar los derechos de las poblaciones afectadas por represas.

El lodo tóxico de la minera de oro Aurizona impactó con el río Tromaí, invadiendo la estación de tratamiento de agua que abastece a los habitantes de la zona. La falta de agua potable se alargó por cinco días. El río Tromaí fue contaminado así como la zona de manglares y costera. Por los antes mencionados desastres, se tiene constancia de que esta contaminación persiste por años.

Al parecer la presa secundaria se rompió tras intervenciones de la minera para evitar que el agua de lluvia entrara en una de sus minas. La empresa minimizó los daños. La represa de lodos y mina afectadas pertenecía a mineras ilegales, antes de ser absorbida por la canadiense Equinox Gold. En 2018 la empresa protagonizó otro accidente al desplazar pilas de material con una explosión de dinamita. Cerca de cuatro mil personas fueron afectadas, quedando aisladas.

El MAB ha compartido que éste “es un crimen socio-ambiental más de las mineras, que son las más beneficiadas con el actual modelo energético existente en el país, y que están contra la población brasileña. Las represas de minería, hidroeléctricas y del agua en Brasil no pueden continuar representando inseguridad, miedo y violencia para la población que vive próxima a esos proyectos”. El MAB ha lanzado una campaña de auxilio para paliar la emergencia por un mes y repartir 4.000 equipos de higiene, 2.000 cestas de alimentos y 360.000 litros de agua potable.

En esta zona se encuentra la mayor reserva mineral de oro de Brasil y una de las principales del mundo con una previsión de 750.000 toneladas de oro. La minería de oro tiene un grave impacto ambiental y social. Además de hacerse a cielo abierto, esta minería consiste en lo que se denomina lixiviación. La lixivación implica extraer la roca entera para triturarla y lavarla en una solución de agua mezclada con cianuro o mercurio, para así separar las microscópicas partículas de oro de la roca. Como pasa con la minería de hierro o cobre, el resultado son toneladas de lodos mezclados con esos minerales altamente tóxicos, letales, llamados relaves. Miles de toneladas de residuos tóxicos. Además del uso enorme de agua. Las cifras son alarmantes: por tonelada de roca el promedio es de 2 gramos de oro. Mientras que por esos 2 gramos se precisan 2000 litros de agua.

Cuando ocurrió el desastre de Brumadinho (25 de enero de 2019), después del de Mariana tres años y dos meses después (5 de noviembre de 2015), saltó la alarma por la situación de los relaves (desechos de minería). Entonces se contabilizaban más de 400 depósitos de relaves solo en el estado de Minas Gerais, con unos 50 de ellos a riesgo de colapsar. Como decimos y como nos ocupa, otros lugares y otras minerías como la de oro, no son ajenas a estas prácticas.

A este tipo de minería debemos unir la ilegal, que aunque sin conllevar la actividad drástica de la industrial, también contabiliza innumerables afecciones ambientales que incluyen también la contaminación de tierras y aguas, o incluso la deforestación. Las noticias recientes hablan de la deforestación de 500 Has (equivalente a 500 campos de fútbol) de la reserva yanomami durante los 12 meses de pandemia, o del cambio del curso del río Mucajaí. El pueblo yanomami y el munduruku están sufriendo en sus carnes la expansión de la minería ilegal. En diciembre de 2020, un estudio de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) sobre los impactos del mercurio en áreas protegidas y en los pueblos de la Selva Amazónica reveló que el 100% de los indígenas Munduruku están contaminados.

Ante está situación tenemos que volver de nuevo, a qué se hace por frenar estas situaciones desde el gobierno. Tenemos que recordar que Bolsonaro cuando tomó el gobierno ya había propuesto el deshacerse de los sistemas de protección ambiental e indígena, que según él suponían un freno al extractivismo. El MAB también ha denunciado los intentos de Bolsonaro de liberar la minería ilegal, en esos estados en los que sus fieles también gobiernan (Roraima y Rondônia). En Roraima, la Asamblea Legislativa aprobó este año 2021 un proyecto de ley para liberar la extracción de todo tipo de minerales, pero fue suspendida por el Tribunal Supremo Federal. Su predecesor, el también derechista Michel Temer abrió a la minería (oro, hierro, cobre) una zona protegida de 47.719 km² (mayor que Dinamarca).

El coordinador del MAB en Roraima, Francisco Kelvim, explica que “el Ministerio de Minas y Energía celebra audiencias sobre la liberación de la minería dentro de los estados de la Amazonía y el Gobierno de Bolsonaro recibe a líderes en el Congreso Nacional en alineamiento con los intereses mineros. También está la cooptación de líderes de grupos étnicos e indígenas en torno a esta agenda”.

Por tanto tenemos unos daños y desastres que se repiten, porque la economía brasileña se ha basado en extraer recursos primando el beneficio a la seguridad ambiental y humana. No podemos obviar que los gobiernos de Lula y Dilma (2003-2016) también descansaron en el extractivismo, pero este también se entendía como una forma de recaudar fondos para inversión social: educación, energía, vivienda, salud, etc. mientras que desde entonces los beneficios son para la empresa y sus directivos. Tanto el gobierno de Temer como el de Bolsonaro ahora, priorizan una élite a la que ellos también pertenecen.

Y mientras la Amazonía también sigue menguando

Este desastre en la costa amazónica se añade a la ofensiva incesante que sufre la selva amazónica. Los incendios de 2019 fueron históricos con más de 70.000 incendios entre enero y agosto. El 2020 fue parecido con 20.473. Todos ellos tenían como principal razón el acaparamiento de más y más tierras para los monocultivos de soja o la ganadería, y otras prácticas extractivistas. A ellos contribuía también la sequía por la emergencia climática. Se unían además a los ocurridos en Bolivia y Paraguay, con lo que la catástrofe adquiría niveles planetarios. Bolsonaro también fue negacionista con ello: “La Amazonía no está siendo devastada, ni está siendo consumida por el fuego”. Peor es un negacionismo interesado, porque como sabemos a él no le importa mucho ni la selva ni sus habitantes, y sí los beneficios de su élite.

Los registros del año pasado son nefastos con 1,7 millones de hectáreas deforestadas, tres veces más que el país siguiente en la clasificación (RD del Congo). Sobre todo demuestra que es una progresión muy elevada de un 25% más con respecto al año anterior, cuando Bolsonaro tomó el poder. El Pantanal también se vio destruido en un 30% en 2020.

Las zonas más propensas a ser incendiadas son las cercanas a las carreteras. Una nueva amenaza emerge estos días en la Amazonía, también resultado de esas políticas de Bolsonaro y su deseo de colonizar la Amazonía: una nueva carretera, la Nova Transamazônica. Ésta conecta Manaos con Porto Velho y afecta a una zona de influencia de 270.000 km², que alberga 25 Zonas de Conservación. Ya se están denunciando acaparamiento de tierras e incidentes con los habitantes indígenas originales.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/mapas/brasil-al-borde-del-abismo