Sin exagerar, si los Juegos Olímpicos de agosto que se van a efectuar en Brasil fueran Juegos de la Corrupción, sin duda, en esta ocasión Brasil ganaría con creces la Copa Absoluta y se coronaría campeón gracias al involucramiento de su clase dominante, a la burocracia y a los partidos políticos de todo signo. En […]
Sin exagerar, si los Juegos Olímpicos de agosto que se van a efectuar en Brasil fueran Juegos de la Corrupción, sin duda, en esta ocasión Brasil ganaría con creces la Copa Absoluta y se coronaría campeón gracias al involucramiento de su clase dominante, a la burocracia y a los partidos políticos de todo signo.
En efecto, debido a un cúmulo de hechos y acontecimientos ocurridos en las últimas semanas difundidos por los medios de comunicación y electrónicos, no cabe duda de que se trató efectivamente de un Golpe de Estado sui generis contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff democráticamente elegida por el pueblo con más de 55 millones de votos en las urnas, independientemente de los errores y omisiones que hubiera cometido durante su administración y que en buena medida explican la caída de su popularidad que en el mes de abril de 2016, según Datafolha, exponía un índice de 13%.1
No sólo porque una buena parte de los diputados y senadores que votaron a favor del Iimpeachment están involucrados de diferentes maneras en la llamada Operación Lava Jato que investiga los crímenes de corrupción, delincuencia organizada, enriquecimiento inexplicable, lavado de dinero, impunidad, así como el uso de recursos de procedencia ilícita, sino además, debido a que la parte acusatoria, el relator de la Comissão Especial do Impeachment de Dilma Rousseff, el senador y ex-gobernador de Minas Gerais, Antonio Anastasia del conservador PSDB-MG, y los abogados acreditados ante el Congreso, han esgrimido argumentos jurídicos extremadamente débiles y sin sustento que demuestren la acusación contra la titular del ejecutivo federal de haber cometido un presunto «crimen de responsabilidad» que, por lo pronto, la apartó del poder por hasta 180 días en que se deberá desahogar el «juicio político de procedencia» por parte del Senado de la República convertido, para estose efectos, en Magistrado Colectivo y que también deberá de votar y decidir si destituye o no definitivamente a la presidenta para que asuma ela cargopresidencia el actual «presidente en funciones o interino», el ex-vicepresidente Michel Temer del conservador PMDB. En el cortísimo tiempo del gobierno interno, por estar involucrados y mencionados en las pesquisas delatoras del Lava Jato, ya han tenido que renunciar altos funcionarios del gobierno y al mismo tiempo jerarcas del conservador PMDB por haber sido mencionados en el sistema de delación premiada, sistema que reduce la pena significativamente a los procesados y sentenciados por las autoridades penales del país cuando colaboran en el esclarecimiento de los hechos y de los crímenes cometidos.
En verdad, lo que puso al desnudó la existencia de una autentica conspiración por parte de la derecha para deponer a la presidenta legítimamente electa fue justamente la aparición de una grabación en audio dada a conocer a la opinión pública de una conversación en marzo pasado, o sea antes del inicio del juicio político, entre el Ministro de Planejamento, senador Romero Jucá del PMDB-RR y el ex-presidente de la empresa Transpetro, Sérgio Machado, sugiriéndole hacer un cambio de gobierno mediante un pacto para estropear los daños («sangriasangría» se escucha en el audio en portugués) causados por la Operação Lava Jato, que investiga a ambos.2 En él se manifiesta fehacientemente la necesidad de deponer a la presidenta y por su conducto a influyentes miembros de su partido, el PT, para influir después en la Operación Lava Jato con el fin de acabar con las investigaciones que los incriminan. Por ello, en reiteradas ocasiones la defensa ha solicitadoó la inclusirón de esos audio-videos como pruebas que podría deshabilitarn los argumentos de la parte acusadora. Sin embargo, la Comisión del Senado se ha negado a hacerlono aceptó, contribuyendo, de esta formaasí, a desconsiderar una prueba crucial que para la defensa constituye una clave para desmontar la conspiración y probar que Rousseff es efectivamente «víctima de un golpe».
Evidentemente que lo anterior coloca en segundo plano «lo jurídico» y en alto relieve lo político-penal tanto para cumplimentar el objetivo estratégico del golpe de Estado como para proceder a reformar la ley y los procedimientos penales y establecer un nuevo orden que garantice la impunidad y la prescripción de los delitos cometidos tanto en el presente como en el pasado. Evidentemente que todo todoestá condicionado esto son a realizarse intenciones en el caso de concluir exitosamente con la destitución definitiva de la presidenta y el surgimiento del nuevo gobierno, lo que es el escenario con mayor probabilidadmás seguro que ocurra.
La defensa legal de la presidenta encabezada por el eficiente, experto y competente abogado y ex-ministro de la Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardozo en el proceso de impeachment de Dilma Rousseff, así como los diversos testimonios presentados por los testigos experimentados de la parte acusada, han demostrado fehacientemente que no hubo de ninguna manera «crimen de responsabilidad», como sostiene la acusación, que amerite su destitución, al mismo tiempo que desmontaron todos los argumentos jurídico-constitucionales y la falta de sustento de las acusaciones sostenidas por la derecha a través de sus abogados y el relator formal del proceso judicial, el señor Antonio Anastasia.
Es importante destacar que este proceso repleto de anomalías, desinformaciones y manipulación mediática, particularmente por los medios hegemónicos de comunicación e información así como por las redes sociales comandados por los sectores de la derecha brasileña, además indica un intenso clima de fuertes denuncias y procesos penales en que han incurrido presidentes, secretarios, burócratas, diputados y senadores involucrados en diferentes delitos que investiga la Procuraduría General de la República y el Supremo Tribunal Federal cuando los responsables gozan de «fuero político» en el marco de la Operação Lava Jato y de otros procesos judiciales como el llamado Custo Brasil que es una derivación de la Lava Jato y la Operação Zelotes entre otras . Es así como, para poner algunos ejemplos significativos, el ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, fue denunciado ante el Supremo Tribunal al habérsele comprobado que posee cuentas en Suiza no declaradas al fisco por unos 800 mil francos suizos (cerca de 3 millones de reales). También está acusado de ser uno de los beneficiados con «mordidas» (o «propinas») por medio de la corrupción en la empresa Petrobras, por lo que se vio orillado a presentar su renuncia en una carta al presidente «en ejercicio». Este señor Alves es el tercer renunciante a su cargo en 50 días de gobierno interino, debido a la «delación premiada» firmada por el ex-senador y ex-presidente de la empresa Transpetro, Sérgio Machado, en el marco de la Operação Lava Jato . Antes de él, cayeron los entonces ministros de Planejamento, Romero Jucá, y de la Transparência, Fabiano Silveira. El primero por sospecha de obstruir con influencias el trabajo de la policía, y el segundo porque fue gravado instruyendo a uno de los investigados (el presidente del Senado, Renan Calheiros , también del PMDB) acerca de cómo se debería defender ante las acusaciones en su contra. El señor Eduardo Cunha, figura poderosa y mediática, responsable de haber aceptado e instalado el juicio político de procedencia o impeachment para desaforar a la presidenta Rousseff y que tiene una enorme influencia política y personal en el Congreso brasileño, ahora ex-presidente de la Cámara de Diputados, también fue destituido por crímenes de corrupción que lo han llevado de hecho a ser considerado como indiciado, entre otros cargos, por poseer cuentas millonarias en Suiza sin haber sido legalmente acreditadas y declaradas ante el fisco de su país, junto con millonarios gastos efectuados por su esposa e hija en el extranjero. Sus cuentas y bienes han sido intervenidos por la justicia en el marco de la investigación.
La «delación» de Sérgio Machado cuestiona gravemente los planes de la derecha para consolidar el golpe, porque el mismo «presidente interino», se dice, negoció y recibió mordida o propina según un delator del Lava Jato . Con involucramiento al ser también mencionados por algún delator Marina Silva, ex-candidata a la presidencia y José Serra (actual Secretario de Relaciones Exteriores) se enrarece aún más el clima de intrigas y sospechas en todo el país. Por último, y para coronar parcialmente con broche de oro esta primera jornada olímpica de la corrupción, la Secretaria de Políticas para las Mujeres, Fatima Pelaez, es sospechosa de haber malversado alrededor de 400 millones de reales durante y antes de su gestión3 y al Ministro de la Casa Civil, Eliseo Padhilla, se le bloquearon sus bienes y cuentas por disposición oficial debido a que utilizó en beneficio propio una «empleada fantasma» para tal efecto.
Es importante observar que el término corrupción, del latín «corruptio», tan generalizada en el mundo capitalista que significa, según la Real Academia Española, «depravación moral o simbólica» y refiere el «abuso de poder» por parte de las clases dominantes, el Estado y la burguesía, otras clases, fracciones de clase, sectas o individuos, no es esencialmente la causa de la crisis moral, cultural, económica, social y política, sino, apenas un factor importante, que la intensifica y generaliza una vez instalada en la economía y en la sociedad. Por ello, no es correcto concebir la corrupción como un fenómeno generalizado que explica, en sí y para sí, la crisis global del capitalismo y la de los países que lo constituyen en tanto formaciones económico-sociales. Bastaría simplemente con reducir o acabar con ella para que se corrigieran como por arte de magia todos los males y problemas derivados de la crisis y, de este modo, para poder garantizar el arribo de un estadio de igualdad y justicia social en todo el mundo. Cuestión que evidentemente, opera justamente en contra de la historia y de las prácticas capitalistas neoliberales o no que se despliegan ampliamente por todo el planeta.
Hecha esta aclaración, sin embargo, en los últimos años, es una característica generalizada de las prácticas económicas, financieras, administrativas y políticas, por parte de las clases dominantes y de la burocracia política, incluyendo a la mayor parte de los partidos políticos de cualquier signo, recurrir a este socorrido medio de la corrupción, pudiéramos decir, como una vía o instrumento para el despojo y apropiación de riqueza y plusvalía que producen millones de trabajadores, las cuales en manos de aquéllas se convierten en un auténtico factor de acumulación y reproducción del capital, generalmente incorporado a lo que se denomina capital ficticio o en el lenguaje de los expertos capital financiero especulativo que genera ganancias fáciles de esta naturaleza, es decir, ficticias derivadas estrictamente de la pura especulación4 mediante la succión de los excedentes (plusvalía) a favor del 1% de la población mundial. Corrupción que, por cierto, envuelve prácticamente a todos los partidos, incluyendo al mismo PT que es el de Dilma y de Lula, y a muchos de sus integrantes que ya están presos o en proceso de ser indiciados. A propósito, la prensa informó el 23 de junio que Paulo Bernardo, ex-ministro de los gobiernos de Lula y de Dilma, fue detenido preventivamente bajo sospecha de haberse beneficiado de 7 millones de reales derivados de la mordida («propina» en portugués)5 en el marco de la Operaçao Custo Brasil.
La corrupción generalizada, sistémica y pactada entre las fuerzas principales del país es efectivamente un factor que incide en el problema de la desigualdad social, en la crisis económica y en el perfil que presenta el país ante la comunidad internacional. Pero no debemos de caer en el error de basar el análisis en estos indudables problemas que evidentemente produce la corrupción sistémica y generalizada en un país y sistema determinados que la bifurca y condiciona en toda la sociedad. En el caso que nos ocupa evidentemente que este fenómeno se exacerba, y aún más, se intensifica en el contexto mucho mayor de la crisis mundial capitalista y de la actual recesión en que está inmersa la economía brasileña por lo menos desde hace más de dos años. Por ello, no se debe de olvidar que es corresponsable de esta crisis la propia aplicación de las políticas de signo neoliberal tanto del gobierno anterior con Lula como la desplegada durante las dos administraciones de la actual presidenta que ha sido apartada provisionalmente durante el tiempo en que se resuelva su situación por el juicio político en su contra que no deberá de durar más de 180 días de acuerdo con la Constitución Política del país.
Pero de todas maneras el factor estrictamente judicial o jurídico-institucional pasa, entonces, a segundo plano para poner en alto relieve el verdadero proceso que explica la situación actual de la crisis económica, política e institucional del Brasil.
Efectivamente uno los objetivos ya mencionados es tratar de bloquear las investigaciones en curso contra los principales responsables e involucrados en la corrupción. Y aquí conviene a todos, a tirios y troyanos. Pero lo fundamental, el objetivo estratégico de la derecha es tomar directamente las riendas del poder para imponer el su proyecto neoliberal en el país, con todas sus características y consecuencias, al mismo tiempo que redefinir su política internacional y su inserción dependiente en el entorno de los intereses estratégicos del gran capital internacional y del imperialismo norteamericano y de los bloques hegemónicos.
Pero no debemos perder de vista que la derecha utilizaapr inteligentemente a su favor ovecha inteligentemente los errores y omisiones de sus adversarios para neutralizarlos y/o destruirlos. No podría ser de otra manera. Ciertamente que hay que aceptar que la popularidad de la presidenta se venía deteriorando sistemáticamente conforme iba cediendo terreno frente a los intereses del gran capital financiero al favorecer la aplicación de medidas neoliberales que causaron descontento y desconcierto en la población como se vio en las movilizaciones anti-Dilma de marzo de este año donde millones de personas, los mayores contingentes provenientes de las clases medias, el más grande concentrado en la ciudad de São Paulo con más de un millón de manifestantes, exigiendo la salida de la presidenta – «fora Dilma», gritaban – y en contra también del ex-presidente Lula de quien pedían, incluso, la prisión. El deterioro político, por consiguiente ya venía desde atrás y la crisis económica mundial, y en el propio país, que arrastraba con creces y se intensificaba, golpeaba el segundo mandato del gobierno de Dilma Rousseff, a tal grado que por primera vez en los últimos lustros la recesión se combinaba con un desempleo incrementado que en la actualidad afecta, según cifras oficiales, a más de 12 millones de personas mientras que los despidos se incrementan por miles de trabajadores y empleados por mes. En estas condiciones, el gobierno petista perdió legitimidad política y fue erosionando sus bases sociales para terminar apoyándose solamente en corporativos como la Central Única de Trabajadores (UTC) y el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) como sus bastiones fundamentales, pero dentro de los cauces legales existentes, lo que limita enormemente la lucha y las movilizaciones e incluso, la incorporación de nuevos sectores del pueblo contra el golpe y/ o la restitución de la presidenta.
Pero más allá de que la gama de alternativas sea extremadamente limitada: a) restitución de la presidenta, b) su destitución definitiva o, bien, c) nuevas elecciones, en el fondo figura la profunda crisis estructural y financiera del país inscrita en el contexto de la crisis del capitalismo global el cual se halla inmerso en un ciclo depresivo cuyas tasas promedio de crecimiento económico no rebasan 3%, situación que en la actualidad hace extremadamente difícil, si no es que imposible, impulsar políticas de tipo neo-desarrollistas como las que limitadamente habían impulsado los gobiernos del PPT. Ello impedirá, a cualquier gobierno de cualquier signo, incluso el de Temer, desplegar un proyecto no sólo de salida de la crisis sino de su superación, como se observa en la Argentina donde el ejecutivo, para imponer su voluntad – que es la de los intereses de los agronegocios, de las grandes empresas transnacionales y los del imperialismo norteamericano – tiene que hacerlo a través de decretos para poderlos imponer evitando, así, su paso por el parlamento.
Si no se modifica el sistema económico, político, social, institucional, es decir, el modo capitalista de vida y de producción y sus instituciones fundamentales, lo único que queda a la vista, en ese margen estrecho, es la aplicación de las políticas neoliberales: fuertes recortes al presupuesto público, rebaja de los salarios de los trabajadores, disminución de las jubilaciones y las pensiones, anulación de prestaciones sociales como vivienda, salud, alimentarias y otras, aumento del desempleo, de la informalidad, de la precariedad y el incremento inusitado de la superexplotación del trabajo como los pivotes fundamentales de la economía y la sociedad capitalista y neoliberal.
La encrucijada, pues, del Brasil en esta hora turbulenta en que se tendrá que definir el destino de su presidenta es que no cuenta con grandes alternativas para escoger: al parecer, su clase política, incluyendo al mismo partido del gobierno Dilma-Lula – ocupado como está también en su propia defensa – ha escogido el sendero de la negociación (en el Senado) para intentar cambiar candorosamente la orientación del voto de algunos senadores de la oposición conservadora que pudieran favorecer el retorno de la presidenta, así lo ha declarado incluso, el ex-presidente Lula a diversos medios de comunicación. Pero esto es sólo una ilusión, más que una realidad: ésta se impone con severidad y marca que la derecha brasileña – de igual forma que la latinoamericana furibunda, fascista y tenebrosa – en contubernio con otras fuerzas de América Latina y Estados Unidos, está decidida a consolidar el golpe hasta sus últimas consecuencias, es decir, hasta convertir el gobierno interino actualmente en funciones como definitivo para, mientras, diseñar una estrategia que le pueda afianzar a las clases conservadores y a la derecha militante el triunfo en las próximas elecciones federales de 2018, mientras que el movimiento popular parece no tener, por lo pronto, una opción alternativa que pudiera cambiar el actual curso de los acontecimientos que le son enteramente adversos.
Notas:
1 Datafolha, Avaliação da presidente Dilma Rousseff PO813859 07 e 08/04/2016, disponible en internet: http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2016/04/11/avaliacao-presidente-dilma.pdf.
2 El video está disponible en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bpGjkcxENoE.
3 Para los detalles, véase: «Secretária fez parte de ‘articulação criminosa, diz Procuradoria», en: Folha de S. Paulo on line, http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1777768-secretaria-de-temer-integrou-articulacao-criminosa-diz-pgr.shtml, 21 de junio de 2016.
4 Para este tema véase al respecto el interesante libro de Helder Gomez (organizador), Especulação e luçros fictícios. Formas parasitárias da acumulação contemporânea, Outras Expressões, São Paulo, 2015, donde los diversos autores analizan, reflexionan y discuten la relación entre capital ficticio y ganancias ficticias en el capitalismo contemporáneo.
5 Los detalles en: Folha de São Paulo on line, 24 de junio de 2016, disponible en internet: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1784701-ex-ministro-paulo-bernardo-e-preso-em-nova-fase-da-lava-jato.shtml.
Adrián Sotelo Valencia es sociólogoe investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la FCPyS-UNAM.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.