Con un gobierno ilegitimo, corrupto e impopular, Brasil sufre las consecuencias de años de conciliación combinadas con un avance reaccionario no tomado en serio por el conjunto de la izquierda la cual no sólo no supo cumplir con su rol de izquierda, sino también se alejó de tal manera de las bases que ni siquiera […]
La huelga de los camioneros en Brasil -que ya es hoy una de las más importantes de la Historia del país- abre una oportunidad para un análisis del nivel del impacto político, económico y cultural del golpe institucional sobre el tejido social por un lado; y por otro, también permite una caracterización de las izquierdas.
Con un inicio difuso, la huelga de los camioneros fue, en un primer momento, caracterizada como Lock Out patronal -y hay sectores que siguen creyendo en esta caracterización, sea por incapacidad de lectura o por oportunismo político en contexto electoral-. Hay un sector que sólo apoya a lo que pueda dirigir, ninguna novedad en la clásica disputa burocrática. Las centrales sindicales, frente a la movilización de los trabajadores, en lugar de llamar un paro general, prefirieron colocarse a disposición para mediar las negociaciones con el gobierno.
Sin embargo, también hay un sector que está con miedo de salir a protestar por un motivo legítimo y después ser instrumentalizado por un movimiento pro dictadura. Se notan reivindicaciones, aparentemente espontaneas, que solicitan una intervención militar. El apoyo a la intervención militar por muchxs de lxs que están en las calles tiene muchos matices, no es un consenso y tampoco es mayoría, pero asusta. La crisis de representatividad y el discurso anticorrupción instalado por los medios de comunicación hegemónicos que, en gran medida, llevaron la población a apoyar el impeachment de la presidenta electa Dilma Rousseff, el año de 2016 y también al encarcelamiento del expresidente Lula, son los elementos centrales del pedido por la intervención.
El desconocimiento de gran parte de la población sobre lo que fue el período de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, en Brasil y en la región, es una realidad la cual parece ser una sorpresa para muchxs. La idea de que la intervención rescate la moral de la política y la figura del político convencional visto como agente de la corrupción, es un hecho y, en este caso, no hay diferencia entre derecha o izquierda en el ideario popular. Esto también ayuda a comprender porque Jair Bolsonaro -el Trump brasilero- es el segundo favorito en las encuestas presidenciales, con un 19% de intenciones de voto, según la última investigación del Ibope (Instituto de Brasilero de Opinión Pública y Estadística).
En este contexto de presión del mercado financiero a Temer, de convulsión social y de equívocos de las izquierdas, surge la oportunidad de encontrar puntos de acuerdo entre las fuerzas progresistas y también de reconocer las grietas históricas que necesitan ser cerradas. La radicalización de la democracia no se dará en una sociedad que ve en la autoridad y en la violencia institucional la salida para su crisis.
La incertidumbre sobre lo que viene por adelante después de Temer haber decretado el GLO (Garantía de la Ley y del Orden) -es importante destacar que el decreto no suspende garantías constitucionales- para permitir la actuación de las fuerzas armadas en todo el territorio con el objetivo de desobstruir las vías e intimidar al movimiento de los trabajadores, generó un sentido de urgencia, pero parece que aún no fue suficiente. Mientras las centrales emitieron una nota de repudio a la respuesta de Temer, la población y los frentes populares Pueblo Sin Miedo y Frente Brasil Popular están en la calle, apoyando la lucha de los camioneros.
El próximo 30 de mayo, los trabajadores petroleros convocan un paro por 72 horas contra la alza en el precio de los combustibles, contra la privatización de Petrobras y por la renuncia de su presidente Pedro Parente.