El pasado fin de semana el presidente estadunidense, George W. Bush, envió al Congreso una propuesta de «rescate» del sector financiero por 700 mil millones de dólares, adicionales a los 285 mil millones destinados por la Reserva Federal para el saneamiento de las empresas hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac. El dinero solicitado serviría para […]
El pasado fin de semana el presidente estadunidense, George W. Bush, envió al Congreso una propuesta de «rescate» del sector financiero por 700 mil millones de dólares, adicionales a los 285 mil millones destinados por la Reserva Federal para el saneamiento de las empresas hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac. El dinero solicitado serviría para la adquisición discrecional y sin control, por parte del Departamento del Tesoro, de «activos dañados», «deudas malas» y carteras vencidas, especialmente en el sector inmobiliario. Para expresarlo en términos llanos e inmediatos, la iniciativa de Bush consiste en que el Estado adquiera deudas privadas y las reparta entre el conjunto de la población en general, lo que representaría un quebranto per cápita de 2 mil dólares.
El descaro de esta solicitud ha sacudido a la clase política de Washington, ya que resulta evidente que, al amparo del «rescate» propuesto, desaparecerían cientos de miles de millones de dinero público en un pozo sin fondo de corrupción, favoritismos y complicidades, tal y como ocurrió hace una década en México, cuando la administración zedillista instrumentó el salvamento de la banca privada con cargo a los causantes en general. Para colmo, existe el precedente de la forma inescrupulosa en la que la Casa Blanca ha manejado las sumas multimillonarias destinadas a la guerra contra Irak, buena parte de las cuales han ido a parar a contratos dudosos o inexistentes en beneficio de corporaciones del primer círculo presidencial, particularmente Halliburton, de la que fue director general el vicepresidente Dick Cheney. En tales circunstancias, sobresalen las reacciones de rechazo a la iniciativa por parte del candidato presidencial demócrata, Barack Obama, y hasta del republicano, John McCain, urgido de distanciarse de las corruptelas, ineficiencias y torpezas del gobierno actual, encabezado por su correligionario.
Un tercer elemento que explicaría las reservas generadas por el plan comentado es la arrogancia y el despotismo con que fue presentado -sin una sola justificación, sin un programa, sin criterios para la aplicación de los fondos- en lo que constituye la expresión de una presidencia acostumbrada, desde septiembre de 2001, a actuar sin contrapesos, a atropellar los derechos básicos y a que el Legislativo y el Judicial le otorguen toda suerte de «poderes especiales» con el pretexto de «combatir el terrorismo». Por lo demás, en los términos en que está planteada, la iniciativa de Bush permitiría a los grandes capitales salir indemnes de las consecuencias desastrosas de su propia voracidad, pero no ayudaría en nada a los ciudadanos que han perdido sus viviendas o que están a punto de perderlas, en el contexto de la crisis inmobiliaria que sacude al país vecino. En este aspecto, el «rescate» propuesto por la Casa Blanca también se parece a la operación Fobaproa-Ipab que diseñaron y aprobaron priístas y panistas en nuestro país.
Más allá de consideraciones éticas -que nunca han sido el fuerte del actual gobierno estadunidense-, electorales, políticas y sociales, es claro que, de aprobarse el «rescate» propuesto por el todavía presidente de Estados Unidos, el gasto público sufriría una reorientación radical para favorecer a los accionistas y ejecutivos de las grandes firmas financieras, se paralizarían incontables programas sociales y de creación de infraestructura y se multiplicarían, en consecuencia, los elementos recesivos para una economía de por sí afectada por la crisis hipotecaria y por los altos precios de los combustibles. Por ello, esta propuesta de saqueo del erario estadunidense dista mucho de tener asegurada su aprobación legislativa.
En la medida en que una agudización de los problemas de la economía estadunidense tendrían repercusiones graves e indeseables en el resto del mundo y, particularmente, en nuestro país -por más que las más altas autoridades mexicanas se empeñen en minimizar de manera irresponsable la preocupante coyuntura-, cabe esperar que el sentido común prevalezca y que las acciones para reorganizar el sector financiero estadunidense, sin duda necesarias, resulten muy distintas a la propuesta que la Casa Blanca envió al Capitolio el sábado pasado y que parece, a la luz del historial de apropiación privada de dineros públicos que caracteriza a la actual administración, la tentativa de hacer un último gran negocio por la mafia empresarial que rodea al actual presidente.