Centenares de vuelos suspendidos o atrasados en los aeropuertos de Brasil, con pasajeros durmiendo en los pasillos, suman realidad al debate teórico sobre los efectos del recorte del gasto público y sus vínculos con el crecimiento de la economía. La bola de nieve empezó el 27 de octubre en el aeropuerto de Brasilia, donde los […]
Centenares de vuelos suspendidos o atrasados en los aeropuertos de Brasil, con pasajeros durmiendo en los pasillos, suman realidad al debate teórico sobre los efectos del recorte del gasto público y sus vínculos con el crecimiento de la economía.
La bola de nieve empezó el 27 de octubre en el aeropuerto de Brasilia, donde los controladores aéreos decidieron cumplir la ley y las normas internacionales, y redujeron a 14 los aviones a cargo de cada uno, en lugar de los 20 que venían controlando, una cantidad considerada en el «límite de seguridad».
Las autorizaciones para despegue y aterrizaje escasearon debido a la llamada «operación patrón». Los efectos se extendieron a todo el país y se agravaron día a día, ya que en Brasilia se hacen muchas conexiones y escalas, lo cual multiplicó los vuelos afectados.
Además, el Centro Integrado de Defensa Aérea y Control del Tráfico Aéreo de Brasilia (Cindacta 1), donde estalló la crisis, es responsable de una amplia zona del país que comprende no sólo la capital, sino los principales aeropuertos de las sureñas São Paulo y Río de Janeiro, por ejemplo. Ochenta y cinco por ciento de los vuelos regulares de Brasil, unos 3.000 diarios, están supervisados por esa entidad.
La situación se agravó el miércoles debido al feriado de este jueves, Día de los Muertos, que muchos ciudadanos aprovechan para disfrutar un fin de semana de cuatro días. Atrasos de más de 10 horas y falta de información dieron pie en algunas terminales a agresiones físicas entre pasajeros y funcionarios de las compañías aéreas.
El caos finalizará este domingo, pronosticó el comandante de la Fuerza Aérea, brigadier (general) Luiz Carlos Bueno. Pero el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Protección al Vuelo, Jorge Carlos Botello, cree que sólo en 10 días será posible superar la emergencia, con la transferencia de 15 controladores de otros centros a Brasilia.
La normalidad sólo podrá volver a fines de año, según el brigadier José Carlos Pereira, presidente de la Empresa Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria.
Las medidas de emergencia, como la movilización militar de 149 controladores, obligándolos a permanecer en el Cindacta 1, la contratación temporal de otros 60, la convocatoria de jubilados, la suspensión de vuelos de pequeños aviones particulares y los cambios en horarios de operación de aeropuertos, no solucionan el problema, según expertos y sindicalistas.
El transporte aéreo creció aceleradamente en los últimos años, 15 por ciento anual, según algunas estimaciones, sin las necesarias inversiones en la infraestructura y la seguridad de los vuelos. No hubo contratación de nuevos controladores en las dos últimas décadas.
Un informe de 2003, del entonces ministro de Defensa, José Viegas, alertaba al gobierno que la reducción presupuestaria amenazaba con llevar el sistema de defensa aérea al colapso. Pero los recortes siguieron, y este año sólo se entregó 56 por ciento del presupuesto previsto para la actividad.
El gobierno brasileño adoptó desde 1999 una política fiscal de elevado superávit primario, es decir un gasto menor a los ingresos, sin considerar el pago de los intereses de la deuda pública. El esfuerzo para ahorrar el equivalente a 4,25 por ciento del producto interno bruto sacrifica inversiones causando a veces graves perjuicios.
Ese fue el caso de las políticas de sanidad animal, cuyo deterioro permitió el resurgimiento de dos focos de fiebre aftosa el año pasado y la consecuente pérdida de mercados para la exportación de carne. Y es, al parecer, la causa de la crisis actual en el transporte aéreo, ya que se admite un déficit de por lo menos 500 controladores de vuelos.
Esta crisis dará paso a una avalancha de acciones judiciales de pasajeros, compañías y empresas de taxi aéreo en reclamo de millonarias indemnizaciones del gobierno.
El estopín del caos fue el accidente del 29 de septiembre, cuando la caída de un avión de la compañía Gol en el norte del occidental estado de Mato Grosso, donde comienzan los bosques amazónicos, mató a los 154 pasajeros y tripulantes. La causa fue un choque con el ala de un pequeño avión Legacy, de una empresa estadounidense y fabricado por la Empresa Brasileña de Aeronáutica.
Las investigaciones sobre el accidente prosiguen. Los indicios de errores de los pilotos estadounidenses generaron iras nacionalistas, pero ahora se sospecha que falló el control de vuelos en Brasilia. Fueron suspendidos en sus funciones ocho controladores, y la policía pretende interrogar a 10 que se negaron a prestar testimonio, alegando estar enfermos.
La presión del exceso de vuelos, agravada por la ausencia de esos colegas, desató el movimiento de los controladores de Brasilia que está revelando los problemas del sector. El sindicato de esos trabajadores quiere «desmilitarizar» la profesión. De los 2.783 controladores brasileños, 79,5 por ciento son militares, según datos de la Aeronáutica.
El control se ejerce sobre vuelos y aviones civiles, de pasajeros, por lo que no se justifica el carácter militar de los controladores, que genera obstáculos para mejorar la remuneración y problemas funcionales, como la jerarquía determinada por los rangos de la Fuerza Aérea y no por la capacidad técnica específica, argumentan.
Pese a su formación rigurosa, que exige dos años de estudios más entrenamientos prácticos, los controladores de vuelos ganan muy poco, con un sueldo básico equivalente a unos 750 dólares, que puede llegar como máximo al doble de esa suma. Además de ganar seis veces menos que sus pares de Estados Unidos, trabajan en condiciones precarias.
Al ganar muy poco, muchos complementan sus sueldos con una segunda ocupación. Pero el control de vuelos exige una atención concentrada que no es compatible con el cansancio, obligando inclusive a intervalos de descanso después de algunas horas de labor, una disposición a veces incumplida en Brasil.
El actual ministro de Defensa, Waldir Pires, dijo carecer de información anterior acerca de que la actividad estaba «en el límite», al borde del colapso.
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