Que la historia de los derechos humanos es una historia de la lucha de la humanidad contra la barbarie, parece evidente. Esta lucha no ha terminado en épocas pasadas, la lucha contra la barbarie continúa, ahora contra la barbarie capitalista, negadora de derechos, creadora de una «excepción permanente» (Camilo Valdecantos, La excepción permanente), excepción bien […]
Que la historia de los derechos humanos es una historia de la lucha de la humanidad contra la barbarie, parece evidente. Esta lucha no ha terminado en épocas pasadas, la lucha contra la barbarie continúa, ahora contra la barbarie capitalista, negadora de derechos, creadora de una «excepción permanente» (Camilo Valdecantos, La excepción permanente), excepción bien representada por el Mercado, ante el que toda potestad capitula. En este escenario, «la tarea del político es asegurar el adelgazamiento del Estado, un Estado que sin embargo tiene que mantenerse porque con su desaparición no habría Mercado que subsistiera». En esta línea argumentan también Tombs y Whyte («La empresa criminal: por qué las corporaciones deben ser abolidas») al afirmar que el Estado-nación es el agente principal de la globalización neoliberal (o sea, del capitalismo en su fase actual), garante de las condiciones que requiere la acumulación de capital global y sin el que las empresas no podrían existir ni prosperar. Eso hace que Tombs y Whyte cuestionen el tópico de la desregulación, afirmando que las corporaciones desarrollan su actividad no bajo un estado de desregulación, sino bajo una regulación estatal, pero a favor de ellas.
¿Por qué hablamos de barbarie capitalista, recordando la frase de Rosa Luxemburgo, «socialismo o barbarie»? Porque, aunque algunos piensen que el capitalismo es domesticable, o que cabe pensar en un «capitalismo de rostro humano» -como cree la socialdemocracia-, la dinámica esencial capitalista conduce a ir extendiendo espacios de expolio («acumulación por desposesión», que diría D. Harvey, el lúcido geógrafo y teórico marxista), convirtiendo toda actividad humana o de la naturaleza en mercancía y barriendo, en su fase actual, todo derecho conquistado por las clases trabajadoras a lo largo de la historia.
Decía hace unas décadas Bertoltd Brecht: «Los negocios del capitalismo ya no se pueden realizar sin recurrir a la brutalidad. Algunos creen aún que sí es posible, pero una ojeada a sus libros de contabilidad les convencerá de lo contrario». Y todavía faltaban unos cuantos lustros para que llegara la apisonadora neoliberal intentando legitimar el arrasamiento de los derechos y del propio planeta a través de la privatización de todos los bienes comunes.
Otro marxista destacado, el historiador colombiano Renán Vega Cantor, con una magnífica obra consolidada, lo dijo ya bien claro en 2010 en su libro Los economistas neoliberales: nuevos criminales de guerra. A lo largo de diez capítulos va refiriendo con detalle los crímenes del capitalismo: crímenes laborales, educativos, sanitarios (con el negocio de los medicamentos y la conversión de la salud en mercancía), alimentarios (cometidos con ayuda de la industria de las patentes), hídricos (el agua, fuente de vida, privatizada para hacer un negocio criminal), ambientales (destrucción de la biodiversidad y de selvas y bosques), biogenéticos y demográficos. Todo ello, con la generosa y no desinteresada ayuda de los economistas neoliberales, mercenarios bien pagados para intentar legitimar el desorden reinante, como queda bien reflejado en el espléndido documental de Charles Ferguson Inside Job.
El programa mundial que sigue el capitalismo, impuesto a través de órganos económicos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, La Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, etc., avanza destruyendo la cohesión social de los pueblos, la naturaleza, la posibilidad de muchas comunidades de acceder a recursos vitales, los derechos conquistados a lo largo de continuadas luchas sociales, etc.
¿Hay otra cara de la moneda? Sin duda: la lucha de los pueblos resistiendo toda esta destrucción programada que lleva a cabo el capitalismo. Una lucha a través de los movimientos sociales que persiguen frenar esta agenda criminal. Así, en los últimos años se ha ido abriendo en los movimientos de derechos humanos el concepto de Crimen Económico contra la humanidad, exigiendo que no solo los estados sean los titulares de la responsabilidad de la protección de los derechos humanos (es a ellos a los que se les exige el cumplimiento de los derechos), sino que esta responsabilidad se extienda a las multinacionales, principales actores a la hora de poner de rodillas a los estados y a entidades como la UE. Una Unión Europea corresponsable en esta agenda criminal, una de cuyas aberraciones es su inhumana política migratoria, que ha convertido en un cementerio el mar Mediterráneo. En este capítulo económico, hay que recordar que España, con los gobiernos sucesivos de PP y PSOE, no se ha movido un ápice de esta agenda, siguiendo la vulgata neoliberal a pies juntillas, impulsando la privatización de bienes y servicios públicos (venta de empresas públicas, colegios concertados, externalización de servicios, gestión privada de hospitales públicos, pérdida de la banca pública, etc.), colaborando en la conversión en mercancía de todo lo imaginable, no cuestionando los recortes que se imponen desde las élites económicas internacionales, bien representadas por esta UE cuyas directivas en gran parte son redactadas por «expertos» de las multinacionales, satisfaciendo sus insaciables intereses.
Este escenario configura una agresión brutal a los derechos humanos, cuestionando los derechos sociales como si fueran caprichos y criminalizando la disidencia con un endurecimiento injustificado de los códigos penales y de las multas impuestas a los que se atreven a ejercer el democrático derecho de la protesta; ello con la ayuda mercenaria de unos medios de comunicación que construyen el relato criminalizador de los disidentes, intentando asociar disidencia a terrorismo o al agravante de odio en los delitos, como queda reflejado en las leyes mordaza que están elaborándose en muchos países. Pero este no es el «fin de la historia» que preconizaba Fukuyama, los pueblos siempre se rebelan frente a la opresión, y lo seguirán haciendo. El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 considera esencial proteger los derechos humanos «a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión». Una tiranía y una opresión que no ha pasado a la historia, aunque hoy disfrutemos en gran parte del mundo de democracias formales. Pero no hay democracia real si masas considerables de personas sufren condiciones de vida indigentes, condiciones que solo podemos eliminar con la lucha continua por conquistar nuevos derechos y por no dejarnos arrebatar los conquistados. Esto solo se puede comprender si uno no se deja atrapar por la vida ficticia de la industria del entretenimiento y pisa el suelo real de las calles movilizadas.
Pedro López López, Profesor de la Universidad Complutense. Activista de derechos humanos.
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