En estos momentos de dolor, de sufrimiento, de angustia, Ud. y los jueces constitucionales se revelaron exactamente cómo son: apenas peones en el tablero de ajedrez del poder.
Vivimos momentos dramáticos, qué duda cabe de ello, pero lo que indigna es que son también momentos de anomia. El neoliberalismo ha desarticulado a las instituciones del país y las ha plegado a los rigores de la austeridad y el ajuste fiscal. Una fórmula que el país la vivió durante los años ochenta y noventa del siglo pasado y que nos condujo de forma directa a la crisis de 1999 y a la dolarización. Si esa fórmula del FMI había provocado el hundimiento de la economía, entonces ¿por qué convocarla nuevamente? Precisamente por ello, con un grupo de economistas heterodoxos, y luego de un profundo y atento estudio de la Carta de Intención que se suscribió con el FMI en el mes de marzo de 2019, y con la ayuda de prestigiosos académicos constitucionalistas nacionales e internacionales, comprobamos una serie de contradicciones, antinomias, aporías jurídicas y conflictos flagrantes con el texto constitucional.
Por eso, y porque creemos en la institucionalidad, fuimos a la Corte Constitucional para que esa Carta de Intención sea declarada inconstitucional y el país no tenga que cumplir con sus prescripciones de austeridad. La Corte Constitucional que usted preside, se inventó una sesión fantasma el 03 de octubre de 2019, a tres meses de haber presentado la acción de inconstitucionalidad, para ni siquiera admitir a trámite el pedido realizado porque, según los jueces constitucionales, la Carta de Intención con el FMI no genera efectos jurídicos sobre los administrados, a pesar que el país, ese mismo día era un hervidero social por la agitación provocada por las medidas económicas que se tomaron al tenor de ese compromiso. Fue una decisión vergonzosa que anteponía las prescripciones del FMI sobre el ordenamiento jurídico nacional.
La historia, escribía Marx en el 18 Brumario, se repite una vez como tragedia y la segunda como farsa. El mes de marzo del año 2020, regresamos a la Corte Constitucional y solicitamos una acción de protección para salvaguardar los pocos recursos que el país tiene, y evitar el pago a los tenedores de bonos de la deuda externa ecuatoriana, para que esos recursos vayan al sector de la salud. Actuamos en función del Decreto de Emergencia que fue validado por la Corte Constitucional, y que establece que, dadas las circunstancias, el poder ejecutivo debe concentrar sus recursos en proteger a la población de la pandemia.
La Corte Constitucional, esta vez, se puso del lado de los tenedores de bonos de la deuda y negó las medidas cautelares. La historia, en esta oportunidad, se repetía como farsa. Pero su respuesta, ante este pedido nuestro, es de antología. Primero, nos responde en un correo personal a nuestros abogados, que Usted es el profesor más antiguo de Derecho Constitucional, una aseveración que no dudamos en absoluto por obvias razones. Luego, nos recrimina desde una posición de arrogancia y escribe que si nuestros abogados hubiesen estudiado con Usted sabrían “cuál es el papel de la CC en un Estado de excepción”. Yo también soy profesor universitario con títulos de doctorado y posdoctorado, pero no se me ocurre utilizar mi posición ex cátedra para recriminar a nadie, porque no es ético, no es maduro, y no es inteligente. Luego comete una boutade: “no hagan perder un tiempo valioso a la CC”.
El país se pregunta, con asombro: ¿exigir al Estado para que use los escasos recursos existentes para proteger la salud de su población en un contexto de pandemia, es hacer perder un tiempo valioso a la Corte Constitucional? ¿Qué está haciendo la Corte Constitucional este momento para que un pedido de protección a la población se considere una “pérdida de tiempo”? Y la respuesta va de por sí: la Corte Constitucional está tratando de rehabilitar los Tratados Bilaterales de Inversión para resguardar a los inversionistas extranjeros, a pesar que la Constitución lo prohíbe, y salvar, de esta manera, al capital corporativo. De modo que esas son sus prioridades, Sr. Presidente y señores jueces constitucionales: salvaguardar al FMI, a los tenedores de bonos de la deuda y garantizar la seguridad jurídica al capital corporativo.
Empero, y algo raro en el profesor más antiguo de Derecho Constitucional, usted, al parecer, comete un delito. Escribe a nuestros abogados: “para mi su petición y más empeños no tienen fundamento jurídico-constitucional, por este motivo me excuso desde ya de conocer este seudo (sic) “caso”. En esta frase, usted habría cometido, de lo que establecen varios juristas consultados, el delito de prevaricato. ¿Actuarán los jueces constitucionales y pedirán que dé un paso al costado y que se someta a las leyes que juzgan la antijuridicidad? Soy escéptico al respecto, porque está comprobado que la justicia, en la actual coyuntura, es más un instrumento de poder, revancha y venganza, que una institución ética y responsable con su sociedad.
Pero no solo eso, Ud. demuestra con sus decisiones la verdadera contextura de la “Corte de lujo” que fue impuesta a la sociedad de manera espuria y atropellada. Una persona con dignidad asumiría sus responsabilidades, y reconocería sus errores. Una persona con dignidad daría un paso al costado. Pediría disculpas a su sociedad. Pero lo más probable es que usted y sus jueces constitucionales, se aferren a sus cargos con la desesperación del oportunismo.
Vamos a insistir Sr. Presidente, porque a pesar de Ud. y sus jueces constitucionales, seguimos creyendo en las instituciones, en la justicia, en la verdad y en la Constitución. En estos momentos de dolor, de sufrimiento, de angustia, Ud. y los jueces constitucionales se revelaron exactamente cómo son: apenas peones en el tablero de ajedrez del poder. La peste, escribía Camus, permite vislumbrar el alma humana, y ese espectáculo es aterrador. Sabemos, además, que ustedes tienen ya asignado un sitio vergonzoso en la historia y en la memoria del país. Nosotros seguiremos insistiendo dentro de la institucionalidad y el orden jurídico vigente, y también vamos a apelar a la sociedad, para que sea ella quien juzgue y quien tome las decisiones necesarias con respecto a la “Corte de lujo”.
Quito, abril de 2020